La respuesta la tiene Michelle Lewin en su primer libro llamado “La Dieta del Cuerpazo”, en donde la conocida “gurú del fitness” seguida por más 13 millones de personas de todo el mundo, comparte su experiencia para  lograr perder peso. “El primer paso es tener ganas de cambiar física y mentalmente,  quienes no lo logran, es porque no tienen fuerza de voluntad”, aseguró la atlética joven.

Luisiana Rios/Venezuela Al Día

El libro de más de 300 páginas cuenta con recetas para 28 días, plan de ejercicios, consejos y recomendaciones para lograr tener un cuerpo tonificado sin importar tu edad ni tu sexo. “Es un libro fácil de leer y trata sobre mi historia, les doy todas las herramientas, les hablo de suplementos y todo lo que ha sido mi experiencia para lograrlo”.

Lewin, a pesar de tener una comunidad en internet de millones de seguidores a quienes ofrece contenidos para ejercitarse y estar en forma, quiso tener un producto que quedara para siempre, que fuese de fácil consulta y acceso como un libro. “Los contenidos en Facebook y en Instagram se perdían y las personas me preguntaban siempre lo mismo, fue cuando decidí escribir “La Dieta del Cuerpazo”, con toda la información junta para inspirar otros, sin depender de mis redes sociales”.

Lewin considera que actualmente tiene un cuerpo que cualquier persona puede lograr, aunque admite que es difícil comenzar, “pero con el tiempo cuando comienzas a ver esos cambios, te vas a llenar de motivación, sea cual sea tu meta”, aseguró.

Confesó que como cualquier persona hay días que no tiene motivación ni ganas de hacer dieta, pero “es un día menos para lograr lo que yo quiero, por lo que es preferible comenzar ya”.

Michelle cuenta que los errores más comunes que las personas comenten al hacer dieta, tiene que ver con las porciones de los alimentos, los carbohidratos y las grasas saludables.

“Es muy importante la cantidad de comida, tienen que ser muy poca y cada tres horas o cuatro horas, sumando cuatro comidas al día. Los carbohidratos que yo recomiendo son arroz integral, sweet potato (batata), quinoa y hasta el mediodía (después trata de que sean proteínas y vegetales con ensalada). Otro error son comer muchas  grasas saludables, porque aunque sean buenas suman calorías”, explicó Lewin.

Gabo Moncada, el niño que refleja la realidad venezolana en sus caricaturas

El libro resume su plan en 28 días porque en su primera competencia fitness llegó de última y después logró en ese tiempo, volver a participar y quedar en el segundo puesto en un grupo de cien mujeres. “Me considero una mujer normal, que tiene metas y proyectos, pero soy testaruda y cuando me propongo algo, no se me sale de la cabeza hasta que lo logro”.

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La Central Hidroeléctrica “Fabricio Ojeda” es un claro ejemplo de las turbias e irregulares negociaciones que se gestan tras la ejecución de obras de infraestructura proyectadas supuestamente para solucionar problemáticas, como en este caso, la de la deficiente generación eléctrica, pero que en la práctica sólo son un mecanismo de enriquecimiento y corrupción que constituye una estocada a las finanzas públicas venezolanas.

Maibort Petit / Venezuela al Día

A través de una serie de contratos complementarios o adenda, la C.A. de Administración y Fomento eléctrico (CADAFE) y el Consorcio Alstom Power Hydro, lograron extender en el tiempo la ejecución de la obra que aun hoy día presenta problemas en medio de una crisis eléctrica sin precedentes en Venezuela, además de incrementar el precio inicial de las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica “Fabricio Ojeda” conocida como La Vueltosa.

Documentos con los que contamos y damos a conocer en estas páginas, dan cuenta de estas negociaciones que significaron un gran costo al erario público sin que esto se tradujera en una mejora del servicio eléctrico en Venezuela. Así, podrá observarse cómo se incorporan nuevas obras que pudieron preverse al inicio y que hubieran significado la presentación de un presupuesto real ajustados a las verdaderas necesidades en materia de generación energética. Igualmente se recurre al recurso de aprobar costos adicionales bajo el argumento del incremento de las jornadas laborales.

Fuentes e investigaciones, igualmente refieren la renuncia expresa a cualquier reclamo del pasado y del futuro a la contratista por parte de CADAFE. Aunque no contamos con dicho documentos, conocemos por nuestras fuentes, que el 23 de agosto 2010 el gerente de construcción, Carlos Quintana, alertó sobre las pretensiones de Alsthom de reclamar pagos que supuestamente se le adeudaba. En este sentido, el Addendum “I” del 9 de septiembre 2010, responde a la exigencia de Alstom al Ministerio para la Energía Eléctrica de nuevos pagos que incrementaron en precio del contrato inicial en USD 120 millones, aun cuando en el Addendum “H” se había dejado sentado que no existían deudas pendientes ni en el pasado ni en el futuro.

En nuestra primera entrega dimos a conocer a nuestros amables lectores cómo se desarrolló el complejo proceso para la contratación del Consorcio Alstom Power Hydro y ahora mostramos los citados adenda que se suscribieron y que significaron el incremento del precio de dicho contrato.

Preparación para el Addendum B

Un documento en nuestras manos da cuenta de la cronología de las discusiones que tuvieron lugar a objeto de que se produjera la firma del Addendum B al contrato N° 2003-0078-6100 para la construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda conocida también como La Vueltosa por parte del Consorsio Alstom Power Hydro.

De este modo, el 31 de diciembre de 2003 se suscribió un acuerdo de préstamo entre el Ministerio de Finanzas-BNDES (Brasil) y Alstom por USD 125.000.000,00 bajo la figura de compensación y pago de ALADI.

Dicho acuerdo, en razón de ser el primero en su género al utilizar los recursos para financiar obras de infraestructura, tomó tiempo estructurar los mecanismos internos y externos para su implantación.

Un año después, el 31 de diciembre de 2004, se firmó la primera enmienda del acuerdo de préstamo mediante la cual se acordó que el BNDES sólo financiaría hasta USD 121.000.000, por concepto de materiales y equipos importados. Quedaba excluida la ingeniería que representaba USD 4.000.000.

Posteriormente, el 25 de abril de 2005 se suscribió la segunda enmienda al acuerdo de préstamo con el objetivo de modificar las cláusulas relativas a la jurisdicción, incumplimiento, gastos y primas de seguro (con el BNDES de Brasil).

El 24 de agosto de 2005, el BNDES emitió la declaración de eficacia contractual. Allí, la entidad brasileña estableció la disponibilidad del crédito otorgado para el 24 de febrero de 2009 y estipulaba las formas de pago.

De este modo, el monto principal del acuerdo debía ser repagado por Venezuela en dólares en catorce cuotas semestrales, iguales y consecutivas, “venciendo la primera de ellas en 24 de febrero de 2009 y la última en 24 de agosto de 2015 en conformidad con la cláusula trece del acuerdo”.

Los intereses debían cancelarse en veinte cuotas semestrales y consecutivas. Venciendo la primera de ellas el 24 de febrero de 2008 y la última el 24 de agosto de 2015.

Se estableció una comisión de administración equivalente al 1 por ciento del monto del crédito que Venezuela debía pagar al BNDES el 24 de septiembre de 2005 o en la fecha del primer desembolso, lo que ocurriera primero.

También se estipulo una comisión de compromiso del 0,5 por ciento que Venezuela debía pagar al BNDES en cuatro partes (24 de septiembre de 2005, 30 de septiembre de 2006, 30 de septiembre de 2007, 30 de septiembre de 2008)

En fecha 15 de septiembre de 2005 la junta directiva de CADAFE autorizó la suscripción del Addendum B.

Para el 20 de octubre de 2005, la presidencia de CADAFE informó al Consorcio Alstom acerca de la obtención del 100 por ciento del financiamiento para ejecutar la obra.

El 25 de diciembre de 2005, en razón de una solicitud formulada por el Ministerio de Finanzas, se suscribió una tercera enmienda al acuerdo de préstamo para modificar la forma de cálculo y fecha de pago de la comisión de compromiso.

Ya para el 2 de enero de 2006, el Consorcio Alstom informó a CADAFE que el monto a financiar por el BNDES alcanzaba la cantidad de USD 99.345.112,00, correspondientes a los materiales y equipos a ser importados desde Brasil.

Poco después, el 26 de enero de 2006, la junta directiva de CADAFE autorizó la incorporación en el Addendum B de una cláusula mediante la cual la empresa eléctrica venezolana se comprometía a notificar a la contratista sobre la obtención de los recursos faltantes.

El 21 de febrero de 2006 se firmó el Addendum “C” a objeto de modificar la cláusula trigésima sexta relativa a la imputación presupuestaria y permitir a CADAFE obtener los recursos faltantes y la suscripción del Addendum “B”. A través de esta modificación el gobierno pudiera asignar recursos a la obra proveniente del FONDEN, FONDESPA u otras fuentes que la republica determinara.

Addendum C al Contrato No. 2003-0078-6100 21/02/2006

El Addendum D

El 28 de mayo de 2008, entre la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), representada por su presidente, Hipólito Izquierdo García, y el Consorcio Alstom Power Hidro (CAPHI) integrado por Alstom Hydro France y Alstom Hydro Energia Brasil LTDA. (representada en Venezuela por Alstom Hydro Venezuela S.A.), a su vez representada por Eric Stefani e Silva, se celebró la firma del Addendum “D” al contrato N° 2003-0078-6100, con el objetivo a los fines de modificar algunas de las cláusulas de dicho contrato.

Lo fundamental de este documento era incluir la ingeniería y topografía de dos líneas de transmisión desde la subestación de corte asociada a La Vueltosa a la subestación Uribante 230Kv en estructura de simple terna y doble conductor, así como la reingeniería relacionada con la instalación de la 4ta Bahía de la Subestación La Vueltosa.

En primer lugar, se modificó el objetivo del contrato estableciéndose desde entonces que Alstom se comprometía a ejecutar para CADAFE, por su exclusiva cuenta, con sus propios elementos y conforme a los documentos del contrato, los trabajos relativos a la construcción de la Central Hidroeléctrica La Vueltosa y sus obras asociadas ubicadas en el Desarrollo Camburito-Caparo, del Proyecto Uribante-Caparo, Municipio Padre Noguera del estado Mérida, atendiendo los siguientes objetivos:

a) Proyecto, diseño, desarrollo de la Ingeniería de detalle, administración y control de calidad para:

– Construcción de las obras civiles temporales y permanentes, partes empotradas y servicios auxiliares de la casa de máquinas de la Central La Vueltosa y obras complementarias de la Presa Borde Seco.

– Construcción de las obras civiles y servicios auxiliares de la Subestación La Vueltosa y el acondicionamiento de la Subestación Uribante, así como la ingeniería de detalle de las fundaciones, estructuras, conductores y herraje de las líneas de transmisión entre la Central y las Subestaciones de la Vueltosa y Uribante;

b) Construcción de las obras civiles temporales y permanentes para tres unidades generadoras de la Central Hidroeléctrica La Vueltosa (las obras civiles de la tercera unidad se limitan a concreto de primera etapa y el revestimiento del tubo de aspiración), I Sistema de Transmisión y sus obras asociadas, así como las obras complementarias de la Presa Borde Seco;

c) Proyecto, diseño, fabricación y pruebas en fábrica, transporte, nacionalización (tasas, caleta, estiba y agente aduanero), almacenaje, traslado, montaje, pruebas en sitio y puesta en operación comercial de todos, los equipos electromecánicos para generación hidroeléctrica y de transmisión asociados, tales como: turbinas, generadores, transformadores, grúas puente y pórtico, compuertas para los tubos de aspiración, sistemas auxiliares, sistemas de control y comunicación y los correspondientes al sistema de transmisión, subestaciones y líneas, completos con todos sus accesorios, piezas de repuestos y equipos de mantenimiento para dos unidades generadoras en operación;

d) Reingeniería de la ampliación de la Subestación La Vueltosa.

e) Ingeniera y topografía para la construcción de dos líneas de transmisión desde la S/E Uribante 230 KV en estructura simple terna y doble conductor por fase en 1100 MCM.

Los trabajos deberían ejecutarse de acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas elaboradas por CADAFE, condiciones y plazos establecidos en el contrato.

El precio del contrato principal que era de USD 160.463.000,00 calculado a una tasa de cambio referencial de Bs. 1.373,75 por dólar vigente al 18 de noviembre de 2002 ahora equivalente a Bs. 220.436.046,25

Al precio del contrato se integran, además, los montos de las obras adicionales relacionados a la topografía e Ingeniería para la construcción de dos líneas de transmisión desde la S/E Uribante 230 KV en estructura simple terna y doble conductor por fase en 1100 MCM: El monto correspondiente a este ítem ascendió a Bs. 1.237.554,00.

El monto correspondiente a la reingeniería para la ampliación de la Subestación La Vueltosa ascendió a USD 877.477,00 que a la tasa de cambio referencia de Bs. 2,15 por dólar vigente para el 12 de marzo de 2008, equivale a Bs. 1.886.575,50 contra presentación de la fianza correspondiente.

Se modificó la cláusula relativa a la moneda de pago estableciéndose que el precio de la obra sería pagado por CADAFE y/o la República Bolivariana de Venezuela a la contratista en Bolívares y en dólares en concordancia con las condiciones del financiamiento:

— El componente en divisa extranjera se pagaría en dólares con un precio firme sin variaciones.

Se modificó el punto segundo del Addendum B a los fines de incluir anticipo especial y establecer la forma de pago correspondiente a la reingeniería de la ampliación de la Subestación La Vueltosa y la Ingeniería y topografía para la construcción de dos líneas de transmisión desde la S/E Uribante 230 KV en estructura simple terna y doble conductor por fase en 1100 MCM.

En este sentido, el monto total de las obras adicionales contempladas en el Addendum sería pagado por CADAFE a la contratista así: Un anticipo especial por la cantidad de USD 10.000.000,00 que serían cancelados conforme a lo siguiente: a. La cantidad de USD 5.000.000,00 en el mes de mayo de 2008, contra presentación de la fianza correspondiente. b. La cantidad de USD 5.000.000,00 pagaderos en el mes de junio de 2008 por CADAFE y/o la República Bolivariana de Venezuela a través del órgano o entidad financiera que se considerara conveniente.

Por otra parte, la topografía e ingeniería de la línea de transmisión 230 KV se pagaría con un anticipo de 66 por ciento precio del contrato, es decir, por Bs. 817.000 pagaderos en divisa extranjera a la tasa de cambio de referencia de Bs. 2,15 por dólar vigente para el 12 de marzo de 2008, equivalente a USD 380.000,00 que equivalían a Bs. 817.000,00 contra presentación de la fianza correspondiente.

Cien por ciento del monto establecido en el precio del contrato se cancelaría mediante valuaciones debidamente conformadas por la unidad técnica administradora del contrato, pagaderas dentro de los 60 días de su presentación, descontándose de cada valuación un 66 por ciento para amortizar el anticipo dado a la contratista.

La forma de pago de la reingeniería de la ampliación de la subestación La Vueltosa se realizaría, primero, mediante un anticipo de 43,29 por ciento del monto establecido en una de las partes del precio del contrato, a saber, USD 380.000,00 contra presentación de la fianza correspondiente.

Cien por ciento del monto de una parte del precio del contrato se cancelará mediante valuaciones debidamente conformadas por la unidad técnica administradora del contrato, pagaderas dentro de los sesenta días de su presentación, descontándose de cada valuación un 43,29 por ciento para amortizar el anticipo dado a Alstom.

Se precisó que la obra objeto del contrato sería ejecutada y entregada en un plazo de 37 meses más tres meses de desmovilización, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

Se incorporaron al contrato las fianzas correspondientes al anticipo especial, obras complementarias, así como la extensión de la fianza de fiel cumplimiento.

Con respecto al anticipo se debía presentar una fianza equivalente al 15 por ciento del monto del contrato, es decir, Bs. 24.069.450,00, lo cual garantizaría a CADAFE la devolución del anticipo entregado a Alstom para dar cumplimiento a la obra. Esta fianza comenzaría a regir a partir de la fecha en que la contratista lo recibiera y permanecería vigente hasta cuando se haya ejecutado su total reintegro.

Como requisito para efectuar el pago del anticipo especial Alstom debía presentar dos fianzas de anticipo, por la cantidad de USD 5.000.000,00 cada una. Igualmente como requisito para efectuar el pago de los anticipos a la topografía e ingeniería de la Línea de Transmisión 230 KV y la reingeniería de la Subestación La Vueltosa, la contratista tenía que presentar dos fianzas por la cantidad de USD 380.000 cada una.

Alstom debía presentar garantías suficientes por un monto equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato para garantizar a CADAFE, la fiel, cabal y debida ejecución, así como la completa y oportuna terminación de la obra.

Esto se haría así: a) La contratista debía presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, una fianza por un monto equivalente al 10 por ciento de la cantidad de USD 24.069.450,00 para garantizar a CADAFE, la fiel, cabal y debida ejecución así como la completa y oportuna terminación de las obras.

El Addendum E

En fecha 26 de agosto de 2008 la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), representada por su presidente, Hipólito Izquierdo García, y el Consorcio Alstom Power Hidro a su vez representada por Eric Stefani e Silva, firmaron el Addendum “E” al contrato N° 2003-0078-6100 a objeto de hacer algunas modificaciones a sus cláusulas.

Se modificó el punto del Addendum D para incluir un segundo anticipo especial que CADEF otorgaría a Alstom por la cantidad de USD 7.577.212,00 contra prestación de fianza de anticipo correspondiente.

Se indicó que la forma de pago de la topografía e ingeniería de la línea de transmisión 230 KV contemplaba un anticipo del 66 por ciento de lo establecido en la cláusula quinta relativa al precio del contrato, es decir, Bs. 817.000 pagaderos en divisa extranjera a la tasa de cambio de referencia de Bs. 2,15 por dólar vigente al 12 de marzo de 2008, equivalente e USD 380.000,00.

Cien por ciento del monto establecido en el punto 1 del literal B de la cláusula quinta relativa al precio del contrato, sería cancelada mediante valuaciones debidamente conformadas por la unidad técnica evaluadora del contrato, pagaderas a los 60 días de su presentación, descontándose cada valuación un 66 por ciento para amortizar el anticipo de la contratista.

Respecto a la forma de pago de la reingeniería de ampliación de la subestación La Vueltosa, se estableció un anticipo de 43,29 por ciento del monto establecido en el numeral 2 del literal B de la cláusula quinta referida al precio del contrato, a saber, USD 380.000,00 contraprestación de la fianza correspondiente.

Cien por ciento del monto total establecido en citado numeral se cancelaría por valuaciones debidamente conformadas y que sería pagaderas a 60 días de su presentación con el respectivo descuento del 43,29 por ciento para amortizar el anticipo.

Se estableció que por el anticipo especial N° 2 debía incorporarse la finanza correspondiente.

Se modificó la cláusula relativa a las fianzas para incorporar la fianza para el anticipo N° 2.

Alstom debía presentar una fianza de anticipo equivalente al 15 por ciento del monto del contrato, que serían USD 24.069.450,00.

La contratista debía presentar dos fianzas de anticipo por USD 5.000.000,00 cada una.

También, como requisito para el pago de los anticipos por la topografía e ingeniería de la línea de transmisión 230 KV y la reingeniería de la subestación La Vueltosa, la contratista debía presentar dos fianzas por USD 380.000 cada una.

Como requisito para que el pago del anticipo especial tuviera lugar, Alstom debía presentar una fianza de anticipo por USD 7.577.212,00.

Con la Fianza de fiel cumplimiento y retención que consistía en la presentación de suficientes garantías por un monto equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato, Alstom garantizaba a CADAFE la fiel, cabal y debida ejecución, de las obras.

La contratista debía presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, una fianza por un monto equivalente al 10 por ciento de la cantidad de USD 24.069.450,00.

Otro Addendum y prorrogas

En febrero de 2009 se suscribió el Addendum “F” entre CADAFE y Alstom Power HYdro con el objetivo de incorporar la construcción de las dos líneas de transmisión por un monto de Bs. 46.958.022,55 y la ampliación de la subestación La Vueltosa, trabajos que alcanzaban la cifra de USD 2.355.474,00.

Un punto de cuenta a la presidencia de CADAFE con fecha 5 de mayo de 2009, da cuenta de una solicitud de prórroga en el plazo de ejecución del contrato N° 2003-0078-6100 y el Addenda suscrito con el Alstom para la obras de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Se justificaba esta solicitud en el retraso de CADAFE en el pago de las factura N° APB-1972 presentada por la contratista.

El 17 de septiembre de 2009, otro punto de cuenta a la presidencia de CADAFE refería sobre una segunda solicitud de prórroga por 497 días en el plazo de ejecución del ya citado contrato en razón del retardo con que la empresa eléctrica venezolana había cancelado las valuaciones presentadas por la contratista.

Reconocimiento de costos adicionales

Un documento emitido en septiembre de 2009 por Corpoelec, CADAFE y Desurca, es un reconocimiento de los costos adicionales del contrato 2003-0078-6100 otorgado a Alstom Power Hydro para la construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda.

Allí se recuerda que el monto de dicho contrato suscrito el 11 de mayo de 2003 fue de USD 160.463.000,00, con un plazo de ejecución de entre 35 a 37 meses, habiéndose firmado el acta de inicio de los trabajos el 22 de septiembre de 2004.

Se indicaba que adicional al contrato inicial se habían suscrito el Addendum A (16 de julio de 2004), el Addendum B (22 de marzo de 2006), el Addendum C (21 de febrero de 2006), el Addendum D (28 de mayo de 2008), el Addendum E (26 de agosto de 2008), el Addendum F (17 de febrero de 2009).

Se contemplaba que la fecha de finalización del contrato sería el 22 de diciembre de 2008.

Se trataba de una exposición argumental para solicitar a la junta directiva de CADAFE el reconocimiento de los costos adicionales al contrato, sustentado en la prórroga y otros costos no contemplados en la negociación aprobada por DESURCA en el acta de acuerdo referida a las bonificaciones e incentivos monetarios ya ocasionados y por causar durante el lapso de ejecución aprobado.

El documento indica que los costos fijos por mayor permanencia en obra tienen que ver con aquellos costos incurridos en el plazo de la prórroga autorizada, considerando un costo fijo mensual de Bs. 2.934.398 y la aplicación de la variación estimada del índice de precios de 1.90.

Igualmente se refiere a los sobrecostos 12×12 relativos a la nómina de personal de empleados y obreros en lo atinente al pago de horas extras por extensión de la jornada de trabajo en el período comprendido entre octubre 2008 y mayo 2009; el pago de la bonificación por vacaciones decembrinas del año 2009; una bonificación especial cancelada al personal en las actividades de los trabajos asociados a la caja espiral de la Unidad N° 2, ejecutados por SADEVEN, S.A.; la liquidación del personal hasta la conclusión de la obra, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo; otras bonificaciones y sobretiempos.

En tal sentido se pedía a la junta directiva de CADAFE aprobar:

Se contemplaba en la solicitud lo relativo a unos costos ya a acordados, a saber:

La solicitud de reconocimiento de costos:

En la exposición, la presidencia de Desurca en conjunto con la Dirección de Expansión y Generación de Edelca recomendaban a la junta directiva de CADAFE aprobar el reconocimiento por costos adicionales y otras bonificaciones al Contrato 2003-0078-6100, suscrito con el Consorcio Alstom Power Hidro en razón de los gastos fijos en que incurrió el contratista por la ampliación del lapso de ejecución contractual, por bonificaciones especiales, incentivos y sobretiempos ya ocasionadas y previstos a futuro, para la obtención de las metas y consecuente puesta en operación de la Central Fabricio Ojeda.

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Cuando Apoye nació en el año 2000, en las gradas de un club de natación, sus fundadores no creían que más tarde se convertiría en una asociación civil que atendiera y preparara a 70 niños y jóvenes con síndrome de Down.

Raylí Luján/Venezuela Al Día

18 años después de que 6 madres se preocuparan por el futuro de sus hijos con síndrome de Down, que ya culminaban la adolescencia y se adentraban a la vida adulta, Apoye AC garantiza la integración y da el apoyo a estos jóvenes para que desarrollen un proyecto de vida.

“Queríamos hacer algo que fuese bueno para ellos. No había nada en el mercado que completara lo que nosotros considerábamos una buena formación para nuestros muchachos con síndrome de Down y discutiendo, conversando, haciendo lluvia de ideas, nació Apoye”, cuenta Marisela Ramírez Ferrer en exclusiva para Venezuela Al Día.

Ferrer es una de las representantes-fundadoras, que ahora relata con orgullo cómo empezaron en la iglesia de Chuao y luego de que el padre les alquiló uno de los salones, debieron buscar expandirse hacia otra sede debido al alto tráfico de solicitudes.

En la actualidad, las sede que opera en una quinta en la urbanización Chuao, trabaja con 7 niños con síndrome de Down entre 8 y 12 años y 63 adultos entre 15 y 28 años, que en su mayoría han logrado integrarse a la sociedad haciendo labores de oficina o trabajos en comercios.

Cuentan con 3 maestras especialistas y una auxiliar, una terapista ocupacional, una terapista de lenguaje, psicóloga, un profesor de baile y una profesora de teatro.

El arte, precisamente, es una herramienta poderosa a la que Apoye le da el espacio que merece. “El teatro nos da herramientas para la vida, no solo para desenvolverte en público, te da la oportunidad de conocerte a ti mismo, física, emocional y psicológicamente, te da herramientas para entrenar y comprender tu cuerpo. En Apoye, lo hacemos a través del juego.  Las personas con síndrome de Down tienen un suiche directo a la emoción y directo al juego y tener esa conexión, ese vinculo directo es una característica esencial para cualquier persona que quiera hacer actor o actriz”, comenta Juliana Cuervos, actriz y docente de Teatro en la asociación.

Revela que en su primer día de actividades en Apoye, se encontró con una sequía creativa. “No sabía qué hacer ni que contar y fui honesta con ellos y les pregunté que persona querían hacer. Ellos me fueron narrando cuál personaje querían hacer y de así surgió una de las obras más hermosas de mi historia teatral personal y una obra muy linda de Apoye que es “El árbol de la vida”, relata Cuervos.

A esta obra estrenada en 2011, se le hizo renovación de vestuario en 2013, y aún hoy en 2018 se encuentra entre el repertorio de sus integrantes. “Pudimos hacer un doble elenco por primera vez. Hicimos una generación de relevo, como al mejor estilo de la comedia del arte. Personajes que crearon unos, luego los generaron otros. Ellos son maestros para sus otros compañeros”, dice.

Para Juliana Cuervos, ha sido toda una experiencia gratificante su paso por Apoye. También ha sido una sorpresa. Asegura que con las obras de estos jóvenes “se borra cualquier discapacidad o cualquier límite”.

Yasmin Vallenilla, licenciada en educación, mención dificultad en aprendizaje también ve a los niños y jóvenes con síndrome de Down, más allá de la discapacidad que presentan.

“Me siento identificada con ellos, amo mi trabajo. No es más que un trabajo, es algo que hago con pasión. Cada día aprendo más cosas de ellos, y hay veces que uno llega con tristezas, y olvidas todo cuando compartes con ellos. Ellos no tienen rencor, ellos discuten y al rato se piden disculpas y son los mejores amigos, creo que eso es algo que no tenemos los regulares”, exclama.

Vallenilla, que tiene 8 años en Apoye, reconoce que la vocación y su trabajo en Apoye es lo que la sigue atando a Venezuela, a pesar de la crisis que también ha golpeado al ámbito de la educación especial.

“Muchos docentes se han retirado, mucha gente por el transporte se ven afectados. Hay representantes que nos buscan en donde vivimos. Los representantes colaboran y buscan de motivarnos dándonos un almuerzo o un desayuno a la semana. La vocación es lo que nos mantiene aquí porque el sueldo ya no alcanza. En todo el país estamos igual (…) La educación especial está viviendo la parte más difícil, no se consiguen especialistas y uno se pregunta: si yo me voy, ¿quién viene?”, agrega.

Los niños y jóvenes integrantes de Apoye, de los que al menos un grupo de 14 jóvenes ya laboran en Alfonso Rivas, Banesco, Beco y otras grandes compañías del país, también notan la crisis en el país.

“Algunos sí saben sobre la situación del país y dicen que todo está caro. Se molestan y dicen que por culpa del Presidente no comemos como antes, o no pueden ir al paseo, ir al cine o a las piscinas. Por la situación país ya no es lo mismo. Se ha perdido mucha esa calidad. Con ayuda de la psicóloga hacemos programas donde ella les va explicando, ellos dicen sus inquietudes y ella les explica de la mejor manera y lo entienden perfectamente. Se quejan de la situación de transporte o colas en los mercados, se molestan pero tratan de manejarlo de la mejor manera”, señala la joven maestra.

Tanto Yasmin Vallenilla como Juliana Cuervos y Marisela Ferrer coinciden en la necesidad de desarrollar más iniciativas como estas en la Venezuela de hoy. “La discapacidad tiene muchísimas aristas y hoy en día hay una crisis educativa muy intensa. Sabemos que lo mejor es la integración total, es lo que todos queremos, pero también sabemos como es nuestra sociedad. Debemos buscar la integración en los espacios donde ellos estén bien, hacer centros para que ellos aprendan, para que ellos adquieran independencia, todas las destrezas que necesitan para poder tener una vida saludable, independiente, un proyecto de vida para cumplirlo. En el interior del país, hay mucha carencia”, apunta Ferrer.

¿Cómo el hispano puede transformar su cuerpo en 28 días?

Cuervos expresa que se trata de buscarles la autonomía, la independencia, la integración social en todos los ámbitos de la sociedad. “No nada más la inserción laboral en una oficina, o en un restaurante, es también en el arte, en la danza, en el teatro en la pintura. Es ampliarse y entender que la sociedad tiene muchísimas aristas donde ellos pueden insertarse exitosamente”, acota.

Para Yasmin Vallenilla es importante también sensibilizar a la sociedad. “A veces salimos con ellos de paseo y una vez fuimos en la playa, una persona se estaba riendo porque una de las jóvenes estaba tratando de hacer la estrella. La gente lo que hace es burlarse, cree que son unos niños y que no pueden hacer nada. La gente que viene a hacer servicio comunitario se queda sorprendida al ver que leen, que hacen una suma, que hacen cualquier actividad. Ellos son igual que nosotros”, insiste.

Ferrer asegura que hasta ella misma ha sido sorprendida por la poca fe que se tiene en lo que pueden ser capaces los niños o jóvenes con síndrome de Down. Les envía un mensaje a los padres que se encuentran desesperados, tal como alguna vez ella también lo estuvo.

“Lo primero que les voy a decir es que nadie ha dicho que sea fácil. Fácil no es, pero posible sí es. Es posible absolutamente ocuparse de ellos y ayudarles a que tengan la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida”, finaliza.

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Los encargados de tomar decisiones en el complejo refinador de Petróleos de Venezuela S.A., tenían conocimiento de la normativa toda vez que existe una circular del SENIAT identificada bajo el Nº 000070, de fecha 17 de abril de 2018, dirigida a los gerentes de aduanas, en la cual se hace referencia al Decreto Nº 2.795 de fecha 30 de marzo de 2017, publicado en Gaceta Oficial Nº 41.125, de la misma fecha, en el que el Presidente de la República establece restricción para la exportación de los materiales estratégicos, entre los que se mencionan residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel, y demás metales comunes o chatarra ferrosa en cualquier condición.

Asimismo, la Providencia Administrativa Nº 002-2012, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.042, de fecha 2 de noviembre de 2012, establece que, previa autorización de la “Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, corresponde a la Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP), ordenar el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda”, reza en su artículo 1.

Del mismo modo, el artículo 2 de la providencia indica que “la enajenación de los Bienes Públicos bajo la modalidad de venta o permuta, salvo las excepciones de Ley, deberá realizarse mediante un proceso de Oferta Pública a cargo del Comité de Licitaciones del órgano o ente que enajenará el bien”.

Por otra parte, la Gaceta Nº 40.042 que publica la Providencia N° 003-2012, establece que para la enajenación de los Bienes propiedad del Sector Público Nacional regulados por la Ley Orgánica de Bienes Públicos, deberá contarse igualmente con la autorización previa de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, debido a que dicha comisión determinará el precio que servirá de base para la enajenación de dichos bienes.

Agrega que el precio que servirá de base para la enajenación de los Bienes Públicos adscritos a los órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional, será determinado por la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.

La revelación fue proporcionada por fuentes ligadas al caso, que aseguran que el reactor, cuyo peso es de 300 toneladas, fue vendido a la empresa mercantilRecuperadora de Materiales Platinum C.A.. La negociación fue constatada oficialmente, ya que la misma quedó registrada en la Notaría Pública Cuadragésima Primera de Caracas, del Municipio Libertador, Nº 41, Tomo 27, Folios 130 al 133, de fecha 13 de abril de 2018, en la que Bassem Xavier Jammoul Hajali y David José Márquez Lovera, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 18.290.6110 y V-11.742.747 y los Registros de Información Fiscal (RIF) J-18290611-1 y J-11742747-8, respectivamente, estamparon sus firmas en representación de la compañía compradora.

Jammoul Hajali y Márquez Lovera constituyeron la empresa Comercializadora de Metales Gold Main C.A., la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Séptimo del Distrito Capital, en fecha 16 de mayo de 2018, anotada bajo el Nº 71, Tomo 32-A. En la operación del registro se coloca el reactor como el capital de la empresa, afirma las fuentes consultadas.

El plan, agregan nuestros informantes, es desmantelar el reactor y exportarlo para venderlo en una alta cantidad de dólares en complicidad con algunos funcionarios.

Oficialmente, Recuperadora de Materiales Platinum C.A., registrada en el Registro Mercantil Primero del Estado Guárico, bajo el Nº 352-8764, Tomo 44-A PRO, Nº 16, del año 2017. RIF J-41056306-0, está representada por Eligio Molina Sandoval, C.I. V-10.740.505. Los récords oficiales revelan que la empresa habría comprado el reactor mediante documento de asignación emitido por la Gerencia de Comercialización de Recuvensa de PDVSA Industrial S.A., suscrito por su representante, José Villalobos. El referido documento, emitido por la petrolera y que sirvió para materializar la operación, está identificado con el Nº PDVSA-RECV-217-023 REF: 0018-2017-PIN-REC-A-OC, de fecha 15 de diciembre de 2017, el cual se encuentra en la sede de la Planta de Petróleos de Venezuela PDVSA de la Refinería El Palito, Municipio Puerto Cabello, Población El Palito, Estado Carabobo. El precio  de la venta fue de Bs. 25.000.000, como señalamos al principio.

No es chatarra

El objeto de discusión de la operación no estaría centrada en la venta de materiales estratégicas a pesar de estar expresamente prohibido por todas las disposiciones legales antes señaladas que prohíben la comercialización de bienes públicos, sino en el hecho de que existe una denuncia que advierte de que el referido reactor no sería desmantelado, ni convertido chatarra, sino en que presumiblemente el aparato se encuentra operativo y sería sacado de Venezuela en perfecto estado de funcionamiento, asegura la denuncia.

Es de alertar que en el documento de asignación emitido por la Gerencia de Comercialización de Recuvensa de PDVSA Industrial S.A., la petrolera se compromete al desmantelamiento del reactor y a obtener los permisos necesarios, de lo contrario devolvería los Bs. 25.000.000 y Bs. 200.000.000 como indemnización.

Tal desmantelamiento —de acuerdo a la denuncia— estaría muy lejos de concretarse. Las fuentes señalan que  “David Márquez Lovera y Bassem Xavier Jammoul Hajaly estarían en conversaciones con Humberto José Requena Marcovitch, para concretar la venta del reactor por una suma mil millonaria en dólares”.

Requena Marcovitch es propietario de la constructora Maniobras Civiles C.A., empresa contratista del Estado que realizó varias obras en el estado Carabobo durante el mandato de Francisco Ameliach. Igualmente, posee empresas en Orlando y Miami donde tiene negocios desde 2012. En Orlando es dueño de Maniobras Civiles INC en la cual se encuentra asociado a las siguientes personas: Marcelo Tunoni, Carlos Marcovitch, Rolando Quintero, Carlos Sequera, José G. Pérez, Lohannis Carrillo.

La empresas y los responsables están vinculadas con las direcciones que aparecen a continuación:

• 80 SW 8th St Miami, FL 33130
• 1444 Biscayne Blvd Miami, FL 33132
•  3113 Willy Mays Pkwy Orlando, FL 32811
• 1315 NW 98th CtDoral, FL 33172
•  2051 NW 112th AveDoral, FL 33172
•  144 Bscyne Blvd Miami, FL 33132

Requena Marcovitch aparece como propietario de otras cuatro empresas que por ahora están inactivas, a saber:

Materiales Terreos C.A. Inc (2011); Rkg Designs, Inc.(2012); Maniobras Civiles, Inc. (2011) y Avamusa Commodities LLC (2013); CHPM Development 1 INC, (2,3,4)  en asociación con Marcelo Marcial Tutoni, Carlos Marcovitch, Rolando Quintero, y otros.  Las últimas cuatro corporaciones pasaron al estatus de inactivas voluntariamente en 2013.

Tutoni, a su vez,  representa a la empresa AMK Construcciones C.A. registrada por ante el Registro Mercantil III, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 10 de junio de 1999, bajo el Nº 08, tomo 11-A Pro; modificados sus Estatutos Sociales en fecha 22 de abril de 2008, bajo el Nº 79, Tomo 7-A Pro. Esta firma es concesionaria en la explotación de minas de oro en el estado Bolívar.

Una de las fuentes citadas, vinculada al caso, dice que Tunoni está vinculado con el oficial del Ejército, Said Aurelio Cabrera Abraham, con quien mantendría supuestamente negocios ilícitos y una relación de prestanombre. Cabrera ha sido señalado de supuestamente hacer uso incorrecto de las divisas otorgadas por Cencoex.  Cabrera Abraham aparece asociado con Rafael Ernesto Reiter Muñoz en una empresa creada en  Panamá el 15 de octubre de 2014 denominada Inversiones RC 58 INC, bajo el registro 846641y el número de compañía 846641S.

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Un año sin visitar la isla de Margarita es poco pero suficiente para comprobar su alarmante deterioro. La perla del Caribe ha perdido su brillo a causa de la crisis económica, la falta de transporte, las constantes fallas en los diferentes servicios y la inseguridad que también afecta al resto de Venezuela.

Raylí Lujan / Venezuela al Día

Los habitantes del estado Nueva Esparta, quienes además son sus principales productores lo confirman. Adrián Blanco, vendedor de ostras en Playa El Yaque lamenta “lo mal” que la pasan, desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de la República.

“Desde hace dos años atrás, uno no caminaba la playa. Un solo cliente se comía un solo tobo”, agrega Blanco, como parte de su denuncia por la situación que le afecta personalmente, como trabajador y ciudadano.

Los locales ubicados en las principales avenidas como la 4 de mayo y la Santiago Mariño permanecen cerrados desde las 5 de la tarde, cualquier día de la semana. La referencia de actividad comercial que se tenía en la isla también ha mermado.

La llegada de turistas extranjeros es la que da oxígeno a los habitantes de la isla. La proporción no es la misma en comparación con años anteriores, pero permite sobreponerse de la falta de visitantes nacionales.

“Turistas nacionales, imposible. Si llegan, pero muy poco. Y a nivel de compra, estos se escapó de las manos. El poder adquisitivo del venezolano es nulo totalmente. El colombiano, el argentino, el ecuatoriano y el brasileño, es lo que está llegando. Les resulta más por el cambio”, cuenta un vendedor de suvenir en los alrededores del Castillo Santa Rosa.

Otros vendedores de la misma rama, que hacen vida en las afueras de la Basílica Nuestra Señora del Valle también recalcan la baja afluencia durante las fiestas patronales.

“Ya no es la misma. Las fiestas han bajado, por la inseguridad y el transporte. Las temporadas que se veían aquí, han sido fatal. Las cosas no han estado bien. Ya no es lo mismo. Sobrevivimos encomendándonos a Dios y a la Virgen”, relata Fernando González, vendedor de artesanía y objetos religiosos.

Cabillas oxidadas, tierra y piedras es lo que se observa del Paseo Peatonal (bulevar) de Playa El Agua (Margarita), prometido por el gob para 2019. Al proyecto se le aprobaron más de $70 millones, según lugareños que critican la paralización y la demolición de locales comerciales pic.twitter.com/ZmI3jvt1Zc

— Raylí Luján (@RayliLujan) July 14, 2018

En medio de la dura realidad, la esencia de los margariteños se mantiene. Su cordialidad y sus ganas de salir adelante les permite combatir la crisis con trabajo incansable, esperanzados en que una mejor Venezuela llegará.

“Hay que salir adelante. Echarle ganas al trabajo. Es la única manera para tratar de sacar a Venezuela adelante”, exclama Rubí Castaño, una reconocida vendedora de empanadas en el mercado de Conejeros, que se niega a ceder ante la crisis en el país.

Como ella, Oliver y Albert, dos niños margariteños que cantan en Playa El Agua para obtener ganancias que puedan llevar a su hogar. Y mientras ponen su granito de arena, haciendo lo que más les gusta, luchan también por el sueño de verse en una tarima “como los grandes”.

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De una obra que debió ejecutarse en 22 meses aún se desconoce el estado de los trabajos sin que tal situación haya llevado a la Corporación Eléctrica Nacional a ejecutar las cláusulas de penalización previstas en el contrato por el incumpliendo de los compromisos adquiridos a la firma del mismo.

Maibort Petit / Venezuela al Día

 Trabajos que debieron concluirse el 24 de mayo de 2014 de acuerdo a lo establecido en el contrato que firmaron Corpoelec y la empresa EMA Electromecánica S.A., terminó extendiendo su plazo, primero, hasta 28 de febrero de 2016 y, posteriormente, hasta el 28 de abril del 2017, sin que a la fecha se tenga noticia de su finalización y sin que la empresa eléctrica estatal tomara las acciones legales pertinentes dirigidas a resarcir al patrimonio público venezolanos por los daños causados.

EMA Electromecánica S.A. una importante firma argentina, fue una de la fue una de las dos empresas que fueron excluidas por el exministro del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), Julio de Vido, del programa de trabajo para la provisión de materiales eléctricos a Venezuela, según denunció en su momento el subsecretario de Integración Latinoamericana de la Cancillería de la nación sureña, Eduardo Sigal. Se decía en las investigaciones que se llevaron a cabo en aquel momento, que el propio exembajador Eduardo Sadous, aseguró que las empresas seleccionadas debían pagar comisiones al  Ministerio de Planificación argentino para poder vender a Venezuela.

“El conflicto surgió porque en esos encuentros se había dejado afuera a dos compañías de probada trayectoria que ya venían participando de las rondas de negocios y que tenían experiencia comprobada en su rubro y en la venta a Venezuela. Se trata de Hidro-Grubert, fabricante de grúas, y EMA Electromecánica S.A., proveedora de celdas eléctricas”, reza una nota del diario Clarín que hace referencia al hecho.

La información agrega que José María Olazagasti —secretario privado de Julio De Vido que usurpaba en la práctica las funciones de los verdaderos funcionarios gubernamentales— habría sido el responsable de la exclusión de las citadas empresas, una decisión que habría sido avalada por la entonces presidenta Cristina Fernández cuando llegó a Venezuela para firmar acuerdos. Desde entonces, las empresas emprendieron una campaña de reclamo a objeto de ser incorporadas al programa.

La diligencia a todas luces tuvo sus frutos y el contrato al que haremos referencia en estas páginas así lo prueba. Sin embargo, el prestigio de EMA Electromecánica S.A. quedaría en entredicho —al menos en Venezuela— dado el incumplimiento de los compromisos adquiridos con Corpoelec que aquí narramos.

Según su página web, EMA Electromecánica S.A es la más importante empresa en Argentina, así como un importante referente en América Latina “dedicada a la producción de equipos electromecánicos de maniobra fabricados con la última tecnología disponible a nivel mundial”.

El directorio de esta empresa, de acuerdo al portal Dateas, está integrado, tal como lo establece el “Acta de Asamblea General Ordinaria N° 55 del 2 de diciembre de 2014 y Acta de Directorio N° 115 del mismo día, este último órgano quedó integrado así: Presidente: lng. Eduardo Roberto Montich; Vicepresidente: Juan José Pinheiro Pinto; Director Titular: Rodolfo Daniel Sormani; Síndico Titular: Dr. Hugo Colella; Síndico Suplente: Dr. Miguel Ángel Llaneza. Ernesto Bonsignore, Contador Público. S.I. 40.018 Edicto publicado en la página 23 del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires del Miércoles 1 de Julio de 2015“.

El contrato

El 2 de marzo de 23012, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) representada por su presidente Argenis de Jesús Chávez Frías, contando con la autorización que le otorgaba la resolución N° DIR-0808 de fecha 8-12-2011 de la junta directiva de la empresa estatal, por un parte, y por la otra, la empresa EMA Electromecánica S.A., representada por su apoderado Juan José Pinheiro Pinto, suscribieron el contrato NCO-CAP10-001-2012, cuyo objetivo se define en la cláusula primera del mismo, la cual establece que la contratista “se compromete por su exclusiva cuenta, con personal, equipos, materiales y elementos propios a ejecutar para todas las actividades inherentes al suministro DDU y montaje  de los juegos de celdas para varias subestaciones enmarcadas en el programa de reemplazo de celdas de media tensión con seguridad ampliada en el sistema eléctrico nacional  bajo los convenios de cooperación entre Argentina, Portugal y Venezuela.

El alcance de la obra comprendía la ingeniería, fabricación de 52 juegos de kV Celdas 13,8 kV para fas subestaciones indicadas por la Contratista en su oferta; el flete y seguro hasta Puerto Cabello; gastos de importación; transporte terrestre nacional; montaje y pruebas en sitio; e ingeniería y supervisión.

De lo atinente a los gastos de importación, transporte terrestre, montaje y pruebas se encargaría Atimeca C.A., representante de la contratista en Venezuela, la cual, además, sería la receptora del componente nacional contemplado en el precio del contrato.

Esto último estaba estipulado en la cláusula tercera, en la cual se indicaba que el monto de la negociación era de USD 46.392.698,37 calculado a una tasa de Bs. 4,30 por dólar vigente para el 11 de noviembre de 2011 y que eran equivalentes Bs. 199.488.602,99, por concepto de Componente Importado.

El componente nacional era de Bs. 25.925.029,70.

En tal sentido, el precio total estimado del contrato ascendía a BS. 225.413.632,69, discriminado de la siguiente forma:

Lo correspondiente a la forma de pago quedó estipulado en la cláusula cuarta, en donde quedó sentado que lo referido anteriormente sería pagado por Corpoelec de la siguiente manera:

— Una parte en dólares de los Estados Unidos de América, lo cual correspondía a los juegos de celdas fijas y móviles (Suministro CIF, Pruebas de Rutina en Fábrica Extranjera con Asistencia de Inspectores de CORPOELEC, Ingeniería y Supervisión). Lo cual contemplaba un anticipo equivalente al 50 por ciento del monto cotizado en dólares, es decir, USD 19.920.550,58 equivalentes Bs. 85.658.367,49 calculados a tasa de cambio de Bs. 4,30 por dólar. Esta cantidad sería pagadera por transferencia bancaria dentro los 60 días de siguiente a la presentación de las facturas correspondientes.

Este componente en dólares también comprendía el suministro CIF de los juegos de celdas fijas y móviles, equivalente al 20 por ciento del monto cotizado en dólares para el componente importado por estos conceptos, descontando el 50 por ciento, es decir, USD 3.784.398,95 equivalentes a Bs. 16.272.915,48, pagaderos a través de transferencia bancaria.

Otro 40 por ciento del monto cotizado en dólares para el componente importado estaba destinado a cubrir lo relativo a estos conceptos con la respectiva deducción del 50 por ciento del anticipo, es decir, USD 7.568.797,90, equivalentes a Bs. 32.545.830,97.

Igualmente, 30 por ciento del monto cotizado en dólares, descontando el 50 por ciento del anticipo, es decir, USD 5.676.598,43 equivalente a Bs. 24.409.373,25

También 10 por ciento del monto cotizado en dólares, descontando el 50 por ciento del anticipo, es decir, USD 1.892.199,48, equivalentes a Bs. 8.136.457,76.

El monto cotizado en dólares contemplaba la cancelación de lo relativo a las pruebas de rutina en fábrica extranjera con asistencia de inspectores de Corpoelec, ingeniería y supervisión. El 100 por ciento del monto cotizado en dólares para el componente importado por estos conceptos, descontando el 50 por ciento del anticipo, es decir, USD 998.555,82 equivalentes a Bs. 4.293.790,03.

Este componente importado cubriría los gastos relativos a materiales asociados, siendo que USD 6.551.597,22 equivalentes a Bs. 28.171.868,05. Asimismo, 30 por ciento del monto cotizado en dólares para el componente importado de este concepto, es decir, USD 1.965.479,17 equivalentes Bs. 8.451.560,43.

Cuarenta por ciento del monto cotizado en dólares para el componente importado de este concepto, es decir, USD 2.620.638,89, equivalentes a Bs. 11.268.747,23.

El monto cotizado en dólares para el componente importado de este concept de 30 por ciento, es decir, USD 1.965.479,17 equivalentes a Bs. 8.451.560,43.

— Las parte pagadera en bolívares comprendía el anticipo del 50 por ciento del monto cotizado en moneda nacional, es decir, por Bs. 12.962.514,85, pagaderos a Atimeca C.A., representante en Venezuela de la empresa Ema Electromecánica S.A. dentro de los 60 días siguientes a la presentación y conformación de las facturas y documentos relativos a la valuación de anticipo, fianza de anticipo y acta de inicio.

Igualmente contemplaba el monto pagadero en bolívares lo correspondiente a las valuaciones, estableciéndose el 100 por ciento del monto cotizado en moneda nacional descontando el 50 por ciento del anticipo, es decir, Bs. 12.962.514,85.

La cláusula quinta rezaba sobre el plazo de ejecución del objeto del contrato era de 22 meses contados a partir de la fecha de la firma del contrato, pago del anticipo y firma del acta de inicio.

La distribución de juegos de celdas y celdas móviles sería por entregas parciales, indicándose que la primera debía hacerse en sitio el mes ocho, mientras las sucesivas se realizarían a razón de una entrega por mes.

El contrato contemplaba una serie de garantías en la cláusula sexta. A saber: Fianza de Anticipo por Bs. 12.962.514,85 para el componente en bolívares y de USD 19.920.550,58 para el componente extranjero; Garantía de fiel cumplimiento de Bs. 3.888154,46 para el monto cotizado en bolívares y de USD 6.958.904,75 para el componente extranjero; Garantía laboral de Bs. 2.005.714,19.

En la cláusula décima primera se estableció que el contratista podía solicitar variación en el precio de las partidas del contrato, cuando los costos de los materiales, equipos, suministros, fletes y otros insumos variaran como consecuencia directa de medidas arancelarias o de regulaciones adoptadas por el gobierno nacional.

La cláusula décima sétima del contrato hace mención a las penalidades que tendrían lugar en caso de que la contratista no cumpliera con los plazos de ejecución si esto ocurriese por motivos imputables a ella, por lo que debía pagar a Corpoelec “una penalidad que será calculada considerando la parte en retraso del monto contractual actualizado del Contrato a la fecha de la sanción por cada día de retardo en la entrega de los trabajos objeto del Contrato en retraso, hasta que los mismos estén totalmente terminados y recibidos por Corpoelec a su entera satisfacción”.

Se estipulaba que dicha penalidad sería por la cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) por cada día de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato en retraso, hasta que los trabajos estuvieran concluidos a satisfacción de la empresa eléctrica estatal. “El monto de esta penalidad no excederá del quince por ciento (15%) del monto definitivo de la parte en retraso” del contrato.

Se advertía en el contrato que esta penalidad no exoneraba a la contratista de cualquier reclamación que Corpoelec pudiera exigir como indemnización a consecuencia de los daños ocasionados por el retraso.

Se previeron el resto de las formalidades que contemplan este tipo de contratos.

El primer Addendum

En fecha 23 de abril de 2015, se suscribió el Addendum 1 al contrato NCO-CAP10-001-2012 cuando Wilfredo José Morales Márquez designado por el presidente de la Junta Interventora de la empresa estatal, estampó su firma en representación de Corpoelec, mientras que por EMA Electromecánica S.A. lo hizo su apoderado Juan José Pinheiro Pinto.

Este documento ratificó el precio del contrato USD 46.392.698,37 equivalentes a Bs. 199.488.602,99 por concepto del componente importado, más la cantidad Bs. 25.925.029,70 por concepto del componente nacional, para un total de estimado de Bs. 225.413.632,69.

Refiere que en razón de que el plazo de ejecución del contrato era de 22 meses y al haberse producido, según el informe N° GPIO-RC-0007/15 de fecha 10 de febrero de 2015, la Gerencia General de Proyectos Mayores informó que una serie de eventos de orden técnico tuvieron lugar que las obras culminaran en el tiempo previsto (24 de mayo de 2014), por lo que la contratista solicitó diversas prórrogas las cuales totalizan 645 días contados a partir del 25 de mayo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2016, las cuales fueron consideradas procedentes por la Unidad Administradora y sometidos a aprobación de la Junta Directiva.

La resolución DIR-JD-010 de fecha 24 de febrero de 2015 de la junta directiva de Corpoelec aprobó el punto presentado referido a esta prórroga.

Se indica en el Addendum que dado que la prórroga abarca dos ejercicios fiscales, la ejecución de la contratación en el ejercicio fiscal 2016 estaría supeditada a la disponibilidad presupuestaria para el citado ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en las leyes y la Constitución.

Se estableció que las erogaciones serian imputadas de la siguiente manera:

Área Funcional: P053AE003; Fondos: Propios; Centro Gestor: C04100000; Programa Presupuestario: TR-2201-0113-12-12522105 Posición Presupuestaria: 4.04,02.01.01; Monto: Bs. 178.302.786,00

Se advierte que los recursos financieros para cubrir las erogaciones de la negociación en el año 2015 estaban aprobados mediante fuente de financiamiento FONDEN, según Punto de Cuenta N° 001-2013, Proyecto: Procura de Transformadores, Equipos de Medición y Protección para los Sistemas de Transmisión y el Proyecto: Construcción, Ampliación, Mantenimiento, Rehabilitación de Líneas de Transmisión de 115, 230, 400 y 765 KV a Nivel Nacional.

Entretanto, la ejecución de esta contratación durante el ejercicio fiscal 2016 quedaba supeditada a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio que corresponda, así como a la verificación del

Segundo Addendum

Para el 7 de junio de 2016 se firmó el segundo Addendum al contrato NCO-CAP10-001-2012.

En representación de Corpoelec acudió el gerente general de proyectos mayores, Daniel Eduardo Machado Gómez, debidamente facultado para el acto, mediante Punto de Cuenta N° PMAY-PCPC-067-2016 de fecha 26 de abril de 2016.

Por la empresa EMA Electromecánica S.A., lo hizo su apoderado Juan José Pinheiro Pinto.

El objetivo de este contrato complementario fue modificar la cláusula segunda del contrato, la cual quedó redactada de la siguiente manera:

“El presente Contrato está integrado por los siguientes documentos, en el orden de prelación que se cita a continuación: 1) El presente Documento Principal, sus Adenda N° 1 y N° 2″. (2) Oferta de la contratista, referenciada bajo el Nro. EMA 04/PT-10.209 Rev. F, de fecha 11 de noviembre de 2011. (3) Minuta de Revisión de Oferta de fecha 18 de noviembre de 2011. (4)    Comunicación de Ema Electromecánica S.A. Ref. 04/PT-10.209 Rev. F, de fecha 21-11-2011. (5) Garantía de Anticipo, Fiel Cumplimiento, Laboral, y Póliza de Responsabilidad Civil. (6) Documentación Legal de la contratista en poder de Corpoelec. (7) Cualesquier otros documentos posteriores a la firma del presente Contrato, aprobados por Corpoelec y la contratista, en cuanto a su especialidad privarán sobre las cláusulas del presente documento. Si alguno de los documentos complementarios a que se refiere este numeral contiene una modificación sustancial del presente Contrato, deberán cumplirse previamente los mismos requisitos y trámites que exige Corpoelec para celebrar el presente contrato”.

También se modificó la cláusula quinta relativa al Plazo de Ejecución para incluir una prórroga por un período de 425 días, contados desde el 29 de febrero del 2016 (fecha inmediata a la terminación del plazo previsto en el Addendum 1 hasta el 28 de abril del 2017, aprobada en el Punto de Cuenta PMAY-PCPC-067-2016 de fecha 26 de abril de 2016, la cual ha quedado redactada de la siguiente manera:

La nueva redacción fue así:

“El plazo de ejecución del objeto del presente contrato es de veintidós (22) meses, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, pago del Anticipo y firma del Acta de Inicio; prórroga de seiscientos cuarenta y cinco (645) días contados a partir del 25 de mayo del 2014 hasta el 28 de febrero de 2016, correspondiente al Addendum 1; más una prórroga por cuatrocientos veinticinco (425) días, contados desde el 29 de febrero de 2016 hasta el 28 de abril de 2017, correspondiente al presente Addendum.

“La distribución de juegos de celdas y celdas móviles será por entregas parciales, siendo la primera entrega en sitio, en el mes ocho (8); y, las sucesivas se realizarán a razón de una entrega por mes, conforme al detalle de entrega indicado en la Minuta de fecha 18-11-2011”.

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Dramática situación de los venezolanos que llegan caminando a Ecuador
Video: @jorgesfotografia y @gabydominguez08 pic.twitter.com/PfMoRRlVt3

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) August 6, 2018

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Durante la gestión del hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, se firmaron una serie de contratos que, fuentes aseguran, supuestamente fueron otorgados irregularmente a empresas cuyos propietarios son allegados de Argenis Chávez.

Maibort Petit/Venezuela Al Día

La gestión de Argenis Chávez al frente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, sigue dando de qué hablar al surgir constantemente pruebas sobre las supuestas irregularidades por él cometidas en una administración que, a decir de los críticos, sólo sirvió para que la crisis del sector eléctrico se exacerbara. A nuestras manos llegan una serie de contratos que, nuestros informantes aseguran, fueron adjudicados a empresas cuyos propietarios o representantes están ligados a quien hoy día ostenta la gobernación del estado Barinas.

Se trata, asevera la fuente, de unos nombres que se repiten constantemente entre los seleccionados por la corporación como adjudicatarios de los contratos, empresarios y ganaderos de la zona que, luego de la salida de Chávez de Corpoelec supuestamente comenzaron a recibir contratos por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, DEM, cuando este fue designado para dirigirla.

Motta Dominguez “Le sabe un secreto” a Maduro ante desastre eléctrico

La gestión al frente de Corpolec de Argenis Chávez se desarrolló entre el 6 de septiembre de 2011 y el 22 de abril de 2013, cuando este ingeniero eléctrico dejó el cargo al ser designado como cabeza de la DEM sin más aval que ser familiar directo del finado expresidente Hugo Chávez Frías. En la actualidad se desempeña como gobernador del estado Barinas electo el 15 de octubre de 2017[1]. Forma parte de los 18 funcionarios sancionados por el gobierno canadiense el 3 de noviembre de 2017, al considerarlos como “responsables, o cómplices, de graves violaciones a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, han cometido actos importantes de corrupción o han hecho ambas cosas”[2]. En el informe que la Asamblea Nacional a través de una comisión mixta desarrolló acerca de crisis eléctrica que padece Venezuela, se recomendó investigar los proyectos contratados y ejecutados durante su gestión al presumirse “posibles sobrecostos” en las mismas[3].

Su llegada a Corpoelec coincidió con agudizamiento de la crisis eléctrica en Venezuela y tal y como ocurrió con el resto de las posiciones que ha ocupado en la administración pública, siempre se le ha asociado a hechos irregulares[4].

Su renuncia a Corpoelec fue celebrada por los trabajadores de la empresa eléctrica estatal, quienes denunciaron a Argenis Chávez de supuestamente ser el responsable de la pérdida de USD 4.500 millones que habían sido aprobados para la conclusión de Tocoma y la restauración de las turbinas en el Complejo Hidroeléctrico de Guri, refiere el portal Resistencia Venezuela[5].

Igualmente lo acusan de haber impulsado una cacería contra trabajadores, básicamente por supuestos actos de sabotaje a la infraestructura y cometer presuntos fraudes contra los usuarios, como una forma de justificar las deficiencias del servicio. Fuentes vinculadas a la estatal aseguran que durante la gestión de Chávez aumentaron los problemas de la empresa, entre ellos las deudas por pasivos laborales y las carencias de insumos”[6].

En esta entrega nos referiremos a un conjunto de contratos entregados a un grupo de empresas que, según nuestros informantes, como ya dijimos, se encuentran ligados a Argenis Chávez.

Seriado de contratos

En una fecha que no podemos determinar de 2012, pues no la muestran los documentos que están en nuestro poder, se produjeron una serie de contrataciones con base a la necesidad de atender “la contingencia para la limpieza de corredores de servicio y vías de acceso de las líneas de transmisión de 115, 138 y 230 kv, perteneciente de centro de transmisión occidental”, también en “las líneas 765, 400, 230 y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur”, así como del “sistema de transmisión central” de la Corporación Eléctrica Nacional.

Los contratos son similares y establecen que la vigencia de los mismos será hasta el momento en que se produzca la entrega del finiquito correspondiente, estimándose un tiempo de ejecución de los trabajos de cuatro meses.

Los contratos prevén una fianza de anticipo equivalente al 100 por ciento del mismo, una fianza de cumplimiento del 15 por ciento del contrato sin IVA, una fianza laboral del 10 por ciento de la mano de obra sin IVA, así como pólizas de RCG, de RCP y RCV.

En las próximas líneas mostraremos a nuestros amables lectores los números de contrato, la denominación de las empresas contratadas, número de Registro de Información Fiscal (RIF), el nombre de sus representantes legales, el precio de los contratos y el monto de los anticipos que en todos los casos fue del 50 por ciento del total contratado.

Así tenemos que el contrato Nº NCO-CAP10-0157/2012 lo suscribió la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) con la empresa Oficina Técnica de Construcción Oftenconsa S.A., RIF J-00291405-0, representada por Alfredo Peche. Se atendería la contingencia para la limpieza de corredores de servicio y vías de acceso de las líneas de transmisión de 115, 138 Y 230 kv, perteneciente de centro de transmisión occidental.

El cual precio del contrato (incluido en IVA) fue de Bs. 1.074.507,59 y el anticipo era de Bs. 479.690,89.

El contrato N° NCO-CAP 10-0130/2012 se firmó con la empresa Sormimar C.A., RIF J-302422922, representada porDomingo Bosco Ostuni, para la atención de las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente.

La negociación tenía un precio Bs. 5.268.551,76 de los cuales se pagaría un anticipo de Bs. 2.352.032,03.

El contrato NCO-CAP10-0129/2012 se suscribió con Construcciones Copresca C.A., RIF J-00297102-9, representada por Alfredo Peche Lugo, para atender las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

El precio del contrato era de Bs. 5.752.379,81 con un anticipo de Bs. 2.568.026,70 equivalente al 50 por ciento del total de la negociación.

El contrato NCO-CAP10-0128/2012 se firmó con Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, representada por José Cárdena Obando, para la atención de las líneas 765, 400 y, 230  Kv del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

El monto del contrato era de Bs. 5.841.742,26, estableciéndose un anticipo de Bs. 2.607.920,65.

El contrato N° NCO-CAP 10-0113/2012 se firmó con la empresa Sormimar C.A., RIF J-302422922, representada por Domingo Bosco Ostuni, igual, para la atención a la contingencia para la limpieza de corredores de servicio y vías de acceso de las líneas 765, 400, 230 y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur de Corpoelec.

El precio del contrato fue de Bs. 11.730.111,03 con un anticipo de Bs. 5.236.656,71.

Co la empresa con Inversiones Kapes C.A., RIF J-30935502-3, representada por Pedro Arzola, se suscribió el contrato NCO-CAP-10-0114/2012 para atención de las líneas 765, 400, 230 Y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur de Corpoelec.

El monto del contrato que se ejecutaría en 4 meses era de Bs. 9.337.374,48 con un anticipo de 50 por ciento, es decir, Bs. 4.168.470,75.

El contrato NCO-CAP10-0115/2012 se firmó con Construcciones Copresca C.A., RIF J-00297102-9, representada por Alfredo Peche Lugo, para atender líneas 765, 400, 230 Y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur de Corpoelec.

El monto del contrato fue de Bs. 6.081.346,49, con un anticipo del 50 por ciento equivalente a Bs. 2.714.886,82.

Con Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, representada por José Cárdenas Obando, se firmó el contrato N° NCO-CAP10-00116/2012, para la atención de las líneas 765, 400, 230 Y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur de Corpoelec.

El monto de contrato era de Bs. 6.848.202,96 con un anticipo de Bs. 3.057.223,46.

Entretanto el contrato N NCO-CAP 10-0122/2012 se suscribió con Constructora Clomat C.A., RIF J-09028146-0, representada por Manuel Edgardo Mansilla, para la atención de las líneas 765, 400 Kv,  del sistema de transmisión central de Corpoelec.

El precio del contrato fue de Bs. 5.665.688,77 con un anticipo de Bs. 2.529.325,35.

El contrato NCO-CAP-10-0123/2012 fue suscrito con Inversiones Llaneras C.A., RIF J-31963900-3, representada por Carlos Linares, para la limpieza de corredores de servicio y vías de acceso de las líneas 765, 400 Kv  del sistema de transmisión central de Corpoelec.

El precio del contrato fue de Bs. 5.301.904,94 con un anticipo de 50 por ciento igual a Bs. 2.366.921,85-

El contrato NCO-CAP10-0124/2012 con la Asociación Cooperativa Proconva R.L., RIF J-29707477-5, representada porAndrés Gómez atendería las líneas 765, 400 Kv,  del sistema de transmisión central de Corpoelec.

El monto del contrato fue de Bs. 8.052.501,55 con un anticipo de Bs. 4.026.250,77.

El contrato NCO-CAP10-0126/2012 con la empresa Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, representada por José Cárdenas, a su vez atendería las líneas 765, 400 Kv,  del sistema de transmisión central de Corpoelec.

El precio del contrato era de Bs. 3.760.929,75 con un anticipo del 50 por ciento igual a Bs. 1.678.986,49-

El contrato N° NCO-CAP 10-0130/2012 con la empresa Sormimar C.A., RIF J-302422922, representada por Domingo Bosco Ostuni, era para atender las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

El monto del contrato fue de Bs. 5.268.551,76 con un anticipo de Bs. 2.352.032,03.

Con la empresa Inversiones Kapes C.A., RIF J-30935502-3, representada por Pedro Anzola, se firmó el contrato NCO-CAP-10-0127/2012 para la atención de las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

El precio del contrato fue de Bs. 10.440.562,21 con un anticipo de Bs. 4.660.965,27.

El contrato NCO-CAP10-0129/2012 con Construcciones Copresca C.A., RIF J-00297102-9, representada por Alfredo Peche Lugo atendió las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de CORPOELEC.

El monto del contrato era de Bs. 5.752.379,81 con un anticipo de Bs. 2.568.026,70.

Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, representada por José Cárdenas Obando firmó con Corpoelec el contrato N° NCO-CAP10-0128/2012 para la atender las líneas 765, 400 y, 230  Kv del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

El precio del contrato era Bs. 5.841.742,26 con un anticipo de Bs. 2.607.920,65.

El contrato NCO-CAP-10-0127/2012 con Inversiones Kapes C.A., RIF J-30935502-3, representada por Pedro Anzola las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

El precio del contrato fue de Bs. 10.440.562,21 con un anticipo del 50 por ciento de Bs. 4.660.965,27.

El contrato NCO-CAP 10-0130/2012 le correspondió a la empresa Sormimar C-A., RIF J-302422922, Domingo Bosco Ostuni, y debía atender las líneas 765, 400 y, 230  Kv del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

El monto del contrato fue de Bs. 5.268.551,76 y el anticipo de Bs. 2.352.032,03.

Las empresas

Sormimar C.A., RIF J-302422922, según el portal Pymes Venezuela[7] es una empresa que cuenta con seis trabajadores y tiene por objeto llevar a cabo “construcciones públicas y privadas; inversiones; compras, ventas y administración de muebles e inmuebles; avalúos; importaciones y exportaciones; contabilidades en general; y otras actividades de licito comercio conexas o no al objeto de la sociedad”. Tiene su sede  en el sector Centro Av. Marqués del Pumar E/Av. Cruz Paredes y Calle Camejo Centro Comercial Galería Don Enzo Local 2B, Barinas, estado Barinas. Teléfonos; (0273) 4149011, 4149018,  (0414) 5687651. Correo electrónico: sormimarca@cantv.net. Esta empresa aparece activa en Registro Nacional de Contratistas[8], RNC[9].

La compañía está representada por Domingo Bosco Ostuni[10], quien según el portal Dateas, nació el 22 de agosto de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-4.928.539. Puede ser ubicado en la Parroquia El Carmen de Barinas[11].

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS[12], refiere que Domingo Bosco Ostuni Del Rio ingreso al sistema el 16 de agosto de 2011 a través de la empresa Sormimar C.A. cuyo número patronal es K14014954, en la actualidad aparece como activo y su fecha de contingencia es el 22 de agosto de 2020. Acumula 403 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados equivalentes a Bs. 6.136.868,11.

Empresa argentina incumplió contrato con la venezolana Corpoelec

El Registro Electoral Permanente señala que sufraga en el Grupo Escolar Carlos Soublette de la parroquia El Carmen, Urbanización 23 de Enero.

Construcciones Copresca C.A., RIF J-00297102-9, es una empresa que cuenta con cinco trabajadores y está dedicada a la “explotación de todo lo relacionado con el ramo de la construcciones, proyectos, remodelaciones y similares del ramo, trabajos de electricidad, plomería, pintura, proyectos y mantenimiento de jardines, así como realizar operaciones mercantiles o civiles, mobiliarias o inmobiliarias, que se relacionen directa o indirectamente con las actividades enunciadas y en general para efectuar toda clase de operaciones de licito comercio”, según indica el portal Pymes Venezuela. Tiene su sede en la urbanización Parque Central, avenida Lecuna, edificio Tajamar, piso 7, oficina 7, Caracas, Distrito Capital. Teléfono; 0212) 5732110[13]. Se encuentra activa en el Registro Nacional de Contratistas, RNC[14]

La empresa está representada por Alfredo José Peche Lugo[15], quien de acuerdo a Dateas tiene su residencia o es ubicable en Alto Barina, Barinas, estado Barinas. Nació el 6 de junio de 1964 y su número de cédula de identidad es V-6.815.362[16].

Su cuenta individual en el IVSS revela que ingresó al sistema el 1° de noviembre de 2016, a través de la empresa Oftenconsa S.A. cuyo número patronal es D14094087. Se encuentra activo y su fecha de contingencia el 6 de junio de 2024. Acumula 982 semanas cotizadas para un total de salarios que suman Bs. 6.942.046,47[17].

Sufraga en la Escuela Básica Bolivariana Las Palmas de Alto Barinas, urbanización Las Palmas.

Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, es una compañía con cuatro trabajadores, dedicada a los “servicios de comedores industriales, restaurantes, cafetines, y club donde existen restaurantes y cafetines. Servicios de despacho de hortaliza, frutos y verduras. Todo lo relacionado con la construcción de obras civiles, eléctrica y mecánica, mantenimiento de infraestructura, así como también la compra y venta de materiales para la construcción, mercancía en general, inversiones en general de bienes inmuebles y muebles, así como la administración de ellos. Asesoramiento, administración y contables. Mantenimiento, construcción de parques y movimientos de tierra. Canalización y todo lo relacionado con el objeto principal”. Su sede es en la urbanización Alto Barinas, av. El Progreso, Residencias Karuay N° 38, Barinas estado Barinas. Teléfono: 0273-320681 y 04145677968[18]. Se encuentra habilitada en el Registro Nacional de Contratistas[19].

La empresa está representada por José Aymeiric Cárdenas Obando[20], nacido el 28 de mayo de 1967 y titular de la cédula de identidad N° V-9.473.090. Se le ubica en Alto Barinas, estado Barinas.

Ingresó al sistema de seguridad social el 15 de noviembre de 2004, a través de la empresa Servicomen C.A. con el número patronal K14011546. Se estatus es activo y su fecha de contingencia es el 28 de mayo de 2027. Acumula 968 semanas cotizadas y su total de salarios cotizados es de Bs. 6.161.115,94[21].

Ejerce su derecho al voto en la Escuela Básica Bolivariana Las Palmas, de la urbanización Las Palmas, Alto Barinas.

Inversiones Kapes C.A., RIF J-30935502-3, de acuerdo al portal ASD Phone es una empresa ingenieros consultores dedicada a la “construcción, proyectos, mantenimientos e inspección de obras civiles, eléctricas, electromecánicas, hidráulicas, estructurales y sanitarias, relacionadas con el área industrial, comercial, agrícola y residencial tales como viviendas, edificios, cloacas y acueductos, fundaciones, Movimientos de tierra, vialidad agrícola, construcción de carreteras.

La compañía está ubicada en Barinas se puede localizar alado del Teatro Regional, frente al Barrio Santo Domingo, Av. Industrial, Casa 3, Barinas, estado Barinas. Teléfono: +58 (414) 123-4564.

Inversiones Kapes C.A. está representada por Pedro Anzola[22].

Constructora Clomat C.A., RIF J-09028146-0, es una empresa que cuenta con 30 trabajadores y está dedicada a la construcción de brocales, parques, aceras, acueductos, control y mantenimiento en aguas de piscinas y pozos perforados, análisis físico-químico y examen bacteriológico, además de servicio de transporte de equipos, materiales de construcción, entre otras. Su sede está en el Barrio El Cambio, calle B, N° 037, Barinas, estado Barinas. Teléfono: 0273-5322561, 5322485 y 0414-5670504[23]. Está inscrita en RNC y habilitada para contratar[24].

Está representada por Manuel Edgardo Mansilla, quien nació el 7 de diciembre de 1969 y es titular de la cédula de identidad N° V-11.192.101, con residencia o ubicación en la Parroquia Rómulo Betancourt, Barinas, estados Barinas[25].

La página del IVSS dice que ingresó al sistema de seguridad social el 19 de febrero de 2008, a través de Agropecuaria Hermanos Mansilla C.A. con el número patronal k10100616. Aparece como cesante y fecha de contingencia es el  7 de diciembre de 2029. Acumula 174 semanas cotizadas y el total de sus salarios cotizados es de Bs. 19.012,32[26].

El REP dice que ejerce el voto en la Escuela Básica Bolivariana Las Palmas, en la Urbanización Las Palmas, Alto Barinas.

Asociación Cooperativa Proconva R.L., RIF J-29707477-5, es una cooperativa con 7 trabajadores que tiene como objeto la prestación de servicios en todo lo relacionado con ejecución de obras civiles, tales como eléctricas, vialidad, estructuras e hidráulicas, elaboración de proyectos y el suministro de los materiales a emplearse en todo tipo de obras de construcción y sus actividades conexas. Tiene su sede en la Urbanización Cuatricentenaria, sector 16, vereda 03, casa N° 03, Barinas, estado Barinas. Teléfono: 04143576606[27].

La Asociación Cooperativa Proconva R.L. está representada por Andrés Gómez.

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos un cuestionario a las compañías  y Argenis Chávez para conocer sus puntos de vista sobre los temas tratados pero hasta el cierre de este trabajo no recibimos respuestas.

Si alguna de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresados, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.

[1] Poderopedia. Argenis Chávez. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Argenis_Chavez

[2] La Patilla. “Canadá impone sanciones a Maduro, El Aissami, Adán Chávez y Argenis Chávez, entre otros funcionarios”. 3 de noviembre de 2017. https://www.lapatilla.com/2017/11/03/canada-impone-sanciones-a-maduro-el-aissami-adan-chavez-y-argenis-chavez-entre-otros-funcionarios/

[3] Transparencia Venezuela. Comisión Mixta para el estudio de la Crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

[4] Kon Zapata. “¡Y quién se atreve a investigar al apellido Chávez?” 22 de enero de 2016. https://konzapata.com/2016/01/y-quien-se-atreve-a-investigar-al-apellido-chavez/

[5] Resistencia Venezuela. “Argenis Chavez ex-presidente de corpoelec denunciado por miles de trabajadores por haberse robado la cantidad de 4.500 millones”. 28 de abril de 2013. https://resistenciav58.wordpress.com/2013/04/28/argenis-chavez-ex-presidente-de-corpoelec-denunciado-por-miles-de-trabajadores-por-haberse-robado-la-cantidad-de-4-500-millones/

[6] La Verdad. “Trabajadores de Corpoelec celebran la renuncia de Argenis Chávez”. 26 de abril de 2013. http://www.laverdad.com/economia/26107-trabajadores-de-corpoelec-celebran-la-renuncia-de-argenis-chavez.html

[7] Pymes Venezuela. Sormimar C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/sormimar-ca-7336

[8] RNC. Sormimar C.A. https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J302422922&search=RIF

[9] RNC. Construcciones Copresca C.A.  https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J002971029&search=RIF

[10] ASD Phone. Sormimar C.A. https://www.asdphone.com/es-ve/sormimar-c-a-en-barinas-albaniles-289287e

[11] Dateas. Ostuni Del Rio, Domingo Bosco. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/ostuni-del-rio-domingo-bosco-3831765

[12] IVSS. Domingo Bosco Ostuni Del Rio. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[13] Pymes Venezuela. Construcciones Copresca C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/construcciones-copresca-ca-8436

[14] RNC. Construcciones Copresca C.A. https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J002971029&search=RIF

[15] ASD Phone. Construcciones Copresca C.A. https://www.asdphone.com/es-ve/construcciones-copresca-barinas-c-a-en-barinas-conservacion-ambiental-y-ecologica-320961e

[16] Dateas. Peche Lugo, Alfredo José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/peche-lugo-alfredo-jose-3891586

[17] IVSS. Alfredo José Peche Lugo. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[18] Pymes Venezuela. Servicomen C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/servicomen-compa-ia-anonima-17250

[19] RNC. Sevicomen C.A. https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J306040633&search=RIF

[20] Dateas. Cárdenas Obando, José Aymeiric. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/cardenas-obando-jose-aymeiric-3886589

[21] IVSS. José Aymeiric Cárdenas Obando. Cuenta individual.  http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[22] ASD. Phone. Inversiones Kapes C.A. https://www.asdphone.com/es-ve/inversiones-kapes-c-a-en-barinas-ingenieros-consultores-298974e

[23] Pymes Venezuela. Constructora Clomat C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/constructora-clomat-ca-5862

[24] RNC. Constructora Clomat C.A. https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J090281460&search=RIF

[25] Dateas. Mansilla, Manuel Edgardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/mansilla-manuel-edgardo-3744703

[26] IVSS. Mansilla, Manuel Edgardo. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[27] Pymes Venezuela. Asociación Cooperativa Proconva R.L. http://pymesvenezuela.com/ficha/asociacion-cooperativa-proconva-rl-131861

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Con el argumento de que se trataba de una empresa levantada sobre unos valiosísimos terrenos, PDVSA adquirió a un elevado precio una empresa que posteriormente se convirtió en la Planta Procesadora “Cereales La Cruz” en el estado Anzoátegui. Una compra caracterizada por una serie de irregularidades y bajo condiciones inconvenientes para la república.

Maibort Petit/Venzuela Al Día

 Bajo la recomendación de Edumario Carruyo, exdirector Interno de Finanzas y presidente de las Juntas del Fondo de Pensiones y de Previsión, la junta directiva de Petróleos de Venezuela, PDVSA, aprobó la compra de una planta procesadora de cereales deteriorada o “chatarra”, con sobreprecio y en divisa extranjera, aun cuando su empresa propietaria era venezolana.

Un informe en nuestras manos remitido el 27 de marzo de 2015 al presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, Eulogio Del Pino, hace referencia a una instrucción de ese despacho de fecha 26 de marzo de 2015, de iniciar una investigación preliminar sustentada en la revisión documental, dado que existía la presunción de la comisión de irregularidades en la adquisición de las acciones a la empresa Wheat Milis, C.A, propietaria de la Planta de Molinos de Oriente MOLORCA, que luego se convirtió en la sociedad mercantil “Complejo Agroindustrial José Antonio Anzoátegui” Empresa Socialista Procesadora de Cereales, S.A.

La planta había sido valuada por la empresa tasadora Venezolana de Avalúos, S.A. a mediados de 2008, concluyendo que el terreno donde se encontraba tenía una ubicación privilegiada y se estimaba su valor sobre el método de comparación directa con el mercado en Bs 70.7 millones. Además se consideraba que la planta contaba con una estructura principal conformada por un conjunto de edificios, además de 16 silos de concreto con una capacidad de 1.200 toneladas cada uno y 6 Silos de concreto de 800 toneladas cada uno, para una capacidad de almacenamiento de trigo de 24 mil toneladas, además de dos silos pulmones de 1.500 toneladas cada uno. Contaba también con dos molinos, uno para la producción de harina de trigo panadero marca GOLFETTO y otro para la producción de harina para pastas marca OCRIM, este último fuera de servicio aproximadamente desde el año 2000.

Academias Nacionales critican las medidas económicas como una amenaza al venezolano

La inspección ocular reveló la existencia de un grupo de máquinas y equipos que presentaba un pésimo estado de conservación. El molino harinero había estado paralizado seis años y reinició sus operaciones en el año 2006, bajo la forma de arrendamiento a la empresa MONACA. Durante mucho tiempo existió también una planta de pastificio de la que, a la fecha, solo quedaba el galpón donde funcionaba. La capacidad instalada nominal del molino era de 270 ton/día y la del molino semolero 170 ton/día, aunque la capacidad real era muy inferior y probablemente no alcanzaba a un 40 por ciento de esa cifra, como consecuencia del estado de deterioro general de los equipos; la capacidad de almacenamiento de producto terminado era de 675 toneladas.

A pesar de este panorama, Venezolana de Avalúos, S.A. presentó los resultados de su estudio el 8 de agosto de 2008 en el que aseguraba que el valor de la planta estimado sobre la base de enfoque del costo sobre el cual se aplicaba una cantidad de depreciación, como resultado de la edad, vida útil, vida remanente y estado de conservación, que alcanzaba la cantidad de Bs. 26.870.959 era de Bs. 97.570.959. El avaluó se le presentó al Auditor General Adjunto, Marcos Cerrudo, quien renunció a PDVSA aproximadamente en 2010.

Poco después, el 5 de noviembre de 2008, con base en lo expuesto, Eudomario Carruyo, director de PDVSA sometió a la consideración de la junta directiva de la estatal, la aprobación de la adquisición de la totalidad de las acciones de la empresa Wheat Milis, C.A, propietaria de la Planta de Molinos de Oriente MOLORCA, por un monto total de USD 36 millones, justificado en el estudio de los bienes y equipos que realizó la empresa tasadora, por el referido monto de Bs. 97.570.959, equivalentes a USD 45,08 millones a la tasa de cambio vigente para el momento.

Para los analistas resultaba curioso que se hubiera recurrido a la conversión en dólares para efectuar la compra, toda vez que la empresa Wheat Milis, C.A era venezolana. En tal sentido recomendaron verificar el documento constitutivo y comprobar que la empresa era 100 por ciento propiedad de la empresa Kirov-Trading e Servicos Internacionais Lda, tal como lo indicó Eudomario Carruyo en la justificación a la directiva de la estatal petrolera.

El reporte refiere que no existe en el expediente, evidencia de que PDVSA haya efectuado un Due Dilligence —investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato— esto pese a que la compra conllevaba no solamente la adquisición de activos, sino también de la totalidad de las acciones de Wheat Milis, C.A.

Las condiciones de pago de la negociación establecían la cancelación de un 60 por ciento al momento de transferir las acciones a PDVSA y el restante 40 por ciento cuando se llevara a cabo la revisión que se estimaba que durara 120 días.

La responsabilidad de Carruyo

El informe establece que Eudomario Carruyo, dado lo expuesto, tendría responsabilidad administrativa al haber este Director Interno de la estatal petrolera, sometido a la junta directiva la adquisición de las acciones de una empresa sobre la cual no se habían efectuado todos los estudios requeridos que permitieran determinar de forma objetiva el precio final para la compra.

El argumento expuesto por Carruyo con base al avalúo antes señalado que plateaba lo conveniente de hacerse de los valiosos terrenos sobre los cuales está edificada la planta en una zona privilegiada, no resultaba suficiente para avalar la compra. La hipótesis de que dichos terrenos habrían podido usarse en el futuro para la edificación de un gran proyecto urbanístico, no era más que un supuesto que nunca ocurrió.

Cronología de los hechos

A continuación presentamos una cronología que permitirá a nuestros amables lectores tener un amplio panorama de cómo se llevó a cabo la negociación y el posterior proceso de reactivación, estado de la compañía y las consecuencias de toda esta situación para la nación.

Veamos:

El 2 de mayo de 2014, Iván José Bello, ministro del Poder Popular para la Alimentación y Asdrúbal Chávez, ministro del Poder Popular para el Petróleo y  Minería, presentaron a la consideración del presidente de la república, Nicolás Maduro, un punto de cuenta solicitando recursos financieros para la puesta en marcha de la Plata Procesadora “Cereales La Cruz”, nombre que después adquirió la empresa.

Luego de extensa exposición, los altos funcionarios pidieron al mandatario aprobar la estructura de funcionamiento que acompañó la solicitud; aprobar los recursos económicos y autorizar a PDVSA la ejecución para la puesta en marcha de la planta por Bs. 1.775.810.000,00, Euros 3.131.500,00 Euros y USD 20.000.000,00; autorizar a PDVSA la ejecución de los recursos aprobados a Venalcasa en el segundo plan de expansión de la Misión Alimentación por un monto de Bs. 450.000.000,00 en punto de cuenta 007-14.

Informe del CISPR

Una Comisión del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, CISPR, elaboró un informe con carácter confidencial fechado el 15 de septiembre de 2014 relativo a la inspección llevada a cabo al proyecto “Puesta en Marcha de La Planta Procesadora de ‘Cereales La Cruz’”, ubicado en el sector Molorca, Municipio Sotillo, Puerto La Cruz del estado Anzoátegui.

Lo primero que hace el cuerpo de inspectores es describir la planta, la cual indican es una infraestructura “construida en el año 1945 y constituida por 3 lotes de terrenos que abarcan una totalidad de 57.000 m2 en la que funcionaban diversas estructuras.

Tal empresa fue adquirida en 2009 por PDVSA Agrícola, S.A., la cual pagó a Inversiones Wheat Milis, propietaria de la Planta Molinos de Oriente MOLORCA USD 73.000.000,00, de los cuales USD 36.000.000,00 correspondían al valor de adquisición de la empresa y USD 37.000.000,00 a la procura de un molino de producción de sémola para pastas alimenticias, con capacidad de 240 TN/día; una línea automática para producción de pasta corta con capacidad de 3.000 Kg/hora; una línea automática para producción de pasta larga con capacidad de 2.500 Kg/hora; y una panificadora industrial con capacidad de producción de 6.000 TN/año.

PDVSA Agrícola, S.A. constituyó entonces la sociedad mercantil Empresa Socialista Procesadora de Cereales “Complejo Agroindustrial José Antonio Anzoátegui”.

Recuerda el informe que el 27 de diciembre de 2010, el finado expresidente Hugo Chávez transfirió, a través del Punto de Cuenta No. 047-11, el “Complejo Agroindustrial José Antonio Anzoátegui” al Ministerio del Poder Popular para la Industria y le cambió el nombre a Planta Procesadora de “Cereales La Cruz”.

Ya el 28 de mayo de 2013, Nicolás Maduro anunció la aprobación de Bs. 300.000.000 para la puesta en marcha de la Planta “Cereales la Cruz”, no obstante, el Punto de Cuenta para el desembolso de estos recursos, para la fecha de la elaboración del informe de los inspectores,  aun no se había firmado.

El 21 de junio de 2013, Maduro transfirió la planta al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación por medio de la empresa Venezolana de Alimentos La Casa, S.A (Venalcasa), según el Punto de Cuenta N°019-13.

Entretanto, e 1° de febrero de 2014, el gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, solicitó la aprobación de Bs. 450.000.000 y Euros 1.800.000, para la puesta en marcha de la planta. Para el momento de redactar el reporte, el punto de cuenta para el desembolso de los recursos no se había firmado.

El 16 de marzo de 2014, el presidente Nicolás Maduro, aprobó los recursos para la segunda fase del Plan de Expansión 11 de la Misión Alimentación, mediante Punto de Cuenta 007-14, a Venalcasa, asignando Bs. 450.000.000,00 a la Planta Procesadora de “Cereales La Cruz”. Igualmente, al momento de elaborar el informe no se habían desembolsado los recursos por parte de FONDEN.

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El 30 de abril de 2014, el ministro Rafael Ramírez inspeccionó la planta e informó que PDVSA Refinación Oriente y CVP asumirían la ejecución de los trabajos requeridos para la puesta en marcha de la misma. Por Punto de Cuenta se solicitó la asignación de Bs. 1.700.000,00, Euros 2.131.500,00 y USD 20.000.000,00, que a la fecha de hacer el informe de la CISPR no había sido aprobado el punto de cuenta.

El 27 de junio de 2014, la Vicepresidencia de la República, el Ministro de Alimentación, el presidente de Venalcasa y el gobernador del estado Anzoátegui, inspeccionaron la Planta Procesadora de “Cereales La Cruz” e informaron que el Ministerio de Alimentación contaba con Bs. 450.000.000,00 aprobados. Sin embargo, tampoco a la fecha del informe los recursos se encontraban disponibles.

Hacen referencia a que PDVSA casa matriz y la filial Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), asumieron la rehabilitación de varias áreas de la empresa.

Al momento de emitir el informe del CISPR la planta contaba con 33 trabajadores, número que al culminarse las labores, se elevaría a 300 trabajadores para su operatividad.

Problemas encontrados por los inspectores en la planta

El Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, CISPR, refiere como problemas de la planta y sus causas:

1) La elevada cantidad de recursos en divisas pagados por parte de PDVSA Agrícola, S.A. para la compra de la planta: USD 73.000.000,00. Y, sin embargo, se requería aún Bs. 1.700.000,00 y Euros 2.131.600,00, mientras que para la instalación de una planta Alimento Balanceado, se necesitaban USD 20.000.000,00.

2) Falta de disponibilidad de los recursos económicos, a pesar de que el 16 de marzo de 2014 se aprobaron Bs. 450.000.000,00, mediante Punto de Cuenta 007-14, para la Segunda Fase del Plan de Expansión de la Misión Alimentación, que no habían sido desembolsados a la fecha del informe.

3) Inexistencia del 100 por ciento de la Ingeniería de detalle de las obras civiles, eléctricas, metalmecánica y de instrumentación, a pesar de que desde agosto del 2013 la empresa Protecnica la elaboraba para los distintos proyectos. Esto generó que PDVSA Refinación Oriente asumiera el desarrollo de 12 proyectos que se requerían para iniciar el proceso de contratación de las distintas obras.

4) Retardo en los trámites administrativos de los procesos de contratación porque PDVSA esperaba la autorización de Venalcasa, para ejecutar los Bs. 450.000.000 aprobados.

Asimismo, advertían del deterioro de la planta física por la falta de mantenimiento, de la carencia en los servicios públicos y del equipamiento requerido para la puesta en marcha del molino panadero, así como de la falta de obras eléctricas en las instalaciones de almacenamiento.

Los inspectores se toparon, además, con otro avalúo en la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa en el que se establecía un precio de los activos, bienhechurías y mejoras de Bs. 86.729.990,76, es decir, Bs. 10.840.968,24 por debajo del costo proporcionado por la otra empresa, lo que derivó en la adquisición de la planta con un evidente sobreprecio.

Recomendaciones y decisiones

EL CISPR recomendó que la Contraloría General de la República (CGR) realizara la investigación pertinente sobre la adquisición de la Planta de Cereales La Cruz, en razón de que fue comprada en condiciones de deterioro y se imponía determinar las responsabilidades civiles, penales y administrativas de las personas que lesionaron el patrimonio público.

Instó al Ministerio de Alimentación y al de Petróleo y Minería a presentar un Punto de Cuenta al presidente de la república que contemplara la asignación de Bs. 1.775.810.000,00, requeridos para la adecuación de la infraestructura y los servicios públicos.

Igualmente exhortó al Ministerio del Poder Popular de Alimentación y al de Petróleo y Minería a presentar un Punto de Cuenta al presidente de la república por Euros de 3.131.500,00 y USD 20.000.000,00 para la adquisición de la planta de alimento balanceado y la contratación de la asistencia técnica internacional requerida para la puesta en marcha de la panificadora industrial.

También formularon un llamado al FONDEN para que desembolsara los recursos aprobados el 16 de marzo de 2014 por la presidencia de la república, mediante Punto de Cuenta 007-14 donde se asignaron Bs. 450.000.000,00 para la contratación de cinco empresas que desde mayo de 2014 se encontraban ejecutando en la Planta Procesadora Cereales “La Cruz” las obras preliminares, ingeniería e inspección sin contrato.

Divulgación del informe del CISPR entre los distintos despachos

El 11 de noviembre de 2014, de la Vicepresidencia de la República, para el momento a cargo de Jorge Arreaza, se remitió la comunicación signada con el N° VP-2014-000285 al ministro para la Alimentación, Yván Bello Rojas, para enviarle el informe de inspección realizada por el CISPR a la planta procesadora  y se le exhortó a formular “las acciones a ejecutar para solventar las problemáticas expuestas en el citado informe, en un plazo no mayor de 15 días continuos”.

En fecha no determinada de 2014, el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, remitió a Eulogio Del Pino, el oficio NR-PDVSA-DPCHO-2014-000817 relativo a la inspección llevada a cabo por el CIISPR de la Planta Procesadora “Cereales La Cruz”, a objeto de que con carácter de urgencia solventara los problemas expuestos en el citado informe.

Análisis de la Presidencia de la República

Un análisis situacional que versa sobre la reactivación de la planta elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Control del Ministerio del Despacho de la Presidencia fechado el 18 de febrero de 2015, concluyó con la exhortación a que el FONDEN informara inmediatamente el estado de desembolso y tramitación de recursos para la reactivación de la planta.

Igualmente recomendó la conformación de una comisión central mixta y permanente, integrada por el CISPR, el MPP para la Alimentación, Venalcasa y los entes que tuvieran responsabilidad en la activación de la planta, para garantizar la reactivación inmediata de la misma.

El informe hace un recuento desde que en 2009 PDVSA Agrícola S.A había comprado la planta por USD 73.000.000 y se hacía referencia al que el CISPR, a la fecha, había realizado dos inspecciones (octubre y diciembre 2014), cuyo diagnóstico derivó en la instalación de una micromisión, pero pese a estas gestiones la planta seguía parcialmente inoperativa.

Indicaba el reporte que para su arranque, contemplado en el II Plan de Expansión de la Misión Alimentación 2014-2016, el 16 de marzo de 2014 el presidente Nicolás Maduro había aprobado a través del punto de cuenta N° 007-14, el desembolso de Bs. 3.000.000.000 a través del FONDEN, para distribuirse entre los entes adscritos al MPP Alimentación, asignándose a Cereales La Cruz Bs. 450.000.000. De este modo, desde el 27 de octubre de 2014, el despacho de Alimentación contaba con la aprobación de los recursos financieros.

Refería el informe que el análisis de los inspectores consideraba que dichos recursos no garantizaban el inicio de las líneas de producción y adquisición del equipamiento requerido para el molino panadero y se advertía que las acciones correctivas implementadas durante cuatro años por el gobierno no habían sido efectivas y solamente habían significado pequeños avances en materia de reparación y mantenimiento durante el segundo semestre de 2014.

Se refiere que PDVSA Agrícola contrató obras y suministro de equipamiento a favor de la planta con la empresa Italiana FarmaVenda Spa por un monto de USD 37.000.000 (Contratos 460003617; 460003618 y 4600036319), los cuales fueron suministrados por la empresa y sobre los cuales PDVSA Agrícola mantenía una deuda por 1.065.65, 85 euros correspondiente al reintegro de retenciones de garantía de fiel cumplimiento para dos de sus contratos.

Por otra parte, hacían mención a la falta de disponibilidad de recursos económicos, a pesar de la aprobación de Bs 450.000.000 citados líneas arriba. Se indica que el MPP Alimentación les había informado que desde el 27 de octubre de 2014 contaban con disponibilidad de los recursos mencionados a través del FONDEN, encontrándose en trámites administrativos para los pagos.

Posteriormente —prosigue el informe— se constató que a mediados de diciembre 2014 el FONDEN había iniciado el desembolso del 50 por ciento del monto del anticipo a 4 de las 5 empresas contratadas. Se requerían recursos adicionales para el equipamiento del molino panadero.

El reporte alerta la inexistencia del 100 por ciento de la ingeniería de detalle de las obras civiles, eléctricas, metalmecánica y de instrumentación, y en tal sentido exponían que la empresa Protécnica había terminado la primera fase de ingeniería prevista para Venalcasa, encontrándose PDVSA Refinación Oriente a cargo de la puesta en marcha de 5 proyectos suscritos el 29 de octubre de 2014.

Sobre el retardo en los trámites administrativos de los procesos de contratación, el informe señala que PDVSA no podría ejecutar los recursos, en virtud de que los mismos fueron aprobados al MPP Alimentación mediante punto de cuenta 007-14 y sólo Venalcasa podía ser la ejecutora de estos.

Con relación al deterioro de la planta física y el hundimiento en el área de los silos, manifestaron que la infraestructura era de vieja data pero indicaron que el citado hundimiento no representaba un problema inminente, en razón de que nunca habían estado operativos y los mismos serían desmontados durante la ejecución del proyecto. Existían 28 silos de concreto que requerían ser adecuados en su totalidad. La Hotz Berri. S.L se encargaría de la adecuación de la batería de silos C que eran once en total. Sin embargo, la inspección de seguimiento constató que estas obras estaban paralizadas desde el 19 de diciembre de 2014, al no producirse los pagos del FONDEN.

La carencia de servicios públicos también fue contemplada en el informe y, en este sentido, señalaron que en lo que respecta al servicio eléctrico tenían planificado formalizar adecuaciones de mejoras y se estudiaba realizar una conexión con la subestación eléctrica “Alberto Lovera”, e instalar 2 generadores (5.500 Kwat) para el soporte de todo el proyecto.

Para el servicio de gas, se encontraban en conversaciones con PDVSA Gas y respecto al de agua potable referían que no presentaban problemas en oficinas y baños, pero para el resto de las fases requerían la realización de la ingeniería, reubicación y puesta en marcha de los tanques de agua.

Respeto a la carencia del equipamiento requerido para la puesta en marcha del molino panadero, advirtieron que técnicamente la puesta en marcha de dicho molino no tenía relación con la planta de alimentos balanceados, asimismo señalaron que no tenían responsabilidad en cuanto al suministro que hubiera dejado de entregar PDVSA Agrícola.

Sobre la falta de obras eléctricas en las instalaciones de almacenamiento, informaron que se encontraban a la espera del desembolso por parte del FONDEN correspondientes al pago del anticipo de la “Obra Civil y eléctrica de Edificio de Molinos y trabajos metalmecánicos de Molinos panaderos”, así como “Rehabilitación de Alumbrado de Áreas comunes de la Planta”.

Finalmente, recomendaron que la responsabilidad de la reactivación de la planta se concentrara en un solo ente encargado de direccionar las actividades correspondientes, ya que no quedaba clara la participación conjunta de PDVSA Refinación Orientación, de la CVP y de Venalcasa, en la ejecución de obras dirigidas a su reactivación.

Existe un análisis situacional de Cereales La Cruz con fecha 28 de febrero de 2015 en el que se advierte que las acciones correctivas tomadas para solucionar la situación de la planta no habían sido efectivas, “observándose ligeros avances en materia de reparación y mantenimiento durante el segundo semestre del 2014”.  Se detalla gráficamente la problemática y las recomendaciones formuladas.

El 25 de marzo de 2015, César Alberto Salazar Coll, viceministro de seguimiento e inspección de la gestión de gobierno, remitió con carácter confidencial el oficio DVSIGG/DGSC N° 02142-15 a Nixtexa Rodríguez, directora del despacho del ministerio de Petróleo y Minería, para requerirle el estatus de la contratación hecha por PDVSA Agrícola con la empresa italiana Farmavenda Spa en la que se describiera contrato, fecha, valor total, concepto y monto adeudado, así como el respectivo plan de pago que tuviera programado establecer o las limitaciones legales que tuviera para realizarlo, con el fin de que la empresa suministrara la información técnica de los equipos suministrados, lo cual limitaba la elaboración de la ingeniería de detalle requerida para la puesta en marcha de la planta. Se requirió la evaluación técnica económica que soportó la compra de la Planta Cereales La Cruz.

En fecha no especificada de 2015 pero que suponemos sea la misma dada a conocer a continuación, el ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, remitió a Eulogio Del Pino, el oficio N° 000910 de fecha 20 de abril de 2015, suscrito por Carlos Alberto Osorio Zambrano, Ministro para la Alimentación, en el cual informaba sobre la Reactivación de la Planta Cereales La Cruz, y solicitó la donación a la Empresa Venalcasa de una de las tres plantas de alimentos balanceados para animales a cargo de PDVSA Agrícola S.A.

Parte de la solicitud previamente formulada por Osorio a Asdrúbal Chávez la presentamos a continuación:

El 20 de abril de 2015, el ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, envió una comunicación al ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, para informarle sobre la reactivación de la Planta Cereales La Cruz, la cual para ese momento era operada Venalcasa. Osorio, sin embargo le advirtió a Chávez que para continuar la reactivación eran necesarios recursos adicionales para la recuperación de infraestructuras, la adquisición de equipos y maquinarias, así corno, la adquisición de la referida planta de procesamientos ABA, por lo cual le solicitó estudiar la posibilidad de transferir bajo la figura de donación a Venalcasa una de las tres plantas de alimentos balanceados para animales a cargo de PDVSA Agrícola S.A., ubicadas en los estados Portuguesa, Cojedes y Trujillo que no habían sido instaladas y permanecían en sus contenedores.

Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos cuestionarios al correo que aparece en récord de Eudomario Carruyo. También intentamos comunicarnos con él vía telefónico pero hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.

Si alguien de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresado, les solicitamos que  se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.

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En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres de los hijastros del mandatario venezolano —Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores— han salido a relucir —aunque no directamente— como supuestos beneficiarios de las operaciones de legitimación de capitales provenientes de negociaciones fraudulentas habidas en Pdvsa. Los tres hermanos Gavidia Flores se han hecho célebres por sus gastos ostentosos y su lujoso estilo de vida en comparación con el hambre y la miseria que vive la mayoría del pueblo venezolano.

Maibort Petit/Venezuela Al Día

Luego de efectuar investigaciones, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos) adelanta las acusaciones en contra de los hijos de la primera dama venezolana Cilia Flores, a saber, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, a quienes señala de supuestamente cometer delitos de corrupción y lavado de dinero internacional en violación a la legislación de EE. UU.

Las evidencias para levantar la acusación fueron obtenidas a través de testigos protegidos, por un lado, así como de información suministrada por el banquero suizo de ciudadanía alemana residenciado en Panamá, Matthias Krull, recientemente arrestado por Miami, quien se declaró culpable y ahora colabora con la justicia estadounidense.

Krull reconoció su culpabilidad en los delitos de legitimación de capitales, a saber, USD 1.200 millones provenientes de negociaciones fraudulentas y manejos irregulares con la estatal Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, al tiempo que admitió que en la trama de corrupción participaron otros altos funcionarios venezolanos.

En su declaración, Matthias Krull además aceptó que había asesorado a un cómplice identificado como un empresario dedicado al negocio de la televisión y que en el expediente se identifica como “Conspirador 7”, de quien investigaciones periodísticas refieren que se trata de Raúl Gorrín, propietario de Globovisión. Por instrucciones de este último, Krull habría —de acuerdo a su confesión— movido 159 millones de euros a quienes en el los documentos se identifican como “Los Chamos”, quienes según fuentes no son otros que los Gavidia Flores.

En medio de las investigaciones la fiscalía federal de Miami sumó al caso el pasado 17 de agosto a  Mario Enrique Bonilla Vallera, señalado de ser teastaferro o prestanombres de los hijos de Cilia Flores. Bonilla Vallera tiene una vieja relación de amistad con la familia presidencial, fue compañero en la Universidad Santa María de Yoswal Alexander Gavidia Flores cuando estudiaban Comunicación Social, y compartían sus pasiones por el Crossfit, el paracaidismo, y los vehículos de lujo deportivos.

Habría sido Conspirador 7 —Raúl Gorrín— quien presentó a “Los Chamos” — Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores  y Yoswal Alexander Gavidia Flores— a Matthias Krull. En los papeles del caso se hace referencia al padrastro de “Los Chamos” como “Funcionario Venezolano 2”.

Aunque no se le ha nombrado directamente, al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se hace referencia en las investigaciones que la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por las siglas en inglés de Financial Intelligence Analysis Unit) lleva a cabo sobre la gestión del mandatario y otros altos funcionarios y voceros de su administración, bajo la presunción de que “habrían lavado cientos de millones de dólares provenientes de fondos gubernamentales que habrían sido supuestamente transferidos a una firma maltesa entre finales de 2014 y principios de 2015, de acuerdo a documentos oficiales que cursan en una corte de Miami donde fue presentada una demanda penal por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos recientemente. Los papeles que se manejan el tribunal indican que cuantiosas sumas asignadas a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. habrían sido esquilmadas bajo un refinado esquema de corrupción”.

Un reportaje para el portal digital Independent firmado por el periodista David Lindsay reveló que los “hijastros” de Nicolás Maduro supuestamente participaron en la trama que lavó USD 1.200 millones de fondos sustraídos de la estatal PDVSA entre 2014 y 2015. Las averiguaciones señalan que la familia del presidente Maduro se valió de un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta.

La nota periodística señala que los depósitos dirigidos a los Gavidia Flores se encontraban entre diez transferencias electrónicas por un monto de alrededor de 511 millones de euros que se lavaron a través de Malta, dicen los documentos que se manejan en la corte.

Los hijastros de Maduro a cuyos nombres no se hace referencia en la demanda se les describe “como receptores de fondos de 160 millones de euros que fueron robados de PDVSA a través de la manipulación de las tasas de cambio de divisas y que se cableó al banco de Malta a finales de 2014 y principios de 2015”.

El reportaje explica que las transferencia a la que hacemos referencia líneas arriba se recogen en una hoja de trabajo titulada “Ingresos detallados de PDVSA”, la cual muestra las diez operaciones de PDVSA efectuadas entre el 29 de diciembre de 2014 al 3 de febrero de 2015 por 511.913.270,74 euros.

“De acuerdo con la declaración jurada presentada ante el tribunal, otra hoja de trabajo titulada ‘Resumen de la operación 600’; muestra que, de los 511 millones de euros: 20.476.530,83 € se asignaron a la institución financiera europea maltesa 1 sin nombre como una tasa del 4%; 227,265,537.52 € se destinaron a Francisco Convit Guruceaga (un ciudadano venezolano que, junto con el conspirador 2 sin nombre, a menudo se lo menciona como miembro de los boliburgués, miembros de la élite venezolana); € 159,085,876.26 fueron para los chamos (los hijastros del oficial venezolano 2 —supuestamente el presidente venezolano); y € 68,179,661.26 se destinaron a cierto conspirador 7, que ha sido identificado en la prensa como Raúl Gorrín, propietario de la cadena de televisión Globovisión en Venezuela”, se lee en la nota del periodista David Lindsay.

Los restantes € 36.905.664,87 se contabilizaron como el “Costo” de los 7,2 mil millones de bolívares iniciales utilizados para obtener los € 511 millones, agrega la nota.

La operación se llevó a cabo a través de una empresa de maletín de Hong Kong de nombre Eaton Global.

Conspirator 7 —Raúl Gorrín— habría enviado docenas de cables en dólares a través de bancos en Malta y Austria, incluidos servicios de aviación y yates, así como compañías de corretaje en Miami, Florida.

Serían varias las referencias que se hacen en el expediente sobre los “Chamos” —los Gavidia Flores— indicándose, por ejemplo que Mathias Krull “necesitaba una solución adicional por 200 millones de dólares estadounidenses en la Institución Financiera Europea 1 [en Malta] a nombre de un testaferro”.

Una fuente confidencial de los estadounidenses reconoció a otro participante a quien se identifica como “Conspirador 8”, un testaferro o prestanombres que anteriormente había figurado como posible ficha para ocultar dinero a los hijastros del oficial venezolano 2.

La nota hace mención a una conversación grabada del 10 de enero de 2017 y que fue presentada en la corte en la que Krull señaló que “[el conspirador 7] pregunta si se puede enviar el dinero. En otra, el 23 de enero de 2017, Krull dijo que el dinero en la institución financiera europea 1 [en Malta] estaba listo para ser trasladado al Conspirador 8 y que, ‘conocí al tipo, y también conocí al tipo que lo representa’”.

La fuente confidencial —citan los documentos judiciales— preguntó: “¿Son estos los hijos del tipo?” (es decir, los hijastros del Oficial venezolano 2), y Krull respondió: ‘Nah. No, no, no preguntes’”.

¿Quiénes son los Gavidia Flores?

Walter Jacob Gavidia Flores nació el 15 de diciembre de 1978 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-14.407.259 con residencia en la parroquia El Paraíso del Municipio Libertador del Distrito Capital, de acuerdo a información suministrada por el portal Dateas.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, refiere que se encuentra inscrito por la Fundación Propatria 2000 con el número patronal D19813680, de allí egresó el 8 de diciembre de 2015, su estatus actual es cesante. Su fecha de contingencia será el 15 de diciembre de 2038. Acumula 573 semanas cotizada equivalentes a Bs. 740.868,41.

Ejerce su derecho al voto en el Liceo Ecológico Nacional Bolivariano “General en Jefe Alberto Muller Rojas”, de la parroquia El Valle del municipio Libertador, Distrito Capital.

De él, el portal Poderopedia refiere que Walter Gavidia Flores es hijo de Cilia Flores en su primer matrimonio, que ha sido Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. A ese cargo llegó designado por la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Luis Estella Morales, el 2 de octubre de 2007. Sustituía a la juez Marisela Pérez Mata quien se acogió al beneficio de la jubilación.

Formó parte, junto a su padre, Walter Gavidia, de una lista de 37 personas que durante la gestión de su madre como presidenta de la Asamblea Nacional, ingresaron al Poder Legislativo por su filiación con la diputada.

El 6 de mayo de 2014, Gavidia Flores fue designado presidente de la Fundación Propatria 2000, organismo adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia encargado de administrar, financiar y ejecutar obras de infraestructura siguiendo los lineamientos del Plan de la Nación. Esta fundación ha sido la encargada de obras como la construcción del Hospital Cardiológico de Adultos IV en Caracas, la construcción de la autopista de Los Llanos, la Flor de los 4 Elementos (espacio del “Cuartel de la Montaña”) y el Hospital Cardiológico Infantil “Doctor Gilberto Rodríguez Ochoa” en Montalbán II.

El diario ABC de España refiere que en 2016 manejó un presupuesto de 4.000 millones de bolívares (634 millones de dólares al cambio oficial de 6,30), figurando entre las obras más vistosas que contrató con dicho dinero, “La Flor de los Cuatro Elementos”, un monumento levantado en el sarcófago en que descansa el finado expresidente Hugo Chávez en su mausoleo del Cuartel de la Montaña.

El diario español también recoge en otra nota las declaraciones de Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, quien aseguró que Walter Jacob Gavidia Flores utilizaba aviones pequeños de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, para transportar droga en colaboración con Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro. Se trataría de vuelos preparados por el hijo de Chávez y el hijo de quien fue embajador de Cuba en Caracas hasta 2009, Germán Sánchez Otero.

Entretanto, Yoswal Alexander Gavidia Flores nació el 6 de agosto de 1990 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-19.733.466. Se le ubica también en la parroquia El Paraíso del Municipio Libertador del Distrito Capital. No está inscrito en el IVSS y el Registro Electoral Permanente, REP, indica que sufraga en el Liceo Ecológico Nacional Bolivariano “General en Jefe Alberto Muller Rojas”, de la parroquia El Valle del municipio Libertador, Distrito Capital.

A Yoswal Gavidia Flores no se le conoce oficio ni profesión y así parece corroborarlo el que no figura en los archivos del IVSS como ya apuntamos, pues no se hace referencia a que ejerciera alguna posición ni en la administración pública ni en el sector privado.

Es aficionado a los deportes, especialmente al “Fit Game”, dice el portal La Razón que agrega que rumores refieren que cuando contaba con 23 años “se defendió de un ladrón disparándole a bocajarro (él dijo que sólo fue testigo)”.

Yosser Daniel Gavidia Flores, un apasionado por los lujos y el paracaidismo. 

Yosser Daniel Gavidia Flores, cédula de identidad C.I- 18.815.328, nacido el 11 de octubre de 1988 en Caracas. Su actual residencia está en el Paraíso, Municipio Libertador, Distrito Capital.

Gavidia Flores entró a trabajar a la Asamblea Nacional el 15 de octubre de 2010 cuando su madre Cilia Flores era la presidenta del parlamento. Su salario fue fijado en Bs. 692.307,69. Según los récords oficiales en los salarios obtenidos como trabajador público son los siguientes:  2011, Bs.75.101,46; 2012 Bs.77.371,52; 2013, 75.911,65; en 2014 Bs. 97.553,69; 2015 Bs.100.706,53, y en 2016 Bs. 200.839,50.

No se le conoce otro tipo de trabajo por el cual devengue sueldos, pero si se ha hecho célebre por disfrutar juntos a sus dos hermanos las riquezas del poder. En el verano del 2017 se supo que estuvo alojado en el lujoso hotel Ritz Carton en Madrid  y que los tres familiares del presidente venezolano habían gastado miles de euros en servicios de habitación.

Este vástago de la primera dama venezolano Cilia Flores dedica tiempo a la práctica del paracaidismo, teniendo inclusive su propio centro en Higuerote junto a sus hermanos. Su nombre estuvo en la picota de la opinión pública internacional cuando la empresa Red Bull negó haber patrocinado a unos atletas venezolanos para asistir a un evento del deporte de salto. Entre los asistentes estaban los Gavidia Flores. Red Bull dijo que los atletas habían respondiendo a una invitación de un amigo de Skydive Caribbean.

En en esa oportunidad, Red Bull dijo que los atletas personalmente pagaron todo el viaje y no recibieron compensación ni reembolso de nadie. Los paracaidistas no sabían con quién saldrían hasta que llegaron a Venezuela.

SkyDive Caribbean había acordado inicialmente pagarle a cada atleta de Red Bull $ 350 por día, junto con comida gratis, alojamiento y transporte, según la fuente en Venezuela citada por CNN. Pero una vez que la Human Rights Foundation publicó su artículo donde hacía las críticas a los atletas estos se negaron a aceptar ninguna compensación y abandonaron rápidamente Venezuela. Los atletas aún obtuvieron comida gratis, alojamiento y transporte mientras estuvieron en Venezuela, según la fuente.

Los hijastros de Maduro, Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, pagarían SkyDive Caribbean por los instructores de clase mundial, según la fuente.

SkyDive Caribbean cobra $ 20 por salto. Eso equivale a la mitad del salario mínimo mensual en Venezuela, actualmente valuado en $ 39. La fuente dijo que los hijastros de Maduro caen en paracaídas dos o tres veces al mes, dijo una fuente a CNN.

Los viajes a Estados Unidos de Walter Jacob

La condición empleado público de Walter Jacob Gavidia Flores es cesante, como hemos visto que lo evidencia su cuenta individual en el IVSS no es óbice para que pueda disfrutar de lujos y placeres de los que se exime el resto de la población venezolana sumida en la peor crisis económica, política y social de toda su historia.

De hecho, un reporte de una de las agencias federales de los Estados Unidos reveló y así lo dimos a conocer en su momento, cómo el hijo de Cilia Flores disfrutó de la calidad de vida que ofrece ese país a quienes hacen vida en él. 49 fueron los días que el mayor de los vástagos de la primera dama venezolana pasó en tierras de Norteamérica en 2016.

Gavidia Flores llevó a cabo su itinerario en 2016 a bordo de un vuelo chárter, N755CL, que salió desde Caracas a Miami el 22 de agosto y regresó a Venezuela en 9 de octubre de 2016, en un vuelo privado, N515CY, que voló desde Miami, Florida, a las 5 de la tarde y aterrizó en Maiquetía a las 8 y 30 de la noche.

El monitoreo que las autoridades estadounidenses realizaron de Walter Jacobo Gavidia Flores indicó, además, que este extendió su estadía por varias jornadas extras en Miami que no estaban previstas en el itinerario previamente planificado.

Documentos en nuestras manos y que dimos a conocer a los lectores informaron que este hombre viajó a París el 12 de junio del 2016 en un vuelo de la línea aérea Air France, AFA-385, y desde allí se trasladó a la Florida hasta el 9 de octubre de ese año, cuando abandonó el territorio norteamericano.

No se da cuenta en los papeles federales de las razones de los viajes, pero sí de que esa no era la primera oportunidad en que el hijo de la primera dama de Venezuela iba a los Estados Unidos. Ya había pisado tierra de EE. UU. el 30 de abril de 2015 en el vuelo chárter N990CH que salió de Maiquetía al aeropuerto de Miami a las 5:20 de la tarde y regresó a Caracas el 4 de mayo de 2015, en la misma aeronave. El 28 de marzo de 2015 también viajó desde Caracas a la isla de Gozo, perteneciente al archipiélago de Malta, para regresar a Caracas el 5 de abril de 2015 en el vuelo chárter HVJH. En otra oportunidad, el 22 de enero de 2015, tomó el vuelo chárter N113WJ con ruta de Caracas a West Palm Beach, Florida, con retorno el 27 de enero de 2015 desde  el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida a Maiquetía.

Las autoridades estadounidenses igualmente reportan los siguientes viajes: 1) 20 de noviembre de 2014 (Caracas-Miami) en vuelo chárter N990CH con regreso el 24 de noviembre de 2014 en el mismo avión; 2) 28 de agosto de 2014, Caracas-Miami en vuelo privado N96255 con retorno a Maiquetía en el vuelo chárter N990CH; 3) 25 de diciembre de 2012, vuelo American Airlines Caracas Miami, con retorno el 16 de enero de 2013 en el vuelo comercial #AA 979; 4) 25 de diciembre de 2011 vuelo comercial de Delta Airlines Caracas-Atlanta, con regreso el 5 de enero de 2012 por la misma línea aérea; 5) 26 de agosto de 2011 en vuelo de American Airlines Caracas-Miami con regreso el 6 de septiembre de 2011 Miami-Maiquetía; 6) 27 de junio de 2010 viajó en un vuelo de Santa Bárbara Airlines BBR 1525 Caracas-Miami, y regresó en el vuelo BBR1516.

Los destinos del hijo menor de Cilia Flores

Por su parte, los viajes de Yoswal Alexander Gavidia Flores no son más modestos que los de su hermano y, más bien, destaca lo diversificado de sus destinos, a saber los Estados Unidos, Francia, Aruba, Curazao y las Bahamas, Argentina, Alemania y Colombia.

Así lo refiere un reporte sobre sus movimientos internacionales que ya dimos a conocer en fecha anterior y que hoy traemos a la memoria para ilustrar el tren de vida de los vástagos de Cilia Flores. El informe en cuestión refleja más de 15 viajes en vuelos privados (chárter) desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia de Venezuela en abril de 2013. Una variación notable en la manera de viajar de este hombre que dejó atrás los vuelos comerciales y se decidió por la comodidad de los vuelos privados.

Yoswal Alexander pasa temporadas en el estado de la Florida, en especial en Miami y West Palm Beach. También fue a Nueva York y Atlanta, Georgia cuando tenía 18 años.

En 2016 tuvo unas largas vacaciones en las playas de la ciudad del Sol, a donde llegó en un avión privado (siglas N755CL) desde Caracas a Miami, el 20 de agosto del citado año para retornar a Caracas el 9 de septiembre. Hay que subrayar que el precio de un vuelo chárter entre Caracas y EE. UU. se encuentra entre USD 20.000 y USD 25.000.

El informe del que hacemos referencia revelaba que Yoswal Gavidia Flores los siguientes movimientos: 1) Caracas-Miami-Caracas (viaje de 19 días) Salida agosto 20, 2016 en el jet siglas N755CL (avión propiedad de Roberts Michael A Trustee) y regresó a Caracas el 9 de septiembre de 2016, en el vuelo privado avión siglas: N515CY (GPS AVIATION 55 CORP), 2) Caracas-París-Caracas. Salió de Caracas a París en el vuelo comercial de Air France N-AFA-385 el 12 de junio de 2016. De París viajó a Miami, Florida en vuelo comercial RATE y luego regresó en la ruta Miami-Caracas el 5 de agosto de 2016 en el vuelo privado jet siglas N990CH (VY MASTER AVIATION INC WILMINGTON, DE, US); 3) Caracas-Curazao-Caracas. El 9 de noviembre de 2015 viajó en el vuelo chárter sigla N990CH desde Caracas a Curazao y regresó en el mismo avión el 12 de noviembre de 2015; 4) Caracas-Bahamas-Caracas. El 18 de septiembre de 2015 viajó desde Caracas a Nassau en el avión N990CH, luego viajó desde las Bahamas a Curazao y regresó a Caracas en el mismo avión el 22 de septiembre de 2015; 5) Caracas-Aruba-Caracas. El 17 de febrero de 2015 tomó el vuelo chárter N200VR ruta Caracas-Aruba (ABW-Oranjestad) y regresó a Venezuela en el mismo avión el 10 de julio de 2015.

6) Asimismo, el 17 de abril de 2015 tuvo el itinerario Caracas-Buenos Aires (Argentina)-Caracas. Viajó en el vuelo privado siglas YV2726 desde Caracas a Buenos Aires, para regresar en el mismo avión el 20 de abril de 2015; 7) Caracas-Madrid (España)-Caracas. El 28 de marzo de 2015 viajó en vuelo privado siglas 9HVJK desde Caracas a Madrid y regresó en el mismo avión el 4 de abril de 2015; 8) Caracas-West Palm Beach (Florida)-Caracas. El 22 de enero de 2015 salió de Caracas en el avión siglas N113WJ y regresó en la misma nave el 27 de enero de 2015; 9) Caracas-Miami-Caracas. Salió de Maiquetía el 20 de noviembre de 2014 en el vuelo privado, avión siglas N990CH hacia West Palm Beach (Florida) y regresó en el mismo avión el 24 de noviembre de 2014. 10) Caracas-Miami-Caracas (71 días de viaje). Viajó el 10 de septiembre de 2014 desde Caracas a Miami, Florida en el jet privado N990CH y regresó a Caracas el 20 de noviembre de 2014; 11) Caracas-Nassau- Caracas. Salió de Caracas el 15 de agosto de 2014 a Bahamas en el avión N614RD y retornó a Caracas el 18 de agosto de 2014; 12) Milán (Italia)-Caracas. El 26 de julio de 2014 regresó de Milán -Italia a Caracas en el vuelo chárter OELXX; 13) Caracas-La Paz Bolivia-Caracas. Viajó el 22 de abril de 2014 a La Paz en vuelo privado N990CH y regresó a Caracas el 28 de abril de 2014 en la misma nave; 13) Milán (Italia)-Caracas.

El 26 de julio de 2014 regresó de Milán -Italia a Caracas en el vuelo chárter OELXX: 14) Caracas-Managua (Nicaragua)-Caracas. El 29 de junio de 2013 viajó de Caracas a Managua en el vuelo privado siglas YV0207. De Managua viajó a Aruba en el mismo avión y luego regresó a Caracas el 6 de enero de 2014 en el vuelo chárter YV1827; 15) Caracas-Aruba- Caracas. Febrero 2 de 2014 viajó Caracas-Aruba vuelo YV546T y retornó en el mismo avión el 16 de febrero de 2014. Vuelos comerciales desde 2008 hasta el 2012, fecha en la cual Hugo Chávez se encontraba enfermo en Cuba y designó a Nicolás Maduro como su sucesor; 16) Caracas-Miami-Caracas. 12 de diciembre de 2012 viaja en vuelo comercial American Airlines Vuelo Número AA2114 desde Caracas a Miami y regresa el 16 de enero de 2013 en el vuelo comercial de la misma línea aérea  AA979  Miami-Caracas.

17) Caracas-Miami-Caracas. 18 de octubre de 2012 Caracas-Miami vuelo comercial de American Airlines AA2114 y regresó a Caracas el 5 de noviembre de 2012 en el vuelo AA 2113; 18) Caracas-Atlanta-Caracas. 25 de diciembre de 2011 línea comercial Delta Airlines Vuelo DAL-802  Caracas-Atlanta. Regresó el 6 de enero de 2012 en el vuelo de Delta # 718 Atlanta-Caracas; 19) Caracas-Miami-Caracas. 26 de agosto de 2011 viajó el el vuelo de American Airlines AAL936 Caracas-Miami. De allí viajó a Curazao en la línea comercial Dutch Caribbean Airlines y regresó el 6 de septiembre de 2011 a Caracas en la línea Dutch vuelo DAE 973; 20) Caracas-Bogotá-Caracas. El 13 de septiembre de 2009 viajó Caracas-Bogotá en el vuelo de Avianca AVA069 y regresó el 19 de septiembre en el vuelo de la misma línea aérea AVA078 ruta Bogotá-Caracas. 21) Caracas-Panamá-Caracas. 3 de diciembre de 2008 viajó en Copa vuelo CMP 222 Caracas-Panamá; 22) Caracas-Miami-Caracas. 27 de marzo de 2008 Caracas-Miami vuelo de American Airlines AAL902 con regreso el 1 de abril de 2008 Caracas-Miami; 23) Caracas-Nueva York-Caracas. Se fue el 11 de diciembre de 2006 vuelo American Airlines AAL976 Caracas Nueva York; 24) Caracas-Nueva York –Caracas. El 2 de julio de 2007 en el vuelo de American AA976 Nueva York-Caracas; 24) Caracas-La Habana-Caracas. 1 de marzo de 2006 viajó Caracas-La Habana por Aeropostal; 25) Caracas-Frankfort-Caracas. Caracas-Alemania el 18 de abril de 2006 viajó en vuelo comercial de Lufthansa DLH 534.

Vida de lujos lejos de la represión gubernamental venezolana

De los gustos por el lujo y la buena vida de los Gavidia Flores da cuenta también un reportaje del diario La Razón de España, en el cual se reseñó que durante los días de la represión en que Venezuela estuvo sumida por la acción de las fuerzas policiales del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los ciudadanos que protestaban por la dura crisis que atraviesa el país, los hijos de Cilia Flores, Yoswal Gavidia Flores y Walter Gavidia Flores, prefirieron la paz que brinda a sus huéspedes el hotel Ritz de Madrid, donde se alojaron entre los días 4 y 22 de julio de 2017.

Durante los 18 días que pasaron en el hotel 5 estrellas, los hijastros de Nicolás Maduro contaron con la protección de un numeroso equipo de seguridad, refiere la nota del periódico español.

Según los cálculos del diario madrileño, el solo hospedaje supondría gastos entre 30.906 y 44.073 euros, que a la tasa de cambio para la época habrían significado entre 353 y 504 millones de bolívares. Una cantidad que habría subido enormemente en virtud de que “Los hermanos Flores también han sido vistos en los mejores restaurantes madrileños y en las tiendas de lujo más cotizadas, especialmente las de la calle Serrano y adyacentes, donde se ubican las más caras marcas de moda y joyería”.

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Ernesto tenía 10 años laborando en una empresa de seguros en Caracas. No había tenido problema alguno con ninguno de sus compañeros. Sus jefes inmediatos estaban complacidos con su desempeño como “Asistente II”, hasta el día en que las grabaciones de las cámaras de seguridad durante los últimos meses les obligaron a cambiar la percepción que tenían de él.

Raylí Luján/Venezuela Al Día

El hombre de 45 años de edad había estado robando el agua de la oficina. Insólito o no, vaciaba los botellones de agua de la oficina en pequeñas botellitas que guardaba en su cartera o morral y en ocasiones hasta se llevaba el agua de las pocetas.

“Lo hacía en diferentes horarios de labor. Nosotros como empleados nos dábamos cuenta, pero nadie decía nada, porque uno veía que él había decaído mucho, estaba muy estresado, también había adelgazado mucho, como unos 15 kilos y se le veía el deterioro físico impresionante. Uno veía el agua pero no decíamos nada”, comenta una compañera.

Ernesto fue despedido y a su cómplice, otro compañero de labores, le levantaron una primera advertencia. “Él dijo que lo ayudaba porque sabía lo que estaba pasando en su casa, donde tenían más de 3 meses sin agua. Se había solidarizado. Es que uno termina haciendo cosas que no son legales pero es que hay gente que de verdad la está pasando muy mal, al extremo de robar agua”, señala otro trabajador de la aseguradora.

Es el día a día en las oficinas o cualquier establecimiento con un alto porcentaje de personal. “No es solamente el agua, también se llevan papel higiénico, servilletas, bolígrafos, materiales de oficina, hojas. Se los llevan por necesidad, por ahorrarse dinero, sobretodo ahorita que viene el inicio del año escolar”, relata Susana, gerente general de una pequeña agencia de viajes al centro de la ciudad capital.

Usuarios viven el traumático resultado de estar entrampados entre dos conos monetarios

La encargada de la agencia que ya ha podido detectar el incremento de este comportamiento en el último año, explica cómo además cada uno de los empleados ha ido adoptando medidas para poder extraer este material con destreza.

“Algunos empiezan diciendo que se les perdió el material que les entregamos para su rol laboral. Sabemos que es falso. Otros van llevándose el papel higiénico, que se encuentra resguardado en el dispensador con tornillos, en unos enrollados que se inventan. Otros se llevan de una hoja carta a la vez”, detalla Susana, al atribuirle esta situación a la crisis nacional.

Lo vivió con el motorizado de la oficina, quien sin antecedentes en su historial y con más de 7 años de servicio, rompió el acuerdo de confianza. Javier, un joven de 32 años que nunca había fallado en ninguna de las encomiendas, fue capturado revendiendo los aceites que le otorgaba la compañía para el mantenimiento de su moto.

“Esto nos ha llevado a hacer cosas que uno no imaginaba hacer. La gente pierde su termina perdiendo su trabajo por eso y es por culpa de la desesperación. Y es que te lo confieso, yo más de una vez he tomado marcadores o resaltadores que mi hija necesita en el colegio. Y sí, quizás antes otras personas también lo hacían, pero te puedo asegurar que no es como ahora., que se hace porque el sueldo no alcanza ni para comprar una caja de lápiz”, apunta.

Y mientras el país continúa sin vislumbrar mejoras sociales y económicas, en medio de una profunda incertidumbre a causa de los más recientes anuncios emitidos por el presidente Nicolás Maduro, las empresas comienzan a tomar medidas más drásticas.

La vigilancia extrema, las requisas a cada uno de los trabajadores y los despidos inmediatos, son de las más duras estrategias aplicadas por las directivas o gerencias que ya deben lidiar con el recorte del personal por los aumentos intempestivos del gobierno, los ajustes de horarios por la falta de transporte y la emigración.

De la “lista Tascón” al carnet de la patria: El control social del chavismo

“Es una crisis que se nos escapa de las manos”, destaca el director de una reconocida empresa de bienes raíces, quien ve con asombro que se haya optado por no colocar más jabón ni aromatizantes en el baño, aunque termine por entenderlo.

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La figura de los contratos complementarios sólo ha significado para la república la elevación de los precios de las negociaciones iniciales o, simplemente el incumplimiento de las mismas por parte de las empresas contratistas.

Por Maibort Petit

Los 50 meses que estableció el contrato inicial no fueron suficientes para que la empresa China National Machinery & Equpment Import & Export Corporation (CMEC) cumpliera con el compromiso establecido con la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, para suministrar e instalar un “grupo generador de generación eléctrica totalmente nuevo de 600 MW” en Planta Centro, por lo que ambas partes recurrieron a la suscripción de un Addendum o contrato complementario que significó la duplicación del precio de la negociación al elevarse de Bs. 3.805.851.400,00 a Bs. 6.294.292.700,00 el costo de los USD 1.463.789.000,00 establecido como monto del contrato.

En pocas palabras, el tiempo y la inflación consumieron los términos estipulados al momento de firmar Alí Rodríguez Araque por Corpoelec y Jia Zhiqiang por CMEC en diciembre de 2010, y tuvieron que volver a renegociar a una nueva tasa de cambio del dólar, que pasó de Bs. 2,60 a Bs. 4,30.

En Venezuela la tasa de cambio desde la entrada en vigor del control cambiario se fijó a un tipo de cambio fijo de Bs. 1,600 (Bs.F. 1,60) que en febrero de 2004 pasó a Bs. 1.920 (Bs.F. 1,92) y en febrero de 2005 quedó en Bs. 2.150 (Bs.F. 2,15) un precio que se mantuvo por cinco años hasta que en enero de 2011, el entonces presidente Hugo Chávez anunció una devaluación que llevó a establecer dos tipos de cambio, uno para sectores prioritarios como salud y alimentación a Bs. 2,60 por dólar y otro que llamaron dólar petrolero a Bs. 4,30.

Este dólar petrolero aplicaba para el sector automotriz, comercio, químicos, metalúrgico, textil, telecomunicaciones, construcción, tabaco, bebidas y el resto de las áreas en las cuales se inscribe el objeto del contrato suscrito entre Corpoelec y CMEC.

Este empresa forma parte del grupo de tres compañías chinas — China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC)— señaladas de haber pagado millonarias comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de la obtención de contratos con sobreprecio en el marco de la emergencia eléctrica que se decretó en 2010 —fecha para la cual se suscribieron los contratos aquí mencionados— en tiempos en que su primo hermano Rafael Ramírez Carreño ejercía como ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa.

Estas compañías efectuaron decenas de transferencias por cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien es indiciado de ser su operador personal y testaferro, en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Los contratos

El 3 de diciembre de 2010, se suscribió un contrato por la cantidad de USD 1.463.789.000,00 para la “Ingeniería, procura, construcción y puesta en funcionamiento de la unidad a vapor N° 6 de 600 MW y su sistema de transmisión asociado en planta centro”.

El documento fue firmado por Alí Rodríguez Araque, representando a la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, en su carácter de presidente, y por el ciudadano de nacionalidad china Jia Zhiqiang, presidente de la empresa China National Machinery & Equpment Import & Export Corporation (CMEC).

La empresa china se comprometía a suministrar e instalar un “grupo generador de generación eléctrica totalmente nuevo de 600 MW”, así como a realizar todas las obras de ingeniería e infraestructura y de servicios inherentes a dicha instalación y convenidos en el contrato suscrito, así como la derivada transferencia de tecnología y capacitación por parte de la empresa china al personal de Corpoelec.

El monto acordado se calcularía de acuerdo a la tasa referencial de 2,60 bolívares fuertes por dólar americano, para un total en bolívares de Bs. 3.805.851.400,00 discriminados en varios pagos como se aprecia en la imagen:

El contrato establecía un plazo de 50 meses para la culminación de la obra, tiempo que empezaría a correr a partir de la firma del acta de inicio del pago del anticipo fijado en un 40 por ciento del total del monto convenido para la obra y disponía de un cronograma de pagos contra valuaciones y presentación de facturas como se detalla en la siguiente imagen capturada del documento:

Según la cláusula 26 del contrato, el costo de la obra sería financiado a través del crédito de financiación de gran volumen a largo plazo otorgado por la República Popular China bajo la administración del Bandes imputado a las partidas de Corpoelec para los presupuestos de los años 2010 al 2014.

Adenda al contrato

A este contrato se le agregan dos adenda fechados en 2011.

En el primer Addendum del 25 de mayo, firmado por Alí Rodríguez Araque y Jia Zhiqiang en representación de Corpoelec y CMEC, respectivamente, se modifica el monto del contrato y ya no se calcula la tasa de cambio referencial en 2,60 bolívares fuertes por dólar, sino a 4,30 bolívares por dólar americano, con lo cual el monto total de la obra en bolívares asciende a Bs. 6.294.292.700,00. Este cambio en el monto de la tasa referencial de cambio afectó por consiguiente todas las cláusulas que incluían la conversión a bolívares, aunque los montos en dólares se mantuvieron invariables.

El segundo Addendum, firmado el 19 de julio de 2011, por los mismos signatarios del contrato original en representación de Corpoelec y CMEC, cambia la denominación de la empresa china a China Machinery Engineering Corporation dejando de llamarse China National Machinery & Equpment Import & Export Corporation y quedando igual con las siglas CMEC y se especifica que la empresa con esta nueva denominación está presidida por el ciudadano chino Yang Wansheng.

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Supcacven obvió los mecanismos de control que obligan a la revisión de los contratos por la Procuraduría General de la República y a obtener la aprobación del Poder Legislativo de unas negaciones que cedieron el control de todo el proceso de la criptomoneda a una empresa en la que el estado venezolano carece de representación.

Maibort Petit/Venezuela Al Día

El Superintendente de los Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Supcacven, Carlos Eduardo Vargas Urbina, habría entregado el absoluto control del Petro y la operatividad del organismo a la empresa Social US C.A. de Gabriel Jiménez Marrón, supuestamente a cambio de comisiones, según informan fuentes relacionadas con la institución.

La documentación que presentamos en estas páginas, revela que Gabriel Jiménez y su empresa tenían programada la apertura de oficinas en los Estados Unidos para promover y vender el Petro, aun cuando existe una orden ejecutiva del gobierno norteamericano que prohíbe expresamente el uso y las transacciones con la criptomoneda venezolana en su territorio y a sus ciudadanos.

Inflación desenfrenada se “come” el valor absurdo de billetes del viejo cono

Estamos en conocimiento de que los contratos suscritos entre la Supcacven y Social US C.A. no fueron revisados por la Procuraduría General de la República como corresponde, ni por instancia legislativa alguna que los autorizara y, a pesar de esto, Carlos Vargas procedió a firmar las negociaciones y, por consiguiente, a entregar a una empresa extranjera el control total del Petro y los criptoactivos. Y es que como podrá verse más adelante, en la compañía que se encargaría de la promoción y negociación del Petro, el estado venezolano carece de toda representación.

El acuerdo marco

El 19 de febrero de 2018 la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Supcacven, representada por Carlos Vargas Urbina, y la empresa Social US C.A., representada a su vez por Gabriel Jiménez, suscribieron un acuerdo marco en el cual se sustentaría el contrato definitivo que ambas firmarían para la provisión de servicios de mercadeo vinculados al proyecto Petro y que incluiría detalles planteados en el documento “la propuesta de servicios y estrategias de mercadeo y comercialización”.

Refiere la cláusula primera de este acuerdo marco que la empresa Social US C.A. recibirá comisiones directas del 3 por ciento para cada inversor certificado, para lo cual estos debían presentar cartas de intención que tenían que ser entregadas antes del 20 de marzo de 2018, que resulten debidamente liquidadas.

Después de esa fecha —reza la cláusula segunda— las comisiones que Social US C.A. recibirían sería del 0,5 por ciento sobre las ventas certificadas antes del 20 abril de 2018.

Entretanto, la tercera cláusula indica que Social US C.A. recibirá comisiones indirectas del 0,5 por ciento sobre el resto de inversiones, a saber, las que resulten de restar del total de inversiones las conseguidas directamente por el gobierno de Venezuela, por la empresa Aerotrading LTD y la propia Social US C.A.

Asimismo, Social US C.A. se comprometió a conseguir inversiones directas certificadas de por lo menos USD 250 millones durante los primeros 60 días de la emisión, lo cual debía ocurrir antes del 20 de abril de 2018, de acuerdo a lo expresado en la cláusula cuarta, la cual además establece que en caso de que no se alcanzara esta cantidad, la empresa no recibiría las comisiones indirectas.

También Social US C.A. se comprometió a instalar oficinas de representación por un período de al menos un año, en Tokio, Seúl, Singapur, Londres y San Francisco luego de transcurridos 11 días desde la firma del acuerdo.

La empresa dio su palabra de llevar a cabo actividades de representación en un mínimo de 15 ciudades para promover el Petro y a Venezuela.

Social US C.A. se comprometió a listar el Petro en al menos 18 exchanges (sitios para operar y negociar divisas, digitales. Centros financieros), de las cuales dos deberían figurar entre las primeros diez, definidas de acuerdo al volumen de transacciones diarias, mientras que  cinco debían estar entre las siguientes 15. Los plazos para poner en funcionamiento las exchanges se definirán posteriormente, atendiendo a que un mínimo de 2 exchanges deben estar en funcionamiento a partir del momento en que la criptomoneda sea comercializable en el mercado y la totalidad de los 18 exchanges deben estar en funcionamiento antes de los 6 meses desde esta fecha.

Jefes del Saime tendrán responsabilidad penal en la entrega de pasaportes

Se estipuló en la cláusula sexta que las comisiones obtenidas en base a las capturas de inversiones directas serían liquidadas en Petros cada 90 días contados a partir de los 15 días de la firma del contrato. A su vez, las comisiones obtenidas por colocaciones de inversiones indirectas se cancelarían también en Petros cada 180 días contados a partir de la firma del contrato.

Cuando las comisiones fueran liquidadas, Social US C.A. podía vender la mitad de las mismas inmediatamente, debiendo esperar 90 días adicionales para transferir el resto.

La cláusala séptima indicaba que Social US C.A. recibiría un anticipo de USD 500.000 en dinero fiduciario dentro de los primeros 15 días de la firma del contrato.

El reclamo de Gabriel Jiménez

El 2 de abril de 2018, la empresa Social US C.A. remitió a la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas, a la atención de Carlos Vargas, una comunicación referida al contrato que ambos firmaron el 13 de marzo del citado año y en el que la primera se comprometía a atraer inversionistas interesados en comprar el Petro; a promover las virtudes, características y cualidades de la criptomoneda nacional e internacionalmente; a instalar y mantener oficinas de representación para promover el Petro en ciudades como Tokio, Seúl, Singapur, Londres, Chicago, San Francisco y Nueva York; a promover el Petro en por lo menos 15 ciudades; a listar el Petro en al menos 18 exchanges.

Igualmente, menciona lo relativo al anticipo de USD 500.000, el cual a la fecha de la comunicación no habían sido pagados “siendo que es un recurso necesario para el alcance los objetivos planteados”.

Jiménez hizo un listado de las actividades realizadas por su empresa a cuenta del contrato y aunque refirió que las llevó a cabo por creer en el proyecto y su éxito, advirtió que “no obstante es pertinente por la presente indicarle que todas las actividades contratadas se han adelantado, como los informes le indican, aun sin el avance de los fondos indicados en el contrato a gran costo y esfuerzo de nuestra empresa, la cual sigue y seguirá a disposición para lograr los objetivos del Petro trazados”.

Igualmente alertó que los aspectos técnicos del Petro no habían sido presentados ni discutidos a la fecha para poder realizar el trabajo de promoción y comercialización debido, por lo que la información salida en los medios y en la comunidad de los criptoactivos nacional e internacional era “contradictoria, no conclusiva y confusa, por ello, sin contar nosotros con esta herramienta necesaria, el informe técnico real y preciso del modelo y del criptoactivo a promocionar y promover, los objetos del contrato no pueden completarse debidamente”.

El contrato

Los documentos en nuestro poder no nos dejan ver la fecha exacta cuando se firmó el Contrato Marco entre la República Bolivariana de Venezuela representada por la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas (Supcacven) y las empresa Social US C.A., representadas ambas partes por Carlos Vargas y Gabriel Jiménez, respectivamente.

Se trataba de un Contrato de Provisión de Servicios de Mercadeo vinculados al “Proyecto Peto”.

Social US C.A. se comprometió en la cláusula primera a que las inversiones  en el Petro fueran debidamente certificadas vía carta de intención y a que se liquidaran antes del 20 de abril de 2018, el monto total de las inversiones deberían alcanzar la suma de, al menos, USD 250 millones. Se advierte que en caso de que la empresa no cumpliera con esto, no recibiría pago alguno por concepto de comisiones indirectas.

Las adquisiciones efectivas por parte de los interesados que fueran traídos por Social US C.A. no generarían valor agregado y solo serían susceptibles de prestación por comisión directa a partir que se liquidara efectivamente dicha adquisición.

La cláusula tercera estipuló que la comisión por ventas directas de Social US C.A. que se hubieren materializado efectivamente se cobraría así: 1) Las ventas realizadas entre el 20 de febrero y el 20 de marzo del 2018, ambas fechas inclusive, serían equivalentes al 3 por ciento del monto de la compra. 2) las compras realizadas desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril del 2018, ambas fechas inclusive, generarían una comisión directa de 0,5 por ciento del monto de la compra.

La cláusula quinta estaba referida al anticipo no reembolsable de USD 500.000.00, los cuales debían ser descontados del monto final de las prestaciones que por comisión directa o indirecta percibiera Social US C.A.

Igualmente, la cláusula sexta indicaba que los pagos de las comisiones directas o indirectas a Social US C.A. se pagarían en Petros de la siguiente manera: 1) Las comisiones obtenidas en base a las capturas de “inversiones directas” serán liquidadas en Petros cada 90 días continuos contados a partir de los 15 días continuos de la firma del contrato; y 2) las comisiones obtenidas en base a las colocaciones de “inversiones indirectas” serán liquidas en Petros cada 180 días contados a partir de la firma del contrato.

Las primeras comisiones indirectas se cancelarían en Petros  y se debía descontar la cantidad de la criptomoneda que correspondía al anticipo.

Después de liquidadas las comisiones, Social US C.A. podía vender la mitad de estas inmediatamente, debiendo esperar 90 días adicionales para transferir el resto de los Petro que hubiera percibido por concepto de comisiones directas o indirectas.

El contrato además incluyó los aspectos contemplados en el Acuerdo Macro relativos a la promoción del Petro, la instalación de oficinas de representación en varias ciudades del mundo, la colocación de la criptomoneda en losexchanges, cláusulas de confidencialidad y demás formalidades contempladas en este tipo de contratos.

Los protagonistas

Carlos Eduardo Vargas Urbina, nació el 1° de enero de 1982, es titular de la Cédula de Identidad N° V-15.211.017 y aparece ubicado en la parroquia Cantaura del municipio Freites del estado Anzoátegui.

Aparece registrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, desde el 4 de agosto de 2017, por la Asamblea Nacional Constituyente con el número patronal 001899001. Tiene estatus activo, su primera afiliación fue el 1° de enero de 2006 y su fecha de contingencia es el 1° de enero de 2042. Acumula 462 semanas cotizadas, con un total salarios de Bs. 14.691.723,16.

Ejerce su derecho al voto en el Liceo Doctor Felipe Guevara Rojas, de la parroquia Cantaura del municipio Freites, estado Anzoátegui.

Este abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente electa irregularmente. Anteriormente había sido diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, vinculado a Ricardo Sánchez. Es fundador del partido pro oficialista, Alianza Para el Cambio.

Vargas Urbina fue designado por el presidente Nicolás Maduro como Superintendente de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana, mediante el Decreto N ° 3.197 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.346 Extraordinario el 8 de diciembre de 2017.

Entretanto, Gabriel Simón Jiménez Marrón, nació el 30 de marzo de 1990, es portador de la Cédula de Identidad N° V-19.562.628 y aparece ubicado en la Parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Su regusto en el IVSS indica que ingresó al sistema el 18 de noviembre de 2013. En la actualidad aparece registrado por la empresa UEP José Gregorio Monagas AC., con el número patronal E48201003. Tiene estatus activo y su fecha de contingencia es el 30 de marzo de 2050. Acumula 246 semanas cotizadas con un total de salarios cotizados de Bs. 9.496.720,41.

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Conopoima, de la parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, y se ha dedicado al área de negocios, específicamente a los asuntos de tributación financiera nacional e internacional. También tiene estudios en laUniversity of Central Florida y en la University of Denver, Estados Unidos. Asimismo, cursó la carrera de Banca y Finanzas en el London Metropolitan University.

Vargas Urbina y Jiménez Marrón fueron acusados ante la ANC, entidad a la que se le solicitó investigarlos penal, civil y administrativamente por presuntamente pertenecer a una organización criminal causante de efectos devastadores al país, “generados por la comisión de los múltiples hechos punibles (…) cuyo propósito fundamental no fue otro que a nuestro criterio enriquecerse y Traicionar a la Patria”.

Sobre Social US C.A.

La empresa de Gabriel Jiménez, The Social US LLC, cuyo estatus es activa, está registrada en el estado de la Florida el 25 de mayo de 2016, bajo el número L16000102779, y número FEI/EIN 81-2751005. Su sede en el 800 N Ashley Dr., Tampa, FL 33602 UN. El agente registrador y su titular es Gabriel Jiménez, cuya dirección es  la misma ofrecida como domicilio de la compañía.

Al momento de su registro en 2016  se informó dirección de la empresa el 480 NE 30 ST, APT 2204, Miami, Florida 33137. En ese entonces como agente registrador figuró Andras Bendeguz, cuya dirección era la misma suministrada como sede de la compañía. Como titular se indicaba a Gabriel En 2017 Jiménez.

El 29 de noviembre de 2017 fue renovada la empresa, ofreciéndose los mismos datos que al momento de su registro inicial.

Nuevamente el 19 de marzo de 2018, se renovó el registro empresarial de The Social US LLC y es entonces que se ofrecen los datos suministrados líneas arriba que refieren que la dirección de la compañía es el 800 N Ashley Dr., Tampa, FL 33602.

En Venezuela, Social US C.A. tiene el Registro de Información Fiscal (RIF) J-403305510 y se encuentra registrada ante la Oficina de Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 22 de octubre del 2013, anotada bajo el N° 10, Tomo 169-A. Sus estatutos fueron reformados, según consta de documento inscrito ante la referida Oficina de Registro Mercantil el 20 de febrero del 2018, quedando anotada bajo el No. 33, Tomo 35-A.

Protección de nuestras fuentes: 

Esta periodista garantiza el absoluto anonimato de las fuentes. Conocemos y entendemos que se integridad física y laboral está en peligro por ello nos acogemos a lo establecido en la ley de los Estados Unidos y a la ética periodística. Los nombres, empresas y colaboradores nunca serán revelados ni expuestos. Si alguna persona u empresa desea colaborar con nosotros puede comunicarse a través de MD de nuestro red social Twitter @maibortpetit o a nuestro correo blogvenezuelapolitica@tuta.io 

Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas y empresas mencionadas a los correos electrónicos que aparecen en los récords públicos pero al cierre del reportaje no logramos repuestas a nuestras solicitudes. Si alguno de los mencionados desea expresar su punto de vista o comentarios pueden escribirnos a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. A continuación les dejamos los sendos cuestionarios enviados a los dos mencionados.

Cuestionario Carlos Vargas:

¿Por qué no se sometieron a revisión de la Procuraduría General de la República los acuerdos y contrato suscrito por la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Supcacven, y la empresa Social US C.A.? Igual se obvió el control y aprobación del Poder Legislativo. Argumente.

¿Por qué se negoció con una empresa en la que el estado venezolano carecía de representación y se le otorgó el control absoluto de las operaciones con el Petro?

En los documentos se contempla la apertura de oficinas de representación en Estados Unidos aun cuando existe una orden ejecutiva expresa del gobierno norteamericanoque prohíbe las operaciones con el Petro. ¿Por qué?

Cuestionario Gabriel Jiménez

Se le señala de haber manejado las operaciones de diseño, promoción y puesta en funcionamiento del Petro en beneficio propio. ¿Qué puede decir en su descargo?

Planeaba usted abrir oficinas de representación de Social US en Estados Unidos para promover el Petro aun cuando existe una orden ejecutiva que lo prohíbe. ¿Por qué?

En su criterio, ¿despoja su empresa del control del manejo de las operaciones del Petro al estado venezolano o no? Argumente.

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Doce años no fueron suficientes para que la Constructora Norberto Odebrecht terminara el tercer puente sobre el principal río venezolano y, por el contrario, este tiempo sólo sirvió para que supuestamente se gestara otro caso de corrupción que ha significado para la república el incremento del precio del contrato inicial de la obra en casi cinco veces su valor, sin que hasta la fecha ninguno de los responsables haya respondido por estos hechos.

Por Maibort Petit

El proyecto de construcción del sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco entre los estados Bolívar y Guárico encomendado a la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, experimentó variaciones que elevaron su precio inicial establecido en junio de 2006 en Bs. 2.132.089.627.428,60 (con la primera reconversión monetaria pasó a ser Bs.F. 2.132.089.627,43) equivalentes a USD 991.669.594,15, a Bs. 6.035.421.447,71 y un componente en moneda extranjera de USD 1.921.175.345,15 para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78. El incremento de Bs. 8.033.858.812,35 significó casi la quintuplicación del monto inicial negociado sin que a la fecha los trabajos hayan sido terminados, aun cuando debieron estar listos el 31 de diciembre de 2017. Presentan sólo un 70,3 por ciento de avance.

De tal desatino fueron responsables los ministros Ramón Carrizalez, Nelson Merentes, Isidro Rondón, Rafael Isea, Diosdado Cabello, Alí Rodríguez Araque, Jorge Giordani, Juan García Toussaint y José Luis Bernardo, quienes entre 2006 y 2015, recurrieron al esquema que hemos venido denunciando como mecanismo para inflar los precios de las negociaciones, consistente en la firma de adenda o contratos complementarios que, además, extienden en el tiempo la ejecución de los trabajos que en pocas ocasiones llegan a concluirse.

La descomunal suma que la ejecución de la obra ha conllevado, dio origen a un trabajo del El Estímulo que revela que lo negociado con la empresa brasileña por este puente tiene un costo que supera en veinte veces al de la estructura de este tipo más alta del mundo, inaugurada en 2017 en China y que tardó en ejecutase solamente tres años.

Cabe recordar que la empresa brasileña en cuestión reconoció haber pagado USD 98 millones en sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos de obras públicas  en Venezuela. La fiscal general de la república en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que el estado venezolano pagó a Odebrecht 30 mil millones de dólares por once obras de infraestructura inconclusas, entre las que se encuentra el tercer puente sobre el río Orinoco.

El contrato principal

El 7 de junio de 2006, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de los ministerios de Infraestructura y Finanzas, representado cada uno de ellos por sus titulares para la fecha, Ramón Alonzo Carrizales Rengifo y Nelson Merentes, respectivamente, por una parte, y por la otra, la Constructora Norberto Odebrecht S.A., representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y Jose Claudio de Cerqueira Daltro, suscribieron un contrato de obra regido por las Condiciones Generales de contratación para la ejecución de obras contenidas en el Decreto N° 1.417 de fecha 13 de julio de 1996, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.096 Extraordinario de fecha 16 de septiembre de 1996 y las Condiciones Generales de Contratación para Estudios y Proyectos contenidas en la Resolución N° 387 de fecha 26 de agosto de 1975, publicada en la Gacela Oficial de la República de Venezuela N° 30.785 de fecha 3 de septiembre de 1975.

El objeto del contrato se define el en la segunda cláusula indicándose que este será el proyecto de ingeniería básica, la ingeniería de detalles y la construcción del sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco, integrado por el puente ferroviario carretero entre las ciudades de Caicara, estado Bolívar y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, los enlaces de conexión con la vialidad de las poblaciones de Calcara y Cabruta y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico.

La empresa brasileña se obligó a ejecutar para Venezuela, por su exclusiva cuenta, con sus propios elementos y sin ningún costo para el país, el proyecto de ingeniería básica cuyo monto alcazaba los USD 5.588.000, teniéndose como el aporte de acuerdo a lo establecido en el Convenio Básico de Cooperación Básica suscrito entre Venezuela y Brasil el 20 de febrero de 1973.

Se informa en la cláusula quinta que el contrato se estableció bajo la modalidad de precios unitarios.

Asimismo, la vigencia del contrato se fijó en 48 meses contados a partir de la fecha del Acta de Inicio.

Entretanto, el precio básico de la obra o precio del contrato quedó estipulado en la séptima cláusula, en la cual se precisó que serían Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15, monto que no incluía el Impuesto al Valor Agregado, IVA.

Esta cláusula contenía un parágrafo único que establecía que el precio de la obra sería pagado a través de los mecanismos financieros y términos acordados entre al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Infraestructura, lo cuales debían ser previamente aprobados por el presidente de la república que, para la época, era Hugo Chávez Frías y, asimismo, contar con todas las autorizaciones según las normas vigentes en cada uno de los ejercicios fiscales comprendidos para la ejecución del contrato.

La cláusula octava indicaba que Odebrecht iniciaría los trabajos al momento de recibir el pago del anticipo previsto en la cláusula décima tercera que estableció que el mismo sería del 15 por ciento del precio de la obra.

El aparte B de esta cláusula indicaba que el saldo del precio del contrato se pagaría contra la presentación de valuaciones de los trabajos debidamente ejecutados, comprobados por el ingeniero inspector. Del monto bruto de cada valuación se descontaría el porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo y a las retenciones previstas como garantía. También se deducirían las penalizaciones si estas existieran.

Se estableció un lapso de garantía en la cláusula novena, la cual refería que una vez concluida la obra, regía un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de firma del acta de aceptación provisional de los trabajos y, transcurrido ese tiempo, se firmaría el acta de recepción definitiva dentro de los 30 días siguientes.

La cláusula décima versaba sobre la variación del presupuesto de la obra indicándose que este podía sufrir modificaciones a consecuencia de que hubiera cambios en las cantidades de obra, de alteraciones en la cota de referencia de las fundaciones según el proyecto básico y por aumentos salariales.

Las variaciones de cantidades de obra (cláusula décima primera) están previstas si estas se presentaren en relación con el presupuesto de la oferta y del proyecto de ingeniería de detalle y del presupuesto de ingeniería básica; Venezuela reconocería las diferencias que por tal concepto se generaran como variaciones en las cantidades de obra. Correspondería a la contratista incorporar a las valuaciones  mensuales, los aumentos o disminuciones que se generaren.

La cláusula décima segunda estaba referida a las variaciones en la cota de referencia  del proyecto de ingeniería básica, las cuales tenían que ver con aumentos o disminuciones que afectaren el costo de las fundaciones y que resultaren de aplicar los precios unitarios previstos en el presupuesto detallado a la diferencia entre la cota de asiento  definitivo  de cada fundación.

Venezuela rembolsaría a Odebrecht la variación en los costos que experimentaran las partidas  que conformar el precio de la obra (Cláusula décima sexta) y se ajustaría el monto del contrato por concepto de aumentos salariales derivados de las variaciones de precios aplicables a la obra ejecuta.

Venezuela también reconocería las variaciones de precios sobre la obra ejecutada durante el plazo de ejecución, en los casos de prórroga que esta se produjera por causas no imputables a la contratista (cláusula  décima séptima).

A estas cláusulas apeló la empresa brasileña para justificar los incrementos que se le hicieron al precio inicial y recurrir a la figura de los contratos complementarios para llevarlos a cabo, tal como lo veremos más adelante.

La cláusula vigésima séptima establecía penalidades si la contratista no terminara los trabajos en el tiempo establecido en el contrato y pagaría a Venezuela sin necesidad de requerimiento alguno, una cantidad equivalente al uno por mil del precio de la obra por cada día de retardo  en su culminación, más los gastos de inspección que originara el retardo. Venezuela podía deducir el monto de las sanciones de cualquier saldo a favor de Odebrecht.

También se estipularon penalidades por atraso en la ejecución de la obra, las cuales no podían ser mayores al 15 por ciento del precio de la obra.

Normas estas últimas que fueron obviadas por completo, toda vez que Odebrecht, a la fecha actual, no ha terminado los trabajos y nunca recibió las referidas penalidades.

Se previeron las prórrogas de los plazos estipulados para la conclusión de los trabajos en la cláusula vigésima novena, las cuales operarían cuando Venezuela ordenara la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a la contratista; por modificaciones al proyecto ordenadas por Venezuela; por fuerza mayor; por condiciones de fundación distintas a las previstas en la ingeniería de detalle; por cualquier causa que a juicio de Venezuela fuera justificada.

Venezuela podía ordenar modificaciones o requerir que la contratista ejecutara obras adicionales (cláusula trigésima), así como obras de emergencia (cláusula trigésima primera). Asimismo, se establecieron fianzas de fiel cumplimiento (cláusula vigésima), de anticipo (vigésima primera), las previsiones relacionadas con el tipo de obra a ejecutar y demás formalidades contempladas en este tipo de negociaciones.

Documento complementario N° 1

El 30 de abril de 2008, Venezuela por órgano de los ministerios del Poder Popular para la Infraestructura y para las Finanzas, representados por Isidro Ubaldo Rondón Torres y Rafael Eduardo Isea Romero, respectivamente, y la Constructora Norberto Odebrecht S.A., representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, firmaron un Addendum que se denominó Documento Complementario N° 1, el cual forma parte integrante del contrato suscrito el 7 de junio de 2006, que partir de ese momento comenzaba a conocerse como el documento principal.

El objeto de este Addendum (Cláusula segunda) conjuntamente con su presupuesto actualizado y el programa de trabajo de ejecución de obras, buscaba establecer las ampliaciones y modificaciones al proyecto original incorporado al documento principal, necesarios para cabal cumplimiento  de la obra.

En la cláusula tercera se modificó el precio básico de la obra, estableciéndose el precio complementario en Bs. 399.659.910.858,45 o 399.659.910,86 bolívares fuertes equivalentes a USD 185.888.330,63 sin incluir el IVA, totalizando el monto del documento principal en Bs. 3.170.475..589.694,00 o 3.170.475.589,69 equivalentes a USD 1.474.639.809,16 sin IVA.

La modificación de los Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 establecido como precio del contrato se hizo en virtud de que fue presupuestado con base a una ingeniería básica conceptual desarrollada en los años 2004 y 2005 bajo informaciones de carácter provisional  y con cómputos métricos estimados. Igualmente Venezuela solicitó modificar el proyecto inicial para añadir dos canales carreteros en el piso superior del puente elevando así a cuatro el número de dichos canales.

La vigencia del contrato se estipuló en la cláusula quinta, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2011, de acuerdo a la establecido en el Anexo II Programa de Trabajo de Ejecución de Obras.

El nuevo precio elevó también el monto del anticipo y las fianzas.

Documento Complementario N° 2

El 11 de junio de 2009, Venezuela por órgano de los ministerios del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda y el de Economía y Finanzas, representados por Diosdado Cabello y Alí Rodríguez, respectivamente, por un lado, y por el otro, la Constructora Norberto Odebrecht, representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, suscribieron un nuevo Adendum o Documento Complementario N° 2.

El objeto de este Documento Complementario N° 2 y sus anexos, quedó definido en la segunda cláusula, la cual refería que el fin era ampliar y modificar la ingeniería de detalle de la obra incorporadas al documento principal y Documento Complementario N° 1, necesarias para su adecuado funcionamiento a fin de abarcar las actualizaciones y ajustes en el diseño de la obra.

También se modificó el monto del contrato en la cláusula tercera, que subió el precio básico de la obra para ubicarlo en Bs. 1.008.463.382,86 equivalentes a USD 469.052.736,21 más el IVA.

De este modo, el precio de la obra totalizaba Bs.F. 4.178.938.970,91 equivalentes a USD 1.943.692.544,61 más IVA.

El nuevo monto modificó los montos de las fianzas y el anticipo.

Documento Complementario N° 3

El 15 de junio de 2010, Venezuela a través de sus ministerios del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda y el de Planificación y Finanzas, representados por Diosdado Cabello Rondón y Jorge Giordani, respectivamente, y la Constructora Norberto Odebrecht, representada a su vez por Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, suscribieron un nuevo Addendum o Documento Complementario N° 3, que tenía por objeto (Cláusula segunda) contemplar las ampliaciones y complementaciones desarrolladas por la ingeniería de detalles de la obra.

El precio del contrato sufrió una nueva modificación como se da a conocer en la cláusula tercera, que refiere que el monto de la negociación contaría ahora con un componente nacional que alcanzaba los Bs.F. 2.406.686.910,26 y otro en moneda internacional (dólares de Estados Unidos) de USD 483.343.043,82, que en conjunto totalizaban USD 1.408.991.855,46 más IVA

El monto de la obra con los dos componentes ahora totalizaba Bs.F. 4.136.293.293,01 y USD 1.622.567.503,44 que, en conjunto a la tasa de cambio vigente para la época (Bs. 2,60 por dólar) totalizaban USD 2.584.496.176,23 más IVA.

Documento Complementario N° 4

El ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Juan de Jesús García Toussaintt, en representación de la República Bolivariana de Venezuela, suscribió con la Constructora Norberto Odebrecht, representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y Estévão Timponi França, el 27 de septiembre de 2012, un nuevo Addendum o Documento Complementario N° 4 que con sus anexos forma parte integrante del contrato “Proyecto y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el río Orinoco”, firmado el 7 de junio de 2006.

El objeto del de este documento complementario N° 4 (Cláusula segunda) era hacer las ampliaciones y adecuaciones desarrolladas por el avance porla ingeniería de detalle de la obra no incorporada en la anterior documentación, y también para actualizar el monto de la Partida N° 179 de Escalatoria, de modo de reconocer las variaciones de los costos que experimentaban las partidas que conformaban el precio de la obra debido a la inflación.

El monto del precio básico de la obra alcanzó en este nuevo addendum Bs. 1.685.274.078,34 (componente nacional) y USD 262.547.553,93 (componente  en moneda extranjera) equivalentes a Bs. 1.128.954.481,90. De este modo, el precio del contrato se ubicó en Bs. 2.814.228.560,24 que a la tasa vigente para la época de Bs. 4,30 por dólar, totalizaba la cfantidad de USD 654.471.758,19 más el IVA.

Con la firma del Documento Complementario N° 4, el precio de la obra quedaba integrado por un componente nacional que alcanzaba la suma de Bs. 5.821.567.371,35 y el componente en moneda extranjera se ubicaba en USD 1.885.115.057,37 equivalentes a tasa de Bs. 4,30 por dólar a USD 3.238.967.934,91 más el IVA.

Esto modificaba igualmente el monto del anticipo y de las finazas contemopladas en el contrato.

Documento Complementario N° 5

El 7 de septiembre de 2015, Venezuela por órgano del Ministerioo del Poder Popular para el Transporte Terrestre y las Obras Públicas, representadoo por José Luis Bernardo Hurtado, por una parte, y por la otra, Constructora Norberto Odebrecht, representada por Jose Claudio Cerqueira Daltro y Estévão Timponi França, firmaron un addendum denominado Documento Complementario N° 5, que tenía por objeto (Cláusula segunda) hacer las modificaciones relativas a las variaciones del precio del contrato e incluir la fabricación y construcción de los tres primeros vanos del viaducto ferrocarrilero en el tramo de la bifurcación de los ojes 9, 9A, 10 y 10A (márgenes sur y norte).

El precio básico de la obra varió en esta oportunidad a Bs. 213.854.076,36 (Componente moneda nacional) y USD 36.060.287,79, para un monto total consolidado de Bs. 291.383.595,11 (Cláusula cuarta).

De esta manera el precio total de la obra quedó integrado por un componente nacional de Bs. 6.035.421.447,71 y un componente en moneda extranjera de USD 1.921.175.345,15 para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78.

Como en las anteriores oportunidades, estas variaciones también alteraron el anticipo y el monto de las fianzas.

La vigencia del contrato se extendió hasta el 31 de diciembre de 2017 (cláusula sexta).

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Las redes sociales son interpretadas por muchos como un nuevo método amarillista para dar a conocer la realidad. Por otros, se han convertido más bien un lugar de desahogo y de encuentro. En Venezuela, son vistas como una ventana hacia la libertad de expresión, que crece cada día en medio de la censura.

Raylí Lujan / Venezuela al Día

La diáspora venezolana y sus múltiples historias han logrado salir a la luz gracias a ese sacudón digital. La empatía, la solidaridad y las ganas de ayudar han enseñado su mejor cara. También el dolor y la incertidumbre que deja el sabor de emigrar han hecho acto de presencia.

Los actos de xenofobia, aunque han sido minoría, se mantienen latentes en estos portales de comunicación. Ante estas acciones, artistas, periodistas y hasta ciudadanos comunes han emprendido campañas que buscan detenerlas.

Rodrigo Martínez es uno de ellos y con su viral video sobre el comportamiento de sus connacionales peruanos hacia venezolanos que residen en ese país, logró tocar fibras, sin siquiera planificarlo.

Este músico y presentador de televisión, de nacionalidad peruana, vio la necesidad de expresarse a través de un video tras recibir un mensaje vía Facebook sobre la convocatoria de una marcha contra la llegada de venezolanos a Lima.

“De una manera muy desleal, de verdad me dolió la manera en que me habló esta persona y le dije que era una persona negativa, que siempre estaba haciendo cosas que perjudican a los demás, en lugar de buscar de hacerlos sentir bien. Lo eliminé de mi Facebook y agarré mi teléfono y empecé a decir todo lo que estaba diciendo sin tener la mas mínima idea de que iba a tener la repercusión que tuvo”, revela Martínez en entrevista exclusiva a Venezuela Al Día.

Este material audiovisual comenzó a circular rápidamente en todas las redes sociales con miles de visualizaciones, a mediados de agosto. En el, Rodrigo comentaba el poder que tiene “dar la mano y dejar a un lado la división de razas, colores, credos, países y fronteras”. Daba su apoyo a los migrantes venezolanos que obligados a abandonar su país en crisis, hoy hacen en vida en otros territorios de la región y el mundo.

“La coyuntura envuelve por completo esta temática que a su vez se ha vuelto una problemática y no debería. Veo a un montón de venezolanos que están trabajando aquí y otros que llegan todos los días y no tienen idea de qué es lo que pueden hacer. Muchos peruanos se han sentido incómodos y es cuando empiezan estos ápices de xenofobia en Perú o en cualquier parte de mundo, que lo que hace es menguar las ganas de la gente que viene con una mano atrás y otra adelante a buscárselas aquí y que además tienen que lidiar con el hecho de sentirse rechazados, de no poder levantar la cabeza ni desarrollarse como quisieran”, destaca Rodrigo Martínez, quien ha podido ver de cerca estos casos y escuchar sus testimonios.

Rodrigo cuenta entre sus grupos de amigos a varios venezolanos. Le sorprende la alegría del gentilicio, “el corazón abierto que siempre tienen, esa sonrisa que contagia a pesar de las circunstancias”.

“Son muchas las cualidades lindas de los venezolanos (…) Creo que nosotros podemos aprender de ellos y ellos también pueden hacerlo de las virtudes del pueblo venezolano. Sé que ya es difícil tener que salir por necesidad de tu hogar, tu familia, a un lugar donde no conoces nada y tener que lidiar con el rechazo.

Por eso, traté de darles un abrazo mediante ese video. Que sepan que todos sus aportes son válidos para mejorar”, resalta.

En medio del optimismo, este joven peruano también siente preocupación por aquellos mensajes de rabia que recibió de parte de sus compatriotas. “Se han dirigido en mis redes sociales para insultarme, despotricarme con los peores adjetivos que se pueden imaginar. Hablando sin razón o conciencia del verdadero trasfondo de este video, arraigados en el fundamentalismo de que ellos son peruanos y tienen la prioridad y que no debería dársele la mano si no es un peruano. La idea no era poner lugares en un podio, sino que bonito el hecho de poder dar la mano”, añade.

Martínez considera que la pobreza que aún azota a localidades de Suramérica está altamente relacionada con los actos de xenofobia. “Es difícil aceptar que se tenga que dar la mano a ciudadanos de otro país cuando ni siquiera se han solucionado los problemas propios”, expone.

Sin embargo, cree posible un movimiento superior que involucre a más influencers, músicos y artistas que puedan ser ejemplos del cambio que se necesita para rechazar la xenofobia. “Con acciones, con mensajes de alientos, con donaciones y sobretodo con la no indiferencia”, señala.

Y aunque se siente cómodo con este activismo social, todavía no quiere adelantarse a algo que aún no se sienta capaz de lograr. “A raíz de esto, he sentido la convicción de que se puede llegar a muchas personas cuando se hacen las cosas con el corazón (…) no le tengo miedo a la polémica, ni al ajetreo de tener que enfrentarme a gente que no esté de acuerdo  conmigo, siempre con respeto”.

Martínez invitó a los venezolanos que van camino a Perú a mantenerse valientes, esperanzados y preparados. “Tengan en cuenta que el tema de las leyes es cuadriculado y no se va a resquebrajar por dolor, pena o compasión. Tengan sus papeles a la mano, sus antecedentes penales y sepan que si es así, las puertas de este país siempre van a estar abiertas. Mucha fuerza, que esto acaba pronto. Y como siempre digo, Vamos Vinotinto que yo estoy contigo.

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Las obras de ejecución del sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco se cancelaron—por lo menos en parte— mediante un llamativo esquema sobre el cual sería altamente conveniente que las autoridades fijaran su atención, sobre todo cuando dos de involucrados —Grupo Odebrecht y Braskem— se encuentran bajo la lupa de la justicia internacional por el escándalo de corrupción que generaron.

Maibort Petit/Venezuela Al Día

Las obras inconclusas del tercer puente sobre el Río Orinoco se pagaron con fondos prevenientes de un fideicomiso constituido con los ingresos obtenidos de la empresa brasileña Braskem perteneciente al Grupo Odebrecht. Al menos USD 16.181.455,70 provinieron de ese fondo, de acuerdo a una solicitud de instancias internas de Petróleos de Venezuela S.A. al presidente de la estatal para la época, Eulogio Del Pino, para que autorizara el pago de los trabajos asignados a la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A.

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Un llamativo esquema mediante el cual, con el dinero obtenido por parte de PDVSA de Braskem por concepto de pago por la compra de Gasolina Natural (GAN) y Nafta Liviana (LVN), se cancelaban los trabajos encomendados a la constructora por Venezuela. Sin embargo, para llevar a cabo dichos pagos, PDVSA tuvo que recurrir a un préstamo de USD 1.000 millones al Deutsche Bank que solventara la falta de liquidez de la estatal petrolera y permitiera hacer las cancelaciones a tiempo, evitando así los reclamos de la petroquímica brasileña. Una, por decir lo menos, curiosa trama sobre la cual sería altamente conveniente poner la lupa por partes de las autoridades competentes.

Según el portal BN Americas Braskem S.A. es una empresa de capital abierto dedicada a la importación y exportación de combustibles, productos químicos y petroquímicos, propiedad de la Organización Odebrecht. “Es responsable de la producción, distribución y comercialización de suministros como vapor, agua, aire comprimido, gases industriales y electricidad, así como también provee servicios industriales. La firma con sede en el estado de Bahía es propiedad conjunta de Odebrecht (50,1%) y Petrobras (47%). Braskem posee 41 unidades industriales en Brasil, México, Estados Unidos y Alemania. Ubicada en la ciudad de Camaçari, Braskem es el resultado de la fusión en 2002 de seis empresas, propiedad de Odebrecht y el grupo Mariani”. Su sede se encuentra en la Rua Lemos Monteiro, 120, Edifício Odebrecht, São Paulo, São Paulo, Brasil. Su teléfono es el 55-11-3576953.

En las Islas Cayman aparece registrada Braskem Incorporated Limited, la cual está dedicada al comercio de resinas termoplásticas y productos petroquímicos básicos. La empresa era anteriormente conocida como CPN Incorporated Limited. Opera como una subsidiaria de Braskem S.A. Su dirección es PO Box 309, George Town, KY1-1104, Islas Caimán.

Bloomberg refiere que Braskem Inc. “informó los resultados de ganancias para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2018. Para el período, la compañía reportó una utilidad neta ajustada de BRL (Real brasileño) de 1.159.000 contra una pérdida neta ajustada de BRL 24.691.000 hace un año”.

Odebrecht es dueña de 38,1 por ciento de las acciones de Braskem y 50,1 por ciento de los votos en sus decisiones, lo que le otorga el control efectivo de la compañía (Petrobras es propietario de 36,1 por ciento de la participación accionaria).

Como parte de la Organización Odebrecht, Braskem no escapa a las acusaciones de corrupción que la llevaron, incluso, a reconocer en diciembre de 2016 junto a su casa matriz, haber pagado comisiones en Venezuela por 98 millones de dólares. La confesión la emitió ante la Corte del Distrito Este del estado de Nueva York, en Estados Unidos, una afirmación que convirtió al país en el segundo —después de Brasil— con el nivel más alto de coimas canceladas.

Las investigaciones llevadas a cabo conjuntamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos, Suiza y Brasil, llevaron a determinar que Odebrecht y Braskem pagaron sobornos a funcionarios de gobiernos de varios países con el objetivo de obtener contratos de obra pública. Ambas empresas llegaron a un acuerdo con la justicia de las tres naciones, según el cual pagarían más de 3 mil millones de dólares —posteriormente la suma bajó a USD 2.600 millones— además del compromiso de Marcelo Odebrecht y más de 70 exejecutivos de la firma de colaborar con las autoridades suministrando información acerca de las personas que recibieron las coimas, a cambio de recibir rebajas en sus penas.

Las investigaciones y documentos que se procesan en los Estados Unidos, refieren que Braskem falsificó registros para ocultar el pago de sobornos en Brasil, los cuales oscilan entre los USD 175 millones y los USD 250 millones.

Pero mientras en la mayoría de los países involucrados en la trama de corrupción ha habido avances en las investigaciones, en Venezuela es poco lo que se sabe pues el hermetismo es política, sobre todo porque el nombre del propio mandatario, Nicolás Maduro y varios funcionarios ligados al chavismo se mencionan en pasillos como supuestos beneficiarios de los 98 millones de dólares que Odecrecht y Braskem repartieron a cambio de contratos entre los años 2006 y 2015, de acuerdo a lo que han arrojado las averiguaciones. Por otra parte, el caso Odebrecht tiene en Venezuela un componente adicional: el retraso de las obras, toda vez que la propia empresa reconoció que once de los trabajos que les encomendaron se encuentran inconclusos. Pese a este agravante, el gobierno y las autoridades judiciales se mantienen silencio sobre el tema e, incluso, han vedado el acceso a los expedientes en franca violación a la ley que consagra el carácter público de los mismos.

La fiscal general de la república en el exilio, Luisa Ortega Díaz, solicitó orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y pidió un antejuicio de mérito al también exiliado Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional en manos de la oposición venezolana.

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Luisa Ortega Díaz introdujo ante el TSJ un antejuicio de mérito contra el presidente por los delitos de corrupción propia y deslegitimación de capitales. La titular del Ministerio Público aseguró que en 2012, durante la campaña presidencial del finado Hugo Chávez, la Constructora Marcelo Odebrecht dio dinero a través de Mónica Moura y Joao Santana, publicistas de la referida campaña presidencial cuando Nicolás Maduro se desempeñaba como canciller. Ortega Díaz pidió la pena máxima en estos casos como castigo.

Hay que acotar, sin embargo que para la organización Transparencia Venezuela, el monto de los sobornos pagados por Odebrecht en el país es superior al señalado oficialmente hasta ahora. Para hacer esta afirmación se sustentan en dos elementos, uno, la declaración rendida el Supremo Tribunal Federal (STF) en mayo de 2017, por Mónica Moura, pues en esa ocasión la mujer dijo que durante la campaña de reelección de Hugo Chávez Frías, ella y su esposo, Joao Santana, recibieron USD 35 millones, de los cuales USD 11 millones se entregaron en efectivo y el resto a través de Odebrecht y la constructora Andrade Gutiérrez, mediante depósitos en Suiza, a pesar de estar prohibido en las leyes venezolanas el financiamiento internacional, así como el manejo de dinero efectivo en las campañas electorales.

En segundo término, se refiere a la citación que el Ministerio Público formuló en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, por presuntamente estar relacionadas con el caso Odebrecht y se ordenó el congelamiento de sus cuentas que ascienden a USD 42 millones. Estas mujeres están vinculadas a Haiman El Troudi (esposa y suegra), quien fue ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas.

La sumatoria de las cifras antes mencionadas es USD 77 millones y solamente corresponden a un período y a un ministro de los 28 que, según las averiguaciones llevadas a cabo por Transparencia Venezuela, estarían de alguna manera relacionadas con los 32 contratos que se suscribieron en el país con Odebrecht.

Transparencia Venezuela también difiere de las autoridades —esta vez de las venezolanas— respecto al número de los trabajos inconclusos de la empresa brasileña en el país, pues asegura que son 29 las obras sin terminar y no once como indica la fiscalía.

Para la ONG un mecanismo que ha servido para facilitar los casos de corrupción ha sido la firma de una serie de acuerdos binacionales entre Venezuela y Brasil, bajo cuya figura se eluden los procesos de licitación y se recurre a la adjudicación directa. Transparencia Venezuela refiere que entre 2005 y 2011, ambos países suscribieron por lo menos 47 convenios de cooperación. Igualmente estima la organización, que las sucesivas reformas a la Ley de Contrataciones Públicas han abierto las puertas para la asignación a dedo de jugosos contratos a empresas que, como ese el caso, se encuentran altamente cuestionadas.

Fue en este contexto de acuerdos bilaterales, que se otorgó a la Constructora Norberto Odebrecht S.A. los trabajos de ejecución del sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco entre los estados Bolívar y Guárico.

Veamos ahora la documentación que reposa en nuestras manos.

La necesidad planteada para enmendar el contrato

Fechada el 8 de diciembre de 2014, la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro, la Dirección General de Mercado Internacional y la Gerencia Comercial de la Región Suramérica de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) presentaron una solicitud de Enmienda del Contrato de Suministro de Gasolina Natural (GAN) y Nafta Liviana (LVN) a Braskem 2013-2017. Se trataba de la segunda modificación de la negociación llevada a cabo entre la estatal petrolera venezolana y la empresa petroquímica brasileña Braskem, perteneciente a la Organización Odebrecht.

Esta nueva enmienda buscaba “establecer los términos necesarios para que la facilidad de crédito a ser otorgada a PDVSA por Deutsche Bank, sea pagada con los recursos generados bajo dicho contrato de suministro”.

Se referiría que Braskem Inc. Ltd. propiedad del grupo Odebrecht S.A., llevaba a cabo obras para República Bolivariana de Venezuela en el contexto del convenio bilateral con la República Federativa de Brasil, para cuyo pago se ejecutaba para la época un contrato de suministro de GAN y LVN entre PDVSA y la compañía brasileña.

El 10 mayo del 2011, se firmó la “Declaration of trust Re Certain Receivables” entre PDVSA Petróleo S.A. (PDVSA), y el Banco Espirito Santo, con el objetivo de constituir un fideicomiso que se alimentaría de los recursos generados por las exportaciones de LVN y GAN que PDVSA efectúa a Braskem bajo el antes citado contrato de suministro.

El 7 de diciembre de 2012, se suscribió un contrato de suministro de LVN y GAN entre PDVSA y Braskem, vigente desde el 1° de enero 2013 hasta el 31 de diciembre 2015, el cual comprendía la entrega de tres cargamentos mensuales de GAN/LVN de 250 MBls c/u e incluía la figura del “Comprador Alternativo” como intermediario financiero de Braskem, para disminuir los días de pago de 30 a 15 días.

La primera enmienda de este contrato fue aprobada el 25 de noviembre de 2014, en la reunión ordinaria N° 2014-023 la cual fue suscrita por el Director Ejecutivo de Comercio y Suministro.

Los recursos depositados en el citado fideicomiso constituido por las entregas de LVN y GAN efectuadas por PDVSA a Braskem, en los años 2013 y 2014, servían para cubrir el compromiso de USD 500 millones anuales que se cancelaban a Odebrecht S.A., por la construcción de distintas obras en Venezuela.

El 10 de septiembre de 2014, Braskem reclamó a PDVSA pagos por el orden de USD 3.583.555,10 detallados a continuación:

La junta directiva de PDVSA aprobó el 29 de julio de 2014, en la reunión 2014-09, levantar un nuevo financiamiento a través del Deutsche Bank por USD 1.000 millones para contribuir al flujo de caja necesario para el pago de los proyectos de construcción ejecutados por Odebrecht y contratados por Venezuela.

El préstamo se desembolsaría en tres diferentes tramos:

1) USD 500 Millones dentro de los tres días siguientes al cierre del contrato de préstamo Tramo

2) USD 250 Millones 3 meses después al cierre del contrato de préstamo.

3) USD 250 Millones 6 meses después al cierre del contrato de préstamo.

El interés sería Libor 3 meses + 7,20% aplicable a cada tramo, pagadero en cuotas mensuales aplicables a cada tramo.

La comisión de compromiso sería de 0 por ciento si se tomaban todos los desembolsos o de 7,20 por ciento aplicable para aquellos tramos no tomados.

El costo total de financiamiento era del 8,32 por ciento.

Como metodología de pago se estableció que PDVSA daría instrucciones irrevocables a Braskem de pagar las obligaciones bajo el Contrato de Compra de Nafta en un fideicomiso establecido para este propósito.

En razón de los reiterados reclamos de cantidad, calidad y demoras recibidos por parte de Braskem S.A., en PDVSA se discutió establecer un monto en dólares mínimo para los reclamos a ser presentados por el cliente, con el objetivo de minimizar la cantidad de análisis de reclamos no procedentes que se encuentren por debajo de USD 2.000 para reclamos de demoras, y de USD 10.000 y USD 20.000 para los reclamos de cantidad y calidad respectivamente.

También se acordó entre ambas empresas ampliar el procedimiento de presentación de reclamos en las cláusulas 9 y 11 del contrato vigente para el momento.

La propuesta de enmienda

La segunda enmienda propuesta planteaba extender el plazo del contrato de suministro vigente para la época (regía del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015) hasta el 30 de junio de 2017.

Bajo la premisa de un precio de USD 70.22 por barril petrolero, se propuso pasar del esquema que regía en 2015 de tres cargos firmes por mes, correspondientes a compromisos volumétricos vigentes de 2013 al 2015, a dos cargos firmes y uno opcional para el período 2016 al 2017.

Se propuso crear un cojín volumétrico para disminuir el riesgo de insuficiencia de recursos en el fideicomiso, por futuras caídas en el precio del petróleo y productos y diseñar un esquema volumétrico y flujo de efectivo que reflejara las entregas en base a cargamentos comerciales.

La Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro, la Dirección General de Mercado Internacional y la Gerencia Comercial de la Región Suramérica de PDVSA plantearon establecer una cláusula de demoras que refiriera que ningún monto inferior a USD 2.000 pudiera ser presentado para el reclamo de demora.

Igualmente, una cláusula de reclamos por calidad y cantidad que estipulara que ningún monto inferior a USD 10.000 y USD 20.000 podría ser presentado para el reclamo de cantidad y calidad respectivamente.

También se invitó a incluir una cláusula de condición suspensiva que indicara que la segunda enmienda al contrato de suministro con Braskem, no surtiría efecto hasta tanto se desembolsara el primer tramo del financiamiento, así como cláusulas de terminación temprana o reducción de plazo y volumen en caso de no efectuarse cualesquiera de los siguientes desembolsos, respectivamente.

Directiva de PDVSA autoriza solicitar préstamo al Deutsche Bank

El 18 de febrero de 2015, Humberto Perniciario, secretario general de entes corporativos de PDVSA, remitió al presidente de la estatal para la época, Eulogio Del Pino, con copia a los directores internos Aracelis Suez, Orlando Chacín, Antón Castillo, Jesús Luongo y Carlos Erik Malpica; a los directores externos Rodolfo Marco Torres, Ricardo Menéndez y Wills Rangel; así como a Abraham Ortega, Director Ejecutivo de Planificación Financiera; una comunicación con carácter confidencial.

Dicha comunicación versaba sobre el complemento a la resolución de la junta directiva emitida en su reunión N° 2014-09, de fecha 29 de julio de 2014, sobre el financiamiento del Deutsche Bank para el pago de servicios de contratos comerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y la Constructora Norberto Odebrecht S.A.

Se informaba a los destinatarios que la junta directiva de la estatal en su reunión N° 2015-05 del 18 de febrero de 2015 decidió autorizar e instruir a PDVSA Petróleo, S.A. a realizar las acciones necesarias en su rol de garante de PDVSA en el contexto de la operación de financiamiento con el Deutsche Bank por la cantidad de hasta USD 1.000 millones bajo los términos y condiciones previamente aprobados por la directiva en reunión N° 2014-09 celebrada el 29 de julio de 2014.

Igualmente, se informaba de la aprobación de la modificación del interés en los términos siguientes: Libor 1 mes + 7,20 por ciento aplicable a cada tramo.

Asimismo se dio a conocer sobre la designación y autorización en favor de Eulogio Del Pino (presidente), Orlando Chacín (director interno) y Abraham Ortega (Director Ejecutivo de Planificación Financiera), para actuar en nombre de Petróleos de Venezuela, S.A. y de PDVSA Petróleo, S.A., firmando de manera conjunta o separada, los documentos relativos a la operación de financiamiento antes referida. Los citados, contarían con plenas facultades para efectuar renuncias o enmiendas a los acuerdos, en representación de las respectivas de las empresas estatales.

Solicitud de pago formulada a PDVSA

En un memorando —identificado con el número de referencia GCGDS-2015-157— dirigido al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, remitido por José Pérez Monagas, director ejecutivo de presupuesto y control y por Pío González, director ejecutivo de tesorería en fecha 3 de junio de 2015, se solicitaba la aprobación para considerar y aprobar una relación de pagos a proveedores mediante los Convenios Internacionales de Cooperación y Fondo Braskem, por concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios recibidos en Venezuela, por un monto de USD 78.361.681,46.

Se especifica en la comunicación que a través de los convenios de cooperación con Portugal en el sector de infraestructura a través del punto de cuenta 097/15-08-2011 se pide cubrir las valuaciones 27 del 12/082014, 28 del 2/09/2014, 29 del 29/12/2014 y 30 del 11/03/2015, relativos a la ampliación del Puerto de La Guaira, por USD 9.222.958,56, USD 5.809.102,72, USD 8.263.367,24 y USD 663.990,39, respectivamente, cuyo ente ejecutor era Bolipuertos.

Con el fondo portugués también se pide cubrir el sector energético con el punto de cuenta 088-09, relativo al Potencial Eólico de Venezuela, por USD 1.619.390,18 cuyo ente ejecutor es Corpoelec.

Con el fondo de cooperación de Uruguay en el sector Aportes a la Comunidad, relativo a la Identidad de Paternidad ADN, con el punto de cuenta 236/14-08-2008, por USD 10.647.628,00, ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (IDEA). Para el sector Proyectos Ambientales. Con el punto de cuenta 182-2015, relativo al Sistema de Potabilización de Amazonas y otros estados, por USD 1.157.650,00 llevado a cabo por la CVG. Para el sector salud relativos a Fármacos Uruguayos (punto de cuenta 236/14-08-2008), Laboratorios Libra (punto de cuenta 037/038-2015) y URUFARMA (punto de cuenta 068-11/1/2014), por USD 3.536.395,28, USD 2.378.022,89 y USD 18.881.720,50, respectivamente, todos ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Con el fondo Braskem, se solicitó pagar para el sector de infraestructura USD 16.181.455,70 de fecha 16 de abril de 2015, relativo a la Construcción Tercer Puente sobre el Rio Orinoco, ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre.

Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos pero y hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.
Si alguien de las empresas o personas mencionas aquí desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresado, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En esta columna el derecho a réplica está absolutamente garantizado.

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A través de la cesión de un conjunto de bonos globales, el Banco Central de Venezuela, cedió a la empresa Equator Development S.A., cuya sede es un apartamento en Los Palos Grandes, Caracas. Detrás de esta operación estarían altos funcionarios civiles y militares del gobierno venezolano, entre quienes  figuran dos generales del Comando Estratégico Operacional de la FANB, CEOFANB, cuyos nombres, por el momento, no pueden ser publicados.

Maibort Petit / Venezuela al Día

Documentos revelan una operación irregular que tuvo como principal protagonista al Banco Central de Venezuela, el cual habría cedido un monto de bonos globales de la República Bolivariana de Venezuela en favor de una empresa de nombre Equator Development S.A. por la suma de USD 4 mil millones.

Sobre la empresa en cuestión, el portal Panadata refiere que Equator Development S.A. fue registrada en Panamá con el número de ficha 588600, folio (Mercantil) Nº 588600 (S), en fecha 24 de octubre de 2007. Como agente figura Eddmentt Fanilla. La compañía tiene estatus vigente y su vigencia es perpetua. Se indica que como representante actúa el presidente o, en su defecto, la persona que designe la junta directiva. El capital es de USD 10.000, el domicilio es la provincia de Panamá. Siendo que la última actualización con Registro Público fue el 27 de julio de 2018.

Entretanto, Open Corporates indica que Bruno Rusich figura como presidente, tesorero y director; Ana María García Beltrán, es vicepresidenta, secretaria y directora; Alba Luz Vega Rodríguez, es vocal y directora; como suscriptores aparecen Julio Antonio Quijano Urriola y Julio Antonio Quijano Berbey.

Asimismo se informa que a Jorge Roberto Sánchez Arboleda se le otorga un poder general, según documento 2393102 desde el 24 de mayo de 2013. Igualmente sucedió con María Sofía Toro Triana (documento 2408220) desde el 18 de junio de 2013.

En Houston 

Equator Development, Sa, Inc también aparece registrada el 26 de julio de 2013 en Houston, Texas, Estados Unidos. El número asignado a esta empresa es 32051591439 y el tipo de empresa es Texas Corporation. Su estado actual es el impuesto de franquicia terminado de forma involuntaria. Se indica como dirección 8406 Tamayo Dr, Houston, Tx 77083-5250. El agente de Equator Development, S.A. Inc es Carlos A. Mejra, quien también es presidente, director y secretario.

Del mismo modo, hay una empresa con el mismo nombre, Equator Development LLC, registrada en el estado de la Florida en fecha 14 de marzo de 2007 bajo el número L07000028320. El agente registrador fue Jorge Roberto Sánchez Arboleda, quien fijó como dirección el 6310 NW 38TH Drive, Coral Gables, FL 33067, que también se ofreció como dirección de correos. La sede de la empresa es 5239 N. Hiatus Road, Sunrise, FL 33351. Igualmente, Sánchez Arboleda figura como presidente CEO de la empresa, quien está acompañado en el directorio por Riad T. Alakkam como vicepresidente CEO (6310 NW 38 Drive, Coral Springs, FL 33061); José M. Mortensen, Jorge Piedra, Mohamed Hawas, como directores. Estos tres últimos con la misma dirección Alakkam.

La irregular cesión

A través de Euroclear, una compañía de servicios financieros que tiene sede en Bélgica y que se especializa en la liquidación de transacciones de valores, en la custodia y el mantenimiento de activos de estos valores, el Banco Central de Venezuela, BCV, cedió un conjunto de bonos globales por valor de USD 4.000.000,00, emitidos bajo registro: Código Isin Número US 92264AS37 Número Cusip: 922646AS3- Código común: 008013667, cuya fecha de cierre era el 18 de septiembre de 1997 y la fecha de vencimiento estaba para septiembre 2027.

La cesión se hizo en favor de la empresa Equator Development S.A., cuya sede en Caracas es un apartamento ubicado en la urbanización Los Palos Grandes , 4ª Avenida, Residencias 4ª Avenida Suite. El número de registro de los papeles comprende del 319127 al 4689127

Esta operación de cesión tuvo lugar en el año 2010.

La certificación de los bonos

Una certificación oficial del Banco Central de Venezuela dirigida a Equator Development S.A, fechada el 2 de noviembre de 2010 y emitida por Ramón Carpio, vicepresidente de Operaciones Internacionales con el código de identificación A-087 del ente emisor venezolano y por Armando León Rojas, director del BCV, ID 4567, confirma y garantiza, con la responsabilidad de la banca completa, que los bonos globales, emitidos bajo registro: Código Isin Número US 92264AS37 Número Cusip: 922646AS3- Código común: 008013667, cuya fecha de cierre era el 18 de septiembre de 1997 y la fecha de vencimiento estaba para septiembre 2027, por USD 1.500.000.000, fueron debidamente refrendados por el Banco Central de Venezuela a Equator Development S.A.

Se refiere que dichos instrumentos, cuyo titular es Equator Development S.A., están sujetos a las costumbres y prácticas uniformes para valores documentales (1993) de la Cámara de Comercio Internacional (CI), París, Francia. Número de publicación 500 600.

El BCV confirmó que los bonos arriba mencionados “son legales, buenos, limpios y no incluyen deducciones, tanto de origen no criminal como actividades no terroristas o antisociales. Este es un instrumento operativo completo”.

En una declaración sin fecha, pero que suponemos es la misma que aparece en el resto de los documentos (2 de noviembre de 2010) el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela autorizaron la transferencia de la propiedad de una serie de Bonos Globales a Equator Development S.A.

La descripción de los mismos era: Código Isin US922646AS37; número Cusip 922646AS3; código común 008013667; primera fecha de cierre: 18 de septiembre de 1997; fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2027; Cantidad USD 1.500.000.0O0; emisor: Banco Central Venezuela; moneda: dólar; registro en serie: 319127 a 4689127; Cedel: 708316; instrumento: Bonos Globales; beneficiario: Equator Development S.A.

Se indica en los Bonos fueron emitidos por el BCV, el Ministerio de Finanzas y todas las demás autoridades del gobierno venezolano.

El Banco Central de Venezuela declaró que todos los Bonos fueron legalmente asignados y transferidos a Equator Development S.A. Se los declaró, además, libre de cargos de deducción del arancel por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, indicándose que eran libremente negociables para el propósito que el Beneficiario definiera.

El mismo 2 de noviembre de 2010, el Banco Central de Venezuela declaró que los Bonos se interpretarán de acuerdo con las leyes del país del Banco emisor —VCV— y se emiten de acuerdo con las regulaciones y prácticas establecidas por la cámara de comercio internacional (ICC-Paris-France)

El Banco Central de Venezuela, a través de su vicepresidente de operaciones internacionales, Ramón Carpio, y del director Armando León Rojas, certificó la plana propiedad de Equator Development S.A. sobre los bonos descritos a continuación: Código Isin US922646AS37; número Cusip 922646AS3; código común 008013667; primera fecha de cierre: 18 de septiembre de 1997; fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2027; Cantidad USD 1.500.000.0O0; emisor: Banco Central Venezuela; moneda: dólar; registro en serie: 319127 a 4689127; Cedel: 708316; instrumento: Bonos Globales; beneficiario: Equator Development S.A.

En la misma fecha (2-11-2010), el Banco Central de Venezuela emitió un certificado en el que informa que el Bono Global se encuentra registrado en la Comisión Nacional de Valores, CNV, de la República Bolivariana de Venezuela, institución encargada de regular y supervisar el cumplimiento de la normativa venezolana con relación a este tipo de instrumentos y su negociabilidad.

El Gerente del Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela declararon que el Bono Global puede negociarse con cualquier Institución nacional o extranjera.

También el 2 de noviembre de 2010, el Banco Central de Venezuela emitió un recibo oficial de custodia mediante el cual la institución, con plena Responsabilidad Bancaria declaró que se encontraban en custodia de los siguientes Bonos Globales: Nombre del Instrumento: Equator Development SA Global Bonds Código Isin: US922646AS3, Número Cusip: 922646AS3- Emisor Banco Central de Verezuola – Primera fecha de cierre: 18 de septiembre de 1997, fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2027 Registros en serie: 319127 a 4689127-Cantidad: 1.500.000.000 USD (Dolar) – Código común: 008013667, cuyo representante legal era Equator Development S.A.

La Custodia era por un año y un mes, automáticamente renovable.

El BCV asimismo declaró que dichos bonos eran libres y estaban libres de deducciones, limitaciones, condiciones o restricciones, disponibles para respaldar un crédito.

El mismo 2 de noviembre de 2010, el Banco Central de Venezuela a través del vicepresidente de operaciones internacionales, Ramón Carpio, y del director Armando León Rojas, certificó todas las copias adjuntas a dicha declaración jurada compuesta por cinco folios útiles que se traducen fieles y precisos del documento (original y copias) que quedaban en archivos del BCV.

Sólo queda esperar que el Banco Central de Venezuela emita una explicación acerca de tan irregular situación que deja muy entredicho la credibilidad y seriedad del ente emisor venezolano.

Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos de Panamá y de los estados de Texas y la Florida pero recibimos varios mensajes electrónicos informando que no corresponden con los nombres de las empresas. Hasta el cierre de este trabajo no logramos comentarios sobre los temas aquí tratado por parte de  las mencionadas compañías.

Si alguien de las personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresado, les solicitamos que  se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En esta columna el derecho a réplica está totalmente garantizado.

Si alguna persona desea ofrecer más información sobre este y otros temas que ayude a conocer más detalles, o quiere colaborar con información le rogamos que nos escriban a nuestro correo. Garantizamos  el absoluto anonimato de nuestras fuentes.

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Concluir una carrera universitaria, es una de las metas principales con la que muchos jóvenes en Venezuela sueñan y se esfuerzan día a día para poder lograrla. Y es que después de un arduo trabajo desde la infancia, con seis años de colegio y cinco más de bachillerato, es un deber que continúa y que traerá bienestar y estabilidad para el futuro: eso pasa en otros países menos en Venezuela donde la realidad es totalmente contraria.

Redacción Venezuela al Día

Con un país sumergido en una espiral inflacionaria, los sueldos que devengan los profesionales no alcanza ni para costear la comida de un mes, por lo que Venezuela se ha convertido en un país donde los profesionales dejan el título colgado en la pared y salen a buscar el pan de cada día en el comercio informal a costa de lo que sea.

Después de 18 años de estudios, desde el primer día de primaria hasta obtener sus dos títulos universitarios: uno de Licenciada en Economía y otro en Técnico Superior Universitario en Seguridad Industrial, Naomi (Nombre utilizado para proteger la identidad de la fuente contactada por Venezuela al Día) decidió dejar su trabajo de sueldo mínimo para hacer vida en el comercio de productos entre Venezuela y Colombia.

La joven de 28 años cambió la oficina por una jornada de trabajo sin horario y viajes una vez por semana a Maicao llevando mercancía que le piden los clientes que ha logrado con el tiempo. “Es arrecho” afirma. “Guardar tu título universitario pa’ salir todos los días a buscar mercancía, lidiando con el sol, la falta de efectivo, el calor, el transporte público, y eso es nada más el principio”, comienza contando la joven.

Cierres fronterizos de Maduro, abiertos al contrabando con Colombia

La madre de un niño de tres años asegura que la verdadera travesía comienza muy temprano. “Cuando viajo ya tengo un transporte que me busca a las cinco de la mañana y vamos drectoa Maicao, ahí empieza el estrés” asegura. “Cuando ya estamos cerca vamos por las trochas y eso es horrible, primero nos conseguimos ‘alcabalas’ de tipos con armas largas que piden una cuota por persona para poder seguir. Yo ni los miro”, asegura Naomi.

Las autoridades son partícipes
“Los guardias – venezolanos- son los peores, te paran en un punto y te piden dinero, te quitan mercancía y si se enamoran te piden el número (de teléfono) y ¿Cómo dices que no? Tienes que dárselos” comenta la joven quien confiesa estar permanentemente en zozobra porque “he visto como bajan a muchachas de los carros y las llevan a un monte o las encierran en un cuarto y cuando vuelven cuentan todo lo que les hacen”. Y al ser cuestionada sobre si se trata de abusos sexuales, responde afirmando con la cabeza al tiempo que lágrimas llegan a sus ojos.

Una vez en Maicao, la venezolana se desenvuelve sin problemas, llega al local de su cliente quien le encargó con anterioridad unas tulitas –bolsos con una sola correa-, conversan, se ríen y proceden al pago. “600 mil pesos en un día, me da dolor ser una profesional y trabajar de esto pero eso no me lo gano ni en tres meses ejerciendo mi carrera en Venezuela”, expresó con rabia.

Esta no es una situación aislada, en el Zulia es frecuente el caso de personas que abandonaron sus trabajos estables por buscar un mejor futuro entre las trochas que conducen a Maicao. Maribel es una joven madre y esposa que salió decidida a ganar dinero y dejar atrás su título de ingeniero.

Esta mujer se gana la vida haciendo contrabando de pescado entre Venezuela y Colombia. “Hoy en día me deprimo, a veces ando mal, que me pongo a llorar, porque no puede ser que hoy en día soy lo que siempre quise ser y ahí está mi título, guardado”, afirma mientras va en un carro para comenzar su faena.

Varias familias se reúnen y preparan para un viaje de 24 horas en carro, barco y camión, es lo que les espera a estos hombres y mujeres que se han convertido en traficantes para sobrevivir.

En cada etapa prevalece la corrupción
Antes de emprender uno de los trayectos debe acordar con los personas el pago del traslado que además del pasaje incluye el pago a las autoridades que se cruzan en su camino. “Eso es para pagarle a la policía, a la guardia de tierra y guardia costera” cuenta Maribel.

Montada en uno de los camiones que van en caravana, se cruzan con las autoridades, las mafias y los delincuentes locales y cada uno cobra sus cuotas. “Así cómo están viendo, aquí se sufre, aquí llegamos todos golpeados, pero vale la pena”, confiesa en un reportaje de France 24.

Países vecinos colapsados ante el éxodo masivo venezolano

Una vez en Maicao, empieza la negociación de la mercancía con los compradores, en su mayoría colombianos y el pago es en pesos de ese país. “500 mil pesos, que en Venezuela son 300 millones de bolívares (antes de las reconversión y paquetazo económico de Maduro), que en 20 meses de trabajo no me los gano y en un día aquí lo tengo”, afirma Maribel mientras mueve los billetes entre sus manos.

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La exploración del pozo petrolero Cabo San Antonio 1X en la isla antillana se llevó a cabo a pesar de que todos los estudios indicaban lo inútil de la operación, lo que habría llevado a PDVSA a perder millones de dólares al prevalecer, supuestamente, los intereses políticos detrás de los contratos suscritos para tal fin.

Maibort Petit/Venezuela Al Día

Venezuela habría perdido aproximadamente unos USD 3 millones en varios contratos para la exploración de un pozo petrolero con Cuba cuyos estudios técnicos vaticinaban que estaba 100 por ciento seco, una decisión de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que interpuso los intereses políticos y las relaciones de amistad del fallecido presidente Hugo Chávez con el mandatario cubano, Raúl Castro, por encima de los análisis geofísicos que recomendaban no invertir en dicho proyecto en el año 2012.

El caso surge en 2018 debido a que se produjo un movimiento en el expediente que reposaba en Petróleos de Venezuela y habría sido tomado por los agentes adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes se encuentran de manera permanente en la sede de PDVSA. Las averiguaciones sobre las referidas contrataciones se produjeron por supuestas instrucciones del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Los funcionarios involucrados en la decisión para la aprobación de las partidas presupuestarias del contrato que involucraba la exploración del Pozo Cabo San Antonio 1X CSA-1X, estarían siendo investigados por cargos de corrupción relacionados con dicha contratación. Entre los funcionarios se encuentran Eulogio Del Pino, exvicepresidente de Exploración y Producción (actualmente preso por otro caso de corrupción); José Luis Parada, presidente de PDSA Servicios S.A. para la fecha; Ricardo Coronado, miembro de la junta directa de PDVSA; Pedro León, Director Gerente de la Faja Petrolífera del Orinoco; Francisco Jiménez, Gerente de Logística de la Faja; Evenin Boscán; y Manuel Sotillet, de contratación de PDVSA Servicios; todos bajo el aval de los abogados Armando Giraud Torres, ex Consultor Jurídico Corporativo de PDVSA y Alexis Chacón Molinet, ex Consultor Jurídico de PDVSA Servicios, entre otros.

Según el reporte, los funcionarios investigados hicieron caso omiso de las recomendaciones especificadas en el informe técnico que —sustentados en estudios geofísicos— determinaron que se trataba de un pozo con nulas posibilidades de generar actividad petrolera con posibilidades de comercialización.

Las contrataciones derivadas de este caso habrían tenido sobreprecios y sobrestimaciones en las partidas presupuestarias del contrato suscrito por PDVSA con la empresa estadounidense Schlumberger Limited con sede en Houston, Texas.

En noviembre de 2012, el portal de la Embajada de Cuba en Venezuela, indicaba que los trabajos del pozo exploratorio Cabo San Antonio 1X habían concluido el 26 de octubre del citado año, de acuerdo al contrato firmado entre PDVSA y Cupet.

Ya en los años ’80 se habían realizado trabajos exploratorios a cargo de Deep Sea Drilling Project de los Estados Unidos que procedió a la perforación de algunos pozos de poca profundidad en el sector cubano, que revelaron escasas evidencia de la existencia de hidrocarburos. Se trató de perforaciones a menos de 800 metros por debajo del lecho marino con un tirante de agua entre 2.500 y 3.550 m. Hay que advertir que la idea en ese momento no era encontrar petróleo sino indagar el espesor sedimentario debajo del fondo marino.

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En 2002, la española Repsol, luego de que la francesa CGG llevara a cabo una campaña sísmica de más de 7 mil kilómetros, comenzó a hacer intentos de perforación y en 2004 se abrió el pozo Yamagua, a poca distancia de un campo petrolero operado por Cupet, a saber Boca Jaruco. El resultado de estas labores exploratorias fue el hallazgo de indicios de la existencia de un petróleo de 19,5° API en una roca de distribución regional en los campos petroleros de Cuba, México y EE. UU. que data del Jurásico Superior. Estos trabajos no arrojaron nada concreto que permitiera hablar de las posibilidades de comercialización.

Para 2012 se hicieron tres perforaciones, las cuales estuvieron a cargo de Repsol, Petronas y PDVSA con resultados similares, es decir, las posibilidades de comercialización seguían siendo una utopía. Estudios posteriores a mayor profundidad siguieron a estos intentos.

“La Zona es muy extensa, abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados, y se han identificado, de manera hipotética, siete grupos de estructuras petroleras o plays exploratorios, de los cuales el único demostrado es el del cinturón plegado, el cual aporta casi la totalidad del crudo que se extrae en Cuba, pero cuya extensión explorada en el occidente es solo el 5 % de su total. Todavía desde el punto de vista exploratorio quedan muchos trabajos por ejecutarse, sobre todo en materia de perforación de pozos. Existen muchos ejemplos de cuencas petroleras costa afuera que han tenido una historia exploratoria prolongada, donde se han tenido que perforar más de 10 pozos para lograr el primer descubrimiento”, dijo el jefe de Grupo de Exploración de Cupet y jefe del Proyecto de Exploración en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, Osvaldo López Corzo en una nota del portal Opciones.

El gran obstáculo de este asunto es que se trata de exploración en aguas profundas y ultraprofundas que con la caída de los precios petroleros pierden todo atractivo, pues las labores en un solo pozo pueden significar erogaciones de entre 200 y 300 millones de dólares, una empresa que sólo podría ser acometida por grandes compañías.

De la mano de PDVSA

Entre 2017 y 2017, pese a la enorme caída que los precios petroleros experimentaban, el gobierno cubano dio a conocer sus planes de llevar a cabo trabajos de perforación exploratorios en aguas profundas del Golfo de México bajo jurisdicción de la isla antillana.

Cupet anunció que perforaría pozos a una profundidad de 7.000 metros en aguas como parte de los contratos de producción compartida con PDVSA y Sonangol de Angola, precisó Osvaldo López quien expreso que “El objetivo esencial de la nueva campaña de perforación es por lo menos dos pozos profundos. Pudieron ser tres. Si hay un descubrimiento, seguro van a perforar más de dos pozos”.

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En 2017, Oswaldo López informó haber encontrado yacimientos de petróleo en cuatro pozos en sus aguas en el Golfo de México, un hallazgo que se convirtió en una especie de salvavidas para Cuba dada la crisis económica que atraviesa Venezuela, su proveedor en las últimas décadas de gobierno chavista.

Las estimaciones indican que podría haber 59 bloques petroleros con capacidad de entre 5 mil y 22 mil millones de barriles en las aguas ultraprofundas de su Zona Exclusiva luego de trabajos exploratorios llevado a cabo desde 2016 con una inversión de USD 17 millones.

Cuba tiene una producción anual de unos 4 millones de toneladas de petróleo y gas que significan el 50 por ciento de su consumo y que se destina principalmente a la generación eléctrica. El cubano es un crudo pesado que requiere combinarse con petróleo ligero proveniente del extranjero.

En la actualidad, la crisis venezolana se ha hecho sentir también en la isla antillana, toda vez que la el abastecimiento de combustible se ha convertido en un problema. El tipo Premium se destina casi exclusivamente al uso de los vehículos de alquiler de turistas, mientras los nativos deben conformarse con el regular y motor de muy baja calidad.

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Al igual que el posible crudo del Golfo de México, otro anuncio hecho por la empresa australiana MEO sobre la existencia de posibles reservas  de millones de barriles de petróleo ligero en la zona de Motembo, en Villa Clara, han elevado la cuota de optimismo en las filas del gobierno cubano.

De cualquier manera, algunos advierten la diferencia entre reserva y lo que dicen los estudios geológicos. Para que se hable de reserva es necesario haber extraído el crudo. “Una cosa es hablar de yacimiento y otro de ‘prospecto interesante’”, advierte María Yodalis Hernández, jefa de negocios cubana, quien advierte que “para pasar de ‘recursos’, a “reservas”, lo que se impone es la perforación. Quiere decir que en términos técnicos, la reserva es el crudo ya en superficie y valga la pena aclarar que hoy, del yacimiento de Varadero, del que se estiman más de 11 mil millones de barriles de petróleo in situ; solo se puede extraer el 6 por ciento de lo que está bajo tierra”.

Las acciones sobre este caso no se conocen aún, sin embargo varias fuentes consultadas en PDVSA informaron que las averiguaciones de contrataciones ocurridas durante los años de la presidencia de PDVSA de Rafael Ramírez son una prioridad para el actual jefe del despacho del Ministerio Público del régimen, Tarek William Saab quien ha aplicado una justicia selectiva contra una facción del chavismo que se separó del grupo leal a Nicolás Maduro. Algunos de los personajes que ocuparon posiciones en la cadena de mando de la petrolera en el caso del pozo seco de Cuba ya han sido acusados por otros cargos de corrupción, como es el caso de Eulogio Delpino, José Luis Parada y Pedro León, Francisco Jiménez,  mientras que otros siguen gozado de la impunidad que les ofrecen sus poderosos protectores.

Seguiremos informando.

Citas 

[1] Embajada de Cuba en Venezuela. Información de Cubapetróleo. 2 de noviembre de 2012.http://www.embajadacuba.com.ve/noticias/informacion-de-cubapetroleo/

[2] Embajada de cuba en Venezuela. Pdvsa iniciará exploración de pozo en aguas cubanas. 6 de agosto de 2012.http://www.embajadacuba.com.ve/noticias/pdvsa-iniciara-exploracion-pozo-aguas-cubanas/

[3] El Nuevo Herald. Falla nuevo intento de obtener crudo en área cubana. 7 de agosto de 2012.https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article2016936.html

[4] The Cuban history. PETRO-VENEZUELA do not find oil in Cuban waters * PDVSA tampoco encuentra petróleo en aguas cubanas. 2 de noviembre de 2012. http://www.thecubanhistory.com/2012/11/petro-venezuela-do-not-find-oil-in-cuban-waters-pdvsa-tampoco-encuentra-petroleo-en-aguas-cubanas/

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El extesorero Alejandro Andrade en proceso de expulsión del territorio norteamericano

El exfuncionario chavista, quien pasó a ser un acaudalado magnate tras abandonar sus funciones públicas en Venezuela gracias a supuestos actos de corrupción, se convirtió “en los tiempos difíciles que vive en los Estados Unidos” en un ferviente creyente que lee la biblia diariamente y promueve la palabra de Dios en su entorno.

Maibort Petit / Venezuela al Día

Alejandro José Andrade Cedeño, el extesorero del gobierno del fallecido Hugo Chávez se encuentra en proceso de deportación del territorio norteamericano, luego de haber sido arrestado tras varias investigaciones que revelaron que el exfuncionario público venezolano habría cometido delitos en los Estados Unidos, al supuestamente haber participado en diferentes esquemas de corrupción que incluyeron el lavado de miles de millones de dólares provenientes del erario público de Venezuela.

Durante su gestión en varias posiciones gubernamentales en Venezuela, Alejandro Andrade habría aprovechado su poder y contactos con las altas esferas del gobierno para llenar sus bolsillos, logrando desviar millones de dólares a cuentas privadas a nombre de terceros y de empresas de maletín que le permitieron adquirir propiedades en suelo norteamericano y vivir con lujos y comodidades que no se correspondían con los ingresos de un funcionario público.

Andrade Cedeño fue investigado por fiscales estadounidenses por más de 5 años, pero no fue sino hasta 2017 cuando las acciones se hicieron sentir y los agentes de la ley lo buscaron en su exclusiva residencia ubicada en 15231 Sunny land lane, Wellington Fl, una propiedad de 5 habitaciones, 6 baños y unos 5.945 pies cuadrados comprada el 1° de febrero de 2012 por USD 4.750.000 a nombre de una empresa Telsey Properties Holding LLC, que se formó en diciembre de 2011.

Actualmente, Andrade Cedeño lleva un monitor ajustado a su tobillo que pesa 5.5 onzas, y se encuentra en un proceso de remoción que podría conllevar a su posible deportación del territorio estadounidense.

Los procedimientos de expulsión son trámites administrativos para determinar la posibilidad de deportación de un extranjero de los Estados Unidos y su elegibilidad para obtener ayuda conforme a la Ley de inmigración y nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Alejandro Andrade Cedeño poseía una visa estadounidense que le permitía residir legalmente en el estado de la Florida junto a su familia. La comisión de delitos en los Estados Unidos es una de las causales para los procedimientos de remoción de personas del territorio estadounidense y, según explica el abogado de inmigración, José Pérez, la carga de la prueba en estos casos difiere entre los residentes permanentes legales y los nacionales extranjeros.

Señala el jurista que los procedimientos de expulsión son, por lo general, iniciados por oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y adjudicados por jueces de inmigración en los tribunales de inmigración del país. “Hay algunas excepciones que se aplican según el expediente”, argumenta.

“El extesorero venezolano fue investigado por los fiscales federales y arrestado” de acuerdo a lo que explica una fuente consultada en calidad de anonimato. Luego, “fue puesto en libertad condicional, bajo el sistema de monitoreo y permanece en su casa de Wellington. Se le permite acudir a las citas con las agencias del gobierno, a los médicos y a la iglesia y otros puntos de interés supervisados”.

El caso migratorio de Andrade Cedeño no ha sido decidido aún, según el informante consultado, “de hecho aún no ha sido fijada la fecha de su comparecencia a la corte frente al juez de inmigración”, acotó.

¿Será deportado?

El experto en inmigración, José Pérez, explicó que cuando una persona está en proceso de deportación puede apelar la decisión de los jueces de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y, posteriormente, dichas decisiones pueden ser revisadas en tribunales federales por jueces, quienes están facultados por ley para emitir acciones judiciales en casos particulares. Estos procesos suelen tomar meses y algunas veces hasta dos años o más.

Los casos de las personas que se encuentran con procedimientos de deportación son decididos originalmente por los oficiales de investigación especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes son nombrados por el Fiscal General de los Estados Unidos.

Los procedimientos de deportación comienzan cuando un oficial autorizado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emite una citación administrativa llamada “notificación de comparecencia” a los individuos que han violado las leyes o que su estatus migratorio ha sido revocado o cancelado, explica Pérez.

El Departamento de Seguridad Nacional emite las notificaciones para que los indiciados comparezcan ante el juez por diversos motivos que van, desde ingresar a los Estados Unidos sin inspección, estar presente en el país ilegalmente o permanecer fuera de los términos permitidos por su visa, hasta cometer ciertos delitos que hacen que el demandado sea inadmisible o deportable.

Las notificaciones —dice Pérez— deben contener una fecha de corte para que el demandado comparezca y responda a los cargos contenidos en ella. Pero en el caso de que no se incluya dicha fecha de corte, el demandado debe ser notificado por correo o en persona en una fecha futura.

El hecho de que el demandado no se presente a la audiencia de deportación programada tendrá como resultado que el Juez de Inmigración ingrese una orden de expulsión en ausencia que puede ser rescindida solo si se muestran “circunstancias excepcionales” u otras reconocidas razones excusables, acotó el experto.

Monitoreado 24 horas al día

La autoridades federales monitorean 24 horas al día los movimientos de Alejandro Andrade a través del Sistema de Posicionamiento Satelital (GPS) que lo localiza de inmediato y delimita el perímetro por el cual puede moverse en el Condado de Palm Beach, localizado en la zona costera del norte del estado de la Florida.

De acuerdo a fuentes consultadas, Alejandro Andrade, alias “El tuerto”, fue detenido en el segundo semestre de 2017 e ingresado al programa de deportación (removal proceedings) en el mes de noviembre de ese mismo año y hasta ahora no tiene fecha para comparecer en corte. De acuerdo al informante, Andrade Cedeño forma parte de una enorme investigación de lavado de dinero que incluye a varios exaltos funcionarios del gobierno venezolano, contratistas y sus familiares, quienes se aprovecharon de las posiciones políticas para cometer actos masivos de corrupción.

Andrade Cedeño fue Tesorero Nacional entre 2007 y 2010. Durante esos años el exfuncionario se habría apropiado, presuntamente, de miles de millones de dólares que invirtió en propiedades de bienes y raíces adquiridos a nombre de terceros y corporaciones ficticias, así como autos de lujo, aviones, caballos, yates, obras de arte y otros bienes suntuosos.

Las investigaciones sobre Andrade Cedeño y sus socios siguen desarrollándose en varios entes federales. De acuerdo a las fuentes, Andrade Cedeño y sus asociados se aprovecharon del sistema diferencial cambiario que existió en Venezuela, lo que les permitió enriquecerse de la enorme diferencia que había entre el mercado oficial de divisas y el mercado negro, con las enormes facilidades que tenían para adjudicación de divisas controladas por el Estado venezolano en la que Andrade ejercía funciones claves y de poder.

Andrade Cedeño habría usado bancos de varios países para blanquear el dinero proveniente de la corrupción y habría contado con el apoyo y el servicio de asesoría de conocidos operadores financieros venezolanos.

Se ha especulado en varios medios estadounidense que Andrade Cedeño estaría en condiciones de ayudar a los fiscales federales a “desentrañar los secretos financieros del régimen e identificar a las personas que saquearon al país”[1]. Inclusive se ha asegurado que el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez sería el testigo clave de la fiscalía estadounidense para varios casos, incluyendo el que actualmente cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida que involucra al contratista del gobierno venezolano, Francisco Convit y otros, quienes habrían llevado a cabo una conspiración internacional para lavar fondos de Pdvsa, a través de Miami, utilizando el mundo de bienes raíces y esquemas de inversión falsos y fraudulentos tras lo cual se habrían apropiado de más de USD 1.200 millones.

Junto a Convit Gurruceaga, aparecen mencionados en el referido caso, los venezolanos José Vicente Amparan, descrito como un “lavador de dinero profesional”; Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de Pdvsa; el contratista venezolano, Mario Bonilla; el colombiano, Gustavo Hernández Frieri, quien utilizó su firma financiera para lavar dinero con inversiones en fondos mutuales y se encuentra arrestado en Italia; Hugo Ramalho Gois, un ciudadano de nacionalidad portuguesa; y Matthias Krull, un residente de Panamá que trabajó como banquero en Suiza, quien se declaró culpable y pasó a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos.

En el caso también aparece el sujeto de nacionalidad uruguaya, Marcelo Acosta y Lara señalado por ser uno de los copropietarios del banco a través del cual se hacía el lavado de dinero.

En la investigación se mencionaron nueve coconspiradores pero no se revelan sus nombres, más tres funcionarios venezolanos, cuyas identidades aún no han sido reveladas por la fiscalía.

Los acusados en este caso fueron señalados como prófugos de la justicia norteamericana

Alejandro Andrade un “servidor” de Hugo Chávez

Nacido el 2 de agosto de 1964 en Caracas, Venezuela, Andrade Cedeño es un militar retirado que participó junto a Hugo Chávez en la intentona de golpe de Estado que pretendió derrocar al legítimo presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, en febrero de 1992.

Andrade Cedeño ocupó varias posiciones bajo el mando de Hugo Chávez. Pasó de ser su compañero de armas a su escolta, para luego ocupar la subsecretaría de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el fallecido mandatario. Posteriormente, se convirtió en viceministro, secretario privado de Chávez, presidente del Fondo Único Social (FUS), tesorero de la nación y presidente de Bandes, entre otros cargos.

Cuando Andrade Cedeño fue nombrado como Tesorero Nacional y Viceministro de gestión financiera del Ministerio de Participación y Desarrollo Social, empezaron a surgir señalamientos en su contra por supuestos malos manejos de los dineros públicos.

Andrade Cedeño fue designado presidente de Banco de Desarrollo, Bandes, cargo que ocupó entre en 2008 y 2010 y le permitió rodearse de banqueros y operadores financieros. Durante su gestión fue responsable de la emisión de varios instrumentos financieros, tales como las notas estructuradas y colocaciones de bonos que le permitieron, según las acusaciones hechas en su contra en la Fiscalía General de la República durante la gestión de Luisa Ortega Diaz, en un hombre milmillonario. Ni el Ministerio Público, ni ningún ente del gobierno venezolano, tomaron acciones contra Andrade Cedeño.

El diputado Ismael García denunció al exfuncionario por supuestamente haber estado vinculado en actos de corrupción relacionados con las operaciones de las notas estructuradas y con bonos de la deuda externa que el gobierno de Venezuela compró a Ecuador, Bolivia, Argentina y Bielorrusia. Venezuela gastó en dichas operaciones unos montos que rondaron entre los 7 mil 500 y 10 mil millones de dólares aproximadamente.

Las acusación de García no tocó a Andrade Cedeño, al igual que tampoco lo perjudicaron los señalamientos de corrupción formulados por hombres con mucho poder en el régimen chavista como Alí Rodríguez Araque, actual presidente honorario de PDVSA; Nelson Merentes, expresidente del BCV y actual Asesor Mayor del ente emisor; y el exministro del Poder Popular para la Planificación de Venezuela, Jorge Giordani.

La vida de Alejandro Andrade Cedeño se transformó en dos décadas. Pasó de militar asalariado a ser uno de los funcionarios del gobierno chavista con mayor poder, y luego a disfrutar de una enorme fortuna de miles de millones de dólares que le permitían posee más de 150 caballos de salto ecuestre, jets, yates y realizar costosos viajes alrededor del mundo. Hoy en día, con un “grillete” en su tobillo se mueve cansado y lento por el rico condado de Palm Beach, con una biblia bajo el brazo tratando de llevar sus bendiciones y la palabra de Dios a quienes consigue a su paso. “Se le ve con la mirada pérdida en el pasado, y con pocas esperanzas de lograr un futuro mejor”, dijo a esta periodista una persona ligada al caso.

Tal vez al ex poderoso tesorero de la Venezuela le llegó la hora de ajustar sus cuentas con la justicia del imperio que tanto disfrutó.

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