Pese a figurar entre las empresas que habrían mantenido negociaciones irregulares con Diego Salazar , Petróleos de Venezuela S.A. continúa contratando con las compañías chinas del Kerui Group Holding Company en el contexto de los acuerdos de cooperación suscritos entre los gobiernos de China y Venezuela.

Maibort Petit/Venezuela al Día

Empresas pertenecientes al Kerui Group Holding Company figuran en el expediente de Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. por casi una década, Rafael Ramírez Carreño, a cuyo amparo se habrían llevado a cabo las negociaciones irregulares que el primero llevó adelante como intermediario y cuyas causas se siguen en tribunales de Andorra, Estados Unidos y por la propia Fiscalía General de la República en manos del fiscal designado por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Pero aparecer como entes presuntamente pagadores de coimas a cambio de obtener jugosos contratos no sería óbice ni suficiente justificación para que la estatal petrolera venezolana continúe contratando con la citada firma asiática.

Documentos en nuestro poder revelan tanto el papel de Diego Salazar como intermediario en las contrataciones de PDVSA con el Grupo Kerui, como la forma cómo se realizaron parte de los supuestos pagos de comisiones por parte de Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD a través de un conjunto de empresas de maletín cuyo titular sería Salazar o sus testaferros y que se llevaron a cabo mediante cuentas abiertas en la Banda Privada de Andorra (BPA) en las que tanto el familiar de Rafael Ramírez, como Nervis Villalobos, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Energía y expresidente de la C.A. Electricidad de Caracas; y el empresario Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución, habrían lavado más de 2 mil millones de dólares provenientes de las comisiones pagadas para la obtención de contratos con PDVSA que ya hemos reseñado en publicaciones anteriores que hoy refrescaremos en estas páginas.

Estas operaciones fueron detectadas por la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos quienes lograron desenredar la red que les permitió a Salazar y a sus socios lavar el dinero producto de las coimas cobradas desde PDVSA por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez mediante un refinadísimo esquema de corrupción.

Esta investigación tuvo su desenlace el 10 de marzo de 2015 cuando fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA)[1] por orden del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) respondiendo a la denuncia del Fincen, organismo este que informó a las autoridades andorranas que un gerente de la BPA recibió grandes comisiones de parte de intermediarios venezolanos con el fin de crear empresas de maletín a través de las cuales se legitimara el producto de las operaciones de corrupción. El total de las operaciones sumaba 4.200 millones de dólares de Venezuela.

Las averiguaciones que llevaron a que la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra a cargo de la jueza de instrucción de delitos económicos del Principado de Andorra, Canólic Mingorance Cairat, formulara una rogatoria internacional dirigida a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, para que esta informara acerca de diligencias que pudieran estar en curso en ese despacho sobre la presunta comisión del delito de blanqueo de dineros o valores por parte de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas y Diego Salazar Carreño. La magistrada estaba indagando si la red de Salazar había utilizado el conjunto de cuentas que manejaba en la BPA para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que obtuvieron contratos PDVSA. También debía informar el Ministerio Público venezolano si cursaban investigaciones por corrupción sobre los señalados y otro conjunto de personas que estaban involucrados con el caso[2].

Diego Salazar quiere hacer negocios con Kerui

El 29 de noviembre de 2011, Nelson Rodríguez, Director de Negocios de InverDT Asesores de Negocios C.A., remitió a John Pan, gerente general del Departamento de Negocios Internacionales del Grupo Kerui, para darle a conocer que Diego Salazar, presidente de la firma (de InverDT C.A.) estaría en Pekín entre los días 11 y el 16 de diciembre de 2011 junto a miembros de la empresa, quienes a saber serían Nelson Rodríguez (Director Comercial), Hercilio Rivas y Luis Tenorio (asesores de negocios), Luis Mariano Rodríguez (Director Financiero).

En la misiva, Rodríguez, solicitó una reunión con el presidente o con una representación de alto nivel del Grupo Kerui con el fin de “intercambiar ideas y evaluar posibles oportunidades comerciales de interés para ambas compañías con el objetivo de fortalecer nuestras relaciones comerciales”.

Las negociaciones con China

Como ha sido ampliamente reseñado, Venezuela y China suscribieron en 2007 un acuerdo marco de cooperación denominado Fondo de Cooperación Binacional, a través del cual el país asiático otorga préstamos al primero. Posteriormente, en septiembre de 2010, ambas naciones firmaron un nuevo acuerdo marco que se llamó El Gran Volumen.

De acuerdo a los documentos de respaldo de los convenios, China hace empréstitos por USD 20.000 millones con la condición de que se contrate con este dinero a empresas chinas para que desarrollen proyectos en el país latinoamericano. Se convino también que la mitad del dinero —USD 10.000 millones— debía devolverse en yuanes chinos y el resto con entregas de petróleo venezolano.

Con este panorama como contexto, Diego Salazar compró en 2010 el 99 por ciento de las acciones que José Luis Rodríguez poseía en Inver DT y entre el 29 de noviembre de 2011 y el 6 de septiembre de 2012, ocurre que cinco empresas chinas hicieron pagos a Highland Assets por USD 154.120.449,30. Se sabe que Highland Assets es una sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios cuyo derechohabiente es Diego Salazar.

Los servicios de asesoría fueron el justificativo de las operaciones entre las empresas chinas e Inver DT. Hay que apuntar, sin embargo, que las citadas compañías chinas no detallan los conceptos de la contraprestación, siendo que el total abonado por cada empresa es equivalente a un porcentaje de entre el 10 y el 15 por ciento del contrato de obra alcanzado en el marco del plan Gran Volumen. Por otra parte, es altamente significativo que siendo Venezuela el lugar donde se prestó el servicio, el pago por los mismos se haya realizado en Andorra.

Las cuentas en Andorra

Diego José Salazar Carreño fue el titular de las cuentas AD66 0006 0008 2512 0026 9407, la número ADO7 0006 0008 2312 0028 0849, la número AD80 0006 0008 2012 0026 9594, la AD85 0006 0008 2612 0029 0934, la AD87 0006 0008 2412 0029 1097, que movilizaron 21,2 millones de euros en la BPA.

De estas cuentas nos referiremos en esta oportunidad a las dos primeras, la número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, que fue abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp. una empresa de Panamá, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Al 18 de noviembre del 2011 tenía un saldo de 3.415.714,39 euros.

El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios refieren que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño y se asegura que los fondos tienen su origen en la intermediación de este en operaciones de petróleo. Al momento de la apertura se informó que la cuenta recibiría depósitos de Worldwide Traders Line, S.A. y que Highland Assets Corp. y la mercantil venezolana IverDT Asesores de Negocios, C.A. bajo la gestoría de Pablo Laplana Morales estarían relacionadas con la misma. Existía un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation que parecerían sociedades pantalla.

La citada cuenta recibía transferencias internacionales y traspasos ordenados desde cuentas abiertas en BPA por cantidades que sumaban USD 403.911.987,00 y 596.844,00 euros. Parte de este capital fue transferido al extranjero, concretamente los globales de USD 194.430.409,00 y de Euros 4.386.586,00 y de GBP 21,670.00. Los totales de USD 194.430.409,00 y de EUROS 119.000,00 son traspasados a cuentas de BPA; otros USD 197.858.144,00 son abonados a las cuentas del Banco BPA, titularidad de High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A. y Antigua Omega INC. Finalmente el global de USD 21.736.317,00, es invertido en la compra de bienes inmuebles en el extranjero.

Entre otras operaciones y movimientos, esta cuenta que al 11 de octubre de 2012 tenía un saldo de EUR 66.732.487,37, se determinó que desde octubre del 2011, en el apartado de crédito, se registró un gran volumen de transferencias procedentes de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras mayoritariamente chinas, ordenadas por las mercantiles Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD (China), China Camco Engineering CO LTD (China), Sinohydro Corrporation Limited (China), CICI Venezuela C (USA), Yutong Hongkong Limited (Hong Kong), China Machinery Engineering Corporation (China). El total que estas transferencias de empresas chinas sumó USD 179.291.702,76.

Entretanto, los movimientos de débito de la cuenta se debieron a traspasos a cuentas de la BPA por la suma total de USD 88.750.000,00, especialmente a favor de la mercantil High Advisory and Consulting .SA., pero también de la sociedad Worldwide Traders Line, S.A. Las transferencias realizadas al extranjero son por varios montos en beneficio de la mercantil Ease Season Holding Limited, a un banco de Hong Kong. Destaca una transferencia de EUR 1.459.966,19 a favor de Diego José Salazar Carreño a una cuenta abierta en Suiza.

La otra cuenta que queremos citar en esta entrega, es la identificada con el número ADO7 0006 0008 2312 0028 0849, abierta el 17 de agosto de 2007 a nombre de High Rise Proyects, S.A., (Panamá) cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Al 18 de noviembre del 2011 el saldo era de 284,89 Euros. El contrato de apertura de cuenta refiere que el derechohabiente de esta cuenta es Diego José Salazar Carreño.

De los 3 formularios de la cuenta, dos establecidos con High Rise Proyects, S.A. y el otro a favor de Inverdt  Asesores de Negocios, C.A. —la misma que hemos visto como intermediaria ante Kerui— gestionada por Pablo Laplana Morales. Una nota manuscrita anexa al formulario de la sociedad, refiere que esta cuenta pertenece a Diego José Salazar Carreño.

Esta cuenta recibe fondos de dos transferencias provenientes del extranjero que totalizan USD 3.400.180,45 y que fueron ordenadas por la sociedad Advanced Appraisal. También recibe traspasos que totalizan USD 4.132.400,00, y EUR 145.372,85, ordenados desde la cuenta AD66 0006 0008 2512 0026 9407 de Highland Assets Corp.

Del mismo modo recibe transferencias desde el extranjero por USD 10.452.173,00 sin que se conozca el origen. La cantidad total de EUR 2.227.630,50, traspasada desde la cuenta abierta en BPA con el número radical 11200369525, de Pessons Mountains INC; y USD 19.969,64 de traspasos cuyo origen no está identificado, al margen de USD 50, EUR 1.500,00 y GBP 5.280,00 que provienen de la cuenta de Central Berfort.

Los movimientos de débito de la cuenta son transferencias a favor de Velox Investment Services S.A., por un total de USD 7.226.250,00.

Igualmente, aparece un vínculo económico con otra cuenta abierta en BPA. Se trata de un depósito de la mercantil Pessons Mountains INC, con número de cuenta radical 11200369525[3].

Sobre Diego Salazar

De Diego José Salazar Carreño podemos decir que nació el 23 de febrero de 1968 y es titular de la cédula de identidad N° V- 9.423.332. Se le ubica en la parroquia Chacao del Municipio homónimo, estado Miranda[4].

Su cuenta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, indica que ingresó al sistema el 24 de febrero de 2013 y en la actualidad tiene estatus cesante al haber egresado el 30 de julio de 2018 de la empresa InverDT Asesores de Negocios C.A. con el número patronal D26095172.Acumula 245 semanas cotizadas y un total de salarios de Bs. 1.551.215,84. Su fecha de contingencia es el 23 de febrero de 2028[5].

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Gustavo Herrera de la parroquia Chacao, municipio Chacao, estado Miranda.

Según el portal Poderopedia[6], es hijo del exguerrillero, exconstituyente y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR), Diego Antonio Salazar Luongo. Es primo del expresidente de PDVSA y exministro de Energía Petróleo, Rafael Ramírez Carreño. Pasó de ser un vendedor de pólizas de seguro a uno de los hombres con las mayores fortunas de Venezuela, riqueza que según los entendidos y denuncias judiciales es producto a manejos irregulares  realizados a la amparo de su parentesco con Ramírez Carreño, quien le “otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros” de la estatal petrolera venezolana.

Amante de las fiestas y el derroche, Diego Salazar acostumbra pasar vacaciones en Dubai, a donde arriba en avión privado y secundado por un séquito de sirvientes y guardaespaldas. Tiene propiedades en Estados Unidos y Europa, mientras que en Caracas le resultó insuficiente un lujoso apartamento, terminó comprándose el edificio entero en la urbanización Campo Alegre.

Aficionado al canto, aunque carece de talento para ello, conformó una orquesta de salsa de cien músicos que ganan salarios en dólares y con los que acostumbraba ensayar en el hotel Marriott tres veces por semana.

Ahora veamos cómo se desarrollaron parte de las negociaciones del Grupo Kerui con PDVSA a través de una serie de documentos en nuestras manos y que damos a conocer a nuestros amables lectores a continuación.

Reunión sobre caso PDVSA Bariven

Una minuta de reunión fechada el 6 de noviembre de 2011 refiere que Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., del Grupo Kerui, tuvo como punto de discusión problemas de orden surgidos en torno a PDVSA Bariven. Participaron, por la empresa china, Dou Tongjie, Cui Wei, Bai Enmin, y por la petrolera venezolana, Edgar Romero y Armando Henríquez.

Se discutió el progreso de los nuevos pedidos en 2011, 2010, el pago de atrasos, y Actas de financiación.

Se plantearon asuntos relativos a materiales como tubos que se requerían en la Faja del Orinoco y que se estaban solicitando a la compañía china, advirtiéndose que en el futuro habría más pedidos de este tipo.

Se refirió el caso a la ejecución de las órdenes Corey PO 5400000260 del 7 de julio del citado año las cuales alcanzaban la cantidad de USD 1.747.381,15, el pago del 15 por ciento equivalente a USD 262.107,17, la necesidad de que las mercancías fueran entregadas en breve plazo pues al momento de la reunión se estaban presentando retardos. Kerui precisó que los despachos estaban listos pero era menester que Bariven hiciera el pago del anticipo respectivo. Kerui requirió el pago de lo adeudado en 2011 y la representación de Bariven advirtió que de acuerdo a los procedimiento se imponía primero saldar la deuda de 2010.

La representación venezolana hizo alusión a la lentitud de las compañías de transporte para realizar los envíos.

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Carta de intención para establecer empresa conjunta

Un documento que tiene dos fechas, 6 de diciembre de 2011 y 10 de febrero de 2011, emitido por Shandong Kerui Petroleum Equipment Co. Ltd y dirigido a PDVSA Industrial contiene los argumentos y basamentos para establecer una empresa conjunta entre PDVSA y la empresa china.

Se refiere que el objetivo de esto es fortalecer la empresa y el negocio existente entre Kerui y la industria petrolera venezolana para ampliar el alcance de la cooperación existente al largo plazo.

Kerui manifiesta su intención de cooperar con PDVSA en el establecimiento y desarrollo de una plataforma de perforación, la investigación conjunta, diseño, producción, ventas.

Se indica que dada la considerable demanda de PDVSA Industrial de equipos petrolero y de gas, de refinación de petróleo, equipos petroquímicos, entre otros, la filial venezolana decidió invertir USD 500 millones en la construcción una plataforma de perforación terrestre en el estado Anzoátegui  bajo la modalidad de una empresa conjunta.

De esta forma, Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Corey y PDVSA acordaron la conformación de cincos joint venture.

Se describe la situación básica de Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., sus instalaciones, alianzas, presencia internacional, investigación, calificación, experiencia, personal tanto en China como en más de 20 países.

Luego se refiere a la cooperación entre Corey y PDVSA, indicándose que la empresa china ingresó a Venezuela en 2008 llevando a cabo una investigación exhaustiva y detallada del mercado venezolano.

En agosto de 2009, Corey se registró con éxito como proveedor extranjero de equipos de petróleo de PDVSA y firmó un acuerdo para formar una empresa de riesgo compartido ECM.

En el mismo año, la compañía china y la Oficina de Cooperación Externa de PDVSA, después de varias rondas de negociaciones, alcanzaron un acuerdo para llegar a una cooperación que incluía el establecimiento de empresas conjuntas, servicios de perforación de campos petroleros y reparación de pozos, mantenimiento de la maquinaria, entre otras áreas de gran importancia para la apertura y ocupación de Kerui en el mercado petrolero venezolano y para el fortalecimiento, intercambio y la cooperación entre los dos países.

El 11 de enero de 2010, el Consejero de Energía venezolano en China y el Gerente General de la Oficina de Representación de PDVSA, visitaron el Grupo Corey y las partes discutieron las perspectivas de Corey en procura de alcanzar un acuerdo para establecer buenas relaciones de beneficio mutuo entre China y Venezuela en el comercio.

En la actualidad, la cooperación entre Corey y PDVSA ha entrado en la etapa sustantiva de implementación con la Oficina Nacional de Adquisiciones de PDVSA, a saber, Bariven, PDVSA Industrial y PDVSA Servicios, llevando a cabo una amplia cooperación.

En agosto de 2011, Corey y PDVSA Servicios firmaron con éxito pedidos para 9 plataformas de perforación por un monto total de USD 68 millones, equipos que llegarían a fines de 2011. Corey participó con éxito en el Décimo Comité Central del Partido Comunista de China en 2011 donde dio a conocer sus planes y proyectos.

La mayor parte de la carta de intención del préstamo especial de USD 500 millones firmada por el Banco de Desarrollo de China y PDVSA se utilizará para la adquisición de los equipos petroleros de Corey.

Seguidamente, Corey explica las bondades de sus equipos y sus especificaciones técnicas.

En noviembre de 2010, Corey recibió órdenes para 30 unidades de bombeo y apoyo a motores de gas natural de PDVSA BARIVEN cuya entrega se  proyectó para fines de febrero de 2011, llegando al sitio final de establecimiento en Venezuela a fines de marzo. En ese momento, Corey enviaría un ingeniero para guiar la instalación y puesta en servicio de la unidad de bombeo para que funcionara sin problemas. Posteriormente, Corey establecería una estación de servicio posventa y un almacén de repuestos en Venezuela, que se encargarían del mantenimiento diario y la garantía de la unidad de bombeo y resolverán los problemas relacionados.

Se hace referencia a la decenas de miles de pozos de petróleo venezolanos, su producción diaria de 3 millones de barriles de petróleo crudo y las amplias posibilidades que ofrece la Faja Petrolífera del Orinoco para las cuales Corey ofrece su experiencia.

Se establecen posteriormente los pasos de implementación para la empresa conjunta entre Corey y PDVSA, indicándose en primer lugar, que PDVSA Industrial invitó a Corey a asistir al comité para realizar la inspección in situ de la plataforma de perforación de pozos del clúster.

En segundo término, las dos partes revisaron los procesos y requisitos para el establecimiento de una empresa conjunta.

El tercer paso es la constitución del joint venture

En cuarto término, el diseño conjunto, la producción y la fabricación por parte de Kerui de la plataforma a instalar hasta la puesta en funcionamiento.

En quito lugar se prevé que PDVSA Industrial lleve a cabo las pruebas de campo en la FPO y, de ser positiva la evaluación proceder a la producción por parte de Corey, las ventas a nivel local, así como la transferencia de tecnología, diseño y producción por parte de la empresa china a PDVSA.

Finalmente se resalta la importancia de la constitución de una empresa conjunta, destacando lo significativo del establecimiento de una planta de ensamblaje de equipos de riesgo compartido en Venezuela, la cual será pionera y un modelo para que Corey establezca una fábrica en el exterior.

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Pedido de colaboración a Kerui

El 9 de noviembre de 2011, José Pirela, gerente de Finanzas de Bariven le dirigió desde Maracaibo una comunicación al Equipo de Petróleo Shandong Kerui, para informarles que una firma de auditores independientes, a saber, KPMG Rodríguez Velázquez & Asociados se encontraba revisando las cuentas de la empresa y, en tal sentido, solicitaba la colaboración (de Shandong Kerui) consistente en proporcionar a los contadores el saldo adeudado a Kerui por Bariven al 30 de septiembre de 2011. Pidió que en los documento a remitir, Kerui incluyera una declaración detallada de la cuenta a partir de esa fecha.

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Acuerdo de comisión

Un borrador de Acuerdo de Comisión del Grupo Kerui, específicamente de la Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., revela cómo fueron los términos de la negociación de la compañía china con Venezuela. El formato advierte en primer lugar, que los negocios entre las partes se llevan a cabo de conformidad con la Ley de Contratos de la República Popular de China y las prácticas aceptadas internacionalmente.

El artículo uno del acuerdo, referido al Objeto del Acuerdo, refiere que la Parte B deberá solicitar al comprador de los Productos de la Parte A que la compañía obtenga el negocio. La parte B promocionará con el comprador los productos de la Parte A en procura de que la negociación se concrete.

La Parte A pagará comisiones a la Parte B en función del rendimiento de la venta de este último, las cuales serán pagaderas solo después de que la Parte A haya concluido el contrato de venta con el comprador presentado por la Parte B y se haya recibido el pago.

En el artículo dos se trataba lo relativo al cálculo y pago de la comisión, estableciéndose que la Parte A pagará a la Parte B la comisión a la tasa del precio total del puerto principal de FOB China estipulado en el contrato de venta. El cálculo de la comisión se calcularía a través de un conjunto de fórmulas establecidas.

Estas comisiones se pagarían en dólares de los Estados Unidos y estaría sujeta a todas las reglamentaciones y resoluciones gubernamentales aplicables en China.

Una comisión adicional operaría cuando el precio de oferta ofrecido por el comprador a la Parte A sea mayor que la cotización de la Parte A a la Parte B debido a los esfuerzos de la Parte B, entonces las partes compartirían por igual el margen resultante.

Las comisiones se cancelarían dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que la Parte A haya recibiera el pago total por parte del comprador de los precios del contrato.

Se advierte que Parte B no tendrá derecho a recibir ningún sueldo, gasto y costo alguno de la Parte A, y la Parte B tampoco tendrá derecho a ninguna compensación por los servicios prestados o los gastos incurridos en conexión con el acuerdo.

La Parte A se obliga a asegurar la legalidad y la calidad de los productos cubiertos por el acuerdo y en caso de casos de mala calidad y/o no conformidad de los productos de los cuales la Parte A es responsable, la responsabilidad corresponderá a la Parte A.

La Parte A celebrará el contrato de venta y el contrato técnico con el comprador en su propio nombre.

Entretanto, la Parte B no celebraría ningún contrato o acuerdo con el comprador ni firmará ningún otro documento legalmente exigible en nombre o en representación de la Parte A, a menos que la Parte A otorgue a la Parte B autorizaciones escritas para firmar dichos documentos, de lo contrario la Parte A deberá no ser responsable ni estar legalmente obligada por dichos contratos o documentos firmados por la Parte B.

La Parte B ayudaría a la Parte A a asegurar el pago del precio de venta y también debe mantener informada a la Parte A de sus actividades de promoción en curso, para evitar que lambas partes negocien con el mismo comprador en una misma oportunidad, entre otras responsabilidades.

El artículo quinto establece que la Parte B reconoce y acepta que la Parte A posee valiosos derechos de propiedad en todas las marcas comerciales, nombres comerciales, diseños, patentes y secretos comerciales o técnicos (la “propiedad intelectual”) relacionados con los Productos y ninguno de estos derechos se otorga a la Parte B.

El acuerdo prevé el resto de las formalidades que se estipulan en estos casos.

Solicitud de visa para ingenieros de Kerui

El 5 de diciembre de 2011, el gerente general Región Faja de PDVSA Servicios Petroleros. S.A., Adelso Molero, solicitó apoyo y colaboración al Departamento de Servicios Consulares la Embajada de Venezuela en China para la emisión de visas para Lun Zhang (pasaporte G-21825065), Yoguo Zheng (pasaporte G-28898494) y Hongguang Chen (pasaporte G45025119), ingenieros de la empresa Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd.

En la misiva explican que los citados ciudadanos chinos representarían a la empresa en la mesa de trabajo con PDVSA Servicios Petroleros que se llevaría a cabo el 14 de diciembre del 2011 en las oficinas de PDVSA Servicios en San Tomé, estado Anzoátegui, Región Faja Petrolífera del Orinoco.

El objetivo del encuentro era presentar los diseños preliminares de los taladros de perforación fabricados por Kerui y que fueron adaptados a los procesos de explotación en las macollas del Plan Tricolor en la Faja Petrolífera del Orinoco, como parte de los convenios de asistencia técnica suscritos por PDVSA y Shandong Kerui Petroleum Equipment Co. Ltd en los contratos de adquisición de Unidades de Perforación para las operaciones en la faja.

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Solicitud de presupuesto a Bariven

El 6 de diciembre de 2011, desde Bariven se emitió la Solicitud de presupuesto 6500186328 dirigida con copia a PDVSA Services, B.V. indicándose que el proveedor sería Shandong Kerui Petroleum Equipment LTD, cuyo domicilio es el 233 No. 233 Naner Road, Dongying, Shandong, China. Código postal: 257067 PO BOX.

El nombre del vendedor era Xiqun Pan cuyo teléfono era 412-3717219. El Código del proveedor de PDVSA era 350015220.

La fecha límite de presentación era el 13 de diciembre de 2011 y la fecha de entrega se estipuló para el 27 de enero de 2012.

El vendedor debía indicar en su presupuesto si se requiere licencia de exportación o cualquier otro documento de cumplimiento de exportación.

Se advierte que los términos de pago son a 30 días sin que se puedan realizar avances.

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Con respecto a los pagos

Un papel de trabajo sin fecha hace referencia a que PDVSA SERVICES, B.V. y Shandong Kerui Group acordaron revisar los  términos de pago para realizar el pago a la compañía china a través del  Banco de Desarrollo Chino (CDB), Solamente en el caso de que el acuerdo de  financiamiento entre PDVSA y el CDB sea firmado  antes de la entrega del  material, y sólo si Shandong Keuri group está en el acuerdo de  financiamiento.

Adicionalmente, se indica como prerrequisito que se hayan establecido los mecanismos administrativos a aplicar. Sin embargo, no está permitido el retraso en la entrega bajo ninguna circunstancia. El material  debe ser entregado en Venezuela y liberado a PDVSA, en el tiempo acordado  en la orden de compra.

Las condiciones de pago propuestas por Kerui en este documento fueron a 90 días después de la salida del envío de China contra  documentos de envío más acuse de recibo sin discrepancias, confirmación de liberación de inspección emitida por PDVSA Services, INC. o PDVSA Servicios, B.V. más la factura comercial original.

El material debía ser entregado en el Puerto de Guanta dentro del período de 90 días, siendo el promedio tiempo de tránsito 45 días.

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Sobre Kerui

Según su portal, el Grupo Kerui [7], fundado en 2001, es “Líder Mundial en Soluciones Integrales para la Extracción de Petróleo y Gas. Kerui Petroleum es un grupo industrial especializado en la investigación, diseño y fabricación de equipos petroleros de alta gama, soluciones y servicios integrales para campos petroleros y contrataciones EPC. En Kerui, creemos en el concepto de que ‘la tecnología lidera al futuro y en el valor agregado por el servicio’, por lo tanto, somos los más eficientes en la extracción de petróleo y gas esforzándonos al máximo para proporcionar el éxito continuo a nuestros clientes alrededor del mundo”.

La compañía, con sede en la ciudad de Dongying, donde se encuentra el segundo yacimiento petrolífero más grande de China —Shengli Oilfield comerciales y seis bases de fabricación en un área de  2 millones de metros cuadrados.

Su Visión es “Ser el proveedor de soluciones de primera clase en el mundo para el desarrollo y la utilización de petróleo y gas”, mientras su Misión es ser “Más eficiente en la extracción de petróleo y gas”. Pregona como valores fundamentales la “Solidaridad y cooperación, abierta e innovadora, luchando y progresando, calidad ante todo, integridad y responsabilidad, ganar-ganar”[8].

Tiene sucursales, almacenes de repuestos, estaciones de servicio de mantenimiento y otros servicios en más de 49 países en todo el mundo.

Bloomberg[9] la describe como una empresa del sector energético, especializada en petróleo, gas y carbón y a proveer servicios y equipos de petróleo y gas. “Shandong Kerui Petroleum Equipment Co. Ltd. fabrica y distribuye equipos de petróleo. La Compañía desarrolla, produce y distribuye equipos de perforación y otros productos relacionados. Shandong Kerui Petroleum Equipment también ofrece servicios en yacimientos petrolíferos y otros servicios relacionados”.

Indica que tiene su sede en 233 Naner Road, Dongying, 257067, China. Su teléfonos es el 86-546-8179-179, el Fax el 86-546-8179-685 y su dirección web: www.keruigroup.com.cn.

En Venezuela tiene sus oficinas en el Edificio IASA, mezzanina, oficina No.M-04, Av. Eugenio Mendoza, Urbanización La Castellana, Chacao, Caracas. Su cuenta de correo es: yanggj@keruigroup.com.

Desde su llegada al país en 2009, Kerui Petroleum ha establecido cuatro oficinas y dos estaciones de servicio en varias regiones, llevando a cabo operaciones de servicio de petróleo en todo el territorio nacional, proveyendo repuestos, mantenimiento de equipos de perforación, compresores y otros servicios.

Prosiguen los negocios con Kerui

El 23 de noviembre de 2012, el Grupo Kerui previó una serie operaciones de cofinanciamiento en Latinoamérica que, en el caso específico de Venezuela contemplaba el establecimiento de una empresa mixta con PDVSA, estatal petrolera venezolana con la que ya para la fecha compartía instalaciones de maquinaria perforadora y extractora y servicios de ingeniería[10].

Sobre este particular, el experto petrolero Gustavo Coronel se refirió a este caso al momento de comentar un Informe elaborada por PDVSA sobre las relaciones energéticas y mineras entre Venezuela y China de fecha 12 de septiembre de 2013, indicando que Shandong Kerui Petroleum Equipment suscribió este acuerdo con PDVSA Servicios Petroleros para constituir la empresa mixta que se encargaría de la fabricación de taladros y equipos petroleros, la prestación de servicios especializados a pozos y operaciones y mantenimiento de taladros.

Precisó Coronel que en el transcurso de 2013 se realizaron sesiones de trabajo  con representantes de ambas empresas en las que se establecieron las líneas de servicio para el arranque de la eventual empresa mixta en la FPO. Para la fecha —dice el especialista— estaba vigente una Carta de Intención (Addendum 2), firmado por el presidente de PDVSA Servicios Petroleros, S.A. y el vicepresidente de. En contrato complementario establecía que el documento mantendría su vigencia y eficacia hasta el total y definitivo cumplimiento de las obligaciones previstas en su contenido[11].

En 2015, PDVSA firmó un acuerdo con Kerui para la compra de 36 taladros, según lo informó el ministro de Energía y Petróleo para la fecha, Eulogio Del Pindo, quien en el contexto de la reunión de la Comisión Mixta China-Venezuela celebrada en el país asiático, dio a conocer la negociación. Precisó el alto funcionario que el acuerdo de entendimiento contemplaba la construcción en una de la bases en la localidad de Palital, la base para el mantenimiento de todos los taladros que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco[12].

Incrementar producción del Lago de Maracaibo con Kerui

El 5 de octubre de 2016 se conoció que PDVSA estableció una alianza internacional con Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd. con el objetivo de fortalecer la producción en el Lago de Maracaibo. El trato con la empresa china tenía como fin reparar y conectar 624 pozos, obras que tendrían una inversión de inicial de 30 millones de dólares, los cuales serían aportados por la corporación asiática. Con esta alianza se esperaba incrementar la producción en 22,6 mil barriles diarios (MBD) de crudo y 13 millones de pies cúbicos (MMPC) de gas[13]. Para la fecha la producción petrolera había caído 12 por ciento a 2,3 millones de barriles por día (b/d), en medio de una recesión económica y una caída global del precio del petróleo.

Este asunto había sido planteado en una reunión de trabajo sobre la reducción de costos en la División Lago “Motor de hidrocarburos” de fecha 21 de julio de 2016, en la que el Director Ejecutivo de Producción Occidente, Gustavo Malavé, hizo mención a las reservas petrolera del Lago de Maracaibo las cuales se ubican en 13 millones de barriles. Indicó que la División Lago cuenta con alrededor de 9.700 pozos entre categoría 1, 2 y 3 que poseen grandes oportunidades a través de proyectos de recuperación de producción, para lo cual para la fecha, ya se habían concretado contratos comerciales con financiamiento con Shangong Kerui Petroleum Equipment Co. LTD, y Honghua Internacional Co. LTD. Este financiamiento había sido gestionado a través del Banco de Desarrollo de China[14].

Hay que indicar que para la firma de este contrato no se llevó a cabo un proceso de licitación que permitiera la participación de varias empresas y países, sino que se recurrió a la figura de adjudicación directa, incrementado la relación de dependencia de Venezuela con China y profundizando una relación comercial desequilibrada que solamente favorece al país asiático, toda vez que los convenios y acuerdos suscritos obligan a la compra de bienes y servicios con esa nación[15].

Kerui Petroleum y planta de reparación de joint venture PDVSA

El Grupo Kerui y PDVSA firmaron un acuerdo de cooperación el 13 de febrero de 2017 para la constitución en Venezuela de la empresa Venezolana de Mantenimientos Especializados S.A. (Vemesa), un joint venture especializada en el mantenimiento y reparación de taladros.

El jefe del proyecto, Yang Guojia, refirió que en Venezuela existe un gran número de equipos de perforación, equipos de caldera de inyección, equipos de cabezal de pozo, herramientas de tubería de perforación y unidades de cementación que requieren mantenimiento y ser reparados. Kerui Petroluem y PDVSA construirán en la Faja Petrolífera del Orinoco, FPO, la empresa que dedicada a la inspección de equipos, servicios de mantenimiento, mantenimiento de equipos de petróleo y gas y la renovación y modificación de los equipos, proporcionando servicios de la cadena de exploración de petróleo a PDVSA en todo el país para asegurar la producción normal de los campos[16].

Para financiar este joint venture, el grupo Kerui mantuvo una serie de reuniones con bancos internacionales que respaldaran la financiación del proyecto a diferencia del resto de los trabajos que desarrolla con la estatal petrolera venezolana para los cuales había recurrido a capital interno para financiarlos y que “acumulan deudas incobrables por un total de USD 160 millones en 2013. Eventualmente, con la participación de China Development Bank Corporation (CDB) y el Banco Central de Venezuela, se acordó una solución de reestructuración y reembolso de la deuda”[17].

PDVSA Intevep y Kerui firman memorando de entendimiento

El 12 de febrero de 2018, Petróleos de Venezuela S.A. a través de su filial de investigación Intevep, firmó un memorando de entendimiento con Shandong Kerui Petroleum Company, LTD, que tendrá un año de vigencia, con el objetivo de evaluar la factibilidad de llevar adelante proyectos conjuntos y desarrollar de oportunidades de negocios en exploración y producción. El documento fue firmado por Omar Uzcátegui, presidente de Intevep, y por el vicepresidente de Kerui, Tongjie Dou. El memorando de entendimiento comprende las líneas de investigación en “diseño y optimización en campo para construcción de pozos, optimización de prácticas operacionales durante la construcción de pozos, mejoramiento de los métodos de control de arena, gerencia de producción de arena, Identificación de mecanismos de daños a la formación y remediación, y optimización de diseños de levantamiento artificial y nuevas estrategias de manejo integrado de gas”[18].

Shandong Kerui Holding Group firma convenio operativo con Maduro

Los convenios operativos demonizados por el finado expresidente, Hugo Chávez, en 2005 fueron retomados recientemente por su sucesor Nicolás Maduro, figurando la empresa china Shandong Kerui Holding Group, entre las primeras beneficiadas con este tipo de acuerdo petrolero que otorgaba incentivos a las compañías por los incrementos de producción.

El pasado 28 de agosto, el gobierno venezolano suscribió los nuevos acuerdos con siete empresas de servicios a las cuales cedió de manera temporal el manejo de campos petroleros en los que deben trabajar y subir los niveles de producción de los mismos, a objeto de obtener montos variables por barril, dio a conocer la agencia de noticias Reuters.

Se retoma la figura que la administración de Chávez criticó ardorosamente con estos acuerdos que se asemejan grandemente a aquellos que fueron calificados de “ilegales” por quien fuera ministro de energía y petróleo y presidente de PDVSA por casi una década, Rafael Ramírez Carreño.

Los “acuerdos de servicios conjuntos” —como ahora se denominan— procuran recuperar la mermada producción petrolera venezolana en medio de la peor crisis económica de toda la historia del país suramericano. “Creo verdaderamente que hemos llegado a la fórmula perfecta”, dijo el mandatario durante el acto en el que se dijo que las compañías recibirán un dividendo del cual no se ofreció detalles, solamente que “PDVSA reconocerá a las empresas la inversión inicial, que estiman de unos 430 millones de dólares, y pagará ‘una tarifa’”, dijo el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo.

Siete fueron las empresas que firmaron con el gobierno venezolano. Se trató de firmas prácticamente desconocidas, toda vez que a raíz de las sanciones de que es objeto buena parte del funcionariado venezolano, las grandes compañías prefieren no arriesgarse para llevar la fiesta en paz con los Estados Unidos.

Los campos entregados a estas empresas fueron anteriormente operados por la italiana Eni y la francesa Total, las cuales recibirán de puerto de PDVSA Petróleo un monto “asociado a la producción base más la producción incremental”, específica el borrador del contrato, según la agencia de noticias. Adicionalmente, recibirán cada trimestre otro monto —entre el 30 y 35 por ciento de los ingresos disponibles y con base al precio internacional del petróleo— para cubrir la inversión con la que las compañías buscarán subir la producción de los campos.

PDVSA diseñó los acuerdos previendo precios petroleros entre 40 y 80 dólares por barril.

Se conoció que las empresas que firmaron los acuerdos de servicios fueron cinco compañías nacionales, a saber, Petrokariña, Enfriadores de Venezuela C.A., Consorcio Rinoca Centauro Kariña, Well Services Cavallino y Consorcio Petrolero Tomoporo.

Las compañías extranjeras que asumirán el nuevo esquema fueron —como ya dijimos— Shandong Kerui Holding Group que se encargará del campo Dación y la panameña Helios Petroleum Services que operará el campo Orocual.

PDVSA aceptó que los compradores de crudo les paguen directamente a las empresas de servicios en fideicomisos que ellas abrirán, establece el borrador de los contratos que agrega que la estatal “no podrá alegar como impedimento para pagar ‘ninguna variable de embargo preventivo, financiero o medidas extraordinarias de bloqueos externos’, argumentos bajo los cuales en el año PDVSA dejó de cubrir millones de dólares en intereses a tenedores de sus bonos”, refiere la nota de Reuters[19].

[1] ABC. “Intervenida la Banca Privada d'Andorra, investigada por EE UU”. 10 de marzo de 2015. http://www.abc.es/economia/20150310/rc-intervenida-banca-privada-andorra-201503101754.html

[2] Venezuela al día. “Los papeles secretos de Andorra: Empresas usadas en millonaria lavandería chavista (Parte II)”. 2 de abril de 2018.http://www.venezuelaaldia.com/2018/04/02/los-papeles-secretos-de-andorra-empresas-usadas-en-millonaria-lavanderia-chavista-parte-ii/

[3] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/asi-pasaron-miles-de-millones-de-pdvsa.html

[4] Dateas. Salazar Carreño, Diego José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/salazar-carreno-diego-jose-10273679

[5] IVSS. Diego José Salazar Carreño. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[6] Poderopedia. Diego Salazar. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Diego_Salazar

[7] Kerui Group. http://www.keruigroup.com/html/yindao/es/

[8] DeVex. Kerui Petroleum (Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd.). https://www.devex.com/organizations/kerui-petroleum-shandong-kerui-petroleum-equipment-co-ltd-77383

[9] Bloomberg. Shandong Kerui Petroleum Equipment Co Ltd. https://www.bloomberg.com/profiles/companies/TVBBAZ:CH-shandong-kerui-petroleum-equipment-co-ltd

[10] La comunidad petrolera. “Kerui cofinancia compra de maquinaria petrolera para crecer en Latinoamérica”. El 23 de noviembre de 2012.https://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/11/kerui-cofinancia-compra-de-maquinaria-petrolera-para-crecer-en-latinoamrica.html

[11] Ciudad Barquisimeto. “Venezuela: Memo Confidencial de PDVSA revela endeudamiento por $ 50 mil millones”. Sin fecha.https://www.ciudadbqto.com/2016/10/10/pdvsa-fortalece-produccion-en-el-lago-de-maracaibo-con-alianzas-internacionalesq/

[12] Daily Motion. “PDVSA firma acuerdo con petrolera china Kerui”. Sin fecha. https://www.dailymotion.com/video/x3vmgie

[13] Ciudad Barquisimeto. “Pdvsa fortalece producción en el lago de Maracaibo con alianzas internacionales”. 10 de octubre de 2016.https://www.ciudadbqto.com/2016/10/10/pdvsa-fortalece-produccion-en-el-lago-de-maracaibo-con-alianzas-internacionalesq/

[14] CPZulia. Minuta de reunión. Reunión de trabajo reducción de costos División Lago ‘Motor de hidrocarburos’”. 21 de julio de 2016.https://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Minuta_Mesa_de_Reunion_21_07_16.pdf

[15] Los extorsionadores. Luis Felipe Ortiz. https://books.google.co.ve/books?id=3hCODgAAQBAJ&pg=PT86&lpg=PT86&dq=Kerui+pdvsa&source=bl&ots=qdd_lZGlCd&sig=12gpIezT8XQJqohfG4iBJRjlR1A&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiCnNTX5LXdAhWFulMKHVGhD4c4UBDoATAAegQIAhAB#v=onepage&q=Kerui%20pdvsa&f=false

[16] Kerui Group. “Kerui Petroleum y planta de reparación de joint venture PDVSA”. http://petroleum.keruigroup.com/kr/es/about/krnews/2017/2950.html

[17] III Corp. “Kerui seeks international banks to boost existing policy bank financing sources of Malaysian, LatAm Jvs”. 14 de septiembre de 2017. https://www.iiicorp.com/?opportunities/opportunity/54715/kerui?Auth=93917648-813b-4a22-94d8-758d50439414

[18] PDVSA. “PDVSA Intevep y Kerui firmaron memorándum de entendimiento”. 12 de febrero de 2018. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8683:pdvsa-intevep-y-empresa-kerui-firmaron-memorandum-de-entendimiento&catid=10:noticias&Itemid=5&lang=es

[19] Reuters. “EXCLUSIVA-Venezuela regresa a acuerdos petroleros de incentivos fustigados en la era Chávez: documento”. 10 de septiembre de 2018. https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN1LQ2FO-OUSLB

Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos  y hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.

Si alguna de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresados, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En esta columna Crónicas de Nueva York, publicada por el portal Venezuela Al Día el derecho a réplica está absolutamente garantizado. Nos acogemos a lo establecido en las leyes del estado de Nueva York y en las leyes federales de los Estados Unidos de América en materia de libertad de expresión.

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Aruba y Curazao, son consideras unas de las islas caribeñas más hermosas y cercanas a las costas venezolanas y no era de esperarse, que más de un venezolano envalentonado haya querido cruzar, los más de 30km de mar que nos separa de esas paradisíacas islas, para huir de la crisis que atraviesa el país.

Daniela Rangel/Venezuela al Día

Aunque no todos se atreven a montarse en una lancha a mitad de la noche,  algunos inmigrantes venezolanos aterriza en Aruba en aviones comerciales, unos para hacer turismo, comprar comidas y medicinas y otros toman el riesgo de quedarse ilegalmente. De acuerdo con autoridades de la islas, calculan que un aproximado de 800 venezolanos entran por dia a Aruba.

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Estas cifras por supuesto, alarmaron a las islas lo que desencadeno en fuertes controles migratorios. En el caso de  Aruba, la policía anunció que endureció el patrullaje en mar y tierra para evitar que “grupos, por miedo o para buscar mejor porvenir, crucen el mar”.  En los aeropuertos, también comprueban que tengan al menos 300 dólares en efectivo por persona, y si no, son devueltos en el mismo avión en el que llegaron. Los oficiales más precavidos cuentan los billetes y verifican su autenticidad.

Leyes para venezolanos ilegales 

De acuerdo con una información suministrada en redes sociales, la cual aun no se ha confirmado, destaca que en una rueda de prensa el ministro de Justicia  Andy Bikker junto con la primera ministra Evelyn Weber Croes, informaron sobre una nueva ley para venezolanos ilegales en la isla. Dicha ley consta, que todo aquel venezolano que sea detenido ilegal, será encarcelado por 6 meses con una multa de 5.000$$.

Papa Francisco felicita a Iván Duque por apoyo a migrantes venezolanos

Así mismo, el medio FalcoNoticias que difundió esta información en twitter, destacó que el ministro de Justicia de Bikker,  prohibió que se le den carta de invitación a cada venezolano que vaya a Aruba y no se permitirá que personas de la isla empleen cómo domésticas a venezolanas. Hasta los momentos, ningura autoridad se han pronunciado al respecto.

La noticia por supuesto, generó tanto molestia de algunos usuarios de la red social en contra de las autoridades de Aruba, como también sospechas por la publicación de la información.

URGENTE : a todos los Vzolanos que quieren inmigrar a Aruba. Por favor no lo hagan ayer el ministro de Justicia Andi Bikker, juntó con la primera ministra Evelyn Weber Croes. Hicieron una ley que Vzolanos que capturen ilegal irá a prisión por 6 meses y pagará una multa de 5.000$$

— FalcoNoticias (@Falconoticias_) 21 de octubre de 2018

Sólo espero que jamas olvidemos a los paises que nos despreciaron, cerraron sus puertas, apresaron y nos cobraban multas. Cuando VENEZUELA cambie, deben imponer leyes de inmigración fuertes para que no nos continuen desangrando y aprovechando nuestras gentilezas.

— Virginia wuill (@wuill0422) 22 de octubre de 2018

Veo mucho desprecio tras este tuit. Muchos dicen que Aruba debe aceptar a los venezolanos pero ¿Han visto el tamaño de esa isla? Por territorio se ven limitados, respecto a la multa, he revisado y nadie más ha informado sobre ello, algo raro siendo tan polémico.

— María Parra (@MariaGParraVzla) 22 de octubre de 2018

Señores no conozco el reportero pero vivo en Aruba, no existe tal ley… lo que hay es una ley que prohibe a las empresas a emplear ilegales y la multa es para la empresa, lo q por cierto no se cumple, simplemente se deporta a los ilegales. Tampoco lo de prision x 6 meses

— La Saetta (@lasaetta10) 22 de octubre de 2018

Arriesgan sus vidas 

Por otra parte, los riesgos de cruzar el mar caribe para llegar a la isla se han cobrado la vida de muchos, con el riesgo de llegar a las costas y no ser deportados por la policía de migración. Tal es el último caso, que se conoció este domingo, cuando autoridades en Aruba encontraron dos cuerpos sin vida en una embarcación que zarpó de Venezuela la noche del viernes con al menos 20 personas y que naufragó a la altura del sector conocido como “Santana di Cachó”.

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Alemania se unirá a los países que denuncian al Gobierno Venezolano ante la CPI

Hasta los momentos se desconoce el paradero de los otros 15 tripulantes. Funcionarios policiales informaron que, se detuvo e interrogaron a tres personas, entre ellos un Guardia Nacional en Venezolano, que tenía dos años en Aruba y quien expresó tener miedo a ser deportado ya que su familia depende de él.

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Venezuela  desde hace meses permanece en un estado de emergencia, debido a las fuertes precipitacioness registradas, donde al menos siete estados del país se encuentran inundados, casas, comercios, autopistas y carreteras afectadas y decenas en riesgo es el saldo en momentos cuando aún no termina la temporada de lluvias.

Redacción Venezuela al Día

Graves inundaciones han dejado miles de damnificados. Apure, estado fronterizo con Colombia, y Bolívar, en el este de Venezuela, son dos de las zonas más azotadas por las intensas lluvias que arrojaron el pasado 13 de agosto unas treinta ondas tropicales que han pasado por el país desde el mes julio, ocasionando el desbordamiento de ríos caudalosos como el Orinoco y el Caroní.

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Desbordado, el río anegó un emblemático paseo de Ciudad Bolívar, capital del estado, donde los comercios debieron ser desalojados. El tránsito peatonal y vehícular se cerró.

Miles de familias perdieron su hogar, las inundaciones afectaron gran parte de Venezuela, donde solo en el estado de Bolívar hubo más de 9.000 damnificados.

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El estado Vargas, es otra de las localidades  que ha sufrido la desesperación  en los residentes, luego de que las fuertes lluvias hayan causado inundaciones en las calles de la ciudad.

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El 25 de septiembre de 2018, ríos y lagunas que se desbordaron en La Guaira, Catia La Mar y Maiquetía. Calles con fuertes paso de las lluvias y personas arrastradas por la corriente son algunas de las secuelas de los torrenciales. momentos que abarrotaban a la población de miedo, al recordar la tragedia que ya acechó al estado en el año 1999.

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En el hecho, una niña de 7 meses de nacida y otra de 12 años murieron luego de que una vivienda resultara tapiada, ubicada en el Barrio la Cabrería, de la Guaira, por las fuertes precipitaciones.

#25Sep ?? Fuertes precipitaciones colapsaron varios sectores del estado #Vargas. Lagunas y ríos se desbordaron en La Guaira, Catia La Mar y Maiquetía. Video cortesía. #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/Fqv0aElaBg

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) September 25, 2018

? #Alerta ?? Corrientes de ríos desbordados por fuertes precipitaciones en el estado #Vargas arrastran a un vecino. #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/ve2c1JR1B4

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) September 25, 2018

La capital venezolana no se escapo de las fuerzas de la naturaleza, varias zonas de la Gran Caracas resultaron afectadas debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el país en los últimos días. Las precipitaciones registradas ocasionaron la anegación de varias vías de comunicación.

Este lunes 22 de octubre tras las interminables lluvias,  el Río Guaire se desbordó a la altura de Petare, en el estado Miranda, lugares como Altamira, Libertador y Las Mercedes se  enuentran bajos las aguas.

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Ante ello, según el ministro de Interior Justicia y Paz, el gobierno ordenó el despliegue del  Sistema de Gestión de Riesgo  en el país “desde hace más de 48 horas” para monitorear el río Guaire con aeronaves pilotadas a distancia, con el fin de “atender a nuestro pueblo ante cualquier amenaza ambiental que altere el orden interno y la paz social”

El Guaire por la California Sur, (cortesía Eduardo Saturno) pic.twitter.com/UnTAp6NP2p

— Augusto Uribe (@augustouribe) October 22, 2018

En medio de tanto desastre, las soluciones del gobienro se quedan en solo promesas, el líder chavista, Nicolás Maduro, reiteradas veces a asegurado que su gobierno está “desplegado y alerta” para atender a miles de personas afectadas por las inundaciones en el  del país.

Al mismo tiempo que el dinero que el mandatario aseveraba tener para el mantenimientos de las alcantarillas, la población lo da por perdido puesto que las calles de Venezuela a parte de ser azotadas por fuerter torrenciales de agua, pasaron al olvido de las autoridades gubernamentales, por ende las mismas permancen en constantes inundaciones o con la presencia de grandes huecos que generan significantes daños a los vehículos de los ciudadanos.

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Rory Branker, internacionalista y periodista de LaPatilla.com se hizo tendencia en Twitter con una publicación que obtuvo un alcance más allá de lo que él mismo pudo imaginar.

Raylí Luján/Venezuela Al Día

Hace unos meses, Branker inició una esencial investigación sobre las estadísticas del sistema patria en la red. Obtuvo datos tan sorprendentes como importantes en el movimiento socio-político del país.

El sintetizado análisis sobre la cantidad de usuarios registrados y el número de accesos al portal patria.org que compartió con sus más de 50 mil seguidores en Twitter, rápidamente cobró vida y se esparció por toda la red social a nivel nacional.

Venezuela Al Día quiso profundizar con este joven apasionado por el mundo digital la perspectiva que maneja sobre el impacto del nuevo esquema tecnológico implementado por el gobierno en la sociedad venezolana, que a su juicio, ya se encuentra en un estado de resignación.

“Nosotros tenemos que observar la forma en cómo el país ha retrocedido y cómo nuestra sociedad ha retrocedido y parte de ese proceso yo creo que obedece a que nos hemos ido adaptando a lo que ha pasado, a la represión, a los ataques contra la sociedad civil, contra la libertad de prensa. El gobierno ha cercado a la sociedad de una manera tal que nos ha puesto en este gran campo de concentración que es Venezuela”, opina Branker.

A esta teoría le agrega elementos del diarismo, a los que la ciudadanía se ha ido amoldando. “La gente va al supermercado y te puedes dar cuenta que no hay bolsas, entras a la sección de verduras y no tienes donde poner las verduras y no tiene donde pesarlas, algunos automercados han optado por darles unas canastas retornables. Pasa con las panaderías, tienes que comprar las bolsas, algo que antes dábamos por sentado y no tenías que pensar en esto. Ahora ya ves que las amas de casa van con sus bolsas, pues ya están al tanto, pero lo real es que se han ido adaptando a la situación”, agrega.

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Branker atribuye esta fase de dependencia que viven los venezolanos a la destrucción del aparato productivo y al desmantelamiento del país en sí. Considera que bien pudiese tratarse de un sistema diseñado, en el que como Estado o poder se quiebran las estructuras de desarrollo y a la vez se ofrece el auxilio a la sociedad.

El miedo como principal factor

“El momento en el que estamos es particularmente crítico porque el miedo lleva a la situación en la que estamos, que es la resignación: estar allí solo esperando. Por eso, se escucha en la calle todo el tiempo, ‘¿cuándo va a pasar algo?, ¿cuándo vamos a responder?, ¿cuándo vamos a reaccionar?, uno esta esperando que el otro actúe o responda”, señala Branker, quien insiste en que el temor hace mella en cada individuo.

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Para el comunicador, el venezolano que se ha quedado en el país se encuentra “como en una especie de campo de concentración”, en el que entiende que la violencia gubernamental contra quienes difieren de sus políticas será usada en cualquier ámbito.

“Se han vivido episodios cruciales de violencia ante la rebelión, la desobediencia, el gobierno se ha mostrado capaz de tomar las medidas que fuesen necesarias para mantenerse en el poder y el ciudadano entiende que pone en riesgo todo si alza la voz”, resalta.

La individualidad y la supervivencia como forma de vida

“Cuando tocamos el tema del carnet o el sistema patria, de la gente que se saca el carnet o no se lo saca, es un tema delicado porque volvemos a que todo es parte de la individualidad, de la supervivencia. Nos llega un dinerito, nos llega el bono y la gente deja de ver eso como lo anormal y comienzan a verlo como lo correcto, entonces el trabajo digno, por el que me sudo, es sustituido por bonos. Y sorprende cómo la gente lo habla normal en la calle”, indica Rory Branker, al establecer que será complicado una transformación intensa de esta nueva percepción.

Branker explica que un liderazgo opositor plenamente consolidado y fortalecido tiene que contemplar entre sus prioridades “el cómo va a entrar en la mente de la gente y convencerlos de que las cosas pueden ser diferentes y pueden normalizarse (…) el trabajo es duro. Como decía Thays Peñalver en su artículo, no es sobre Miraflores donde todo se concentra, no es sustituyendo lo que pasa en Miraflores lo que va a cambiar al país, se tiene que ir transformando desde las bases, desde la ciudadanía hacia arriba. Que entienda que el ciudadano tiene las herramientas y el poder para transformar las cosas”.

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Algunos tienen más de 50 años en Venezuela, lo que ya los hace sentir ciudadanos de este país, donde decidieron formar una vida al quedar deslumbrados por la riqueza y amabilidad de su gente, la que pudo darles cobijo en mejores tiempos.

Raylí Luján / Venezuela al Día

Aunque se muestran preocupados por la crisis actual, no desean abandonar Venezuela. No obstante, si sus hijos -nacidos en Venezuela- desean hacerlo, les dan todo el apoyo y las recomendaciones para superar los obstáculos de la emigración.

“Emigrar no es fácil, es duro. Tienes que dejar tu casa, tu familia, es una experiencia que tienes que vivir”, dice Isaura López, oriunda de Lugo, España, quien reside en Venezuela desde el año 1957.

Se repite la historia: emigrar al país de sus padres

Sabe que en cualquier momento su nieta -que es casi como su hija- podría emprender el mismo vuelo que ella decidió emprender hace 61 años. Reconoce que la crisis que afecta al país suramericano es la principal causa. Dice que le dolería verla partir, aún así, no se lo impediría y tampoco se iría con ella.

#ExtranjerosEnVenezuela Isaura López (España) reside en nuestro país desde 1957: “Para mi Venezuela lo es todo. Venezuela es divina” (1/2) pic.twitter.com/vSlHXvi80p

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) October 27, 2018

“No me atrevería a dejar Venezuela. No la dejo por nada. Me siento mejor aquí que en mi propio país. Con todos los problemas que hay, no me voy. Tengo a mi familia, a mis nietos, mi hijo aquí”, expone López.

Y es que desde que pisó “tierra divina”, como le llama, tras permanecer 14 días viajando en mar, quedó prendada.

“Mis hermanos me llevaron a un hotel, que le llamaban El Caraballínes, en San Agustín”, dice para luego interrumpir aclarando que no se trataba de un hotel, sino más bien una casa de pensión, muy populares en la época.

“No era fácil”, recuerda. “Había colas para trabajar como servicio en las casas de familia. Entrábamos por una puerta y se salía por otra. La señora agarraba a la que más le interesaba y habían bastantes”, explica al agregar que también se pasaba hambre y trabajo, aunque nunca malos tratos.

#ExtranjerosEnVenezuela La señora Isaura asegura que emigrar no es fácil “pero es una experiencia que hay que vivir y aceptarla” (2/2) pic.twitter.com/XAfdLOYIfE

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) October 27, 2018

La tristeza de haber dejado atrás a su esposo e hija, quien padecía de una enfermedad incurable, se fue convirtiendo en empuje para salir adelante, abrigada por una sociedad que le daba más fuerzas.

“A mi de verdad Venezuela no me trató mal. Cuando llegué, era divina. Me estaban esperando. Tenía mucha tristeza, claro. Dejaba a mi hija y mi esposo. No es fácil emigrar pero a veces la necesidad obliga a muchas cosas. No me fue mal después de todo. Para mi, Venezuela es todo”, agrega.

“Sus costumbres me enamoraron”

Para el señor Eduardo Pila, quien lleva las riendas de un estacionamiento público en el centro de Caracas, fue “la costumbre y los amigos” lo que lo hicieron extender 6 meses que solo pasaría en Venezuela a los 40 años que ahora cuenta.

#ExtranjerosEnVenezuela Eduardo Pila (Ecuador) lleva más de 40 años viviendo en el país y como emigrante, rechaza los casos de xenofobia contra los venezolanos en el mundo “A los que se porten mal que los deporten, pero a los que no, que los dejen”. pic.twitter.com/Esx1f6ztV0

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) October 27, 2018

Pila es de Quito, Ecuador y llegó a Venezuela invitado por un compañero de estudios. Vino de turista y sin pensarlo terminó formando una vida en un país que no imaginó.

“En ese tiempo, todo era tranquilo. Nunca recibimos malos tratos por ningún venezolano. Cuando yo llegué, me ofrecieron un trabajo y me puse a trabajar, luego  se me venció la visa de turista y un señor me hizo la segunda y me sacó los papeles. Después trabajé en la compañía de seguros Un Nuevo Mundo”, señala para luego enfatizar que en aquel entonces, lo que sí sufrió fue las “martilladas” de los policías.

“Uno aquí tiene todo”, apunta. “Mis dos hijos se graduaron de ingeniero y abogado aquí. Ellos sí se fueron y es que yo mismo les dije: ‘¿Aquí que van a hacer?’. Yo no me voy, aquí tengo todo, ¿cómo lo dejo?”, insiste.

La xenofobia: un mal que “pagan todos”

Pila aprovecha para referirse a los casos de xenofobia contra venezolanos que se han presentado en Ecuador, en Perú y en otros países de la región. Los rechaza completamente aunque ofrece una teoría del porqué se han ido generando.

“Por uno pagan todos. Hay mucha gente mala conducta, dejando mal a Venezuela. No puede ser que vayan a robar o a decir que Ecuador no tiene cultura. Van por las calles hablando así. Ecuador no es como Venezuela. En las calles, no ves a la gente botando papel. Entonces algunos venezolanos que están acostumbrados a eso, cuando les reclaman en Ecuador que no lo hagan, responden mal”, destaca.

Recomienda “portarte bien, buscar trabajo legalmente, sin robar, sin hacer daño a nadie”. Está consciente de que la delincuencia venezolana también ha emigrado, pero recalca que no por uno o por dos, deben pagar 10.

“A esa gente que se porte mal, que los deporten. Los que sirven, que se queden”, indica.

“De aquí no me saca nadie”

La señora Emiliana, originaria de Portugal, quien con 9 años vino a Venezuela a consecuencia de la guerra, considera que en esos otros países “deberían recibir al pueblo de Venezuela, como en algún momento el pueblo de Venezuela los recibió a ellos en esos momentos difíciles que estaban pasando”.

#ExtranjerosEnVenezuela Emiliana (Portugal) llegó a Venezuela con 9 años. “Desde el día que llegué me enamoré del país, de la gente, del pueblo. Me llamó mucho la atención el queso blanco, las caraotas, me enseñaron a comer todo eso”. pic.twitter.com/jb7hSU8zj2

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) October 27, 2018

“El recibimiento que nos dieron aquí fue bueno. Me enamoré de Venezuela, de la gente, del pueblo. Me trataron muy bien. Para mi, fue algo muy grande. A mi me llamó mucho la atención la comida, el queso blanco, las caraotas. Me enseñaron a comer todo eso. Fue algo muy bonito. El cariño que me dieron. Yo no sabía hablar (español), pero no me despreciaron”, recuerda con alegría y a la vez nostalgia.

Dice que no se quiere ir, a menos que la boten. “A mi me recibieron muy bien y digo que de aquí no me quiero ir. Me duele mucho todo lo que está pasando y espero que esos países comprendan y acepten al pueblo de Venezuela que está llegando. Que puedan transmitir ese amor y cariño, con el que los venezolanos aceptaron a los extranjeros que llegaron aquí. Que no sientan que están fuera de su casa”.

“Nosotros si pudimos cumplir lo que ellos no”

La señora Sandra Yuliana Rodríguez llegó a Venezuela desde Colombia hace 25 años, huyendo de la crisis económica y social por la violencia que generaba la guerrilla. Aseguró que como todo, el inicio fue duró, “trabajé bastante pero Venezuela se daba bastante a que uno lograra a conseguir las cosas”. Tal como le suceden a miles de venezolanos que salen del país.

#ExtranjerosEnVenezuela Sandra Yuliana Rodriguez (Colombia) llegó a Caracas hace 25 años “El inicio fue duro, trabajé bastante, pero Venezuela se daba bastante a que uno lograra a conseguir las cosas” (1/2) pic.twitter.com/DwfAZtBCKV

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) October 27, 2018

Por otro lado, lamenta como son trataos algunos venezolanos en el exterior. ”Es triste ver como a algunos les ha costado logrado los objetivos que una vez pudimos cumplir nosotros, los que tuvimos que salir y nos tocó hacer vida en este país”, dijo.

De igual forma, aseguró su malestar y tristeza por la situación por la que pasa la nación que la recibió con los brazos abiertos. Y además porque sus hijos, así como ella hace algunos años, tuvieron que emigrar a otra nación a buscar un futuro mejor.

#ExtranjerosEnVenezuela Sandra Rodriguez ?? lamenta como son tratados algunos venezolanos en el exterior: ”Es triste ver como a algunos les ha costado logrado los objetivos que una vez pudimos cumplir nosotros, los que tuvimos que salir y nos tocó hacer vida en este país”. (2/2) pic.twitter.com/20iDqtQMrA

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) October 27, 2018

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El caso denunciado en estas páginas continúa ofreciendo tela que cortar, al conocerse nuevos hechos que agravan lo ya denunciado previamente, pues aun habiéndose dado a conocer estas irregularidades, las autoridades  permanecen indiferentes sin tomar acciones y establecer responsabilidades.

Maibort Petit / Venezuela al Día

 La venta como chatarra de un reactor FCC aun cuando estaba realmente operativo denunciada en estas páginas, continúa generando controversia toda vez que a raíz de nuestra publicación se arreciaron los controles y cacería de brujas en la sede de Petróleos de Venezuela S.A. por parte del General de División de la Guardia Nacional Bolivariana, Danny Ramón Ferrer Sandrea, quien supuestamente habría amenazado al funcionariado de la estatal petrolera por haber filtrado la información en la cual estarían comprometidos supuestos protegidos del militar. Se conoció que a la fecha, la unidad se encuentra todavía en las instalaciones de la Refinería El Palito en espera de ser trasladada fuera del territorio nacional, en específico, a República Dominicana.

Reactor El Palito, vendido como chatarra, generaría ganancias mil millonarias a sus nuevos dueños https://t.co/Cl0Kz6HwBf

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) August 9, 2018

En nuestra información dimos a conocer en esa oportunidad que el referido reactor, a pesar de encontrarse en perfectas condiciones, fue reemplazado hace alrededor de unos diez años, para ser sustituido por el Proyecto de Incremento de Carga a Conversión (PICC) que incrementaría la flexibilidad y la operatividad de la Planta de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC, por sus siglas en inglés). Después de su desincorporación, el reactor fue abandonado frente a las instalaciones administrativas de PDVSA en la zona.

Dijimos que, posteriormente, el aparato fue vendido de manera fraudulenta como chatarra aun cuando existen normas expresas que lo prohíben al tratarse de material considerado como estratégico y ahora el comprador final analiza las posibilidades de, o bien de repotenciar la unidad y entregarla como inversión a la refinería Refidomsa PDV que funciona en República Dominicana, o en su defecto, desmantelarla para vender sus componentes por separado, especialmente las toneladas de platino que lo componen y que poseen una alto valor en el mercado con lo que esta operación podría dejar millones de dólares de ganancia.

En esa oportunidad dimos a conocer que el reactor fue vendido como chatarra a la empresa mercantil Recuperadora de Materiales Platinum C.A., en una operación violatoria de un decreto de la Presidencia de la República que prohíbe la exportación de materiales estratégicos. El monto de la transacción fue de 25 millones de bolívares, una cifra irrisoria por cuanto vendida por partes hubiese dejado ganancias millonarias o porque lo ideal hubiera sido que continuara ofreciendo servicio por cuanto estaba operativa.

La operación de venta a Recuperadora de Materiales Platinum C.A. quedó registrada en la Notaría Pública Cuadragésima Primera de Caracas, del Municipio Libertador, Nº 41, Tomo 27, Folios 130 al 133, de fecha 13 de abril de 2018. En la misma actuaron sus representantes, Bassem Xavier Jammoul Hajali y David José Márquez Lovera, quienes igualmente constituyeron la empresa Comercializadora de Metales Gold Main C.A. a la cual se incorporó el reactor como capital. Oficialmente, Recuperadora de Materiales Platinum C.A. está representada por Eligio Molina Sandoval.

Informamos que, de acuerdo a nuestras fuentes, “David Márquez Lovera y Bassem Xavier Jammoul Hajaly estarían en conversaciones con Humberto José Requena Marcovitch, para concretar la venta del reactor por una suma mil millonaria en dólares”. A saber, este último es el dueño de la constructora Maniobras Civiles C.A., empresa contratista del Estado y también propietario de empresas en Orlando y Miami donde tiene negocios desde 2012 asociado en algunas de ellas Marcelo Tunoni, Carlos Marcovitch, Rolando Quintero, Carlos Sequera, José G. Pérez, Lohannis Carrillo.

Dimos a conocer que informaciones recibidas en esta redacción indican que, supuestamente, Tunoni estaría vinculado con el oficial del Ejército, Said Aurelio Cabrera Abraham, en una presunta relación de prestanombres y otras operaciones y negociaciones ilícitas con divisas otorgadas por Cencoex. A su vez, Cabrera Abraham estaría supuestamente asociado con Rafael Ernesto Reiter Muñoz en una empresa creada en Panamá el 15 de octubre de 2014 denominada Inversiones RC 58 INC, bajo el registro 846641y el número de compañía 846641S.

Como puede verse, toda una cadena de presuntos beneficiarios de la venta del reactor como chatarra.

Organismos judiciales permanecen inmutables

Ahora nuestras fuentes nos indican que aun siendo esta denuncia un hecho conocido que ameritaría una investigación vía noticia criminis pero, ni la presidencia de la república a cargo de Nicolás Maduro ha ordenado  averiguación alguna, ni el órgano directamente competente, a saber, el Ministerio Público en manos del designado por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se ha abocado al caso y permanecen indiferentes ante estos hechos que constituyen una nueva operación de fraude al erario público nacional.

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Nuestros informantes señalan que de acuerdo a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.931, de fecha 22 de junio de 2016, fue publicada la resolución de fecha 21 de junio de 2016, en la cual, el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, el Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, el Ministerio del Poder Popular de petróleo, y el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, de forma conjunta designan a ciertas empresas del sector público para que ejerzan el derecho de preferencia para la adquisición de residuos sólidos metálicos y chatarra de hierro, aluminio y cobre; así como las modalidades de la referida adquisición, las modalidades del Comité Interministerial, y las regulaciones sobre el control y demás aspectos establecidos en el Decreto N° 2.258 de fecha 3 de marzo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.861, de esa misma fecha.

El artículo 2 de la resolución conjunta ministerial define la chatarra como los “trozos de metal o de desechos, especialmente de hierro, aluminio y cobre, provenientes de: a) bienes destinados al transporte que han cumplido su vida de uso, tales como: vehículos, trenes, maquinarias, naves y aeronaves, sus piezas y partes. b) Tuberías, mobiliario metálico, láminas, entre otros. c) Aparatos o partes eléctricas o electrónicas, línea blanca o cualquier aparato de uso doméstico. d) Materiales desincorporados pertenecientes a órganos y entes públicos”.

Igualmente define los residuos sólidos metálicos, como el “material de hierro, aluminio y cobre, remanente o sobrante de actividades industriales (…)”.

También el decreto 2.258 infiere que por chatarra se entiende los residuos sólidos metálicos o desechos, especialmente de hierro, aluminio y cobre, provenientes de bienes destinados al transporte que han cumplido su vida de uso, tuberías, mobiliario metálico, láminas; aparatos de uso doméstico y materiales desincorporados pertenecientes a órganos y entes públicos.

Se conoció, de acuerdo a lo recabado en nuestra búsqueda, que entre las empresas del sector público designadas para el derecho de preferencia en el referido decreto se encuentra Reciclajes Cuba Venezuela, S.A. (RECUVENSA) inscrita en el registro de Información Fiscal (RIF) N° J-29909444-7, protocolizada ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 20 de mayo de 2010, N° 39, Tomo 89-A, empresa mixta de reciclaje, Cuba-Venezuela, con un aporte de PDVSA Industrial con el 60 %, y Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas (UERMP) con el 40 % y cuyo “objeto es recuperar, procesar y comercializar de forma mayorista todo tipo de chatarras, partes, piezas, componentes, equipos y materiales reciclables, así como ofrecer servicios de recolección, distribución y transporte de productos reciclables”.

Explicaron nuestras fuentes que las disposiciones gubernamentales establecen que las empresas deberán realizar el proceso de transformación de la chatarra y residuos sólidos metálicos bajo los principios de eficacia y eficiencia, a los fines de que la cantidad de materiales y productos elaborados sean destinados principalmente, para obras de construcción nacional y en la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Asimismo, los residuos deberán ser una chatarra limpia y deberá cumplir con los parámetros que sean establecidos para el proceso de industrialización de las chatarras.

Del mismo modo, nuestros informantes advierten que se obvió esta disposición respecto a  Recuvensa, pues en lugar de haberse encargado esta empresa de la supuesta chatarra del reactor de El Palito para destinar el material procesado a obras de construcción, se procedió a la venta del mismo mediante documento identificado con el Nº PDVSA-RECV-217-023 REF: 0018-2017-PIN-REC-A-OC, de fecha 15 de diciembre de 2017 a la Recuperadora de Materiales Platinum C.A. registrada en el Registro Mercantil Primero del Estado Guárico, bajo el Nº 352-8764, Tomo 44-A PRO, Nº 16, del año 2017. RIF J-41056306-0, representada por Eligio Molina Sandoval, C.I. V-10.740.505, por la cantidad de Bs. 25 millones.

Posteriormente, el reactor, como ya lo hemos referido, fue vendido por la empresa mercantil Recuperadora de Materiales Platinum C.A. a Bassem Xavier Jammoul Hajali y David José Márquez Lovera mediante documento autenticado en la Notaría Pública Cuadragésima Primera de Caracas, del Municipio Libertador, Nº 41, Tomo 27, Folios 130 al 133, en fecha 13 de abril de 2018.

Jammoul Hajali y Márquez Lovera constituyeron entonces una empresa mercantil de nombre  Comercializadora de Metales Gold Main C.A., inscrita en el Registro Mercantil Séptimo del Distrito Capital, en fecha 16 de mayo de 2018, anotada bajo el Nº 71, Tomo 32-A, apareciendo el reactor en cuestión como el capital de la compañía. Así tenemos que la supuesta chatarra que debió por ley destinarse a la construcción de obras de interés nacional, terminó convertida en el capital privado de una empresa que se encuentra abocada a la tarea de exportarlo para obtener una fuerte cantidad de dinero, burlando con esto las normativas legales y el procedimiento que debe seguirse con la supuesta chatarra.

Pudimos conocer, además, a través de nuestros informantes, que el reactor aún se encuentra en las instalaciones de la Refinería El Palito, ubicada en el municipio Puerto Cabello del estado Carabobo, en espera de ser trasladado fuera del territorio nacional.

Igualmente se nos informó que Bassem Xavier Jammoul Hajali y David José Márquez Lovera tan pronto esto suceda, procederán a concretar la venta del reactor a Humberto José Requena Marcovitch.

Sobre los involucrados

Sobre Bassem Xavier Jammoul Hajali, titular de la Cédulas de Identidad Nº V- 18.290.611, sabemos que ejerce su derecho al sufragio en el Instituto Nuestra Señora de Fátima de la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado Miranda.

Entretanto, David José Márquez Lovera nació el 3 de febrero de 1977, es el portador de la Cédula de identidad N° V-11.742.747 y se le ubica en la parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales indica que ingresó al sistema el 28 de septiembre de 1999, siendo su estatus actual cesante, su fecha de contingencia el 3 de febrero de 2037. Egreso de Inversiones a Estudiar 1311 C.A. el 14 de diciembre de 2016. Acumula 262 semanas cotizadas y un total de salarios de Bs. 1.077,09.

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Academia Merici, de la parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Por su parte, Humberto José Requena Marcovitch nació el 10 de junio de 1969, es titular de la Cédula de Identidad N° V-9.640.274 y se le ubica en la parroquia Madre María de San José del municipio Girardot del estado Aragua.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 1° de abril de 2009, su estatus actual es cesante, su fecha de contingencia es el 10 de junio de 2029. Egresó la empresa Maniobras Civiles C.A. el 30 de septiembre de 2014. Acumula 287 semanas cotizadas y un total de salarios de Bs. 1,21.

Sufraga en la Escuela Básica Gregoria Díaz de la parroquia Madre María de San José, municipio Girardot, estado Aragua.

Como puede observarse, con las operaciones aquí descritas se han violado todos los procedimientos legales y en tales irregularidades, como se constata a lo largo de esta exposición, en tales faltas han incurrido desde la misma PDVSA hasta las notarías y registros que pasaron por alto lo establecido en las normas y aceptaron asentar las ventas sin proceder a informar del asunto a los organismos competentes.

La fiscalía general de la república y su titular, Tarek William Saab, tienen la última palabra.

Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos en Venezuela pero hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas. Si alguna de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresado, les solicitamos que  se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En esta columna semanal el derecho a réplica está absolutamente garantizado.

Si alguna persona quiere enviar información, o denunciar un hecho de corrupción en alguna instancia del Estado venezolano y que involucre a funcionarios civiles o militares les rogamos nos envíen un mensaje a través de nuestra dirección de correo electrónico. Garantizamos el respeto y el anonimato de nuestras fuentes.

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Informes presentados por uno de los escritorios jurídicos que defiende al Estado venezolano en E.E. U.U. tanto en la época de Hugo Chávez con en la de su sucesor Nicolás Maduro, y —entre cuyos casos destaca el de Efraín Antonio Campo Flores, sobrino de la pareja presidencial convicto por delitos de narcotráfico en Nueva York— demuestran que tanto las autoridades de Petróleos de Venezuela como el alto gobierno estaban al tanto de las irregularidades que cometían varios empleados con la entrega de contratos a cambio del pago de sobornos. A pesar de ellos, los dueños de las contratistas siguieron disfrutando de jugosos negocios, e inclusive, recibieron el privilegio de ganar  asociaciones estratégicas en empresas mixtas petroleras. 

Por Maibort Petit/Venezuela Al Día

Una de las firmas jurídicas estadounidenses preferidas por el gobierno de Venezuela, Squire Patton Boggs advirtió a Petróleos de Venezuela S.A, sus sospechas de que algunos empleados podrían haber estado involucrados en posibles actos irregulares relacionados con procesos de procura de bienes y servicios celebrados con otros proveedores de PDVSA y/o Bariven, incluyendo, entre otros, a Derwick Associates.

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Las comunicaciones remitidas entre Squire Patton Boggs y PDVSA cuando era su presidente Eulogio Del Pino, dan cuenta de las recomendaciones formuladas por el bufete estadounidense a la estatal petrolera acerca de los procedimientos a seguir para tratar de recuperar parte del dinero que los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera obtuvieron a través de negociaciones irregulares y la corrupción con la corporación venezolana.

En una de las piezas analizadas, Squire Patton Boggs informa a la petrolera sobre una la investigación que el Departamento de Justicia estadounidense estaba llevando a cabo respecto a ciertas procuras realizadas por Derwick Associates.

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A objeto del trabajo realizado era ayudar a PDVSA a recuperar parte de lo esquilmado a su patrimonio por los manejos y negocios  irregulares llevados a cabo por Rincón y Shiera y conocer manera de proceder ante las autoridades de los Estados Unidos para resarcir los daños sufridos en su carácter de víctima de las operaciones fraudulentas de los hoy convictos de la justicia estadounidense.

En 2017, Squire Patton Boggs hizo las diligencias pertinentes y solicitó formalmente a la corte del Distrito Sur de Texas en Houston ser considerada “víctima” en el caso alegado donde las autoridades acusaban a varios empleados y contratistas de delitos de corrupción y de haber violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y que conllevó a un desfalco al país de al menos 1000 millones de dólares. Ese recurso fue negado por el juez.

La investigación 

Los documentos en nuestro poder dan cuenta  que el despacho jurídico hizo una serie de recomendaciones respecto a las implicaciones del caso Rincón-Shiera, entre las cuales se destaca una comunicación con carácter privado y confidencial al Comité de Investigación y Control de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) con fecha 25 de julio de 2016.

Los remitentes del oficio desde la oficina de Miami eran los abogados Alfredo G. Anzola, Rebekah J. Poston y Raúl B. Mañón, quienes hacían referencia al “Acceso a correos electrónicos de cierto personal de interés y otra información requerida”.

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El texto de la comunicación indicaba que a los fines de proteger los intereses de PDVSA y garantizar la integridad de la investigación, los profesionales del derecho insistían en la naturaleza estrictamente confidencial del memorando y su anexo, por lo que enfatizaban en la necesidad de limitar la circulación del mismo únicamente al personal de la alta gerencia de la estatal petrolera venezolana que requirieran tener conocimiento de la información en él contenida.

Refieren que en la investigación llevada a cabo identificaron a varios empleados de PDVSA y sus empresas filiales que, si bien no estaban incursos en hechos irregulares, podrían aportar información relevante para la investigación.

Igualmente alertaron que algunos de esos empleados habían incurrido en actos de corrupción cometidos por Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. En específico hicieron referencia a exempleados Christian Javier Maldonado Barillas, José Luis Ramos Castillo y Alfonso Graviña, entre otros.

Los abogados manifestaron su sospecha legítima de que algunos de éstos pudieron haber participado directa o indirectamente en los hechos de corrupción cometidos por Rincón y Shiera o, por lo menos, tuvieron conocimiento de ello.

Igualmente sospechaban que algunos de estos empleados pudieron estar involucrados en posibles actos irregulares relacionados con procesos de procura de bienes y servicios celebrados con otros proveedores de PDVSA y/o Bariven, incluyendo, entre otros, a Derwick Associates.

Se explica que Squire Patton Boggs elaboró y siguió un plan de trabajo para llevar a cabo la investigación que fue aprobado por el comité y los auditores externos de PDVSA, KPMG Rodríguez Velázquez & Asociados (KPMG), habiendo sido su trabajo la revisión e investigación de los correos electrónicos del personal identificado durante el período de investigación, a saber, entre enero de 2009 y la fecha en que se remite la comunicación. Advierten que la “revisión e investigación de los correos electrónicos del personal posiblemente involucrado es parte necesaria de toda investigación interna, conforme las mejores prácticas en la materia, y es un punto sobre el cual KPMG ha insistido reiteradamente”.

Anzola, Poston y Mañón agregan que la revisión e investigación de los correos electrónicos del personal posiblemente involucrado fue un hecho que se hizo obligatorio en la averiguación, por cuanto la mayoría del personal que estuvo directamente involucrado en actos de corrupción y otras conductas irregulares no laboraba en PDVSA, subsidiarias o filiales, a la fecha de la comunicación y resultaba casi imposible entrevistarlos.

Indican que un número considerable del personal Bariven, sus subsidiarias y filiales que entrevistaron, negó tener conocimiento específico de los actos de corrupción y demás actividades irregulares relacionadas con Rincón, Shiera y otros proveedores de bienes y servicios.

Informan que cierto personal directamente implicado en los actos de corrupción cometidos por Rincón y Shiera y demás actos irregulares frecuentemente impartían instrucciones e intercambiaban notas vía correos electrónicos.

Los abogados de Squire Patton Boggs solicitaron a los buenos oficios del Comité de Investigación y Control de PDVSA para que les proveyeran copia de todos los correos electrónicos del personal bajo sospecha, generados del 1° de enero de 2009 a la fecha de la terminación del empleo de cada persona o hasta la fecha de la comunicación en el caso de aquellas personas aún trabajaban en la corporación.

También requirieron que Bariven proveyera los nombres del personal que desde 2007 a la fecha, se desempeñó en las posiciones de presidentes de Bariven, gerentes generales de Bariven, gerentes de Procura de Bariven, gerentes de Procura Internacional de Bariven, gerentes de Servicios Técnicos de Bariven, gerentes de Finanzas de Bariven.

También los nombres del personal que desde 2007 a la fecha desempeñó funciones como gerentes generales de PSI y PSBV.

El criterio de Squire Patton Boggs sobre la incautación de bienes

El 26 de julio de 2016, los abogados Rebekah J. Poston, Alfredo Anzola y Raúl B. Mañón, de la firma Squire Patton Boggs, remitieron un memorando al Comité de Investigación y Control de PDVSA, relativo a los “Procedimientos Auxiliares de Incautación de Bienes de Terceros; Resarcimiento de Daños”.

En el texto de la comunicación hacían mención a las vías legales que, bajo la legislación de Estados Unidos, estaban a disposición de PDVSA para procurar, primero, la participación en la liquidación de los bienes incautados a las personas que se han declarado culpables ante la justicia en Houston y que a la fecha incluían a Roberto Rincón, Abraham Shiera y los exempleados de PDVSA Services Inc., Christian Maldonado, José Luis Ramos y Alfonzo Graviña, a quienes la fiscalía estadounidense había incautado bienes inmuebles y dinero en efectivo depositados en cuentas bancarias dentro del territorio de Estados Unidos y en la Isla de Man.

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Explicaron que había dos vías de acción legal, una, en la que PDVSA figurara como tercero participante en un procedimiento civil de incautación de bienes, y segundo, PDVSA como víctima de daño solicitando el resarcimiento en un procedimiento penal.

En tal sentido, informaron que ambos recursos eran diferentes pero no excluyentes, por lo que la recomendación de Squire Patton Boggs era iniciar las dos acciones de manera simultánea.

Entonces Poston, Anzola y Mañón pasaron a explicar cada uno de los procedimientos.

PDVSA como tercero participante en un procedimiento de incautación de bienes

Los abogados precisaron que en los casos federales —como en efecto es la causa de Rincón y Shiera— los procedimientos de incautación criminal se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en la Regla N° 32.2 de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal que indica que solamente la porción de los bienes que pertenece al acusado puede estar sujeta a incautación.

En este sentido, los intereses de terceros en el mismo bien o propiedad son determinados por separado en un procedimiento “auxiliar” después de que una orden de incautación ha sido emitida contra el acusado.

Agregan que la acción legal en relación con terceras personas es considerada una acción civil y es controlada por las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Así, en los casos de Ramos, Graviña y Maldonado, la fiscalía presentó el 29 de junio y el 12 de julio de 2016, sendas mociones sin oposición para obtener Ordenes Preliminares de Incautación y Ventas Interlocutorias de Propiedad Inmobiliaria. La Fiscalía también presentó mociones similares para Rincón y Shiera, pero lo hicieron al amparo de confidencialidad, por lo que no son de conocimiento público. Suponen los abogados que estas mociones son idénticas a las otras tres mociones ya mencionadas, pero sobre bienes de mayor valor.

Las propiedades de los tres exempleados de PDVSA sobre los cuales la fiscalía solicita incautación y/o liquidación son, en el caso de Ramos, cuatro bienes inmuebles y haberes en una cuenta en un banco extranjero, así como una indemnización en efectivo de USD 10.319.316,15.

En lo que respecta a Graviña, una indemnización en efectivo de USD 590.466; de Maldonado  se pide igualmente una indemnización en efectivo de USD 165.000.

Los abogados explican que un tercero no puede hacer un reclamo cuando la incautación consiste de una indemnización en efectivo, pero dejan abierto un camino que consiste en esperar que la Fiscalía incaute una propiedad específica para ejecutarla en liquidación y entonces PDVSA podría presentar una demanda sobre las propiedades incautadas, que en este caso están valoradas en aproximadamente USD 1.3 millones en conjunto.

Precisaron los representantes de la firma de abogados que PDVSA puede presentar su demanda sobre los bienes incautados, incluyendo cualquier dinero producto de la liquidación de bienes hasta 30 días después del último anuncio publicado en un diario de la jurisdicción que lleva el caso o en la que se encuentran los bienes (Texas o Florida) o en la página web que al efecto lleva la Oficina de Incautación de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia.

Refieren que PDVSA como víctima de los esquemas de soborno, califica como un tercero con intereses para presentar su reclamo en el procedimiento auxiliar.

Indicaron que la fiscalía informó al juez la posibilidad de que el saldo de la cuenta bancaria en la Isla de Man que pertenece a Ramos sea regresado a los EE. UU. y depositado en una cuenta del gobierno y, en tal caso, los fondos transferidos estarían sujetos a incautación como propiedad tranzable a la cuenta en la Isla de Man.

Resarcimiento de daños

El otro recurso legal al que puede recurrir PDVSA, según recomendaron los abogados de Squire Patton Boggs, es el resarcimiento de daños sufridos que permite que se incluya cualquier bien de propiedad del acusado.

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De este modo, PDVSA podría buscar restitución de a) cualquier indemnización en efectivo ordenada contra los acusados; b) cualquier efectivo obtenido de la liquidación de propiedad inmobiliaria de los acusados incautada por la Fiscalía; c) cualquier cuenta bancaria incautada por la Fiscalía; d) otros bienes cualesquiera de cualquier acusado incautados por la Fiscalía.

Squire Patton Boggs estima —y así o hace saber en la comunicación— que con la adopción de las dos vías, incautación y resarcimiento, “PDVSA estaría dando un claro mensaje de cuál es su política de tolerancia cero a la corrupción, tomando acciones efectivas y contundentes en el seno del sistema judicial americano”.

Además, la adopción de los recursos le permitiría a la estatal recuperar una mayor cantidad a que se circunscribiera únicamente a presentar un reclamo como terceros en un procedimiento auxiliar donde los daños estarían limitados a las ganancias de las ventas interlocutorias de las propiedades inmobiliarias de Ramos, subrayaron los abogados.

Luego de explicar el procedimiento a seguir, Rebekah J. Poston, Alfredo Anzola y Raúl B. Mañón reiteraron que la razón principal por la que recomendaron que sea PDVSA la accionante en ambos recursos legales, es que la petrolera “es la víctima directa o afectada principal de las acciones fraudulentas cometidas en su contra, pues en todo caso Bariven y sus dos filiales son meros agentes de ella”. No hacerlo así podría provocar que el Tribunal considerara que otro accionante, por ejemplo Bariven o PSI, carece de legitimidad activa para demandar y por lo tanto deseche ambos recursos.

Del Pino en conocimiento del asunto

El 29 de julio de 2016, el auditor general de PDVSA, César Andrés Milano, envió al presidente de la estatal, Eulogio Del Pino, una comunicación de carácter confidencial identificada con el número de referencia AIC -2016-076, en la que le remitía los dos memorandos de la firma de abogados Squire Patton Boggs para su consideración y análisis.

Los citados memorando versaban sobre los “Procedimientos Auxiliares de Incautación de Bienes de Terceros; Resarcimiento de Daños” y “Acceso a correos electrónicos de cierto personal de interés y otra información requerida”, como ya se ha hecho referencia líneas arriba.

En el marco de esa investigación, pudimos conocer que el 14 de agosto de 2017 el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino solicitó al vicepresidente de la petrolera, Simón Zerpa y al presidente de Bariven, Francisco Jiménez realizar un bloqueo preventivo inmediato de 10 empresas para todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluyendo colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

Del Pino argumenta que la decisión debe tomarse en el marco de una investigación que se realizó sobre la procura de la Faja Petrolífera donde se identificaron 10 empresas como “de alto riesgo a las cuales se les debe hacer bloqueo inmediato”.

En la carta, el presidente de PDVSA exige que dichas empresas no sean consideradas en invitaciones a participar en procesos de licitación, celebración de negocios y contratos hasta que culmine la investigación. Entre las empresas se encontraban  Derwick cuyos principales directivos son Leopoldo Alejandro Betancourt López y  Pedro Trebbau, y Tradequip CA  del Roberto Rincón.

He aquí la carta en cuestión:

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Empleados bajo sospecha

Los empleados de Petróleos de Venezuela, S.A., sus subsidiarias y filiales que estaban bajo sospecha de estar relacionados con el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera, así como con Derwick Associates, son: Javier Alvarado (Bariven), Veronica Arce (PSBV), Guillermo Arellano Pinto,  Juan José Bastardo (PSI), Franklin Bellera, José Camacho (BRV, ex CITGO), Natasha Alejandra Cardier (Bariven), Juan Carlos Chong (Bariven), Rosa Elena De Sousa, Yosmal Espinoza Díaz (Bariven), Brenda Fernández, Roy Gamboa, Alexis García, Deivis González (PDVSA Operaciones Acuáticas), Valdemore González, Alfonso Graviña (PSI), José Guerrero, Euci Guzmán, Hernando Henríquez (Bariven), Luis E. Hernández H.

También, Francisco Jiménez Villarroel, Francisco Jiménez (Bariven),  Francisco, Jr. Jiménez, George Khabboul (Bariven), Christian Javier Maldonado Barillas (BRV/PSI), Ower Manrique (Bariven), Nery Mavarez (Bariven), Charles Moreno (Bariven), Jorge Parra Moreno, Karina Núñez, Gustavo Oses (Bariven), Ingridbell Pereira (Bariven), Iraima Ramírez Pérez (fallecida), Humberto Puche, José Pirela (Bariven), Luis Pulido, José Luis Ramos Castillo (Steverson Staffing Agency /PSI), Sanya Ramos (PSI), Izordyn Rangel, Rafael Ernesto Reiter (PDVSA), César Rincón (Bariven), Ramiro Rodríguez (PDVSA/BRV, ex CITGO proyectos especiales), Edgar Romero (Bariven), Ana Rondón (Bariven).

Igualmente, Manuel Santoyo, Gregory Sorbara, Maximiliano Soto (Bariven), Joaquín Torres (Bariven), Celigmar Ubals (PSI), Reynel Vergara (Bariven), Ad Verhoeff (PSBV), Ainisis Vivas, Ismary Yeguez (Bariven), Eusebio Zavati (Bariven).

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El caso de Rincón no ha concluido

A pesar que los abogados estadounidenses de PDVSA hicieron las advertencias de rigor, muchas empresas nos fueron excluidas de los carteles de licitación sino que permanecieron, e inclusive lograron a través de mecanismos complejos e irregulares, asociarse con PDVSA en varios proyectos, incluyendo empresas mixtas. Paralelamente, el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera lleva más de 17 acusados, entre ex empleados y contratistas. De acuerdo a fuentes consultadas aún no han sido arrestados todos los conspiradores de este monumental saqueo a PDVSA. Seguiremos informando.

[1] Squire Patton Boggs. https://www.squirepattonboggs.com/en/

[2] https://maibortpetit.wordpress.com/2018/04/10/maibort-petit-presidente-de-pdvsa-pide-bloquear-a-10-empresas-con-antecedentes-de-corrupcion-para-operar-en-la-faja-petrolifera-del-orinoco/

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Ser influencer. Fácil o no, es una ocupación que ha ido en ascenso en los últimos 5 años. Artistas, locutores, bloggers, periodistas y hasta entrenadores han convertido sus redes personales en puentes de conexión entre una marca y una audiencia específica.

Raylí Lujan / Venezuela al Día

Como elemento del marketing digital, los influencers han pasado de ser un fenómeno que una gran parte de la población no entendía a una herramienta imprescindible cuyo efecto puede ser real y tangible.

Para Luis Carlos Díaz, especialista en redes sociales, se trata principalmente de cruzar unas necesidades con unas potencialidades. Sin embargo, advierte que se debe estar enfocado precisamente “en perfiles específicos para crear esa conexión real y orgánica entre lo que estas personas pueden publicar en sus redes y lo que las marcas necesita que se diga”.

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De lo contrario, la marca o la persona interesada en dar a conocer su producto se estaría adentrando en un juego que no precisamente le llevarían a obtener más seguidores o mayores ventas.

“Eso es una trampa porque no es exactamente directa y lineal. No es que alguien con muchos seguidores se va a convertir en muchos compradores (…) Hay unos cruces que no son tan automáticos y por eso el talento de algunos va a brillar sobre el de otros”, explica Díaz.

También se presenta la otra cara de los influencers. Lejos del brillo que puedan tener algunos y otros no, se desarrolla la incredibilidad ante el efecto de esta herramienta y las dudas que genera en las negociaciones de compra y venta.

Las estafas están a la orden del día en la web y las contrataciones de influencers -o de quienes intentan serlo- podrían percibirse vulnerables a ellas. “Te duplicamos tus seguidores en solo una semana por solo 50$”, es el mensaje más común, bajo el cual se podría estar tejiendo una mentira.

“Si alguien te promete que tus seguidores aumentarán de esa forma te está mintiendo. Pero si le pagas a un mentiroso es tu problema. Hay gente que es feliz comprando humo. Algunos lo hacen por desconocimiento pero la mayoría lo hace porque cae seducido por el influenciador o por el desespero de obtener resultados rápidos. La gente debe saber que no hay recetas mágicas sino que las redes exigen trabajo y creatividad”, explica Luis Carlos Díaz.

Cindy López, CEO de Mercadearte Global Inc y Profesora de Maestría de la Universidad Arturo Prat de Chile considera que aunque parezca “una estafa fácil el generar una cantidad de followers siendo la mayoría falsos, si la persona lo que busca es conseguir números por un tema de percepción y no por un tema de retorno de inversión, eso mas bien es un objetivo logrado”. No se consideraría entonces una estafa.

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“Lo importante es entender lo que busca la gente en la contratación de un influencer y como debería ser para que eso genere un real retorno de inversión (…) Todo lo que se haga cumple un objetivo y si es alcanzado dentro de los parámetros estratégicos y dentro de la necesidad de quien hace la petición, no puede considerarse una estafa. El deber saber es que si estas haciendo una contratación de un influencer, ese influencer te genera un retorno de inversión directo, medible directamente, en indicadores y si no es posible, habría que analizar y se podría ir a una segunda vuelta”, sentencia.

Claro que este objetivo en particular no está exento de ser engañoso. “El que compra seguidores falsos engaña y se engaña. Dicen que es como llenar un teatro con maniquíes y decir que tienes audiencia. Pueden hacer bulto pero más nada”, aclara Luis Carlos Díaz, al insistir en que sí se puede vivir exclusivamente de vender espacios y contenidos en las redes sociales, “siempre que los cruces no sean tan automáticos”.

¿Cualquiera puede ser influencer?

Resulta común toparse en las principales redes sociales con perfiles que buscan convertirse en influenciadores, o en algunos casos ya se encuentran ejerciéndole, incluso contando con pocos seguidores.

Y es que para Cindy López, cualquiera puede ser influencer. “Una persona que tenga u ostente una influencia directa sobre cualquier nicho de mercado es un influenciador, sea un público chiquito, mediano o grande. Cualquiera puede serlo sobre un grupo específico y cierto espacio.  La contratación de algunos depende mucho de cuál sea el tipo de mercado. Se puede ser un influencer con 5 millones de personas, pero si te contrata una marca de carros, la marca debe asegurarse que de esos 5 millones de personas hay un número importante de aquellos interesados en el sector automotriz. Esto va mucho de la mano de quien está haciendo la contratación”, agrega.

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López resalta que no existe una fórmula matemática que indique cuándo se está frente a un buen o mal influenciador. “Digamos que están los ‘evil influencers’  y los ‘good influencers’, porque hay gente que se ha convertido en un influenciador haciendo cosas que quizás para la ética y para la moral de ciertos mercados no es correcta, pero realmente él sigue cumpliendo su objetivo, entonces ¿cómo decir que es realmente un mal influencer si al final de cuenta logra que su audiencia responda?”.

Agrega que si bien los influencers tienen un peso importante, estos no son 100% necesarios. “Ahora existe una tendencia a nivel mundial. Hay empresas que se dedican a levantar bases de datos de las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter de personas que estén interesadas en publicar mensajes bajo un sistema pago. Se suscriben a una base de datos, luego la agencia que ya posee contratos con ciertas marcas les contactará para conocer sobre quien estaría interesado en publicar un post sobre la marca. Se negocia el pago con todos los que quieran y lo que la marca estaba dispuesta a pagar en un solo influencer, lo puede diluir en todas esas cuentas. Eso hace que la efectividad sea mucho mas alta porque suelen tener mas confianza en su amigo directo o línea directa de amistad que en un artista”, detalla.

López mantiene que para una buena efectividad con un ‘influenciador artista’, es necesario que este cuenta con un número alto de seguidores debido a que solo el 10% del total de la audiencia es quienes suelen tener un tipo de interacción.

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Con cada supuesto intento de golpe de Estado al gobierno, cientos de empleados públicos pierden sus puestos de trabajo y un centenar de militares terminan tras las rejas, acusados de cometer delitos como rebelión y contra el decoro militar. Esa ha sido la fórmula de poder de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Redacción Venezuela Al Día

Para el 20 de junio la ONG Justicia Venezolana había registrado 152 detenciones de militares por razones políticas, 60 capturados en lo que iba de 2018 hasta la fecha. Sin contar los detenidos tras el supuesto atentado a Maduro, ocurrido el 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas.

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Según ha mencionado en distintas ocasiones Rocío San Miguel, presidenta del grupo de vigilancia Control Ciudadano, Maduro también mantiene el control a través del miedo, deteniendo o purgando regularmente a otros oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

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Es decir, el régimen chavista-madurista de alguna forma se entera de supuestos rumores sobre un “levantamiento militar” o un “golpe de Estado” en su contra e inmediatamente, utiliza la información a su favor y maquina un contragolpe que termina con varios militares detenidos.

Algunos analistas señalan que estos uniformados arrestados a veces no tienen nada que ver con el golpe que se buscaba ejecutar; sin embargo, sí se encontraban en alguna “lista negra” dentro del Alto Mando de la FAN y su detención solo forma parte de un show más del régimen, para intimidar a los militares que desean un cambio de gobierno para Venezuela.

Rebeliones militares

Entre las supuestas rebeliones o Golpes militares se encuentran el famoso “Golpe Azul”, la “Operación Armagedón” y la “Operación Constitución”.

-Golpe Azul u Operación Jericó: Fue conocida el 12 de febrero de 2015 cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el supuesto golpe de Estado. Por esta operación no comprobada, fueron arrestados cinco militares y tres civiles: el taxista Pedro Maury, el carpintero Jesús Salazar y Luis Colmenares, TSU en ciencias fiscales.

Según el régimen, el supuesto acto fue planificado por el general de la Aviación Oswaldo Hernández, quien permanecía detenido desde abril de 2014 (en medio de las protestas antigubernamentales) y fue condenado en mayo de 2015 a ocho años y siete meses de prisión por los delitos de rebelión y contra el decoro militar, mismos cargos con los que fueron sentenciados los 5 militares.

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De los militares, Ricardo José Antich, Peter Alexander Moreno, Carlos Esqueda y Luis Lugo (todos teniente primero de la Aviación) fueron liberados el 11 de octubre. Pero horas después se dio la orden de recaptura, aún se desconoce el motivo, y sus familiares han sido asediados por las fuerzas policiales del Estado. Tanto que la madre de Lugo, Gloria Calderón, fue arrestada para presionar su regreso a la cárcel.

#ATENCION: Liberados 4 militares Inocentes que mantenían ilegalmente presos desde hace 4 años por el supuesto “Golpe Azul” en La Pica. Bienvenidos: Ricardo, Peter, Luis y Carlos a la Libertad que jamás debieron arrebatarles. #DDHH pic.twitter.com/wBkFVGCKg4

— Adriana Pichardo B (@apichardob) 11 de octubre de 2018

Rocío San Miguel en ese momento manifestó que “la detención de Gloria Calderón madre del Tte. Lugo ratifica el patrón de Terror-Violencia-Miedo utilizado por el Gobierno de Venezuela como fórmula de Poder”.

El llamado “golpe azul” siempre ha sido una farsa, q hoy lamentablemente sigue utilizándose para intimidar a sectores d la FAN.
La detención de Gloria Calderón madre del Tte Lugo ratifica el patrón de Terror-Violencia-Miedo utilizado x el Gobierno d Venezuela como fórmula d poder

— Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) 12 de octubre de 2018

– Operación Armagedón: Desde el año 2017, inteligencia militar ha estado investigando un presunto plan de golpe de Estado, denominado “Operación Armagedón. En junio de este año, el Tribunal Militar decretó privativa de libertad contra nueve militares de la FAN por su presunta participación en esa intento golpista, que buscaba impedir las elecciones presidenciales del pasado 20 de Mayo y el asesinato del presidente Nicolás Maduro, según se desprende de un informe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) identificado como DGCIM-DEIPC-IC-002-2018.

De acuerdo a este informe, la periodista Sebastiana Barráez indicó -en un artículo publicado en su blog– que a la dirigente María Corina Machado se le señala como “la principal civil involucrada, como financista y enlace internacional con los militares detenidos”, debido a que goza de popularidad entre las filas militares; no obstante, Machado no ha sido detenida por este caso.

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– Operación Constitución: Quizás ha sido el intento más serio de derrocar a Maduro. Sin embargo, la poca credibilidad de la que goza el Gobierno venezolano ha hecho dudar de que sea cierto el supuesto “intento de magnicidio”, ocurrido el 4 de agosto con drones explosivos, durante un discurso del mandatario en la avenida Bolívar de Caracas.

Lo cierto es que sobre este supuesto “atentado” la Inteligencia del Gobierno esta tras la pista de al menos 34 personas, entre militares y civiles. Varias ya han sido arrestadas y también, varias han sido las acusaciones de que se trate de otra farsa, que solo busca encarcelar o desterrar a más dirigentes de la oposición y a castrenses.

Los casos del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens y del concejal por el municipio Libertador (Caracas) Fernando Albán, han sido los que más han acaparado la atención internacional y de las ONG’s defensoras de derechos humanos. Según distintos expertos, Requesens fue sometido a una droga para declarar en un video hecho público, lo que el régimen deseaba y posteriormente, ha sido sometido a torturas y tratos inhumanos.

Por otra parte, la comunidad internacional pide que la muerte del concejal Albán sea investigada por expertos internacionales. Debido a que hay versiones que desmienten que Albán supuestamente se suicidó -el 8 de octubre- al lanzarse del piso 10 de la sede del servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, donde permanecía detenido desde el 5 de octubre por su vinculación con la Operación Constitución.

#ATENCIÓN “Tenía agua en los pulmones”. Reverol ordenó adulterar el resultado de la autopsia de Albán según el coordinador de investigaciones nacionales de Morgue de Bello Monte, William Jiménez pic.twitter.com/crtMZQ8nYX

— Maryorin (@maryorinmendez) 10 de octubre de 2018

Pero las detención a militares no ha sido la única estrategia del régimen “socialista” para mantenerse en el poder. Venezuela Al Día develará en otra entrega de Fórmulas de poder las maniobras políticas, versionadas por el fallecido presidente Hugo Chávez, para el control total de la población.

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La reciente muerte del pran de varias minas de oro al sur del estado Bolívar, Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda, conocido como “Capitán”, hace reavivar la teoría de que el Gobierno Nacional crea estrechos lazos con estos delincuentes de alta peligrosidad e influencia, hasta que dejan de generar algún beneficio a su causa.

Redacción Venezuela Al Día

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido acusado de tener nexos y de financiar organizaciones delictivas, de narcotráfico y terroristas desde hace varios años. De allí, la larga lista de sancionados por parte de los Estados Unidos, que además calificó de “dictador” al mandatario y lo incluyó en la “lista negra” de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Congreso español aprobó resolución que insta a condenar dictadura en Venezuela (Video)

Cierto también es que Maduro no ha sido el único presidente venezolano al que se le vincula con estos pranes o capos, fue con el mandato del mismo Hugo Chávez que el rumor y las informaciones iban creciendo. Tanto los Tupamaros, luego Colectivos, como los delincuentes de “alto rango”, eran y son usados como brigadas de choque del régimen chavista, como se catalogó a esta delegación en una investigación de Insight Crime.

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Las cárceles y los cuarteles de los Colectivos guardan un arsenal de armas de todo tipo, dispuestas a usarse cuando el Gobierno de la orden, ya se ha visto en las “limpiezas” de las minas de oro y en las protestas antigubernamentales de 2014 y 2014. En 2011 cuando Chávez creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario, con Iris Varela “comandante Fosforito” como regente hasta la actualidad, indicó: “hay que convertir a la cárcel en un centro de formación del hombre nuevo, que salga transformado, capacitado para la vida, para el amor”, según reseña en su momento Semana.

“Wilmito”, “El Conejo” y “Capitán”

Es ahora que estas palabras cobran sentido. Un plan bien estructurado para generar la delincuencia y utilizarla para mantenerse en el Poder. Venezuela Al Día presenta a continuación una lista de los pranes asesinados y más conocidos que se vinculaban con el régimen de Chávez y Maduro.

– Wilmer José Brizuela, alias “Wilmito”: Es uno de los pranes que aparece en una foto abrazando a la flamante ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Según indica una investigación de Armando.info, “Wilmito” fue uno de los primeros pranes, que ayudó a establecer las estructuras criminales en las cárceles venezolanas y elevó el estatus de “pran” como hoy se conoce, el máximo regente de una prisión.

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Alias “Wilmito” apareció varias veces en las noticias, siempre con un fusil en mano. Su nombre fue tan relevante que hasta el propio Chávez lo menciono en una de sus largas alocuciones de Aló Presidente. “Este Wilmito como que manda más que tú”, dijo en tono de burla al entonces gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

Pranes de Tumeremo se grabaron mientras secuestraban un helicóptero y a su piloto

Las circunstancias en las que ocurrió su muerte no están claras del todo. Luego de varios años recluido en la cárcel donde era pran, en Vista Hermosa (estado Bolívar), fue trasladado por órdenes de Iris Varela a la prisión de Tocorón en Aragua. El gobierno sabía perfectamente que en una cárcel no hay dos pranes y así ocurrió. El 1 de abril de 2017, “Wilmito” fue asesinado supuestamente por el regente de Tocorón, alias “Niño Guerrero”, por el control del “carro”; es decir por el manejo de los demás presos.

-Teófilo Rodríguez, alias “El Conejo”: Es otro de los pranes que aparece posando acaramelado con la ministra Varela. Además, fue uno de los pranes que gozó de mayores comodidades. La cárcel de San Antonio en la Isla de Margarita (Nueva Esparta) se aproximaba a lo que se conoce como una mansión, ya que contaba con cuatro piscinas, una discoteca e incluso un ruedo para peleas de gallos.

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De igual manera tenía su propio cartel del narcotráfico, que operaba desde la cárcel, denominado “Tren del Pacífico”. También, apareció un documental de 23 minutos de duración realizado por New York Times. Audiovisual que mostraba las lujosos instalaciones en las que vivía “El Conejo” en la prisión en la que estuvo preso hasta 2014.

El 24 de enero de 2016, el país supo que el famoso criminal, el favorito del régimen chavista para liderar el narcotráfico en Margarita, había sido asesinado en una discoteca de la isla.

En Margarita,varios sujetos acabaron con la vida de TEOFILO RODRIGUEZ(a)El CONEJO,dirigía desde el penal los delitos violentos q se cometían

— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) 24 de enero de 2016

-Phanol Vladimir Sanclemente Ojeda, alias “Capitán”: El sábado 27 de octubre efectivos de Contrainteligencia Militar (Dgcim) asesinaron a alias “Capitán”, luego de que el Gobierno venezolanos permitiera que este pran de las minas del sur de Bolívar, dirigiera todo el negocio del oro y las armas en aquel estado con leyes criminales.

2/3 Capitán, era un pran que operaba en varias sectores mineros del estado #Bolívar,entre esas Cicapra.
Capitán era oriundo de San Félix,específicamente de Vista Al Sol.
Era señalado de estar involucrado en delitos de extorsión, sicariato, cobro de vacunas,etc.#Miranda #28Oct pic.twitter.com/gKpINjserK

— Pableysa Ostos (@PableOstos) 28 de octubre de 2018

El motivo de su repentina captura y muerte se desconoce, solo se especula que al igual que los demás “grupos de choque del régimen chavista”, dejó que serle útil y las autoridades por fin hicieron su trabajo.

Estos tres ejemplos son algunos que fortalecen la teoría de que el régimen chavista-madurista usa a los distintos criminales para mantener el control y el Poder sobre la población, hasta que dejan de generar algún beneficio y los desechan.

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Con cada supuesto intento de golpe de Estado al gobierno, ciento de empleados públicos pierden sus puestos de trabajo y un centenar de militares terminan tras las rejas acusados de cometer delitos como rebelión y contra el decoro militar. Esa ha sido la fórmula de poder de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Redacción Venezuela Al Día

Como se explicó en la edición anterior de Las “listas negras” y purgas que existen dentro de la FAN, la red que tejió el gobierno chavista para el control general del país se extiende a todos los ámbitos, especialmente al social.

Venezuela: El Estado criminal de Nicolás Maduro

Tras varias operaciones democráticas -y otras no tanto- por parte de la oposición política venezolana para derrocar al chavismo, Hugo Chávez endureció su mandato. Las instituciones públicas perdieron autonomía y con ello, el régimen chavista comenzó el asedio, persecución y discriminación contra los empleados que no estuvieran a favor de la ideología del Presidente.

Es así como nacieron varios sistemas para el control ciudadano como la Lista Tascón y MaiSanta.

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Las listas

-Lista Tascón

El 15 de agosto de 2004 se realizó en Venezuela un referéndum revocatorio para decidir si el entonces presidente y padre de la “revolución” Hugo Chávez debía permanecer como Jefe de Estado del país, donde ganó con el 59,1 % de los votos la no destitución.

Sin embargo, desde ese momento el régimen venezolano inició el acoso y chantaje a los empleados públicos que tenían y tienen un pensamiento diferente a las políticas socialistas que se implementaron en una nación prospera.

Chávez en su afán de controlarlo todo, amenazó a aquel que firmara en su contra durante la transmisión del programa Aló Presidente del 17 de octubre de 2003. “Los que firmen contra Chávez estarán firmando contra la patria, contra el futuro (…) El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital”, dijo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) siguiendo las instrucciones del presidente Chávez, entregó al fallecido diputado chavista Luis Tascón una copia de la lista con nombres, apellidos y cédulas de los firmantes a favor de revocar democráticamente del poder a Chávez, es por ello que desde entonces a este acto de discriminación se le llama “Lista Tascón”.

El diputado Tascón publicó esta lista en la página web www.luistascon.com, así que la empresa, ministerio o particular que quisiera saber quién estaba en contra del proceso “revolucionario”, podía ingresar a verificar sin ningún inconveniente.

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Chávez pidió, el 16 de abril de 2005, a su gabinete ministerial y a demás gobernantes “rojitos” olvidarla, pero la “lista Tascón” se siguió aplicando para cada proceso democrático organizado en Venezuela, se crearon cuentas en redes sociales y páginas web para la publicación de los datos de miles de empleados públicos que votaron en contra de la “revolución”.

Estos casos han sido llevados e investigados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 30 de mayo reconoció por unanimidad que los despidos motivados por la “Lista Tascón” en 2004 son violatorios de los derechos humanos en Venezuela.

Los casos de Rocio San Miguel Sosa, directora de la ONG Control Ciudadano y exfuncionaria pública, y otros venezolanos despedidos injustificadamente tras firmar contra Chávez en 2004, fueron analizados por la CIDH donde se establece entre otros aspectos, que los despidos por firmar para el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, violan el derecho a la participación política por discriminación.

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-Software MaiSanta

La “lista Tascón” dejó de escucharse, pero no significa que también dejó de funcionar. Todo lo contrario, ya que este sistema no fue una simple “lista” sino que Chávez ordenó que se creara un software que se podía instalar en las computadoras.

El chavismo y la santería: Su arma más eficaz para mantenerse en el poder

La base de datos de “MaiSanta” se creó, llamado así por los “Batallones Bolivarianos de Internet” (BBI), una red bajo la tutela del Comando Maisanta, quienes tras registrarse en el sitio de Tascón podían obtener acceso a la lista. Uno de los requisitos indispensables para ser validado era no haber firmado para la petición del referendo, señaló un informe de CDH-UCAB.

En 2016, en el marco del revocatorio a Maduro, Diosdado Cabello- primer vicepresidente del PSUV y actual presidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente – aseguró que más de 4 mil funcionarios de grado 99 “firmaron contra el fallecido presidente Hugo Chávez y el actual presidente de la República, Nicolás Maduro”, algo similar a las acusaciones que en ese momento hizo Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas.

A través del informe de CDH-UCAB se conoció que al menos hasta 2016, la lista Tascón se seguía usando y que quizás los episodios más relevantes de discriminación política se produjeron tras las elecciones presidenciales de abril de 2013 y las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, como se refleja en secciones posteriores de este documento.

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Según el sitio web vcrisis.com, el software fue desarrollado para cualquier versión del sistema operativo Windows, uso de tecnología propia o contenido automático para 16 bits, uso propio en cualquier computadora personal con requisitos mínimos y requiere 3.5 GB en espacio de disco duro.

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Con la expropiación de cientos de empresas productoras de alimentos, el gobierno de Hugo Chávez dio inicio al control de la comida –un sistema eficaz para evitar cualquier escaramuza o rebelión en la población- y al día de hoy, todo ese esfuerzo, se traduce en el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en el Sistema Patria.

Redacción Venezuela Al Día

Es decir, nada es nuevo, sino más bien todo es producto de un proceso a largo plazo; pero es en la actualidad que la población entiende y siente los efectos de aquellas masivas expropiaciones “a favor del pueblo” de empresas “imperialistas”.

La fiebre de El Dorado: Peligro latente de los indígenas venezolanos

Expropiaciones que se convirtieron en supermercados, almacenes o compañías socialistas como Abastos Bicentenario, Mercal, PDVAL, entre otras empresas que fracasaron. Sin embargo, la falta de producción en el país y la escasez general que ha producido la hiperinflación y la caída del Producto Interno Bruto (PIB) por quinto año consecutivo, el régimen lo llama “guerra económica”.

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Adiós a las importaciones

Venezuela es un país que se volvió en los últimos 20 netamente petróleo, es con la exportación de este producto que la nación tiene entrada de divisas extranjeras y por lo tanto ganancias enriquecedoras. Lo demás productos de primera necesidad, que pudieran producirse en tierras venezolanas, son importados.

Con la bonanza petrolera pocas cosas escaseaban, pero con la caída constante desde 2013 de los precios del crudo y sin tener políticas de respaldo económico, la situación de Venezuela se traduce a una escasez generalizada de alimentos, medicinas y hasta de repuestos automotrices.

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Las importaciones de alimentos se han convertido casi a nada y debido a que la escasez es alta, sobrepasa el 90%, surgieron efectos colaterales como el “bachaqueo” y la especulación. El Gobierno para “evitar” estos dos fenómenos actualiza a través de Gaceta oficial los precios justos de los productos de primera necesidad.

Productos que el régimen importa a su gusto y que por lo tanto, el venezolano se ve obligado a consumir lo que el Gobierno desea. Es decir, el Gobierno impone y decide lo que el ciudadano debe y puede comer. Los “gustos”, como comprar un chocolate o un helado, quedaron en el pasado.

Las empresas privadas que obtienen las pocas divisas que el Gobierno otorga, compran productos de marcas extranjeras, portuguesas o italianas, que no todos pueden disfrutar, debido a sus altos costos.

Además, creó la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) para vigilar a los comerciantes y “evitar” la especulación y los sobreprecios. Un organismo que ha sido calificado por Fedecámaras como un factor más para la represión, encarcelar empresarios y expropiar comercios. Tan solo en la segunda semana de agosto, tras la reconversión, las autoridades detuvieron a al menos 200 personas y sancionaron a 500 comercios.

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Sistema Patria: Control sofisticado

Pero, luego de años bajo el control de Chávez, Nicolás Maduro decidió crear un sistema más sofisticado llamado Sistema Patria, que no solo contiene los datos completos de una persona, sino su núcleo familiar y hasta su estado migratorio, ya que se enlaza con toda la base de datos que contienen las instituciones públicas del país.

De esta manera, el Gobierno nacional sabe cuándo una persona está a su favor o no (que actualmente son muy pocos, el mandato de Maduro escasamente llega a 18% de popularidad según Datanálisis), y de allí determina si podrá beneficiarse con sus famosos bonos temáticos.

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Rory Branker, editor de LaPatilla.com, realizó un análisis sobre este mecanismo donde explica cómo y hasta dónde llegan los tentáculos del régimen para invadir la privacidad y ejercer el control en los ciudadanos. “Ellos (Gobierno) tienen una base de datos del carnet, pero no es hasta que ingresas en el sistema Patria que todo se conecta y donde toda la información se conjuga en ese portal. Es mucho peor que la Lista Tascón y Maisanta. Va siendo más eficiente”, ya que la página se va transformando, agregando módulos de control ciudadano, indicó el experto.

Eduardo Trujillo, representante de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), denunció el 4 de octubre, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la implementación del carnet de la patria “atenta el derecho a la igualdad, los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales”, por lo que se requiere de su investigación.

Eduardo Trujillo, representante del Centro de Derechos Humanos de la Ucab, afirmó que “el carnet de la patria no es más que una mutación de la Lista Tascón como un formato de discriminación en Venezuela”. #4Oct #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/yebDHLjQNG

— VIVOplay (@vivoplaynet) 4 de octubre de 2018

La comida, otra opción para delinquir

No basta con provocar la escasez de alimentos como forma de arma política, el Gobierno hace negocios corruptos con los alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que se supone es una “ayuda” para que las familias más desfavorecidas puedan hacer frente a la crisis financiera.

“La corrupción está en todas partes en el Gobierno Socialista de Venezuela, incluso cuando se trata de distribuir comida a una población hambrienta. Los funcionarios de Venezuela conspiraron para cobrar excesivamente los contratos de importe de alimentos (de México) al país”, indicó el experto y profesor de economía Steve Hanke, respecto a la investigación que abrió la Procuraduría General de México sobre casos fraudulentos con el CLAP y empresas del país norteamericano.

La corrupción está en todas partes en el Gobierno Socialista de Venezuela, incluso cuando se trata de distribuir comida a una población hambrienta. Los funcionarios de VNZ conspiraron para cobrar excesivamente los contratos de importe de alimentos al país. https://t.co/DqrzIMdo2s

— Steve Hanke (@stevehanke_es) 22 de octubre de 2018

La investigación mexicana arroja que funcionarios venezolanos y los empresarios mexicanos compraron artículos de mala calidad a granel y los exportaron a Venezuela a más del doble de su precio real.

Se concluye, que en ningún momento la intención del Gobierno venezolano ha sido “combatir” la debacle económica; ya que el resultado es todo lo contrario, Venezuela ocupa el puesto 23 dentro de las 58 hiperinflaciones más severa de la historia. Sin embargo, su duración es una de las más largas, según cálculos del economista Steve Hanke.

De las 58 hiperinflación de la historia, Venezuela ocupa el puesto 23 de la hiperinflación más severa de la historia. Sin embargo, su duración es una de las más largas. pic.twitter.com/9dphdc8BXF

— Steve Hanke (@stevehanke_es) 23 de octubre de 2018

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A continuación damos a conocer  los detalles que sustentaron la decisión emitida por el Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas de admitir la querella interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de los directivos de PDV que contrataron el alquiler del “buque fantasma”.

Maibort Petit/Venezuela Al Día

En fecha 20 de septiembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, Juzgado Décimo en Funciones de Control Estadal, admitió la querella que presentó ante esa instancia, Rafael Antonio Osío Tovar, contra Romer Valdez, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Roa y Rafael Rodríguez, por los delitos de peculado y falsa alegación, por irregularidades en el alquiler de una plataforma petrolera mediante un contrato suscrito entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa PetroSaudí Oil Services, por un valor de USD 1.300 millones.

Osío Tovar actuó en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad a las atribuciones que le confieren el artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 2 y 9 en su numeral 1° del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, organismo al cual está adscrito.

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Refiere el documento que vista la querella presentada el 6 de marzo de 2017 por Osío Tovar en la que acusaba a los arriba mencionados por la presunta comisión del delito de peculado y falsa alegación, previstos y sancionados en los artículos 52 y 58 de la Ley contra la Corrupción mientras que, adicionalmente, a Rafael Rodríguez lo señaló de la comisión del delito de Tráfico de Influencias, sancionado en el artículo 71 eiusdem, el juzgado procedió a decidir la admisibilidad o no de la acusación, de acuerdo a lo pautado en los artículos 275, 276 y 278 del Código Procesal Penal.

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Indica el documento que en el texto de la querella se observa que contiene el requisito establecido en el artículo 276 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal que en el presente caso se verifican en el segundo capítulo de dicho instrumento legal, el cual versa sobre la identidad de los denunciados, precisándose que entre el querellante y los querellados no existe ningún vínculo o relación de parentesco.

Respecto a esto se indica que —para el momento en que se emite el documento— Romer Valdez C.I. V 7.960.269, era presidente de PDV; Jesús Figueroa C.I. 6.306.514, era miembro de la junta directiva de PDV; Lioner Valdez C.I. V-7.600.008, era miembro de la junta directiva de PDV; Adelso Molero, C. I. V-3.924.422, igualmente integraba la junta directiva de PDV; Elías Roa, C.I. V-6.107.464, también era miembro de la directiva de PDV; y Rafael Rodríguez, C.I. 13.945.893, era empleado de PDVSA.

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Al referirse a la cualidad del querellante, el texto del documento se remite al capítulo especial de la ley que versa sobre la capacidad del Procurador para presentar querella y justificación de la condición de la víctima e indica que, aun cuando la acción penal corresponde al Ministerio Público, la legislación concede a esta (a la víctima) la capacidad de querellarse en contra del autor punible que le perjudica, habida cuenta de que la protección de sus derechos y la restitución del daño que le ha sido causado es interés primordial del estado. Del mismo modo se sustenta en el artículo 274 del COPP que expresa que “sólo la persona, natural o jurídica, que tenga cualidad de víctima, podrá presentar querella”. También se recurre al artículo 247 de la Constitución que le otorga al Procurador la defensa judicial y extrajudicial de los intereses patrimoniales de la república.

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En tal sentido, en vista de que el estado sufrió un daño económico severo como consecuencia de los ilegítimos actos imputados, quedaba habilitada la Procuraduría General de la República para acudir a los tribunales de justicia.

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Sobre el requisito establecido en el artículo 276, numeral 3 del COPP relativo al delito que se imputa, el lugar, día y hora aproximada de su perpetración, el tribunal se remitió a considerar cada uno de los delitos de la acusación.

Delito de peculado

Así, respecto al delito de peculado, se indica que el denunciante considera más que probable que en este caso se haya cometido el delito en referencia, por lo que la jueza Flores Algarín procedió a estudiar el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción que establece que “Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público”. Igualmente, luego de hacer un conjunto de consideraciones al respecto, así como de la condición de empleados públicos de los acusados y de dejar sentado que la hacienda pública es una sola, la titular del tribunal concluyó que efectivamente los señalados son perfectamente imputables del referido delito de peculado.

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Agrega que la empresa Petrosaudi Oil Services, POS, podría cobrar razonablemente una cantidad que no podía exceder de USD 176.500 y siendo que efectivamente cobró USD 485146 diarios, se establece que injustificadamente se ha apropiado de USD 308.646 diarios, dinero que pertenece a la nación. Tomado en cuenta que  dicho dinero fue adjudicado por Romer Valdes y al resto de los miembros de la junta directiva de PDV, “se debe llegar a la irreductible conclusión que los mismos han cometido el delito de peculado, siendo por tal motivo que atribuyo la comisión de este delito a Romer Valdes, Jesús Figueroa, Lioner Valdes, Adelso Molero y Elías Roa.

Delito de falsa alegación

Sobre el delito de falsa alegación, el tribual estimó la existencia de otro hecho irregular que a su juicio debía ser investigado, a saber, que el contrato que se concedió a la empresa POS se hizo a través del mecanismo de adjudicación directa que, para le fecha de llevarse a cabo la firma del contrato, estaba previsto en el artículo 87 de la Ley de Licitaciones. Advierte la jueza que este procedimiento es siempre de carácter excepcional. Debiéndose recurrir a él únicamente por razones de necesidad y urgencia. Subraya que se quiso justificar la contratación del Saturn aduciendo que para la fecha era el único disponible y argumentando que la tarifa de alquiler era competitiva, por lo que la jueza Flores Algarín se remite a una comunicación del 21 de agosto de 2010 en la que Ricardo Coronado en su carácter de director de PDVSA cuando expresó el citado argumento, al que calificó de ser una “sinrazón”.

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Se dice en el documento que el querellante sostiene que no se cumplieron las condiciones requeridas por la ley, tanto la ley de licitaciones vigente para el momento, como la de contrataciones, pues las razones expresadas en el acto se basan, exclusivamente en consideraciones de conveniencia que a la final resultaron ser falsas, puesto que ni el precio fue competitivo ni la barcaza era la única disponible. La jueza concluye que se recurrió a la adjudicación directa bajo ilusorias bases, lo que evidencia la ausencia de mecanismos efectivos y permanentes de planificación y control interno relacionados con los procesos de contratación que alerten a las autoridades acerca de este tipo de debilidades. “Visto lo anterior, podemos concluir no tan sólo que no debió adjudicarse directamente el proyecto, sino que además debió cumplirse con lo establecido en los artículos 61 y 72 de la para entonces Ley de Licitaciones, en virtud de que el monto del contrato superaba la once mil quinientas unidades tributarias”, reza el dictamen.

Prosigue el tribunal indicando que alegar falsas razones para evitar la aplicación de los procedimientos de licitación es un delito contemplado en el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción, que establece que “El funcionario público que, con el objeto de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que establece la ley para efectuar determinada contratación, o alegare ilegalmente razones de emergencia, será penado con prisión de seis (6) meses a tres (3) años. Con igual pena serán sancionados los funcionarios que otorgaren las autorizaciones o aprobaciones de tales contrataciones”. En tal sentido, la jueza indica que se evadieron los procedimientos de licitación, sin que existieran razones suficientes para ello.

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Pasa a considerar que lo siguiente era determinar si todos los miembros de la junta directiva tenían responsabilidad en el asunto y se remite entonces al documento que recoge la asamblea mediante la cual se aprobó la negociación, concluyéndose que Romer Valdes, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero y Elías Roa, están vinculados al delito que se les atribuye, “motivo por el cual expresamente requerimos que sean investigados en relación a estos hechos”.

Delito de tráfico de influencias

Prosigue el dictamen del tribunal haciendo referencia al delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 71 de la Ley contra la Corrupción que estipula que “El funcionario público que en forma indebida, directamente o por interpuesta persona, con aprovechamiento de las funciones que ejerce o usando las influencias derivadas de las mismas, hubiere obtenido ventaja o beneficio económico u otra utilidad para sí o para un tercero, será penado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años. Igual pena se aplicará a quien, en beneficio propio o de otro, haga uso indebido de la influencia o ascendencia que pudiera tener sobre algún funcionario público para que éste ordene o ejecute algún acto propio de sus funciones, para que lo omita, retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellas impongan”.

La jueza Flores Algarín refiere que con respecto al caso la ley presupone la ocurrencia de dos supuestos en lo concerniente al sujeto activo, a saber, cuando la acción sea llevada a cabo por el funcionario público o cuando sea llevada a cabo por cualquier otra persona, siendo el resto de la estructura idéntica.

Respecto al caso, la magistrada indica que el asesor legal de PDVSA, Rafael Rodríguez —cuyo cargo oficial dentro de la petrolera se desconoce—, de acuerdo a lo investigado por ella, siempre aparecía “entre sombras y susurros, atribuyéndose a estos conspiradores la mayor contribución para conseguir la celebración del contrato con el que se causó el daño a la nación”.

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La jueza se reserva el nombre de otra persona surgida en la investigación a quien califica de “enemigo de la nación”. Respecto a Rodríguez, la magistrada insta a estudiar la minuta de la reunión de junta directiva de PDV del 31 de agosto de 2010 en la cual Romer Valdez, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero y Elías Roa tenían previsto la aprobación del contrato, observándose que en dicha cita figuraba como “invitado especial” y “secretario accidental”, Rafael Rodríguez. Se pregunta Flores Algarín la razón para considerar como especial la presencia de este sujeto que no aparece registrado en la plantilla directiva de la filial petrolera ni de la POS, por lo que no existía motivo para invitarle a participar, ni darle el carácter de secretario accidental. Dado su carácter de asesor legal, advierte el tribunal, debió haber alertado acerca lo dañino de la negociación.

“El propósito de su ‘inexplicable’ presencia es, entonces, mucho más siniestro pues con ella deja constancia de su participación en el negocio como prueba de ‘músculo’ de su capacidad de influir a alto nivel en la petrolera, con lo cual no sólo garantizaría que el contrato se firmase, como se firmó, sino su tajada en las ilícitas ganancias que habrían de ser obtenidas en el curso de la vigencia de este, así como la de sus compinches y cómplices en el delito”, reza textualmente el dictamen de Flores Algarín.

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Concluye con respecto a Rodríguez que, independientemente de que fuera considerado funcionario público o no, al ejecutar el acto tocó el núcleo del tipo delictivo invocado. Su influencia  se hizo sentir especialmente sobre la junta directiva quienes activamente decidieron acoger los malos consejos, olvidando sus deberes objetivos como funcionarios públicos, con lo que se cumple el otro extremo requerido por el tipo delictual. La influencia se concretó cuando logró convencer a la directiva de PDV de firmar el contrato 4600036377, “siendo que, cegado por la prepotencia, la arrogancia y la codicia, hizo ver su nombre para que se conociera su participación en estos hechos, no existiendo ninguna razón técnica o jurídica que justificase su presencia en la firma del dicho instrumento”.

La jueza no exime con esto de responsabilidad a los integrantes de la junta directiva de PDV, pues la sugerencia de Rodríguez se habría demostrado como abiertamente ilegal a la primera revisión de los términos del contrato o de la embarcación. “El acoger las sugerencias de Rodríguez, implicó para ellos la comisión de los delitos por los cuales se les denuncia, pues ante la sugerencia no perdieron su capacidad de discernir, siendo entonces responsables, por su cuenta, del daño sufrido por la nación. Es por ello que nos querellamos, como en efecto lo hacemos, en contra de Rafael Rodríguez como autor del delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el mencionado artículo 71 de la Ley contra la Corrupción”.

La relación especificada

Seguidamente la jueza Flores Algarín pasa a referirse al requisito establecido en el artículo 276 numeral 4 del COPP relativo a “una relación especificada de todas las circunstancias del hecho”, indicando que cuando PDV contrató a la empresa POS el 30 de septiembre de 2010 para ejecutase labores de extracción de gas dentro del marco del proyecto Mariscal Sucre, la contratista se comprometió a utilizar una embarcación de su propiedad denominada Saturn, luego de asegurar que la misma estaba plenamente capacitada para realizar la labor encomendada por un tiempo de siete años por una tarifa de USD 460.888,70 diarios, el contrato fue autorizado por Romer Valdez  en la fecha citada al momento de establecer su rúbrica.

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Sin embargo, advierte la magistrada, esto ocurrió como la materialización de una decisión de la junta directiva de PDV, siendo que sus directores acordaron llevar a cabo dicha contratación, como puede constatarse en el acta de la reunión de la JD del 31 de agosto de 2010.

Destaca la jueza en este asunto, el hecho de que una importante publicación petrolera, la revista Off-Shore, publicó un gráfico sobre las tarifas a cobrar por labores de extracción de gas mar adentro, en la que se explica que el tipo de nave contrata por PDV es Floater que no se asienta en el fondo del mar, sino que es fijada en el sitio por extracción mediante anclaje, siendo que en el contrato las partes acordaron que la profundidad máxima en la que operaría el Saturn sería de  25 mil pies. Se remite la magistrada a la publicación en la que se informa que la tarifa máxima que en promedio podría haber cobrado POS durante el año 2010 sería de USD 176.500 por día de extracción. Este monto al enfrentarlo a los USD 486.146 del contrato arroja un sobreprecio de 274 por ciento. La tarifa aumento en 2011 a USD 230 mil, lo que representaría entonces que el sobreprecio se ubicara para entonces en 230 por ciento.

Desistimiento de la causa sobre Romer Valdez

La Procuraduría en fecha 19 de julio de 2017, a través de Keila Andreina Miranda, se dirigió al tribunal para desestimar parcialmente la querella interpuesta, dejando asentado de forma taxativa que dicho desistimiento abarcaba exclusivamente a Romer Antonio Valdez Prieto.

La razón argumentada fue la colaboración y esclarecimiento que Valdez había presentado ante el organismo.

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Sobre esto el tribunal expresó que desistir total o parcialmente de una querella es una facultad del querellante conforme a lo previsto en el COPP, por lo que imparte su homologación procesal sin afectar la exclusiva titularidad del ejercicio de la acción penal que corresponde al Ministerio Público.

En tal sentido la fiscalía debería presentar en su oportunidad el acto conclusivo que en derecho corresponda.

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Acciones requeridas por el querellante

La procuraduría debía requerir a PDVSA, informar la identidad de quienes eran los integrantes de la junta directiva de Petróleos de Venezuela Servicios que se encontraban en funciones para el día 30 de marzo de 2010. Esto debía ir acompañado por copia del acta en que se los designó como integrantes de la directiva, su historia laboral dentro de la estatal o sus filiales.

PDVSA debía informar si Rafael Rodríguez es o fue empleado de PDVSA S.A. o de cualquiera de sus filiales. La respuesta afirmativa de esto requería además el historial del mismo dentro de la empresa.

PDVSA debía informar si la junta directiva de PDVSA Servicios mantiene o ha mantenido relaciones de carácter contractual, comercial, laboral o de cualquier tipo con una empresa denominada Petrosaudi Oil Services LTD. De ser la respuesta afirmativa se debía precisar el tipo de relación, objeto de la misma y enviar copa certificada de cualquier documento que recogiera tales relaciones.

PDVSA debía informar si ella o cualquiera de sus filiales ha mantenido relación comercial, contractual, laboral o de cualquier tipo con Tarek Essam Ahmad Obaid, fuera que este hubiera actuado en su propio nombre y/o en representación de alguna sociedad comercial.

PDVSA debía informar si ella o sus filiales han mantenido relación comercial, contractual, laboral o de cualquier tipo con una persona llamada Patrick Mahony, sea que este hubiera actuado en su propio nombre o en representación de alguna sociedad mercantil.

PDVSA debía informar si la junta directiva de PDVSA Servicios celebró alguna reunión de la junta directiva del 30 de marzo de 2010 y en caso de ser así, debía remitir un informe sobre el contenido de los actos de dicha junta en aquella oportunidad, así como el nombre de quienes conformaban la instancia para la fecha.

PDVSA debía informar si la junta directiva de PDVSA Servicios el día 30 de marzo de 2010 autorizó la celebración del contrato “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, especificando las razones de dicha contratación. Se debía remitir en caso afirmativo, toda la información del caso y copias certificadas de las actas, de los contratos, identidad de los participantes, etc.

PDVSA debía informar si el contrato “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377 fue revisado por algún abogado del estado venezolano y de ser afirmativa debía identificar al mismo y que este remitiera copia del informe que haya emitido luego de verificar los términos del instrumento que habría de ser firmado. Se debía informar si el contrato establecía la obligación de PDVSA o PDVSA Servicios a pagar las facturas que presentara la contratista en un lapso perentorio a pesar de que la contratante pudiese tener razones para objetar dicho pago.

PDVSA debía informar si en la junta directiva de PDVSA Servicios celebrada el 30 de marzo de 2010 participó Rafael Rodríguez y, en caso de haberlo hecho, el carácter de su participación. En caso afirmativo se debían remitir toda la documentación al respecto.

PDVSA debía informar si Rafael Rodríguez tuvo alguna participación en las negociaciones que pudieron haber culminado en la celebración del contrato “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, con explicación de las razones de su participación en el mencionado acuerdo.

PDVSA debía informar en caso de haberse celebrado el referido contrato con la empresa POS la identidad, tanto de la junta directiva de PDVSA Servicios como de la contratante que rubricó el acuerdo y el carácter con el cual actuó.

PDVSA debía informar si en la celebración del “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, PDVSA o PDVSA Servicios siguieron el procedimiento de licitación pública previsto en la ley. En caso de haberse procedido a una adjudicación directa, debía remitirse copia certificada del acto que lo autorizaba, así como cualquier documento o comunicación que lo justificara.

PDVSA debía informar en caso de que el “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377 fuese celebrado con la empresa POS, si la junta directiva de PDVSA Servicios verificó las credenciales de dicha empresa para llevar a cabo el servicio contratado, con especial énfasis en la experiencia que esta tuviera en servicio a empresas petroleras nacionales o internacionales. Se debía precisar si se había verificado la forma jurídica de la empresa.

PDVSA debía informar si previó la celebración del “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, se verificaron los precios de mercado de los servicios que se estaban contratando. Se debía explicar las razones ya fuera la respuesta afirmativa o negativa.

PDVSA debía informar si el “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377 incluía la operación de algún buque o nave. La respuesta afirmativa ameritaba suministrar el nombre de la embarcación y si la directiva de PDVSA Servicios, directa o indirectamente, verificó el estado y condiciones de la nave. La respuesta negativa al igual que la afirmativa ameritaba argumentación y razones para actuar.

PDVSA debía remitir copia certificada del informe emitido por el comité de investigación en el caso del contacto del ferry Ocean Pearl con líneas de anclaje de la unidad de perforación Petrosaudi Saturn, durante operaciones de perforación del pozo dr-10, el día 2 de abril de 2011.

PDVSA debía informar si como consecuencia de la celebración del “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, PDVSA Servicios o cualquier otra filial de la estatal petrolera había sido objeto de demanda judicial alguna, nacional o internacionalmente

PDVSA debía informar si como consecuencia de alguna demanda de la cual fuera objeto la nación, PDVSA o PDVSA Servicios, como consecuencia de la firma del “Acuerdo de perforación y extracción” N° 4600036377, se había discutido el contenido, alcance y aplicación de la cláusula 803.

El tribunal aprobó la solicitud de la Procuraduría de dictar medidas cautelares de coerción personal a Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Roa y Rafael Rodríguez, así como medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles.

La dispositiva

La jueza Josepline Flores Algarín admitió la querella interpuesta por Rafael Osío Tovar en contra de Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Roa y Rafael Rodríguez.

Igualmente homologó el desistimiento parcial de la querella presentado por Keila Andreina Miranda en relación a Romer Valdez Prieto, sin afectar la exclusiva titularidad del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, en virtud de que los delitos de la querella son de acción pública y no privada, debiendo el representante Fiscal presentar en su oportunidad el acto conclusivo que en derecho corresponda.

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Años atrás no había Navidad más ruidosa en el mundo, que la venezolana.  Mientras que en otros países se cantaban unos que otros villancicos, iban a misa y  comían en familia, el venezolano gozaba de fiestas alumbradas por fuegos artificiales, música gaitera a todo volumen, compartir con la familia, el amigo y el vecino a quien le lucia “los estrenos”, el pequeño de la casa con su nuevo juguete “del niño Jesús”  y ni hablar de la cena navideña llena de colores, olores y sabores.

Daniela Rangel/Redacción Venezuela al Día

Todo eso ocurría en un solo lugar, bajo una misma sintonía. Las compras navideñas era lo que más anhelaban los venezolanos durante todo el año.  Las tiendas abarrotadas, el vestido de la niña, los zapatos del niño, las luces del arbolito, la ropa interior de colores: Amarilla, verde, roja –dependiendo de lo que quisieras atraer en el nuevo año-  sin olvidar el regalo del amigo secreto.

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Para cualquier venezolano una buena cena navideña constaba: La infaltable hallaca acompañada de su pan de jamón, un ensalada de gallina y buen trozo de pernil bien asado, refrescando el paladar con whisky, cerveza o vino, porque cualquiera era buena para brindar, con una mesa llena de postres donde no podía faltar la torta negra de frutos secos macerados en licor y el turrón, que no es venezolano sino español, pero que no faltaba en una mesa en esta época.

El silencio que los arropa

Sin embargo, hoy el venezolano camina en silencio, cabizbajo porque hacer hallacas es un desafío, no hay harina de maíz, ni de trigo para el pan de jamón, sin pernil porque a punta de importaciones el gobierno mató la producción de cerdos, sin azúcar para las tortas. Aunado a que no hay dinero para comprar nada de lo anterior: un mercado para un mes de la cesta básica, le cuesta al venezolano más de 10 salarios mínimos  y las utilidades o aguinaldos tampoco solventan la situación.

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Por esta razón, estas Navidades serán sinónimo de austeridad, arropada por una espiral hiperinflacionaria con un índice de precios que cerrará 2018 en 4.500.000%, y salarios pulverizados. El venezolano ya no se preocupa como antes de los “lujos”, fiestas y regalos para la celebración decembrina como en años anteriores. Ahora su prioridad es tratar de llenar su nevera con lo básico para comer.

La economía venezolana en caída libre

La economía venezolana se aceleró hacia un barranco, que ni el aumento del salario, ni aguinaldos, bonos o prestaciones, podrían resolver la situación social que padece sus ciudadanos.

Aunque, el presidente Nicolás Maduro, por su parte, prometió pagar a tiempo los aguinaldos le ha insistido al pueblo de manera descarada,  que ahorren en oro y en petro, la criptomoneda que lanzó en diciembre pasado, para impulsar así sus iniciativas económicas, la cual para muchos expertos no tiene soporte y carece de legalidad.

Venezuela se prepara para “celebrar” la navidad más gris de su historia

El salario mínimo actualmente es de 1.800 bolívares (27 dólares al cambio oficial) el cual solo alcanza para el pasaje, un kilo de queso 550 Bs.S y un cartón de huevos 920Bs.S, porque tampoco los bonos en bolívares que deposita el Gobierno a cierto grupo de la población ayuda a paliar la crisis.

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Para Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento “Los aumentos salariales en este momento no resuelven la situación social y económica que tiene el pueblo venezolano y en este momento la familia venezolana está desesperada, está exhausta, está que no sabe qué hacer”.

Atrás quedaron los recuerdos

Ya es noviembre y a diferencia de años anteriores, los adornos de Navidad brillan por su ausencia. Aunque, aún el venezolano aprovecha la oportunidad para “bromear” señalando que los aguinaldos les alcanzaran “para unos gramos de jamón o queso”. Muchos de los pequeños no recibirán su “niño Jesús” y quedará en el recuerdo la visita a la casa de los abuelos, donde todos se reunían para recibir el año nuevo.

Hallaca en peligro de extinción: Precios de los ingredientes están por las nubes

El compartir de la cena navideña familiar, se hará a través de video llamadas, ya que un porcentaje muy alto de familias venezolanas, tienen a sus seres queridos fuera del país en búsqueda de una mejor calidad de vida.

La época decembrina será silenciosa, tal vez muchos ya dormirán con el estómago vacío cuando suenen las doce campanadas. No se escuchará el grito  “feliz año” y los fuegos artificiales brillarán por su ausencia.

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La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui señaló que la temporada decembrina será una de las más difíciles que ha pasado el país. “Nuestros anaqueles continúan con la misma cantidad y precariedad de productos que hemos pasado todo el año” (…) Antes con los aguinaldos se daba la inicial de un carro, ahora se da la inicial para una mortadela”.

La respuesta del gobierno

Durante el segundo Congreso Venezolano de la Mujer, el presidente Nicolás Maduro manifestó que tiene “casi listo” el pernil, los juguetes y los ingredientes para las hallacas navideñas, los cuales supuestamente serán vendidos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Asegurando que las venideras navidades serán “felices”.

Aunque, esas fueron las mismas promesas que recibieron los venezolanos los años anteriores, pero la decadencia sigue igual o hasta peor, donde solo se beneficia el 5% y los demás se quedan viendo para los lados.

Maduro a los venezolanos: “Gasten sus aguinaldos en Petros no en cerveza” 

El gobierno también tomó el control del pago de las utilidades y aguinaldos, para los trabajadores públicos, dividiendo el mismo en varias partes e insistiéndole en reiteradas oportunidades al venezolano que use ese dinero para ahorrar en oro o petros.

Sin embargo, los ciudadanos aseguran que solo el primer pago, les alcanzó únicamente para comprar comida y pagar los servicios básicos.

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El control ciudadano y político del régimen chavista en Venezuela ha alcanzado otras dimensiones, que pocas veces se ha visto en el mundo. No basta con la creación de mecanismos tecnológicos para el control social, también surgieron grupos de “exterminio” dispuestos para cometer delitos en nombre de la “justicia”, de allí la denuncian contra el Gobierno de turno ante La Haya por Crímenes de Lesa Humanidad.

Redacción Venezuela Al Día

Funcionarios con rostros cubiertos, ya sea con pasamontañas o mascaras aterradoras, vestimenta negra, armas y dispositivos de guerras, llegan a residencias o barrios en busca de supuestos delincuentes y el resultado casi siempre es el mismo: más de 3 muertos.

Militares son un engranaje esencial para el crecimiento de la delincuencia en Venezuela

Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una denuncia recurrente contra el gobierno de Nicolás Maduro, familiares de las víctimas han denunciado diferentes tipos de delitos como desaparición y allanamientos forzosos, ejecuciones, robos, torturas, represión, amedrantamiento o destrozos, entre otros crímenes.

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Otro es el caso de la persecución política que esta a cargo de estos grupos de exterminio y en el que también participa el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), estas acciones terminan incrementando el número de presos políticos en el país, que actualmente llega a 232, según el Foro Penal Venezolano.

Esta acumulación de delitos están formulados dentro de la denuncia presentada en la Corte Penal Interamericana (CPI, de La Haya, donde 7 países acusan al gobierno de Nicolás Maduro de cometer Crímenes de Lesa Humanidad durante su primer mandato.

A continuación los grupos de exterminio creados por el régimen chavista para aterrorizar a la población:

-Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)

Aunque es un ente que surgió en 1974, fue con el gobierno de Chávez que este ente tomó otra dirección que ha sido catalogada como “torturadora”, algo que el presidente Nicolás Maduro llevó a otro nivel.

Esta organización tuvo varios nombres y actividades que nació como Dirección de Inteligencia Militar (DIM), pero desde el 21 de julio de 2011 se le conoce como Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cuya función ya no es la inteligencia militar sino la contrainteligencia.

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La actual capacidad de trabajar fuera de la Constitución de este organismo solo se había conocido durante los hechos del “Caracazo” en 1989, en ese momento los habitantes de la Parroquia 23 de Enero denunciaron allanamientos, donde se cometieron abusos y torturas contra los residentes.

Pero la frialdad con la que hoy actúan ha escalado otros niveles. Tras el supuesto atentado con drones explosivos contra el presiente Nicolás Maduro, en plena avenida Bolívar de Caracas durante un acto militar, ocurrido el 4 de agosto de este año; el DGCIM ha sido uno de los encargados de los allanamientos, robos, encarcelaciones sin órdenes judiciales, tortura y tratos crueles e inhumanos.

En enero de 2018, el abogado de los 10 imputados encarcelados en Ramo Verde aseguró que tenía evidencias de las torturas cometidas por el DGCIM a 4 estos presos para presentarlas en la Defensoría del Pueblo.

El abogado Alonso Medina Roa detalló que estas cuatro personas tenían inflamación en los tobillos, heridas en la muñeca, ruptura de nariz y golpes en la zona abdominal.

“La tortura en la Dirección General de Contrainteligencia Militar parece ser sistemática”, dijo la defensa y además, recordó cuando el ex capitán Juan Carlos Caguaripano (preso político) se encontraba detenido en el DGCIM y recibió tratos crueles por parte de los funcionarios de ese organismo castrense, indicó El Nacional.

-Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES)

En 2008 fue creado el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana mediante el Decreto N.º 5.895 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Después de ese momento comenzaron a crearse diversas divisiones de la PNB con el fin de “proteger a los venezolanos en todo el territorio de la República”.

En 2016 con el argumento de enfrentar a enemigos externos e interno, el Ministerio de la Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) crearon las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Según cifras de la ONG periodística Monitor de Víctimas, entre mayo y noviembre de 2017, en el Área Metropolitana de Caracas se registraron 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son las responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El móvil principal de estos casos es el de “resistencia a la autoridad”, según reportes oficiales, con 88 casos. Pero también hay 31 ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por testigos y familiares de las víctimas; 4 por causas a determinar y una víctima que quedó atrapada en la línea de fuego.

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El más reciente caso de ejecuciones extrajudiciales de las FAES ocurrió el 12 de noviembre en el piso 11 de la expropiada e invadida Torre Viasa, en Caracas. Los parientes de los siete ejecutados denunciarán los hechos en la Fiscalía y Defensoría del Pueblo al considerar que ninguna de las víctimas se enfrentó, pues fueron escogidos en los diferentes pisos de la inmediación y luego fueron llevados al piso 11 donde los mataron.

La organización PROVEA, que calificó a las FAES como “escuadrón de la muerte”, aseguró que cada semana recibe reportes de este tipo de masacres que incluyen 7, 8 o 15 víctimas en operativos del FAES.

“Los operativos del FAES se han convertido en masacres semanales, y cada semanas recibimos informes de siete muertos, ocho muertos o 15 muertos en operativos”, indicó Mariano Alvarado, Coordinador de Investigación de PROVEA a El Nuevo Herald.

-Operación Liberación del Pueblo (OLP)

Como respuesta al incremento de la violencia en Venezuela, el 13 de julio de 2015 el presidente Nicolás Maduro creó el despliegue policial Operación Liberación del Pueblo (OLP), donde participan fuerzas especiales civiles y militares (PNB, DGCIM y FAES).

Tras las múltiples denuncias de violación a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, el 14 de enero 2017 el presidente de Nicolás Maduro relanzó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que pasó al nombre de Operación de Liberación y Protección del Pueblo y Operación de Liberación Humanista del Pueblo.

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Tanto Maduro, la exfiscal Luisa Ortega Díaz y Tarek William Saab reconocieron los excesos cometidos por la OLP. Ante esto el mandatario aseguró que los operativos “son necesarios, pero con el método humanista de respeto al pueblo y el respeto a la vida”. Es decir, cambio el nombre pero no el método con el que trabajan.

Solo entre julio de 2015 a febrero de 2016 el gobierno dijo que hubo 245 víctimas y 2.310 detenidos, sin embargo, después de este primer conteo, las cifras dejaron de hacerse publicas por parte del Gobierno, pero organizaciones creen que ha incrementado considerablemente.

En septiembre, Amnistía Internacional denunció más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela.

-Colectivos

Los Colectivos fueron creados por el fallecido presidente Hugo Chávez como un grupo de choque. Pero desde su lanzamiento han sido señalados de atacar a dueños y personal de medios de comunicación, de amenazar de muerte a periodistas, y en 2009 fueron acusados de lanzar bombas de gas lacrimógeno a la nunciatura apostólica del Vaticano.

Actualmente, las diferentes organizaciones de colectivos en Venezuela podría llegar a 100, siendo los grupos más destacados los que conviven en la parroquia 23 de Enero, Caracas.

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Esta organización civil está dotada de armamento común y de guerra, algo que fue comprobado durante las protestas antogubernamentales de 2014 y 2017. Organizaciones nacionales e internacionales criticaron con preocupación que el Gobierno usará estos grupos para asesinar a los manifestantes.

El 8 de agosto de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos responsabilizó a grupos armados progubernamentales y a las fuerzas de seguridad de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes durante las protestas de ese año.

En diferentes entrevistas a habitantes del 23 de Enero, la cuna de los Colectivos en Caracas, todos coincidieron en que tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como la PNB y todas sus divisiones, incluyendo la FAES, tienen fuerte presencia de miembros de los distintos Colectivos; de allí que se pueda explicar la violencia con la que actúan estos grupos de “exterminio” gubernamentales.

Pero ¿qué hay detrás de estas muertes? De acuerdo a lo recabado en esta investigación, ¿estas ejecuciones extrajudiciales formarían parte de una fórmula de poder que busca erradicar a aquellas personas adversas al Gobierno de turno?

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La Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa le sugirió al presidente de PDVSA proceder al bloqueo de todas las empresas relacionadas con Rincón y Shiera, quienes ya para la época de la advertencia habían sido detenidos por las autoridades estadounidenses y se encontraban en proceso de ser enjuiciados por corrupción.

Maibort Petit/Venezuela al Día

Rincón y Shiera fueron arrestados en diciembre de 2015 acusados por el gobierno estadounidense de haber pagado más de USD 1.000,00 millones de dólares a funcionarios corruptos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para obtener contratos lucrativos que en muchos casos no cumplían. EL 16 de junio de 2016, ambos se declararon culpables de tres de los 19 cargos imputados por la Fiscalía de EE.UU. Shiera aceptó los cargos de por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lavado de capitales y declarar falsos ingresos al Departamento de Impuestos (IRS).

Desde su declaración de culpabilidad Rincón y Shiera han colaborado con los fiscales federales en una amplia investigación que ya lleva a más de 19 exfuncionarios de PDVSA y contratistas imputados. En este caso, los arrestos incluyen al exministro de Energía del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, y los exfuncionarios de la petrolera Luis Carlos De León, César David Rincón y Rafael Reiter. También fueron detenidos en Madrid, en junio de 2018, la esposa de Rincón, Lilia Bravo de Rincón; y el hijo del imputado, José Roberto Rincón, por lavado de dinero.

La advertencia en PDVSA

Un documento revela que el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. para marzo de 2016, Eulogio Del Pino, fue advertido por la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa de la estatal, acerca de la conveniencia de bloquear todas aquellas empresas en las que Roberto Rincón y Abraham Shiera —o personas son ellos relacionadas o con estas compañías— figuraran como directivos o dentro del cuadro gerencial, para así evitar que se llevaran a cabo contrataciones con quienes resultaron declarados culpables de lavar miles de millones de dólares provenientes de negociaciones irregulares con PDVSA en el sistema financiero de los Estados Unidos.

A pesar de la diligencia, y de la decisión del jerarca de la petrolera respecto a esta recomendación respecto a estos dos empresarios venezolanos que, en la actualidad, aguardan porque se dicte sentencia en el caso en su contra que se dilucidó en la Corte Federal de Houston, algunas de las corporaciones se mantuvieron en el panel de licitaciones de la estatal por varios meses.

La comunicación

El día 15 de marzo de 2016, el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. para época, Eulogio Del Pino recibió una comunicación con carácter confidencial, signada con el número de referencia AIC -2016-042 de parte de Ángel Díaz García, de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa de la estatal, que versaba sobre los proveedores sugeridos para ser bloqueados e investigados.

Díaz García le refirió a Del Pino que durante la auditoría de procura Internacional de Bariven, S.A. adelantada por su despacho se procedió a elaborar una lista de empresas relacionadas con Roberto Rincón y Abraham Shiera, atendiendo así a una solicitud formulada por el propio presidente de la petrolera.

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Informó que para identificar tales empresas se procedió con los siguientes criterios:

En primer lugar, se indagó las empresas en las que Roberto Rincón, sus familiares y otros aparecieran registrados como directores o miembros de la gerencia o hubieran ocupando dichas posiciones, ya fuera que estas compañías tuvieran a la fecha de la investigación estatus legal como “activas” o “inactivas”.

En segundo lugar, igualmente se buscó a las empresas en las que Abraham Shiera y otros aparecieran registrados como directores o miembros de la gerencia, tuvieran estas estatus legal “activas” o “inactivas” para el momento de la averiguación.

Entre estas empresas estaba VMonitor LLC, con estatus activo, registrada en Texas, figurando en el grupo gerencial y/o como directores, Abraham Shiera y Fernando Ardite.

Igualmente, NorthLand Automation & Solutions INC con estatus activo, registrada en la Florida por Abraham Shiera.

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También ISS Industrial Sourcing Services LLC, con estatus activa, registrada en la Florida por Abraham Shiera.

En NorthLand Automation & Solutions INC figuran también, además de Shiera, Ricardo Rincón, Fernando Ardite, Mario García, Giusepe Lamanna
La empresa SS Global Net, con estatus activo, registrada en la Florida, también refleja en su cuadro gerencial y/o directorio a Abraham Shiera.

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En tercer lugar, se averiguó en las empresas cuyos directores fueron o eran directores o miembros del equipo de gerencia —para la fecha de la indagación— en compañías en las que Roberto Rincón y/o Abraham Shiera sean directores o miembros del equipo gerencial.

En este grupo se ubicó a LAM Group Corporation, con estatus activo, registrada en la Florida apareciendo entre la gerencia y/o directores, Mario García, quien también formaba parte de la gerencia de Northland Automation & Services LLC, donde Abraham Shiera integraba dicho grupo gerencial.

La empresa ISS Globalnet Latinoamérica S.A. con estatus activo, registrada en Panamá el 13 de septiembre de 2011 por Femando Ardila, Mario García y Juan Hernández. Los dos primeros figuraban en el equipo gerencial de Northland Automation & Services LLC, donde Abraham Sillera también figuraba en el grupo de gerentes de la compañía.

Goals LLC, con estatus activo, registrada en Texas por José Francisco Berti, María Berti y Geoffrey Wilding. Berti integró el equipo gerencial de Premier Procurement Group, donde José Roberto Rincón era director.

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Goals Automotors LLC, empresa con estatus activo, registrada en Texas por José Francisco Bertí, Gustavo Socorro y Rafael Struve. Berti fue miembro del equipo gerencial de Premier Procurement Group, donde José Roberto Rincón era director.
Entretanto, Neciss Corporation es una empresa inactiva registrada en la Florida por José Francisco Berti y Néstor Trujillo. El primero formó parte de la gerencia de Premier Procurement Group, donde José Roberto Rincón era director.

También se hace referencia a KLM Equipment International INC, una empresa con estatus activo registrada en Texas por José Francisco Berti, Melanie Murciano y Omar Labarca. Berti integró la gerencia de Premier Procurement Group, donde José Roberto Rincón era director, como ya se ha dicho.

A su vez, 2013 Productions LLC es una empresa activa registrada en Texas por María Soto, quien fue parte del grupo gerencial de Grocery Distrbutions Holding LLC, donde Roberto Rincón era director.

Ángel Díaz García le refirió a Eulogio Del Pino que los criterios manejados para reportar las empresas relacionadas con Roberto Rincón y Abraham Shiera se escogieron por la necesidad de incluir todas sus compañías y, en consecuencia, proceder con el bloqueo de estas en el maestro de PDVSA y sus filiales. Esto, alerta, se hizo previendo que pudieran realizarse pagos manuales y se les formularan invitaciones a procesos de contratación y colocación de pedidos.

La inclusión de las empresas “inactivas se hizo para evitar que pudieran tener actividad comercial con PDVSA.

Finalizó Díaz García, alertando a Del Pino de que aparte del bloqueo de las empresas que plantea la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, se recomendaba una investigación forense que permitiera determinar los posibles eventos y actividades de pagos de comisiones en negociaciones con PDVSA y cualquiera de sus filiales.

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La crisis eléctrica nacional tiene parte de sus razones en el abandono de los proyectos que se comienzan a llevar a cabo, así como también en lo mal ejecutados que muchas veces estos resultan. He aquí algunos ejemplos.

Maibort Petit / Venezuela al Día

 Un informe elaborado en julio de 2016  revela que de los siete proyectos eléctricos llevados a cabo por Petróleos de Venezuela S.A. en el occidente del país desde el año 2004, solamente dos estaban cien por ciento concluidos al momento de redactar el reporte —al menos de acuerdo a la planificación— y los restantes cinco se encontraban paralizados, según refieren fuentes consultadas para la elaboración de esta nota. Sin embargo, el informe en cuestión da cuenta de una tercera unidad concluida al cien por ciento, a saber, la Planta Eléctrica Las Morochas.

Fuentes ligadas a estos proyectos —consultadas bajo condición de anonimato—  refieren que los dos proyectos concluidos son la Planta San Timoteo I y la Planta Barinas I, únicos que lograron incorporar megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La primera fue concluida en el año 2013, encontrándose parada desde junio de 2014 por una falla que no se ha logrado definir. A esta unidad se le practicó una inspección boroscópica, un tipo de análisis que solamente se realiza cuando las unidades presentan una falla interna grave en los alabes de la turbina o el turbogenerador.

La segunda (Barinas I), comenzó a operar en 2014 y se paralizó el 7 de marzo de 2015 por una falla en la bomba de aceite de corriente DC del sistema de lubricación del generador que ocasionó daños mayores en los cojinetes del generador. Nos enteramos que aun cuando esta unidad tenía en teoría una capacidad de generación de 100 MW, en la realidad los registros indican que solamente estuvo disponible con una capacidad de 50 MW, es decir, la mitad de su capacidad.

Ahora veamos en detalle lo relacionado a cada una de las plantas aquí referidas.

Planta Termoeléctrica de Occidente

Con esta obra se procuraba instalar dos turbogeneradores de 160 MW cada uno por parte de la empresa Siemens, modelo 501F más Ciclo Combinado para una capacidad nominal de 500 MW lSO en la población de Bachaquero.

Al momento de realizarse el informe se había terminado el movimiento de tierra, los tanques de agua se encontraban en 89,3 por ciento de ejecución; los tanques diésel al 65 por ciento; las islas de poder ciclo abierto a 38 por ciento y el ciclo cerrado al 11 por ciento.

De acuerdo al plan, se tenía un 55,1 por ciento de avance físico que en realidad era de 36,7 por ciento, es decir el déficit era de -18,4 por ciento.

Se hace referencia a que la fecha de inicio fue el 10 de enero de 2004 y la fecha de entrega de la adjudicación estaba programada para febrero de 2016.

Esta obra tenía un costo para Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de USD 2.725,69 millones, para la compra de los turbogeneradores se destinaban USD 158,59 millones, para un total de USD 2.884,28 millones, de los cuales se habían cancelado al fecha del informe USD 1.392,87 millones, existía una deuda de USD 81,61 millones y estaban por ejecutar USD 1.433,22 millones.

Se indica en el informe que estaba pendientes la cancelación de pagos relacionados con la nacionalización, almacenaje, manejo y liberación de las cargas en la zona primaria de las aduanas, asociados a la mercancía y equipos importados.

Por el vencimiento del contrato para almacenamiento de equipos en SIDMARA faltaba  abrir nuevos procesos de contratación.

Se registraba un atraso en los trabajos debido a las constantes lluvias en la zona.

Era necesario regularizar el flujo de caja necesario para garantizar la ejecución de obras.

Para la fecha del informe estaban a la espera de aprobación del financiamiento externo por parte de junta directiva para poder a la instalación de 500 MW y las redes de transmisión asociadas.

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Turbogenerador Planta Eléctrica Las Morochas

El objetivo de esta obra era comprar e instalar un turbogenerador de 22,5 MW ISO FT8 Pratt & Whitney que serviría de reemplazo de un turbogenerador LM-9.

El sistema de combustible para dicha instalación era a gas, requiriéndose 5 MM PCSD.

Para la fecha de elaboración del informe la unidad se encontraba en operación y finalizadas las obras para la instalación y puesta en marcha.

La fecha de inicio fue en marzo de 2010 y la fecha de entrega de la adjudicación era para febrero de 2011.

El reporte informa que la obra según el plan estaba ejecutada al 100 por ciento y que, igualmente, la los trabajos se habían llevado a cabo al 100 por ciento.

Se hace referencia a la contabilización de cargos asociados al adiestramiento y repuestos para un año de operación y a que el activo estaba capitalizado desde 2012.

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Planta Eléctrica San Timoteo II

Este proyecto estaba dirigido a la compra e instalación de dos equipos turbogeneradores de 60 MW ISO cada uno para generar un total de 120 MW ISO.

A la fecha de elaboración del informe, los equipos mayores habían sido transportados vía lacustre a Bachaquero desde el 7 de noviembre de 2011. La IPC se encontraba pendiente por contratación. Procura y construcción (PyC) estaba revisando la ruta propuesta entre la Planta San Timoteo y la Subestación Moporo.

Presentaba una situación real negativa debido al reverso de acumulaciones sin la contabilización real a la fecha de USD 1,1 millones por materiales acumulados por Bariven.

La obra presentaba un avance físico de 12,5 por ciento según el plan, pero en la realidad el avance era de 14,3 por ciento, es decir una diferencia de 1,8 por ciento entre una y otra.

La fecha de inicio fue el 1° de junio de 2010 y la fecha de entrega de la adjudicación se esperaba para diciembre de 2014.

El costo del proyecto era para IPC de USD 515,96 millones, USD 65 millones para la compra de los turbogeneradores, para un total de USD 580,96 millones.

Para la fecha del informa se habían pagado USD 90,62 millones y estaban por ejecutarse USD 490,33 millones que representaban un avance financiero de 15,60 por ciento.

Estaba contemplado la contratación del IPC y el catastro de las líneas de transmisión.

Igualmente, estaban a la espera de aprobación del financiamiento externo por parte de junta directiva, para la instalación de 120 MW y las redes de transmisión asociadas.

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Adecuación Planta Eléctrica Pueblo Viejo

Este proyecto era para instalación de cinco turbogeneradores duales de 32,6 MW ISO que, a la fecha de elaborado el informe, se había realizado el pedido a la empresa Inter Raoes de trece turbogeneradores LM-2500 G4.

Igualmente se había llevado a cabo una reunión aclaratoria para revisión de las especificaciones técnicas y se había realizado una visita de campo con la empresa (Inter Raos) para definir los alcances de los trabajos a realizar. También se había revisado el cronograma de entrega de las unidades.

Al momento de redactar el informe la obra presentaba un avance físico que, de acuerdo al plan, era de 13,9 por ciento, pero que en la realidad era de 10 por ciento, presentando un déficit de 3,9 por ciento entre uno y otro.

La fecha de inicio de la obra fue el 1° de enero de 2011 y la fecha de entrega de la adjudicación estaba planteada para el noviembre de 2015.

El costo del proyecto era de USD 339,03 millones para IPC, USD 118,92 para la compra de los turbogeneradores, para así totalizar USD 457,95 millones que estaban totalmente por ejecutar.

Se había realizado un seguimiento a los procesos de procura de largo tiempo de entrega (Convenio Rusia-Venezuela).

Se había llevado a cabo el proceso de contratación para Ingeniería, Procura y Construcción para la ejecución de los reemplazos de los turbogeneradores.

Estaban en proceso de presentar ante la junta directiva una solicitud de aprobación para conseguir financiamiento con la empresa Inter Raoes a través del convenio Rusia-Venezuela para la ejecución de IPC.

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Adecuación Planta Eléctrica Punta Gorda

Este proyecto contemplaba la adquisición y reemplazo de cinco turbogeneradores duales de 32,6 MW ISO.

Para el momento de elaborar el informe ya se había solicitado a la empresa Inter Raoes trece turbogeneradores LM-2500 G4 y se había realizado una reunión aclaratoria para la revisión de las especificaciones técnicas.

Igualmente, se había llevado a cabo una visita de campo con Inter Raoes para definir los alcances de los trabajos a realizar y también había tenido lugar una reunión para la revisión del cronograma de entrega de las unidades.

La fecha de inicio fue el 1° de enero de 2011 y la fecha de entrega de la adjudicación estaba programada para junio de 2015.

Para la fecha del informe el avance físico de la obra era de 10,4 por ciento de acuerdo al plan, pero en realidad era de 10 por ciento

El costo del proyecto era de USD 191,79 millones para IPC, USD 118,92 para turbogeneradores, para totalizar USD 330,71 millones que estaban todos por ejecutarse.

Se había realizado un seguimiento a los procesos de procura de largo tiempo de entrega de acuerdo al Convenio Rusia-Venezuela.

Estaban en proceso de contratación del IPC para la ejecución de los reemplazos de los turbogeneradores.

Se iba a presentar ante la junta directiva una solicitud de aprobación para conseguir financiamiento con la empresa Inter Raoes, a través del convenio Rusia-Venezuela.

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Planta Eléctrica San Timoteo Fase I

Esta obra contemplaba la instalación de un turbogenerador de 100 MW ISO y la adecuación de la subestación eléctrica San Lorenzo. El sistema de combustible sería diésel con un volumen requerido de 4 MBD.

El informe refiere que los trabajos de construcción estaban 100 por ciento concluidos, encontrándose en pruebas de todos los sistemas para la puesta en operación.

Se advirtió un atraso para lograr la calidad del agua de enfriamiento exigida según el protocolo de General Electric.

El avance físico de la obra era, según el plan de 100 por ciento, pero en realidad era de 99,5 por ciento.

La fecha de inicio fue el 1° de junio de 2010 y la fecha de entrega de la adjudicación estaba programada para mayo de 2013.

El costo del proyecto fue de USD 143,37 millones, USD 87,69 millones para la compra de los turbogeneradores, totalizando así USD 231,06 millones, de los cuales se habían pagado USD 230,67 con una deuda de USD 0,39 millones. Estaban por ejecutarse USD 5,22 millones. La obra presentaba un avance financiero de  99.83 por ciento.

Se encontraban en ese momento en la ejecución de la limpieza de la línea de agua desmineralizada.

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Planta Eléctrica Barinas I

Proyecto para la instalación de dos turbogeneradores Pratt & Whitney FT-4 de 50 MW ISO cada uno a través de un sistema de combustible líquido (Diésel) cuyo volumen requerido es de 4 MBD.

Al momento de redactar el informe el avance de la construcción era de 70 por ciento, habiéndose finalizado el movimiento de tierra y el pozo de agua.

Los equipos mayores estaban instalados sobre sus fundaciones y en proceso armado electromecánico. Los tanques de combustible y agua estaban 100 por ciento construidos y estaba en proceso el armado de los transformadores elevadores.

La ingeniería de detalle estaba al 100 por ciento y trabajaban en la instalación de una malla en la zona de descarga y un tanque de aguas aceitosas. Se habían realizado las conexiones internas eléctricas e instrumentos del turbogenerador 2. Estaban en la ejecución de bancadas y trincheras eléctricas para GSU Y BOP.

La fecha de inicio fue el 1° de diciembre de 2010 y la fecha de entrega de la adjudicación estaba prevista para julio de 2013.

El avance físico era del 100 por ciento, según la planificación y de 84,9 por ciento en la realidad, para un déficit de 15,1 por ciento.

El costo del proyecto era de USD 141,41 millones, USD 39,60 para adquirir los turbogeneradores, para totalizar USD 181,01 millones, de los cuales se habían pagado USD 144,98 millones, con una deuda de USD 18,57 millones y estaban por ejecutarse USD 36,03 millones. El avance financiero de la obra era de 80,10 por ciento.

Existía un desfase en la ejecución en razón de los retrasos en la aprobación de la perisología para exportación.

Entre el 22 y el 28 de abril habían salido las 2 primeras turbinas al taller del fabricante para inspección y mantenimiento. La salida de las dos otras turbinas estaba prevista para la semana del 29 al 5 mayo. La duración del mantenimiento era de 30 días.UNTOS DE ATENCIÓN:

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Avance físico de los trabajos

Al analizar el avance físico de los trabajos se indica que la Planta Termoeléctrica de Occidente (Bachaquero), ejecutada por Siemens, cuyo modelo de máquina es 5001F con capacidad para generar 500 MW ISO y que al momento de la elaboración del informe se encontraba en construcción, presentaba un 55,10 por ciento de acuerdo al Plan establecido pero en realidad el avance era de sólo de 36,70 por ciento.

La Planta San Timoteo II, ejecutada por la empresa Roll Royce, para instalar una máquina modelo Trent 60 con capacidad para generar 120 MW ISO, en fase de construcción a la fecha del informe, presentaba 12,50 por ciento de avance de acuerdo al plan, siendo el avance real de 14,30 por ciento.

La Planta Pueblo Viejo, ejecutada por General Electric para instalar una máquina modelo LM2500-G4, con capacidad para generar 163 MW ISO, en fase de construcción a la fecha del reporte, presentaba un avance físico que de acuerdo al plan era de 13, 90 por ciento, pero en realidad dicho avance era de 10 por ciento.

La Planta Punta Gorda, ejecutada por la empresa General Electric, para instalar una máquina modelo LM2500-G4 con capacidad para generar 163 MW ISO, que se encontraba en fase de construcción, presentaba un avance físico de acuerdo al plan de 10,40 por ciento y en la realidad de 10 por ciento.

La Planta San Timoteo I, ejecutada por General Electric para instalar una máquina modelo LM100 con capacidad para generar 100 MW ISO, en fase de construcción para el momento del informe, presentaba un avance físico de acuerdo al plan de 100 por ciento, pero que en la realidad era de 99,50 por ciento.

La Planta Barinas I cuyos trabajos los realizaba la empresa Pratt & Whitney para instalar una máquina modelo FT4 con capacidad para generar 100 MW ISO, en fase de construcción, tenía un avance físico de acuerdo al plan de 100 por ciento, pero que en la realidad era de 84 por ciento.

La Planta de Respaldo de Generación estado Zulia, ejecutada por la empresa General Electric, para instalar una máquina modelo TM2500 con capacidad de generación de 241,36 MW ISO, en fase de construcción, presentaba un avance físico que de acuerdo al plan era de 100 por ciento, pero que en la realidad era solamente de 63,40 por ciento.

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La ubicación geográfica de los citados proyectos se puede observar en el siguiente mapa:

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Detrás del convenio suscrito entre China y Venezuela, supuestamente se escondería una trama de corrupción que sirvió para enriquecer a operadores vinculados con el oficialismo venezolano, entre quienes se cuenta Diego Salazar, quien habría obtenido jugosas comisiones por su intermediación para que la empresa china Sinohydro Corporation LTD —entre otras— suscribiera contratos millonarios con PDVSA en el contexto de la alianza entre los dos gobiernos.

Por Maibort Petit /VAD

La empresa china Sinohydro Corporation LTD forma parte de las compañías que, presuntamente, habrían pagado comisiones para la obtención de contratos millonarios en el contexto del convenio suscrito entre los gobiernos de Venezuela y China en 2010 conocido como el “Gran Volumen”. Además, esta firma es señalada en el informe final elaborado por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que analizó la crisis eléctrica, por supuestamente haber cobrado sobreprecios en las negociaciones entabladas con Petróleos de Venezuela S.A. para la construcción de plantas eléctricas.

Las investigaciones desarrolladas por la justicia del Principado de Andorra con relación al caso de la Barra Privada d‘Andorra (BPA) en el que el empresario venezolano —entre otros—, Diego Salazar, primo del expresidente y de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, habría cobrado comisiones por el orden de los USD 200 millones a cinco empresas chinas a cambio de la asignación de contratos con la petrolera estatal, han arrojado nuevas evidencias de hechos irregulares.

La jueza andorrana del caso, Canòlic Mingorance, reveló que Salazar estableció contacto con compañías chinas para fungir de facilitador en la obtención de los contratos, una diligencia en la que habría logrado la colaboración del secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Este último supuestamente conformó una empresa en Panamá, la Phomphien Corporation, para ocultar los dividendos obtenidos con estas negociaciones fraudulentas, fondos estos que eran depositados en la BPA, refiere el diario español El País[1].

La nota indica que la empresa Sinohydro Corp. Ltd contrató con PDVSA la construcción de la central eléctrica La Cabrera por USD 315 millones y que cinco días antes, Diego Salazar a través de su firma panameña Highland Assets suscribió una negociación con Francisco Jiménez Villaroel, quien fungía como gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas de esa nación a contratar con Venezuela.

La titular del tribunal andorrano refiere que luego de esto, Sinohydro transfirió USD 50 millones a la cuenta de Diego Salazar en BPA. Eudomario Carrullo, quien se desempeñaba para entonces como director financiero de PDVSA, habría recibido de la empresa china USD 7 millones.

Otra información del mismo diario[2] refiere que Sinohydro Corporation Limited se encargó de la ejecución de dos de las fases que comprendió la construcción de la planta termoeléctrica La Cabrera por USD 603 millones. Para justificar —continúa la información— Diego Salazar entregó un contrato suscrito entre Highland Assets Corporation y Sinohydro Corporation Limited por supuestos servicios de consultoría e intermediación. Este contrato con carácter confidencial al que logró tener acceso la jueza Canòlic Mingorance, establecía que Salazar obtendría el 10 por ciento “del importe neto cobrado en la negociación directa” de las infraestructuras contratadas.

Ya en 2016, el portal Cuentas Claras Digital[3] había advertido de estas supuestas negociaciones fraudulentas a través de las cuales las empresas “China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC), empresas energéticas estatales con contratos eléctricos en Venezuela, realizaron decenas de transferencias por cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, su operador personal y testaferro, en Banca Privada de Andorra (BPA)”. En esa misma reseña se indica que Sinohydro Corporation Limited contrató en 2010 por USD 1.116 millones la ingeniería, procura y construcción de unidades generadoras de 772 MW en la planta termoeléctrica El Palito.

En Venezuela Política[4] se dio un recuento pormenorizado de las distintas cuentas que presuntamente sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de sobornos y negociaciones fraudulentas llevadas a cabo por diversos operadores en la BPA. Entre estas cuentas se reseñó la identificada con el número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp., la empresa panameña de Diego Salazar a la que hicimos referencia líneas arriba.

Como representante de firma figuraba Luis Mariano Rodríguez Cabello y la cuenta presentaba un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. “El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla”.

Entre otras operaciones, la trama de movimientos registrados reveló que desde octubre del 2011, “en el apartado de crédito se aprecian múltiples transferencias procedentes de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras mayoritariamente chinas, ordenadas por las mercantiles Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD (China), China Camco Engineering CO LTD (China), Sinohydro Corrporation Limited (China), CICI Venezuela C (USA), Yutong Hongkong Limited (Hong Kong), China Machinery Engineering Corporation (China). La cantidad total canalizada por medio de estas transferencias, ascienden a USD 179.291.702,76”.

Memorando de entendimiento de PDVSA y Sinohydro

En nuestro poder se encuentra una copia del memorando de entendimiento suscrito el 3 de febrero de 2010 entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la citada empresa china Sinohydro Corporation LTD y que sirvió de marco para que tuvieran lugar las negociaciones a que hemos hecho referencia en las líneas precedentes.

La firma que tuvo lugar en la ciudad de Pekín y tenía por objeto enfrentar la grave crisis energética que desde hace años aqueja a Venezuela.

La estatal petrolera solicitó a Sinohydro que ofertara algunas plantas de energía de emergencia que permitieran a Venezuela hacer frente a la situación, un hecho que ocurrió en el contexto de la Octava Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2009.

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El propósito de PDVSA era el de hacerse de un conjunto de plantas de energía eléctrica que le permitieran resolver las contingencias surgidas de la crisis eléctrica, en específico, la idea era lograr una capacidad instalada de 900 MW en un periodo de entre seis y nueve meses que constituirían la Fase I del proyecto.

Posteriormente, esta capacidad instalada se incrementaría hasta 1.500 MW dentro en un lapso de doce meses contados a partir de la firma del contrato que iría acompañado de un anticipo.

Se preveía una Fase III del proyecto, que elevaría la capacidad instalada hasta 2.700 MW en un periodo de un año.

Ante la solicitud de PDVSA, la empresa china manifestó su interés en suministrar, instalar y poner en funcionamiento dichas plantas eléctricas y, en tal sentido, propuso conformar inmediatamente un grupo de trabajo de expertos en ingeniería que se encargaran de formular y presentar la propuesta integral el 22 de enero de 2010 a la estatal petrolera venezolana.

Petróleos de Venezuela S.A. le dio el visto bueno a la proposición de Sinohydro Corporation LTD al estimar que la misma era viable tanto técnica como comercialmente, al tiempo que catalogó como eficiente el desempeño y experiencia de la compañía china.

En tal sentido, PDVSA y Sinohydro acordaron construir las centrales eléctricas que atenderían la emergencia eléctrica en tres fases, a saber:

— Fase I, plantas con capacidad instalada de 900 MW construidas en un periodo de entre seis y nueve meses que comenzarían a contarse a partir de la firma del contrato y el pago del anticipo.

— Fase II, consistente en el incremento de la capacidad de las plantas hasta 1.500 MW en un plazo de doce meses.

— Fase III, destinada a elevar la capacidad instalada de las plantas hasta 2.700 MW en un periodo de un año.

Se estableció que para llevar a cabo los trabajos de construcción de las plantas de emergencia, PDVSA debería en las dos semanas posteriores a la firma del citado memorando de entendimiento, designar al gerente del proyecto y establecer una oficina o dependencia destinada especialmente a la atención y desarrollo del proyecto, la cual sería el componente homólogo de Sinohydro por parte de la petrolera venezolana, esto con el objetivo de poner en marcha a la mayor brevedad las obras y concluirlas en el menor tiempo posible.

Se advirtió que PDVSA entendía que Sinohydro no mantendría la oferta presentada en las mismas condiciones por más de dos o tres semanas, por lo que la estatal petrolera venezolana debía enviar a China a su equipo de ingenieros para concretar la negociación del contrato, el plan de acción y el cronograma en el menor tiempo posible.

Las partes entendían que los contratos para la Fase II y III estarían sujetos a aprobación durante la negociación del contrato de la Fase I.

Se estipuló que el idioma inglés se utilizaría en todos los aspectos que comprendía el memorando de entendimiento, su ejecución y conclusión, entrando en vigencia a la fecha de su suscripción con una vigencia de dos años.

Se acordó que todas las diferencias surgidas entre las partes con relación a la interpretación y ejecución del memorando de entendimiento se resolverían de manera amistosa.

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Firmaron el memorando de entendimiento en representación de Petróleos de Venezuela S.A., Rafael Ramírez, presidente de la estatal, mientras que por Sinohydro Corporation LTD lo hizo Liu Qitao, presidente la firma china.

La empresa china

Según su página web[5], Sinohydro se estableció en China como contratista estatal de proyectos hidroeléctricos durante los años cincuenta y que a lo largo del tiempo ha ido ampliando su línea de negocios en el ámbito de la construcción. Refiere que cuenta con 130 mil empleados que conforman un equipo profesional versátil que brinda servicios integrales de financiamiento, ingeniería, compras, implementación y operación de proyectos de energía, conservación de agua, infraestructura de transporte y obras civiles como edificios públicos/privados o a instalaciones que comprenden puntos clave de desarrollo económico local.

Bloomberg informa que Sinohydro tiene su sede en el N° 22 Chegongzhuang West Road, Haidian District, Pekín, 100044, China. Sus teléfonos son 86 10 5838 1999, Fax: 86 10 5838 1621.

En la actualidad su directorio está conformado por Jun Liang (presidente y miembro de la junta ejecutiva), Guohua Shen (director financiero y miembro de la junta ejecutiva), Lixin Xiong (vicepresidente de la junta ejecutiva y vicepresidente ejecutiva), Fengqiu Liu (ingeniero jefe y miembro de la junta ejecutiva) y Haihua Tian (vicepresidente ejecutivo y miembro de la junta ejecutiva)[6].

Sobre ella, el portal BN Américas la define como una empresa estatal china que ese estableció en la década de los años ’50 como una contratista de proyectos hidroeléctricos y hoy en día tiene un portafolio de negocios que cubre tres divisiones principales, a saber, construcción de infraestructura en los sectores de energía, agua, transporte y edificios; inversión en bienes raíces, concesiones y minería; y contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC). Refiere que la empresa tiene operaciones en más de 70 países alrededor del mundo, ubicándose en Caracas, Venezuela, su oficina regional para América. “Sus proyectos regionales incluyen la central térmica de Cabrera y la central térmica Palito, ambas en Venezuela; la presa de Chalillo en Belice; la planta hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair en Ecuador (inaugurada en noviembre de 2016); entre otros proyectos en Trinidad y Tobago, Bolivia y Costa Rica”[7].

Entretanto, el mismo portal, indica que Sinohydro Venezuela C.A. “es una empresa venezolana subsidiaria de la multinacional estatal china Sinohydro dedicada a la construcción de infraestructura orientada a la generación de energía. Inició sus operaciones en 2010 en Venezuela, tras los acuerdos para la construcción de las plantas termoeléctricas Palito, de 772MW, en el estado de Carabobo y Cabrera, de 382MW, en la costa norte del lago Valencia, ambos propiedad de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y concluidos en 2012. Sinohydro Venezuela tiene oficinas en Caracas, desde donde controla todas sus operaciones en Las Américas. Actualmente construye la planta termoeléctrica Batalla de Santa Inés, de 100MW, en el estado de Barinas para PDVSA”[8].

En su portal informativo, Sinohydro hace referencia a dos proyectos desarrollados por la empresa en Venezuela, a saber, la planta termoeléctrica El Palito dentro Planta Centro en el estado Carabobo, la cual forma parte del paquete contratado con PDVSA, suscrito en abril de 2010. Se indica que esta planta “está diseñada para tener cuatro unidades de potencia con una capacidad instalada total de 772 MW. Según aseguran, dos de las unidades que la conforman comenzaron a funcionar a finales del mes de septiembre de 2012[9].

El otro proyecto es la Central Termoeléctrica La Cabrera, con capacidad para generar 382 MW y supuestamente ejecutada entre 2011 y 2012[10].

El informe de la Asamblea Nacional

La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica del país refiere en su informe final[11] que Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, a raíz de la crisis eléctrica de 2003 ordenó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN), que preveía la incorporación de 1.000 MW efectivos de generación por año hasta un total de 6.000 MW entre 2005 y 2010, de manera de evitar un déficit estructural en el último de estos años señalado.

Advierten los parlamentarios que el incumplimiento del plan coincidió con la concentración en la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, (2007) de todo lo atinente al sector. Indican que en un intento de recuperar el tiempo perdido, la eléctrica y PDVSA procedieron a adjudicar directamente proyectos de generación sin respetar las directrices previamente establecidas y con un desembolso de recursos que superó en 180 por ciento el costo estimado originalmente por el PDSEN.

Sinohydro de Venezuela formó parte de las empresas citadas por el ente legislativo, pero la representación de la compañía no asistió a la comparecencia aludiendo limitaciones logísticas, por lo que consignó la información de manera física.

En el informe se indica que Sinohydro estuvo a cargo del proyecto Planta TermoCarabobo, contratado por PDVSA con recursos provenientes del Fondo Chino. El contrato se suscribió en 2012 y la fecha de finalización según el contrato era 2014. La obra fue concluida. Estos trabajos no formaban parte de los planificados en el PDSEN 2005-2014. El presupuesto a 2012 era de USD 1.116 millones, aunque a precios de 2005 era de USD 938 millones. El costo referencial PDSEN 2005-2024 era de USD 366 millones (USD 475 por kWe)

La comisión de la Asamblea Nacional observa una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 572 millones a precios del 2005, es decir un incremento de 156 por ciento, que no fue debidamente justificado.

Respecto al proyecto de ampliación La Cabrera a 320 MW, la comisión parlamentaria refiere que esta obra contratada por PDVSA con la empresa Sinohydro se llevó a cabo con recursos provenientes del Fondo Chino, del Fondo Independencia 200 y del Fondo Cambio. El contrato se suscribió en mayo de 2011 y la culminación (según contrato) era para junio de 2014. Se informa que fue inaugurada en el citado año 2014. Era una obra programada en el PDSEN 2005-2014.

Además de la instalación de dos turbogeneradores de 160 MW en ciclo abierto, la obra incluyó la construcción de 6 líneas de transmisión en 115 KV que permitían la interconexión de la Subestación La Cabrera con las subestaciones Caña de Azúcar, El Limón, San Vicente y San Ignacio, una subestación encapsulada en 115 KV y 5 Km de tubería para gas, que conecta la Estación de Regulación La Sisa con la estación de Regulación dentro de la Planta La Cabrera.

Según el informe ejecutivo realizado por Coordinación de Administración de Control de Proyectos de Corpoelec en junio de 2011 —apunta la comisión mixta de la AN— se dice que el costo del proyecto era de USD 600 millones, monto que se confirma en la página web de PDVSA.

Advierten los parlamentarios que el costo total del contrato (IPC y equipos mayores) a precios de 2005 era de USD 511.3 millones, siendo que el PDSEN 2005-2024 y el PMSPRSEN 2010-2030, estimaban que instalar 320 MW ISO en un sistema de generación en ciclo abierto que costaba USD 152 millones, por lo que se observa un diferencial de USD 359 millones.

• [1] El País. “Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela”. 29 de noviembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/11/27/actualidad/1543315819_586995.html
• [2] El País. “Los oscuros negocios del chavismo con China”. 24 de marzo de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/03/20/actualidad/1521565763_095562.html
• [3] Cuentas Claras Digital. “La emergencia eléctrica, China y la corrupción de Ramírez en Pdvsa”. 27 de noviembre de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/11/la-emergencia-electrica-china-y-la-corrupcion-de-ramirez-en-pdvsa/
• [4] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/search?q=bpa
• [5] Sinohydro. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=9
• [6] Bloomberg. Company Overview of Sinohydro Corporation. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=13484187
• [7] BN Americas. Sinohydro Corporation Ltd. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-corporation-ltd-sinohydro
• [8] BN Americas. Sinohydro Venezuela CA. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-venezuela-ca-sinohydro-venezuela
• [9] Sinohydro. El Palito Thermoelectric Plant. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=12
• [10] Sinohydro. Cabrera Thermal Power Plant. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=44&id=89
• [11] Transparencia. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica del país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

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“A este país se lo llevó quien lo trajo”, fueron las palabras que ofreció el joven detrás del mostrador del Departamento de Archivo de la Oficina Administrativa del Cementerio General del Sur a una familia que reclamaba la profanación de la fosa en la que reposaban los restos de sus parientes desde hace ya 40 años.

Rayli Luján / Venezuela al Día

Él y su compañero intentaban canalizar una denuncia que se ha hecho repetitiva. Oswaldo y Yolanda, dos hermanos que no visitaban la tumba de sus padres desde hace 8 meses, la habían encontrado violentada y vacía.

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Rubén -cuyo nombre real no será revelado por motivos de seguridad- indicaba que esta era una más de las tantas denuncias de violación de nichos, panteones y fosas que habían recibido en los últimos años.

Acompañados de un cartel en el que se lee: “Aquí no se habla mal de Chávez”, un par de estantes con libros cubiertos de polvo, un cuadro de Hugo Chávez, otro de Nicolás Maduro y una lista con los costos de mantenimiento, los trabajadores públicos explicaban que la falta de seguridad es el principal problema en el recinto.

“Allí al frente, donde estaba la funeraria antes, existe ahora un módulo de la Guardia Nacional Bolivariana, pero le apuesto que desde que llegaron no han visto ni uno”, apuntó uno de ellos.

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Los familiares a la espera de más explicaciones asintieron con la cabeza. Uno de ellos se atrevió a preguntar sobre el destino de los huesos que extraen del camposanto.

“Mira, en principio se hablaba de paleros. Ahora también hablan de garimpeiros. Son las personas que buscan oro entre los cuerpos. Puede ser una pieza pequeña, como un diente, un anillo o cadenas”, señaló uno de los abogados, quien portaba una chaqueta de la Alcaldía de Caracas y se encargaba de proporcionar información “extra” a los usuarios.

Otro de los funcionarios le apostó más a la teoría de la santería. Y es que desde que ingresas a las instalaciones de uno de los cementerios más grandes de Venezuela, puedes observar en cada esquina a un seguidor de esta religión.

“Esto no es santería nada más, claro. Va más allá. Tiene que ser otra cosa. Usan los huesos y eso no es correcto, pero ¿cómo hace uno? Aquí entra gente a toda hora y no les podemos negar la entrada”, resaltó el joven al clavar su mirada en la acera del frente, donde se encontraban sentados dos policías municipales revisando sus teléfonos celulares.

La inseguridad y la falta de control salieron a relucir nuevamente en la conversación. En los últimos meses las denuncias han incrementado en torno al ingreso de vehículos en horas no autorizadas. “Vienen en grandes camionetas, con música alta y con sus implementos (de palería), y nadie les dice nada”, exclamó uno de los encargados del archivo.

Unas sí y otras no

En el camino de la tumba profanada de sus padres a la oficina administrativa, Oswaldo le hizo una observación a su sobrino y a su hermana, Yolanda. Algunos panteones y fosas estaban intactos, aún cuando se encontraban en la misma zona de sus parientes.

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“¿Por qué unas sí y otras no?”, preguntó Oswaldo al personal del Cementerio. “Es por el pago que le hacen a los cuidadores. Como una renta mensual para que les resguarden sus terrenos. Si ellos ven un movimiento extraño en las noches, les dicen a las personas que se alejen”, sostuvo Rubén.

Oswaldo, quien se decantaba por lo esotérico, comentó que un amigo mayombero le explicó sobre el ritual que practican para solicitar el permiso de cada alma con el objetivo de exhumar sus cuerpos.

“¿Ah sí? Pero casualmente ese grupo que está allí no ha dado ese permiso”, agregó Yolanda al estirar su mano hacia los primeros panteones que se observan al ingresar al Cementerio, justo a mano izquierda.

Se trataba de la zona en la que se encuentran sepultados personalidades del chavismo como: Jorge Rodríguez padre, Lina Ron a dos espacios, Eliécer Otaiza en la acera de enfrente, Robert Serra y María Herrera justo al lado.

Modernas estructuras les acobijan, al menos a Ron, Otaiza, Serra y Herrera, quienes fallecieron más recientemente.

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Entre cerámicas de colores claros, banquillos, granitos y frases tan contundentes como: “Con Chávez todo, sin Chávez plomo” de Lina Ron o “Nuestra prioridad no es un cargo sino hacer irreversible la revolución” de Robert Serra, estos privilegiados monumentos que no han sido violentados, dejan ver que los protege algo más que suerte o puro respeto.

Bien lo confirma el sepulcro del expresidente Isaías Medina Angarita, el panteón de la familia Razetti, o el mausoleo de Joaquín Crespo, que lamentablemente no han corrido con la misma suerte y en la actualidad algunos de ellos son usados como espacios para aquelarres.

Pocas respuestas, pocas opciones

Después de unos minutos y una breve inspección en la fosa familiar por uno de los cuidadores del Cementerio, el abogado propuso a Oswaldo y Yolanda la opción de exhumar, profundizar y limpiar.

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Esta podía hacerse por la vía del pago de cánones correspondientes y documentación requerida o por un canal más rápido y “menos costoso” aparentemente.

El costo por exhumación se ubica en 2.000 bolívares soberanos por cada cuerpo, el mantenimiento anual en 500 bolívares y en caso de que opten por la cremación, se debería cancelar un total de 3.500 bolívares soberanos por cada cuerpo, además del traslado que debería hacerse hasta el Cementerio de El Junquito, donde se está realizando el servicio.

Los hermanos evitaron profundizar en los impuestos o en el trámite de sucesión -por estar el terreno a nombre de uno de los fallecidos- y optaron por escuchar el segundo presupuesto, de mano de los cuidadores y sus supervisores.

Alrededor de 10.000 bolívares soberanos les costaría recuperar el lugar donde sus padres descansarían. Un trabajo rápido pero una suma importante que ahora debían replantearse con cada miembro de la familia, debido a que la opción B, que consistía en vender la parcela estaba desecha.

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“Queríamos vender. Era nuestra opción antes de saber que no se llevaron todo. Quedan unos cuantos huesos y otro cuerpo. Por la venta nos hubiesen podido dar 20.000 bolívares, pero teníamos que buscar el comprador. Ahora nos toca conseguir la mitad de eso y tenemos que hacerlo. Estamos hablando de la última morada de nuestros padres”, fue lo último que dijo Yolanda antes de dejar la oficina.

Es incontable el número de familias que atraviesa este pesar en el Cementerio General del Sur, fundado hace más de 140 años. En julio de 2018, las autoridades capturaron a dos profanadores de tumbas y a pesar de estar conscientes de la miseria que reina en el lugar, han evitado declarar la emergencia que la comunidad solicitó hace meses.

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Una comunicación llegada a nuestras manos revela que PDVSA mantuvo o mantiene relaciones comerciales con el Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, integrante del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, vinculado a hechos de corrupción y lavado de dinero.

Por Maibort Petit /VAD

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) contrató en 2016 con la empresa Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, la ejecución del Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica Occidente por USD 1.800 millones a pesar de que esta compañía formaba parte del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, una contratista acusada de haber logrado contratos millonarios con el estado venezolano a cambio de sobornos y vinculada la firma Miami Equipment & Export Company a través de la cual Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz lavaron el dinero proveniente de negociaciones irregulares con la administración venezolana[1].

El citado Consorcio KCT está conformado por las empresas Cielemca, Trimeca y KBT.

Igualmente, Blas Herrera Pérez, quien suscribe el documento que a continuación presentamos y da cuenta de las negociaciones entre PDVSA y CICE, figura entre las personas que participaron en el esquema de corrupción y lavado de dinero por el cual fueron declarados culpables los Díaz en la Corte del Distrito Sur de Nueva York[2].

KCT se valió de la empresa familiar perteneciente a los Díaz, la cual sirvió como puerta de entrada de los dineros habidos irregularmente al sistema financiero estadounidense, habiendo fungido Miami Equipment & Export Company como una institución bancaria a pesar de no estar legalmente facultada para ello. De este modo se blanquearon millones de dólares provenientes  de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi.

Incluso, los propios Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, pidieron a la corte del Distrito Sur de Nueva York acusar a los directivos del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, clientes de Miami Equipment & Export Company, por cuanto estiman que ninguno de los directivos del consorcio ha sido acusado de ningún delito, aun cuando fueron ellos quienes iniciaron el ciclo de transferencias electrónicas a la empresa de los Díaz y obtuvieron amplios beneficios de las operaciones, además de haber sido ellos quienes prepararon la documentación falsa para sus propios fines en Venezuela[3].

El consorcio KCT debe recordarse, además, por ser el responsable de vender cinco plantas eléctricas al estado venezolano por más de USD 305 millones.

Sobre Blas Herrera

Blas Antonio Pérez Herrera nació el 22 de noviembre de 1950, es titular de la Cédula de Identidad N° V-3.455.062 y se le ubica en la parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda[4].

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, indica que ingresó al sistema el 1° de agosto de 1973. Su estatus actual es activo, figurando inscrito por la empresa Cielemca C.A., bajo el número patronal D24038447. Su fecha de contingencia fue el 22 de noviembre de 2010. Cotizó 600 semanas y un total de salarios de Bs. 19.255,20[5].

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Blas Herrera ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Privada Colegio Madison, parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda.

Detalles del contrato con CICE

En fecha 30 de mayo de 2016, Blas Herrera Pérez, representante común del Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, desde la ciudad de Bridgetown, capital de Barbados, dirigió la comunicación identificada con el número 192-CICE-GPR-53, al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería para época, Eulogio Del Pino, con referencia al contrato N° 4620010547, relacionado con el Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica Occidente, suscrito entre la filial PDVSA Petróleo S.A. y CICE el 12 de febrero de 2014, por un precio de USD 1.425.571.322,24 y Bs. 8,143.574.064,16, monto este último que a la tasa de cambio de Bs. 6,3 por dólar equivalía a USD 2.718.202.126,07, a ser ejecutado en un periodo de cinco años con financiamiento del Deutsche Bank.

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El Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica fue presentado en 2014 por el director ejecutivo de Producción de PDVSA Occidente, José Luis Parada, como uno de los planes a ejecutar por la estatal petrolera entre los años 2014 y 2019 en el occidente del país[6].

Blas Herrera presentaba a Del Pino informe de las gestiones adelantadas por la empresa a objeto de obtener financiamiento que hiciera posible su implantación en razón de que el Deutsche Bank había desistido de continuar con el financiamiento del citado Proyecto PAE-Occidente, supuestamente por razones internas de la compañía global de servicios bancarios y financieros alemana y a pesar de haber cumplido con el correspondiente due diligence en cada de una de las etapas evaluadas por la institución.

Refiere Herrera que, en tal sentido, CICE comenzó gestiones para la obtención de nuevas fuentes de financiamiento y para ello recurrió a contratar los servicios de la empresa especializada Salient Finance, la cual diseñó una propuesta de financiamiento sustentada en el contrato de suministro entre PDVSA y Reliance Industries vigente para el momento de la comunicación. En este sentido, informó que tres firmas estaban potencialmente interesadas en financiar el proyecto, a saber Morgan Stanley, Credit Europe y Macquaire.

Salient Finance Corp[7] es un banco de inversión canadiense que brinda servicios de asesoría de financiamiento corporativo y comercial. Así como servicios de adquisición de capital a pequeñas y medianas empresas establecidas con sede en Canadá. La oficina central de la firma se encuentra en Toronto, Ontario.

Herrera Le recuerda al presidente de PDVSA que el 30 de diciembre de 2015 la petrolera canceló Bs. 138.926.445,13 correspondiente a la parte del anticipo relativa al componente nacional y estaba pendiente el pago del anticipo correspondiente al componente extranjero y que serviría para comenzar a ejecutar la denominada Fase Temprana del PAE a ser realizada en Bachaquero.

Agregó que de acuerdo a la planificación actualizada del presupuesto global del proyecto y de las obras, el monto de la obra se distribuía de la siguiente manera:

En la fase temprana, USD 111,98 millones correspondientes al componente extranjero y Bs. 6.688,75 millones del componente nacional, para un total calculado a tasa Dicom vigente al 16-5-2016, de USD 127,91 millones.

En la fase I, USD 141,18 millones del componente extranjero y Bs. 10.193,68  millones del componente nacional, para un total de USD 165,69 millones.

En la fase II, USD 263,69 millones del componente extranjero y Bs. 14.808,57 millones del componente nacional, para un total de USD 298,95 millones.

En la fase III, USD 327,47 millones para componente extranjero y Bs. 11.863,27 millones del componente nacional para un total de USD 355,72 millones.

En la fase IV, USD 339,14 millones para el componente extranjero y Bs. 13.495,42 del componente nacional para un total de USD 371,27 millones.

En la fase V, USD 439,61 para el componente extranjero y Bs. 17.161,36 millones del componente nacional para totalizar USD 480,47 millones.

En total se ejecutarían en todas las fases para el componente extranjero USD 1.623,05 millones y Bs. 74.311,05 millones del componente nacional para un gran total de USD 1.800 millones.

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Blas Herrera informó que el monto actualizado del PAE-Occidente de acuerdo a las estimaciones de la firma Salient Finance era de USD 1.800 millones, de los cuales se contaba “con una estructura propuesta de financiamiento tipo revolving con un monto sugerido de la línea de crédito” de USD 140 millones “capaz de financiar” USD 1.200 millones, “que sumado a un aporte de capital por parte de PDVSA” USD 600 millones cubría la totalidad del proyecto.

Agregó que dicho esquema de financiamiento requería de 25 MBD, equivalentes al 8 por ciento del total diario disponible en el contrato de Reliance durante los primeros 38 meses de ejecución de la totalidad de la contratación, o bien, 2 por ciento del total de barriles a ser comercializados por Reliance durante los próximos 13 años, lapso de vigencia restante de ese contrato.

Explicó Blas Herrera que PDVSA  podía honrar su participación de capital a través del incremento de los citados 25 MBD a 36 MBD, equivalentes al 12 por ciento del total diario disponible en el contrato de Reliance durante los primeros 38 meses de ejecución de la totalidad de la contratación, o bien 3 por ciento del total de barriles a ser comercializados por la firma durante los próximos 13 años.

Entretanto, indicó que Salient Finance podía incrementar la potencial línea de crédito hasta el monto total de USD 1.800 millones.

Finalmente, Blas Herrera le refirió a Eulogio Del Pino que la liberación de barriles por parte de un Oil Trader de PDVSA, facilitaría el financiamiento del proyecto.

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El informe de la AN

El informe final de la Comisión Mixta que estudió la crisis eléctrica en el país respecto a los proyectos de generación eléctrica contratados por PDVSA refirió que —aparte de tener que encargarse de atender el suministro de un servicio que es responsabilidad legal de Corpoelec, la estatal petrolera también se ha abocado a desarrollar otros proyectos dirigidos a cubrir las  necesidades eléctrica propias, tal es el caso de los denominados proyectos de autosuficiencia eléctrica de la industria petrolera.

En este sentido, de los cuarenta y dos proyectos de servicio público analizados en el informe que tienen que ver con proyectos contratados con empresas como KCT Cumana II, Ovarb, Tradequip e Inter Roues, entre otras, que han suministrado equipos de generación a PDVSA a través de la filial Bariven, encargada de las compras en la petrolera, PDVSA no ha hecho público en sus informes financieros los montos de inversión realizados en la adquisición de dichas centrales de generación.

Haciendo referencia al caso de Roberto Rincón cuyas empresas vendieron equipos por un muy alto precio y habiendo este admitido su culpabilidad ante la justicia de los Estados Unidos por haber pagado sobornos a representantes de PDVSA por contratos recibidos en el área de la energía, la comisión parlamentaria advirtió que “la opacidad de PDVSA en sus informes financieros hace presumir la existencia de contratos con sobreprecios. Con los elementos de convicción aquí presentados, esta comisión mixta recomienda que la Comisión Permanente de Contraloría inicie una investigación exhaustiva de los contratos suscritos entre PDVSA Bariven y todas las empresas que suministraron equipamiento eléctrico en el lapso 2009-2016”[8].

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