Según una fuente ligada al caso, el mencionado militar tiene previsto desertar y tramitar su residencia en Canadá siguiendo los pasos de quien fuera declarado desertor por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el General de Brigada Juan Eliézer Medina Rodríguez.
Maibort Petit/Venezuela Al Día
El segundo secretario de la embajada de Venezuela en Canadá, el capitán activo, Andrés Eloy Useche Sánchez, fue denunciado ante el gobierno canadiense por haber cometido hechos de corrupción que comprometen las finanzas del estado venezolano. Useche Sánchez ocupa un cargo diplomático y sería un hombre de confianza del exembajador venezolano en ese país, Wilmer Omar Barrientos Fernández, quien fue expulsado y declarado persona non grata por la administración del primer ministro Justin Trudeau en diciembre de 2017.
Según el reporte, a su salida de la misión diplomática, el exembajador, Wilmer Omar Barrientos Fernández, dejó a su ayudante capitán Useche Sánchez como encargado de labores administrativas de la embajada. El mencionado militar fue designado como Segundo Secretario en comisión de servicios desde el 22 de octubre de 2014, según Resolución Nº 007358.
El funcionario, Useche Sánchez, se encuentra al frente de la sección consular de la embajada y funge como administrador de la misión diplomática. Fuentes consultadas para esta nota y que pidieron mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, confirmaron esta información y afirmaron que el militar activo está autorizado en las cuentas bancarias de dicha misión diplomática de manera irregular.
Llama la atención que Useche Sánchez siga siendo el responsable administrativo de la embajada, a pesar que el exgobernador del estado Sucre, Luis Augusto Acuña Cedeño, fuera designado fue designado como Encargado de Negocios Ad Interim el pasado 19 de enero de 2018, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº DM/012 del gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque no se ofrecen cifras, el informe dice que Useche Sánchez habría presuntamente cometido delito de apropiación indebida, desviando fondos públicos de la embajada a su nombre, y usando parte de ellos —inclusive— para adquisición de un apartamento en un lujoso condominio en la ciudad de Ottawa. De hecho, los registros de propiedades inmobiliarias de la ciudad de Ottawa, muestran que el departamento fue comprado el 28 de junio del 2017 por un monto 334.601,00 CAD (dólares canadienses). La lujosa unidad es parte de The Bowery Condos & Lofts, ubicado en el número 255 Bay Street, apartamento 1407, Ottawa, ON, Canada, K1R 0C5.
Otras irregularidades
En la denuncia se advierte que el pasado 16 de abril de 2018, según la resolución N. 023728 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el gobierno de Venezuela resolvió que el capitán Andrés Eloy Useche Sánchez C.I. V-6.472.359 tenía que finalizar su comisión de Servicio en Ottawa, Canadá, el día 15 de mayo de 2018. No obstante, y gracias a las influencias ejercidas supuestamente por el general Barrientos, el capitán sigue en dicha misión diplomática usufructuando los beneficios del cargo.
De acuerdo a la página la misión diplomática (http://www.misionvenezuela.org/V2/index.php/embassy/officers) solamente existen dos diplomáticos en la Embajada y el nombre de Useche Sánchez sigue apareciendo. El militar estuvo a cargo del proceso que tuvo lugar este 20 de mayo donde Nicolás Maduro se reeligió como presidente en un proceso lleno de irregularidades que dio ha sido reconocido por los gobiernos democráticos del hemisferio.
Entre otros aspectos que se destacan en el informe está el hecho que el día 14 de marzo de 2018, el capitán Useche Sánchez se trasladó junto con la esposa del exembajador Barrientos, Carla Josefina Gómez de Barrientos, C.I. V-12.331.857 a los Estados Unidos a través de la frontera canadiense. En territorio norteamericano, Useche Sánchez y Barrientos estuvieron en una de las sedes del Bank of America Financial Center con el objetivo de abrir cuentas en dicho país con dinero procedentes de fondos públicos pertenecientes al Estado venezolano.
Según el informe, Useche Sánchez vive en concubinato con Rosanna Elizabeth Ovalles Collovini, quien tiene estatus de estudiante en Canadá.
Una fuente consultada para esta nota aseguró que el mencionado militar tiene previsto desertar y tramitar su residencia en Canadá siguiendo los pasos de quien fuera declarado desertor por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el General de Brigada Juan Eliézer Medina Rodríguez.
Fotografías del Capitán Andrés Eloy:
Segundo Secretario con Uniforme Militar, en un acto de la Embajada:
Documentos de soporte:
Registro del Capitán Andrés Eloy por parte de indefensa
Se hicieron las 8:00 de la mañana del domingo 20 de mayo y el equipo de reporteros con el que me disponía a recorrer los centros electorales de Caracas, aún no se había agrupado.
Raylí Luján/Venezuela al Día
Mientras esperábamos por el desayuno en la oficina, leíamos sobre otros colegas en el país, cuyo trabajo periodístico se había visto impedido por efectivos del Plan República.
Aquellas denuncias poco efecto hicieron sobre nosotros. Era lo esperado. En los últimos eventos electorales en Venezuela, tanto las irregularidades como las limitaciones al trabajo de la prensa han estado a la orden del día.
Salimos. Tarde, pero lo hicimos. Buscamos a otra compañera cerca, quien se sorprendió al vernos con chaleco. Decidimos llevarlos con nosotros, solo por órdenes de nuestros superiores. Más adelante, al observar el poco volumen durante la jornada, nos los retiramos.
En el primer centro visitado, el colegio San José de Tarbes en La Candelaria, capturamos las imágenes detrás del cinto de seguridad. Estábamos a la expectativa sobre el comportamiento de los funcionarios castrenses, pues no contábamos con las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Visitamos la Escuela Experimental Venezuela en Bellas Artes, el Líceo Andrés Bello y el Líceo Fermín Toro. La normalidad y la abstención reinaban.
Tanto, que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, lo reconoció inconscientemente en unas breves declaraciones ofrecidas a los tres medios que allí nos encontrábamos.
Ya eran casi las 11 de la mañana cuando nos dirigimos hacia San Martín. En la Escuela Nacional 19 de abril nos atrevimos a dar el paso y solicitamos ingresar al centro para obtener mayores datos e imágenes del coordinador principal y las mesas.
Los GNB no opusieron resistencia. Gran sorpresa para nosotros, pues mientras esto ocurría, en Aragua, Táchira, Bolívar, Zulia e incluso en otras zonas del Distrito Capital, varios periodistas se veían limitados al momento de acceder a los centros de votación y eran obligados a borrar sus materiales, una vez obtenidos en las afueras de los unidades educativas.
Los funcionarios del Plan República, en su mayoría efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), estaban al frente de estas acciones.
“La Vega, U.E. Pedro Fontes, militar de apellido Maldonado me sacó del centro electoral, me dijo que podía grabar afuera pero ahí una señora me increpó y aupó a motorizados a robarme el celular. Tuve que huir por la actitud hostil tanto de Maldonado como de un grupito rojo”, fue lo denunciado por la periodista Marjuli Matheus, corresponsal de Diario Las Américas.
El periodista de Hispano Post y delegado voluntario del SNTP, Juan Carlos Salas también relataba su experiencia con los funcionarios militares, quienes le retuvieron por un largo rato tras realizar unas fotografías afuera de un centro electoral.
“Estoy bien. Efectivos del Plan República me detuvieron en el gimnasio vertical de Chacao por tomar fotos afuera del Centro. A pesar de estar acreditado por el CNE para hacer mi trabajo, decidieron sentarme un rato dentro del centro. Luego de hablar mucho con ellos me dejaron ir”, fue la publicación que hizo en su cuenta de Twitter.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) se encargaba de recoger este seriado de denuncias, que ponían en alerta al resto de los integrantes del gremio y exhortaban a las autoridades a garantizar la libertad de prensa.
Seguimos probando suerte y solicitando el acceso para conversar con los miembros de mesa. Este fue otorgado por los funcionarios del Plan República, en colegios del centro de la ciudad capital.
Paramos para almorzar y cuando el reloj ya marcaba poco más de las 3 de la tarde, emprendimos un nuevo recorrido, en el que además de verificar la cantidad de electores que hasta ese momento habían ejercido su derecho al voto, intentamos constatar con colegas ese novedoso “trato amable” por parte de los militares.
Lo confirmamos. Miembros del cuerpo castrense habían decidido romper con el paradigma. El buen trato y la amabilidad de algunos efectivos de la GNB se había convertido en la “nota discordante” del día.
A un grupo de periodistas y reporteros gráficos nos habían permitido el ingreso a los centros aún cuando no teníamos las credenciales respectivas para esta acción.
Y aunque no todo fue color rosa -un comandante nos interrumpió cuando preguntábamos datos a los miembros de mesa en un centro y en otro solo dejaron pasar a un periodista-, ya la tendencia se había quebrado.
Al finalizar la jornada reporteril, las respuestas de un GNB sobre la protección que le pedíamos para acudir a los “puntos rojos” sin ser agredidos, se convirtió en la coronación de aquella curiosa disparidad.
El joven uniformado de verde olivo nos indicó que ese uniforme no significaba que él también fuera “rojo”. Le expresamos: “No es por si eres rojo o no, es por la autoridad que representas” y él contestó: “Tampoco. Ya la gente no nos respeta”. Cuando le preguntamos por qué creía que se había perdido ese respeto, me dijo que en gran parte “por culpa del gobierno”.
Las diferencias que puedan existir dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y dentro de los grupos que la conforman, por más pequeñas que sean, son cada vez más notorias. Las recientes detenciones de once militares activos así lo corroboran.
¿Cómo Luis Carlos De León Pérez se convirtió en el mayor negociador de los contratos de electricidad bajo la presidencia de Javier Alvarado?
Maibort Petit/Venezuela al Día
Una presencia permanente en las reuniones de la junta directiva de la C.A La Electricidad de Caracas terminó convirtiéndose en integrante de la misma con un alto nivel de competencias en las contrataciones a pesar de no contar con el nivel exigido por los manuales internos de la empresa que exigían que una figura de mayor jerarquía suscribiera las negociaciones.
Bajo la administración de Javier Alvarado de la C.A. Electricidad de Caracas la figura de Luis Carlos De León Pérez fue adquiriendo tal importancia y poder, que fueron ejecutándose una serie de decisiones que le permitieron crear las condiciones para que el gerente funcional de asuntos legales —en la actualidad procesado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas— se encargara de negociaciones fundamentales para la compañía, a pesar de no tener las facultades para ello, revelan documentos en nuestro poder.
Maibort Petit
La C.A La Electricidad de Caracas fundada en 1895 por Ricardo Zuloaga fue vendida en el año 2000 a AES Corporation que a través de una Oferta Pública de Adquisición logró hacerse del 87,1 por ciento de las acciones, lo que permitió convertirse desde el 1° de julio del citado año en AES Electricidad de Caracas. La compañía fue finalmente estatizada en 2007 bajo el gobierno del finado Hugo Chávez Frías, quien consideró que el estado venezolano debía reservarse las actividades de generación y transmisión de energía eléctrica, por lo cual dispuso que Petróleos de Venezuela, S.A. comprara el 82,14 por ciento de la acciones por USD 739,26 millones, elevando así el total accionario de la nación a 92,98 por ciento. Esto se concretó el 8 de mayo de 2007 cuando la empresa retomó su nombre inicial.
La EDC pasó a integrar la Corporación Eléctrica Nacional, S.A., Corpoelec, una sociedad anónima gubernamental que se encarga de la administración del sector eléctrico de Venezuela y el cual está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
A partir de entonces asume la presidencia de la ahora empresa estatal, Javier Alvarado Ochoa, un ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Simón Bolívar, USB, con especialización en Gerencia de la Energía, que había ingresado a la industria petrolera en 1979 y quien, al no haberse sumado al paro petrolero de 2002-2003 fue recompensado con su nombramiento como gerente de Recursos Humanos de PDVSA, posición desde la que firmó la carta de despido de los 20 mil trabajadores de la empresa que quedaron cesantes por decisión del presidente Chávez y sin derecho a indemnización. Fue escalando posiciones hasta que en mayo de 2007 fue designado presidente de la Electricidad de Caracas a la estatización de la misma. Sobre sus hombros recayó la responsabilidad instrumentar el proceso de transición de la compañía, así como de su incorporación a Corpoelec.
Javier Alvarado
Su haber en la EDC fue negativo prácticamente desde su ingreso, pues ya en 2008 se contabilizaban 300,5 millones de bolívares en pérdidas en razón del incremento de las cuentas por cobrar. Así lo reflejaron los estados financieros consolidados del Informe Anual de Gestión correspondiente al ejercicio 2007-2008, cuando la empresa venía de presentar una utilidad neta registrada en 2007 de 132,4 millones de bolívares.
Los ingresos por ventas de energía eléctrica disminuyeron de 2,07 millardos a 1,6 millardos, en los dos períodos mencionados, lo cual repercutió en la caída de 351,7 millones de bolívares en los ingresos totales por operaciones durante el año anterior que pasaron de 2,1 millardos a 1,8 millardos de bolívares entre 2007 y 2008, respectivamente.
Las cuentas por cobrar pasaron de 249,7 a 792,2 millones de bolívares entre 2007 y 2008, pasando la deuda de la empresa de 65,4 millones a 77 millones de bolívares entre los dos períodos referidos, se lee en una nota de Informe 21 publicada para la época[1].
Asimismo, Javier Alvarado estaría tras la autorización para negociar con Derwick Associates dada a quien a lo largo de estas páginas veremos cómo adquirió especial protagonismo, Luis Carlos De León Pérez, un exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado por el gobierno de los Estados Unidos por supuestamente haber cometido delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violar la ley de Prácticas Corruptas. De León carecía de las facultades para suscribir contratos como el que esta negociación supuso, de acuerdo manual de firma interno de la C.A. Electricidad de Caracas.
La gestión de Alvarado ha sido señalada de una serie de supuestas irregularidades, enumerándose entre ellas los presuntos sobreprecios en megacontratos suscritos con multinacionales españolas, como es el caso de la negociación con Duro Felguera, un proyecto llave en mano para la generación de 1.000 megavatios en dos grupos de ciclo combinado, lo suponían además de un retroceso tecnológico, un gran sobreprecio pues el contrato que se firmó por 2.100 millones de dólares, suponía un costo del megavatio/dólar —2 millones 100 mil dólares cada MW— muy por encima del promedio mundial.
Este negociado dejó al descubierto el presunto pago de una comisión equivalente a USD 50 millones a Nervis Villalobos, exviceministro de energía durante el gobierno Hugo Chávez que en la actualidad enfrenta cargos por lavado de dinero en los Estados Unidos.
También revisaremos el contrato para la compra de bombillos ahorradores, así como los contratos suscritos no honrados hasta la fecha, pero que supusieron grandes erogaciones para la república.
De estos y otros asuntos estaremos hablando en esta y otras entregas en las que mostraremos al lector documentación que demuestra las irregularidades cometidas en la empresa eléctrica bajo la égida de Alvarado, sobre quien se han centrado las investigaciones y denuncias en los hechos cometidos por este cuando estaba al frente de Bariven, la filial de PDVSA encarga de llevar a cabo las compras y adquisiciones de la estatal, dejando de lado su gestión como presidente de la EDC o Elecar, como también se le conoce.
La preparación del terreno
A continuación daremos cuenta del resumen de una serie de reuniones de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas recogidas en las actas del referido ente que tuvieron lugar a partir del 15 de junio de 2007 en la sede de la compañía ubicada en la avenida Vollmer de la Urbanización San Bernardino de Caracas, cuando Javier Alvarado asumió la presidencia de la compañía.
En dichos resúmenes se podrá constatar cómo las decisiones adoptadas constituyeron la preparación del terreno para que luego tuvieran lugar las negociaciones y hechos irregulares a los que hemos hecho referencia líneas arriba.
Así tenemos que el 15 de junio de 2007, se celebró una reunión de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas ya presidida por Javier Alvarado, con la participación de Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas y Carlos Luengo, fungiendo como secretario accidental de la reunión, Luis Carlos de León Pérez. Entre otros puntos de agenda se designó a De León Pérez como representante judicial de la empresa.
El próximo encuentro se llevó a cabo el 6 de julio de 2007, cuando la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas, constituida para la fecha por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn y actuando Alice Sader como secretaria accidental, se procedió a designar a los miembros de la comisión de licitaciones de la empresa. Igualmente, entre otros asuntos, se creó el Fondo Social EDC, se designó a los miembros de las juntas directivas de las filiales de la empresa.
El 18 de julio de 2007, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn, ejerciendo como secretario accidental Luis Carlos de León Pérez, discutió la situación de la elaboración del presupuesto de la empresa para 2008. Igualmente se abordaron los resultados de la empresa para el 30 de junio de 2007, los indicadores financieros y flujo de caja; los indicadores operativos; el proyecto de instalación de condensadores s/e guaira 69 kv; el proyecto de actualización de los sistemas Scadas de transmisión y distribución; el proyecto de mercado de capitales; y estado del proyecto de reconversión monetaria; entre otros.
En la cita del 15 de agosto de 2007, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental se analizaron los indicadores operativos; los resultados financieros julio 2007; la posición de caja y tratamiento de obtención de divisas; se estudió el Decreto de Reorganización Eléctrica; entre otros.
Para el 3 de octubre de 2007, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada para ese entonces por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental, discutió la indemnización por daños a terceros; la medida temporal frente a la exigencia de la solvencia laboral como requisito indispensable para contratar con PDVSA; el procedimiento transitorio para solicitar modificaciones al presupuesto 2007 de la Nueva Electricidad de Caracas y las empresas filiales; la situación presupuestaria de la de la Nueva Electricidad de Caracas y las empresas filiales; la solicitud de recursos presupuestarios 2007; entre otros.
En fecha 17 de octubre de 2007, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada para por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental, analizó la solicitud de recursos adicionales para el presupuesto 2007; los estados financieros 2007; las políticas de la empresa a nivel de presidencia; los resultados de las proyecciones de los estados financieros; entre otros.
Entretanto, el 24 de marzo de 2008, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas constituida por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental, discutió la emisión de bonos; la designación del agente de colocación; la modificación del presupuesto 2008.
En lo atinente a la emisión de bonos, De León Pérez presentó a la consideración de la directiva y así se aprobó, las condiciones para dicha emisión por una cantidad entre USD 550 millones y USD 950 millones en ejecución a lo acordado por los accionistas el 26 de noviembre de 2007. Dijo que los bonos se inscribirían en la Bolsa de Luxemburgo con plazo no mayor a 10 años sin posibilidad de redención, suscritos en bolívares fuertes pero pagaderos en dólares estadounidenses.
Se designó a Antonio Simancas y a Luis Carlos de León Pérez para que, conjunta o separadamente, realizaran los trámites necesarios a nombre de la empresa y suscribieran todos los documentos pertinentes para ejecutar la medida.
Se designó a la empresa Unovalores Casa de Bolsa, C.A. como agente de colocación de los bonos, por ofrecer condiciones favorables y se aprobó pagarle una comisión del uno por ciento sobre el monto efectivamente colocado.
La junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas volvió a reunirse el 23 de abril de 2008, conformada por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental. Entre otros asuntos, se aprobó la solicitud de financiamiento, delegaciones y otros requerimientos para las operaciones del presupuesto con el Fondo Conjunto China Venezuela FCCV; se aprobó el espécimen de firmas conjuntas para solicitar financiamiento y firma de convenios como alternos al presidente de la EDC. Se decidió que firmarían conjuntamente Javier Alvarado como presidente y Genel Severeyn, por el área de finanzas. En ausencia del presidente firmarían Alberto Urdaneta y por el área de finanzas, Armando Astudillo.
Se aprobó también el espécimen de firma para solicitar desembolsos, alterno al presidente de la EDC. Se acordó que firmarían conjuntamente, una por el área gerencial y una por el área financiera. Por el área gerencial estaban facultados: Alberto Urdaneta, Genel Severeyn, José Romero y Julio Sansonetti. Por el área de Finanzas: Armando Astudillo y Carlos Galíndez.
El día 5 de mayo de 2008, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta y Genel Severeyn, con el gerente funcional de asuntos legales, Luis Carlos de León Pérez como “invitado permanente” —así se le menciona en el texto de las actas— e Iliany Mata, como secretaria, discutió la solicitud de delegación expresa de firma para el convenio de financiamiento con el Fondo Conjunto China Venezuela FCCV y la ratificación de las delegaciones realizadas en reunión de junta directiva del 23 de abril de 2008.
Luis Carlos de León Pérez sometió a la consideración de la directiva, al momento de discutir el punto arriba mencionado, la aprobación de la firma de Javier Alvarado, en representación de la empresa, para el Convenio de Financiamiento con el Fondo Conjunto China-Venezuela por los recursos que le fueron otorgados en el año 2008 en el Punto de Cuenta N° 135-07, aprobado por el presidente de la república, Hugo Chávez Frías.
En reunión efectuada el 15 de julio de 2008, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada para la fecha por Javier Alvarado (presidente), Jesús Rangel, Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con el gerente funcional de asuntos legales, Luis Carlos de León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, se actualizó el manual de autorización y delegación de firmas de la EDC, entre otros asuntos.
En este sentido, quedaron autorizados: Luis Carlos de León Pérez, gerente funcional de asuntos legales; Javier Alvarado, presidente de la EDC; Nicolás Veracierta, director de Finanzas; Jesús Rangel, director externo: Genel Severeyn, director de integración de procesos; Alberto Urdaneta, director de operaciones.
El 25 de agosto de 2008, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la presencia del invitado permanente, Luis Carlos de León Pérez, Gerente Funcional de Asuntos Legales, e Iliany Mata, como secretaria, procedió a discutir el cambio de miembro de la Comisión de Contrataciones N° 1, la compra de transformadores de distribución, la adquisición de aceite para emplazamientos de generación distribuida, la apertura de una cuenta en el JP Morgan Chase, la contratación de auditores externos, la modificación del Manual de Autorización de y Delegación de Firmas de la empresa y el estudio de valoración de activos para fines de Seguros y Contables para la EDC y sus empresas filiales y SENECA.
Comienzan a concretarse las acciones en el Complejo Generador Termocentro.
Llegamos entonces al 5 de septiembre de 2008, cuando la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la participación del invitado permanente Luis Carlos De León Pérez e Iliany Mata, como secretaria, discutió entre otros asunto, el Plan de Mantenimiento Multianual GE-SENECA, apertura de Carta de Crédito Stand By a nombre de General Electric International INC.
En tal sentido, se autorizó solicitar ofertas técnico-económicas a GTME de Venezuela, S.A., para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 85 MW 700 IEA General Electric, en la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.
A Derwick Associates, S.A. se le solicitarían ofertas para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una de la marca General Electric, modelo ML600 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.
Y a Derwick Associates Corporation igualmente se lo pedirían cotizaciones para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 45 MW cada una de la marca General Electric, modelo ML600 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.
Se delegó en la Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos la evaluación técnico-económica de las ofertas presentadas, la cual debería presentarse a la consideración de la junta directiva para su aprobación.
Se resolvió la contratación de la empresa Inversora Cerro Azul, C.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción del gasoducto asociado al proyecto del Complejo Generador Termocentro por la cantidad de USD 9.063.928,80 y Bs. 91.589.071,48, incluido el IVA, así como el otorgamiento de un anticipo del 50 por ciento de la porción en dólares y de 30 por ciento de la porción en bolívares.
Se delegó indistintamente, sin prelación o preferencia, para que actuaran conjunta o separadamente, al presidente de la EDC, al director de integración de procesos o al director de operaciones, la suscripción de la documentación del proceso antes referido y la suscripción del contrato.
Avance de los proyectos: Fallas de Derwick
El 1° de julio de 2009 tuvo lugar una reunión de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas, presidiendo el acto Javier Alvarado y participando los directores Luis Carlos De León Pérez (ya como miembro de la directiva), Jesús Rangel, Genel Severeyn y Alberto Urdaneta, fungiendo como secretaria, Iliany Mata.
El encuentro tuvo por objeto la consideración de un punto especial referido al avance de los proyectos que fue expuesto por José Romero y Julio Sanmsonetti, gerente funcional de ingeniería y proyectos y gerente de proyectos, respectivamente. Se analizó el estado en que se encontraban a la fecha el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, la Planta La Raisa y la Ampliación de Generación de Margarita.
Así, el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas con una generación total de 335 MW, conformado por la Planta Picure con 135 MW de generación, consistente en dos unidades de 22 MW GE LM2500 para un total de 44 MW; y una unidad de 42 MW y una unidad 49 MW GE LM6000 para un total de 91 MW.
Se observó que estaba pendiente por parte de la empresa Derwick, la reparación de la unidad LM2500 y estaba en tramitación el reclamo ante el seguro del siniestro de la unidad LM6000.
La Planta La Raisa con una capacidad de generación de 440 MW constaba de dos unidades de 45 MW (90 MW), prevista para ser inaugurada en julio de 2010; tres unidades de 60 MW (180 MW), prevista para inaugurarse en abril de 2010; y dos unidades de 85 MW (170 MW), a ser inaugurada en julio de 2011.
La Ampliación de Generación de Margarita de 214 MW y constituida por unidades de 22 MW (44 MW) para inaugurarse en marzo de 2010; y dos unidades de 86 MW (170 MW) para ser inaugurada en julio de 2011.
También se autorizó para este proyecto, la compra de tres unidades de 60 MW cada una y se delegó en la Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos, la búsqueda de los equipos en el mercado, la solicitud de ofertas y su presentación ante la junta directiva.
En esa reunión también se aprobaron las contrataciones para la Planta de Generación La Raisa, por lo que la gerencia funcional de ingeniería y proyectos sometió a la consideración del ente la revisión de la estrategia de contratación, así como las contrataciones requeridas.
Se advirtió que siendo la generación el primer eslabón del proceso productivo y en virtud de que el proyecto Complejo Generador Termocentro contribuye a garantizar la continuidad del mismo y para evitar el agravamiento del déficit eléctrico, se justificaba recurrir a lo establecido en el numeral 1 del artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la época y el cual estaba referido a los supuestos que permitían la contratación directa independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamente su procedencia. El citado numeral 1° establece que esto es posible “Si se trata de suministros de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras requeridas para la continuidad del proceso productivo, y pudiera resultar gravemente afectado por el retardo de la apertura de un procedimiento de contratación”.
Amparados en esto, la junta directiva de la EDC procedió a aprobar la contratación de la empresa Derwick Associates, S.A. para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000.
Se dijo que Derwick Associates, S.A. es representante en Venezuela de ProEnergy Services “la cual cuenta con gran experiencia en la venta de unidades de generación, servicios de ingeniería, procura, construcciones de plantas y accesorios para equipos de generación, así como también operación y mantenimiento de los mismos”. Es decir, la junta directiva estaba en pleno conocimiento de que Derwick sólo actuaría como intermediaria y que los trabajos los ejecutaría efectivamente la empresa ProEnergy Services a la que la primera subcontrataría.
La junta directiva resolvió hacer la contratación con Derwick en los términos antes descritos por USD 49 millones con un anticipo del 10 por ciento del monto del contrato.
La contratación de Elencor
El 10 de julio de 2009, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas, bajo la presidencia de Javier Alvarado y participando los directores Luis Carlos De León Pérez, Genel Severeyn y Alberto Urdaneta, fungiendo como secretaria, Iliany Mata, discutió como punto especial el estado de avance de los proyectos.
También se resolvió la contratación de la empresa Elencor, S.A. para los servicios de energía, procura y construcción de la alimentación temporal de la subestación La Raisa en 230 Kv del proyecto Planta de Generación La Raisa perteneciente al Complejo Generador Termocentro, por 2.400.226,24 euros y Bs. 3.818.159,68, así como también hasta la cantidad de Bs. 2.372.146,65 como gastos reembolsables por aranceles e impuestos de importación.
Se aprobó un anticipo de 1.680.158,37 euros correspondiente al 70 por ciento del monto total del contrato en su porción en euros y de Bs. 1.909.079,84 equivalentes el 50 por ciento del total del contrato en su porción en bolívares.
Otras decisiones
El 5 de agosto de 2009, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Luis Carlos De León Pérez, Jesús Rangel y Alberto Urdaneta, con Iliany Mata como secretaria, luego de analizar el estado de avance de los proyectos, procedió a aprobar el pago de la empresa Clover Internacional por USD 2,9 millones por parte de la empresa y que sería reembolsado por Corpoelec a la misma.
También se aprobó contratar con la empresa Asincro únicamente para la primera fase del Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.
Igualmente, entre otros asuntos, decidieron solicitar oferta a Clover Internacional para transporte de cuatro unidades 4 x 85 MW desde Nueva Jersey, dos unidades hasta La Raisa y dos unidades hasta el Guamache.
Otra resolución de la directiva de la C.A. Electricidad de Caraca en esa fecha fue la contratación —atendiendo la recomendación de la Comisión de Contrataciones N° 1 de la empresa— de Romagnole Productos Eléctricos INC por un monto FOB de 5.477.582,58 equivalentes al cambio oficial para la fecha a Bs. 16.925.730,17.
También se aprobó la contratación de la empresa Elencor, S.A. para llevar a cabo las obras relacionadas con el área 2 y 3 del proyecto del Complejo Generador Termocentro, relativas a IPC subestaciones Termocentro, El Castaño, Carúpano y La Raisa; e IPC líneas de transmisión en 230 Kv (30 Km) por 141.325.132,12 euros.
En las próximas entregan continuaremos revelando cómo se estructuraron y se llevaron a cabo las irregularidades cometidas en la C.A. Electricidad de Caracas durante la administración de Javier Alvarado.
DISCLAIMER
Esta periodista intentó obtener para este reportaje las opiniones de los funcionarios y empresas mencionadas. Correos y mensajes enviados a Javier Alvarado Ochoa no fueron devueltos al cierre de esta edición. Intentamos contactarlo a través de varios teléfonos en Caracas, Venezuela pero no logramos respuesta para una entrevista. Si alguna persona mencionada en esta nota desea comunicarse con nosotros para exponer su punto de vista puede enviarnos sus comentarios al email blogvenezuelapolitica@tuta.il
El diseñador Oscar Carvallo, entra por la puerta grande de la semana de la moda en la ciudad del sol, al estar a cargo de la apertura del evento más importante del fashion en Miami. “Quise traer los shows que venía haciendo en París, para ofrecer aquí un desfile de calidad y alto voltaje que va a estar espectacular”, dijo el creador venezolano.
Luisiana Ríos P. / Miami Diario
Carvallo, cuya carrera inicia en Venezuela de la mano del reconocido “couturier” francés Guy Meliet, discípulo de Christian Dior, se internacionaliza al llegar a Italia para estudiar su postgrado en moda en la “Domus Academy de Milano”.
De allí, decide mudarse a París y se consagra en la meca del fashion mundial , logrando abrir su primera boutique Prê à Porter .”Ya tengo 18 años en París, desarrollando la marca “Oscar Carvallo París”, con un atelier de alta costura y presentando allá colecciones exclusivas junto a las grandes firmas”, dijo Oscar.
Hace dos años quiso regresar al trópico, según dijo, porque el invierno es muy fuerte en Francia. Carvallo se ubica en Miami, lo cual es ideal no sólo por el clima, sino porque está también su familia.
“Aquí están mis clientes, mis amigos y los venezolanos, odos deberían estar en Venezuela, pero gracias a Chávez estamos aquí cuando pudiéramos quedarnos en nuestro país”, comentó con añoranza el diseñador.
Desde el 2015 tiene su boutique en el Design District, muy cerca también de Wynwood, en donde desarrolla la línea “Ready To Wear”, inspirado en sus colecciones de “Haute Couture de Paris”.
La colección que estará presentando en el Opening del Miami Fashion Week, se llama “Free my soul” y “será lo próximo que lanzaré en el mercado, es una ropa para todos los días, hecha de algodón, ideal para el calor de Miami y con nuestro símbolo del corazón”.
Según explicó Carvallo, el símbolo del corazón también fue usado cuando en el 2014 lanzó su colección couture Otoño/Invierno en París, llamada SOS ‘Save Our Souls, “por aquello que pasaba en mi país con la llegada del comunismo y de los Castro”.
Ahora, explica el diseñador, “Free my Soul” representa lo que está sucediendo en el mundo. “Todos queremos ser libres: libera tu alma, libera tu corazón, libérate a tí mismo, déjame ser libre, eso es lo que la gente quiere”, aseguró .
El desfile tiene un propósito social, pues el dinero recaudado con la venta de las entradas está destinado a la organización sin fines de lucro CDEI, cuya misión es contribuir con la formación de comunidades necesitadas, apoyando a distintas organizaciones en Venezuela.
“Es importante que la moda se haga con un fin social social y siempre lo hecho así , más ahora que Venezuela está pasando por un momento tan difícil”, explicó carvallo
Aunque el show presentará una combinación de sus piezas de alta costura y “Ready to Wear”, en el evento habrá también un “pop-up store” con sus piezas y accesorios para damas y caballeros.
“A mí además me encanta hacer trajes de novia, porque es la máxima fantasía en donde no hay límites”, concluyó el afamado diseñador, quien ya está listo para su desfile en el Brickell City Center de Miami el 30 de Mayo.
Eran las 4:47pm del domingo 20 de mayo y Diosdado Cabello hacía el anuncio de la conocida técnica “operación remate” del chavismo. Un grupo de motorizados afectos al oficialismo ya esperaba atento en los alrededores de la plaza O’leary para llevarla a cabo.
Raylí Luján/Venezuela al Día
Una hora después, la algarabía que produce este truco electoral no alcanzó a presenciarse en los principales centros de votación, ubicados en la ciudad capital. No hubo siquiera denuncias del ventajismo que causa esta práctica al usar recursos del Estado.
La estrategia que el gobierno venezolano había aplicado al final de la tarde en las últimas jornadas electorales, en estos comicios presidenciales aunque era esperada, no procedió.
AFP
“Me extraño mucho que la que coordina las cajas CLAP en el sector no viniera a buscarnos como lo hizo para la Constituyente o para la de alcaldes. Se lo comenté a mi mamá: ‘O saben que no estamos muy felices con ellos o simplemente ya no les interesa’”, dijo Alejandra, residente de Petare, quien prefirió no revelar su verdadero nombre.
Para algunos ciudadanos, las cartas para esta elección ya estaban echadas. Esa fue una de las razones para la abstención más alta en cualquier cita presidencial en Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 53,95% de los electores habían decidido no participar y organizaciones como Súmate lo atribuyen a las irregularidades del proceso.
Se trataba de una elección atípica donde los venezolanos no veían a un verdadero candidato opositor que se estuviera midiendo contra el presidente Nicolás Maduro y que pudiera despertar en el chavismo el temor de perder el poder. El gobierno también lo sabía.
“No había necesidad de cumplir esa operación remate. Nosotros no teníamos candidato y ellos ya tenían los números”, expresó Juana, de Antímano. Sin embargo, los datos de baja participación tampoco resultaban favorables para el discurso triunfalista del oficialismo, que ya a las 9:45am daba un primer parte de 2,5 millones de votos ejercidos.
Ese descontento social expresado a través de la abstención que desvirtuaba las declaraciones de Jorge Rodríguez, obligó a que en otros sectores bastiones del chavismo, los grupos “revolucionarios” sí respondieran al llamado del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Más que evitar ser vencidos, el objetivo esta vez del partido oficialista estaba enfocado en obtener una aceptable participación, la que estaban seguros lograrían con el ofrecimiento de bonos especiales y las amenazas de recortar beneficios.
“Sonaron los megáfonos, nos decían que bajáramos, que recordáramos que el CLAP lo recibíamos del gobierno. Algunos bajamos. Y aunque no fueron casa por casa si sentimos la presión por megáfonos. Las caras de los que bajamos hablaban por si solas”, relató Marcos del 23 de enero, donde las imágenes de centros de votación vacíos eran inaceptables.
La “operación remate” en esta comunidad debió activarse o al menos intentarse durante todo el día. El efecto causado no fue el mismo que en procesos anteriores.
“Un grupo de amigos muy íntimos, pues en el 23 todo el mundo se cuida de todo el mundo, decidimos no ir esta vez. Una bolsa Clap o ser fichados en medio de esta crisis ya no puede ser una amenaza real en medio de esta crisis”, destacó otro vecino de la zona.
Y aunque algunos acudieron a la cita electoral arrastrados por ese temor, la mayoría habló y golpeó al chavismo con la abstención. Tanto el Carnet de la Patria -admitido por Freddy Bernal como un instrumento de control social-, así como las cajas y bolsas CLAP, no rindieron los frutos esperados.
“La gente la está pasando tan mal que tiene poco que perder ya. Fue una pequeña venganza, que aunque no todos se atrevieron a aplicar, igualmente tuvo su impacto”, agregó el joven.
Fueron 58 niños esta vez y esperan llegar a 134 en los próximos meses. Es la promesa que hizo la fundación Caracas Mi Convive a la comunidad del sector La Montañita, ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira, donde se inauguró el comedor número 14, a través del programa Alimenta La Solidaridad.
Raylí Luján/Venezuela al Día
“Estamos realmente agradecidas y esperamos que estas metas puedan seguir cumpliéndose en otros lugares”, dijo una de las madres participante, cuyos cuatro hijos pudieron almorzar ese mediodía en el comedor La Montañita.
El menú compuesto por ensalada de zanahoria rayada, arroz y pescado fue servido alrededor de las 12:30 del mediodía, luego que un grupo de madres y colaboradoras hicieran magia en la cocina.
Minutos antes de hacer la fila para devorarse el gustoso platillo, los niños entre 4 meses y 14 años de edad lograron alejarse de su rutina diaria y entretenerse con jóvenes recreadores entre cantos y juegos.
El día que tanto había esperado Luis Gómez al fin llegó. Niños del lugar donde había nacido y había pasado toda su vida iban a ser atendidos gracias a la solidaridad de venezolanos que en medio de la crisis apuestan por el bien de los más vulnerables.
Foto: Raylí Luján
Gómez, un joven que pertenece al Consejo Comunal de La Montañita había luchado durante meses contra la tendencia oficialista que reinaba en la zona para poder incorporar el programa que permitiría que los niños del lugar -con solo dos comidas o una al día-, pudiesen tener un almuerzo seguro.
“Desde que hicimos contacto con Roberto (Patiño) hace un año y medio, le insistimos a la comunidad para poder traer Caracas Mi Convive. No querían, decían que los pocos beneficios que daba el gobierno iban a ser eliminados, sin embargo a medida que la crisis fue agudizando en el país, decidieron aceptar el proyecto, las madres se fueron organizando y pidiendo que trajéramos el comedor”, expresó.
Los 10 casos en el sector de niños en estado de desnutrición hizo que el activista social acelerará la labor de poder alimentarlos a todos.
Foto: Raylí Luján
“Hay muchos niños vulnerables que a veces comen una sola vez al día o a veces no comen ninguna y se acuestan sin comer y eso es lo que más indigna. Hay niños que ni un plato de comida se pueden llevar en el día a la boca”, agregó Gómez, quien también informó sobre la negativa del Gobierno para apoyar a estas familias.
La ayuda proveniente del ingeniero de producción y activista político, Roberto Patiño y su Caracas Mi Convive aterrizó en el momento preciso y se logró materializar con la organización y el trabajo en equipo, que caracterizan a la fundación.
Foto: Raylí Luján
“Hemos apostado por acompañar a quienes más están sufriendo por una crisis social terrible, generada por malas decisiones políticas. Pretende ser un proyecto inclusivo, que genera empoderamiento. Hoy estamos en la carretera Caracas-La Guaira inaugurando un nuevo comedor, una fuente de esperanza que le dará respuestas a la necesidad más urgente que tiene una comunidad, que es la alimentación de sus niños”, enfatizó Roberto Patiño.
Orgulloso del trabajo alcanzado junto a cientos de madres y miles de voluntarios, con los que ha logrado la instalación de 13 comedores distribuidos en zonas populares de Caracas como Caricuao, El Valle y La Vega, Patiño destacó que hasta la fecha 1.300 niños han sido beneficiados.
Foto: Raylí Luján
Subrayó que los más pequeños son en los que más se enfoca el programa Alimenta La Solidaridad, que cuenta además con la participación de nutricionistas especializados.
Para los más adolescentes, Caracas Mi Convive mantiene su trabajo de previsión de violencia y da apoyo con conversatorios y eventos culturales que buscan “bajarle dos” y lograr la convivencia.
La iniciativa que no discrimina políticamente, insiste en la organización para el alcance de las metas y aprovecha cada gramo de receptividad para calar su mensaje y llegar a más venezolanos.
Foto: Raylí Luján
En La Montañita ya fue logrado. “Después que se han convencido a las familias, ya todo el sector está encariñado con el proyecto y no quiere que se vayan ninguna de las personas involucradas”, acotó Gómez.
Así fue confirmado con las palabras de agradecimiento por parte de los representantes de la comunidad, quienes en medio de aquella soleada tarde cortaron el lazo verde que dio paso a ese pequeño rinconcito, donde cada día se llenarán las barriguitas y los corazones de más de 50 niños.
Bajo administración de Javier Alvarado, la Electricidad de Caracas otorgó a Derwick Associates S.A y Duro Felguera contratos que superan los US$ 1637 millones de dólares.
Por Maibort Petit
Entre septiembre de 2008 y junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas otorgó al menos USD 1.637.179.180,80 en contratos a un grupo de empresas altamente cuestionadas, resultando las más favorecidas Derwick Associates S.A y Duro Felguera. Unas negociaciones que significaron un desfalco al erario público venezolano, máxime porque dichas contrataciones no remediaron el problema que se suponía iban a solucionar: la crisis eléctrica.
Contratos otorgados a dedo sin que se hayan realizado procesos licitatorios como exige la ley, significaron que el estado venezolano entregó a empresas altamente cuestionadas al menos USD 1.637.179.180,80 —de algunos no disponemos la cifra— en menos de un año al amparo de la emergencia decretada por el gobierno. Así lo revelan una serie de documentos, actas y contratos de C.A. Electricidad de Caracas que están en nuestras manos.
En esta segunda entrega de la serie en la que estamos dando a conocer la documentación que prueba las contrataciones que la C.A. Electricidad de Caracas llevo a cabo durante la gestión de Javier Alvarado como presidente de la empresa estatal y en los que se puede apreciar como las cuestionadas Derwick Associates S.A. y la española Duro Felguera figuran entre las compañías favoritas con que negoció para atender la crisis eléctrica que ha padecido Venezuela en los últimos años y que, lejos de solucionarse, se ha agravado.
Ambas empresas han sido seriamente cuestionadas al relacionárseles con hechos de corrupción derivados de su gestión en el contexto de la referida crisis eléctrica. La primera ha sido señalada de supuestamente vender equipos chatarra con sobreprecio. A la segunda se le acusa de presuntamente haber estafado a Venezuela con la construcción de una central eléctrica inservible, con problemas operativos y de diseño, así como con un 400 por ciento de incremento de su valor real.
Además, la Asamblea Nacional determinó que la EDC pagó un gran anticipo a Duro Felguera por los trabajos y esta solamente entregó un 10 por ciento de la obra. “El gobierno venezolano pagó un adelanto a Duro Felguera para la construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el 10%. El pago de comisiones y mordidas fue en detrimento del diseño y la calidad de la obra. Hubo graves problemas con la tubería de enfriamiento, que estaba a cargo de Protesa, empresa asociada a Duro Felguera”, aseguró el diputado opositor Julio Montoya, quien dirigió las investigaciones llevadas a cabo en el seno del parlamento venezolano y que presentó una denuncia en contra de la empresa española ante la Fiscalía Anticorrupción de esa nación en declaraciones que recoge el portal Aserne y en el cual también puede leerse que “La empresa española no cumplió ni los plazos de entrega ni las calidades prometidas en su proyecto, según concluyen los informes parlamentarios que también han sido trasladados a la fiscalía venezolana”.
Según su página web, Duro Felguera es una “compañía especializada en la ejecución de proyectos ‘llave en mano’ para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas; la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo. Con más de 150 años de experiencia en las actividades industriales, actualmente DF desarrolla proyectos integrales para la construcción de todo tipo de centrales de generación eléctrica, instalaciones para el tratamiento de minerales y el manejo de graneles, plantas para almacenamiento de combustibles y otras instalaciones en el sector de Oil & Gas. La compañía lleva a cabo todo el proceso de los proyectos: ingeniería, suministros, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento”.
De esto dimos un adelanto en la primera entrega, pues en dicha nota vimos cómo comenzó a prepararse el terreno para las acciones ulteriores de la directiva de EDC que derivaron en los hechos de corrupción de que ha dado cuenta abundantemente la prensa internacional, en mayor medida y, la prensa venezolana en la posibilidad de que han logrado sortear la censura impuesta por los dos últimos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En estos hechos tiene un especial protagonismo Javier Alvarado, quien se convirtió en presidente de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en 2007 cuando el para entonces vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Rodríguez, lo juramentó, junto al resto de los integrantes de dicho cuerpo rector. Quedó integrada dicha directiva —además de Alvarado— por quienes cumplían funciones como directores principales, Antonio Simancas, Alejandro Borjas, Jesús Rangel, Alberto Urdaneta, mientras que como suplentes fungían Nicolás Veracierta, Darío Merchan, Carlos Luengo y Genel Severeyn.
En los resúmenes de las actas que de reunión de la junta directiva de la EDC que presentamos a continuación y en las próximas entregas, veremos cómo fueron configurándose los hechos acusados en las primeras líneas por parte de la directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en conjunción con las empresas señaladas.
Igualmente podremos observar cómo Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, gerente funcional de asuntos legales de la empresa, quien en la actualidad es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, pasó de ser un “invitado permanente” a las reuniones de junta directiva de la empresa estatal, a convertirse en directivo de la misma.
De este personaje ya hemos referido en el reporte anterior, que llegó a alcanzar un poder inexplicable dentro de la Electricidad de Caracas con atribuciones y facultades más allá de las que su cargo le permitía.
Comienzan a concretarse las contrataciones
El 5 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas constituida por Javier Alvarado en su carácter de presidente, Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la presencia del invitado permanente Luis Carlos De León Pérez (gerente funcional de asuntos legales) e Iliany Mata, como secretaria, aprobó el plan especial de contrataciones en el área de distribución; asimismo la contratación de las obras de movimiento de tierra para la Planta Termoeléctrica Termocentro y la Subestación El Castaño; se aprobó la contratación por vía de excepción lo relativo a la recuperación del alumbrado público y sistemas de distribución de algunos sectores del casco central de Caracas; se analizó la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta.
Igualmente se discutió el incremento de la capacidad de generación de 500 MW a 1.610 MW del Complejo Generador Termocentro.
También se estudió la solicitud de autorización para ejecutar la contratación de GTME de Venezuela S.A. para el servicio de contratación de obras eléctricas y de acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas.
Se delegó en el director de operaciones y/o el gerente operativo de producción, la suscripción de documentación del proceso, incluida el acta de inicio, el otorgamiento de las adjudicaciones y la firma de los contratos respectivos.
Javier Alvarado pidió analizar la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del proceso del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta. Sobre esto el gerente funcional de ingeniería y proyectos, José Romero, recomendó la compra del Generador Diesel para Black Star, equipos de tratamiento y suministro de agua, equipos de filtrado y suministro de diésel, equipos de tratamiento y compresión de gas, así como repuestos para garantizar el funcionamiento de las unidades de generación.
La junta directiva resolvió autorizar la compra con la empresa Wellington Turbines LLC de los equipos complementarios y repuestos para la unidades de generación Pratt & Wittney de 60 MW, tipo FT8 Swiftpac cuya compra se aprobó por la directiva el 20 de agosto de 2008, por USD 17.327.907 para asegurar la puesta en marcha de las unidades en el Proyecto de Generación de Respuesta Rápida en los terrenos de La Raisa en el contexto del Complejo Generador Termocentro.
La directiva también autorizo a la gerencia funcional de ingeniería y proyectos para solicitar ofertas técnico-económicas a las empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar y del IPC de la Planta Termoeléctrica Termocentro; y a Turbocare C.A. para servicios de rehabilitación de dos turbogrupos W501DS, suministro de equipos y repuestos, instalación, puesta en marcha y asesoría técnica en el proyecto Planta de Generación La Raisa.
Alvarado igualmente pidió autorización para contratar a la empresa GTME de Venezuela S.A. para el servicio de construcción de obras eléctricas y acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas
Se incrementa el presupuesto 2008 y uso del Fondo Chino
El 24 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, discutió el proyecto de presupuesto de la empresa para 2009 y el proyecto modificado del presupuesto 2008; al estrategia de contratación del Proyecto de Ampliación de Generación en el Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, Planta Picure y Generación de Respuesta Rápida (GRR); la autorización para delegar en el director de finanzas la facultad de aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias.
Javier Alvarado intervino para solicitar la aprobación de la contratación con recursos del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV) para procura de unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.
Lo anterior contemplaba la ampliación de la subestación Tacoa 230 KV; la nueva subestación y sistema de transmisión asociada al CC 540 MW; desmantelamiento y construcción de almacenes;: desmantelamiento y construcción del campamento de contratistas; adecuación de la estación de gas existente; adecuación de líneas de transmisión de interconexiones existentes; demolición y disposición de componentes de la Planta Arrecife para futuros proyectos; reubicación de helipuerto; estudio de operación y mantenimiento.
Alvarado explicó que la distribución de los recursos del FCCV sería: USD 195 millones asignados al Proyecto Complejo Termoeléctrico Termocentro; y USD 115 millones asignados al Proyecto de Ampliación de Generación en la Isla de Margarita.
La idea era dotar a la región central de autonomía dada su excesiva dependencia de la generación de las centrales hidroeléctricas de Guayana y la transmisión asociada que se manifestó en la falla eléctrica del 29 de abril de 2008. En este sentido, la junta directiva de Corpoelec aprobó la fusión en un megaproyecto de la Planta La Raisa y el Complejo Generador Termocentro.
Asimismo, la falla eléctrica del 1° de septiembre de 2008 llevó a decidir la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas y de la Planta La Raisa.
Las decisiones fueron: aprobar la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas; ampliar el Proyecto La Raisa como parte del Complejo Generador Termocentro para instalar 200 MW adicionales a los 330 MW de Generación de Respuesta Rápida que, sumados a los 1.080 MW de la Planta El Sitio suman 1.610 MW para el Complejo Generador Termocentro.
Se decidió ajustar el presupuesto 2008 a USD 116 millones que debían ser reasignados al proyecto de ampliación de generación Margarita y cargados el proyecto del Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas reasignado para los proyecto a ejecutar en 2008.
Se resolvió ampliar la facultad del director de finanzas para aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias con una vigencia comprendida entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de marzo de 2009.
Entran Derwick y Duro Felguera en escena
En reunión de junta directiva de la que no podemos precisar fecha al no contar con esa parte del documento, pero que estimamos ronde entre los meses de septiembre y diciembre de 2009, Javier Alvarado solicitó aprobar la oferta de dos unidades de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.
En virtud de que el 20 de agosto de 2008 la directiva aprobó la compra de equipos modulares de generación por ser la mejor opción para la fase inicial del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida por su flexibilidad, tiempo de entrega, instalación, transporte y operación con gas y diésel y en razón de que Derwick Associates S.A. presentó el 7 de noviembre de 2008 una oferta de dos equipos de generación de 22 MW, marca General Electric, tipo LM2500 PC Turbines para ser entregadas, una unidad en diciembre de 2008 y otra en enero de 2009, se expuso la conveniencia de aprobar la contratación, como en efecto se resolvió por USD 31.300.000.
También se aprobó, deducimos que en la misma fecha, contratar a la empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar de la Planta Termocentro por USD 215.000.000. Se aprobó que el director de integración de procesos suscribiría el contrato con la empresa española.
Nuevo contrato a Derwick y se amplía vigencia del de Duro Felguera
El 27 de marzo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, se presentó la propuesta de estrategia de contratación y, en tal sentido, se pidió a la directiva autorizar la solicitud de oferta a Derwick Associates S.A., representante en Venezuela de ProEnergy Services lo que resultó aprobado basado en el numeral 1 del artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la fecha y que estaba referido a los supuestos que permitían la contratación directa independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justificara adecuadamente su procedencia. Se le solicitaría la actualización de la contratación de IPC para la instalación de equipos modulares de generación (3 x 60 MW Pratt & Witney) para la Planta de Generación
La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro
Alvarado también pidió a la junta directiva aprobar la extensión de la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para obras y servicios preliminares de la Planta de Generación Termocentro el cual se suscribió el 3 de diciembre de 2008 con vigencia hasta el 31 de marzo de 2009, mientras se acordaban los términos de la oferta definitiva. En razón de que la oferta presentada por la empresa el 4 de febrero aún estaba en estudio, se solicitó aprobar un Addemdum del citado contrato de diciembre de 2008. Se aprobó la extensión hasta el 30 de abril de 2009.
Otros contratos, otras empresas
En fecha no determinada, pues no figura en la parte de los papeles que están en nuestro poder, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas resolvió con base a las recomendaciones de la Comisión de Contrataciones N° 2, adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa China Profit Co. LTD por USD 72.200.000, equivalentes a Bs 155.230.000 (precio FOB). Los gastos de importación e impuestos serían asumidos por la EDC. Se acordó un anticipo del 30 por ciento y el 70 por ciento restante mediante Carta de Crédito Confirmada.
Como segunda opción se aprobó adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa World Busines en caso de que la otra empresa no mantuviera la oferta no suministrara las garantías debidas o le fuera anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa.
También se aprobó adjudicar como primera opción el lote 3 a la empresa World Busines S.A. por USD 19.800.000 equivalentes a Bs. 42.570.000 (precio FOB). La C.A. Electricidad de Caracas asumió los gastos de importación e impuestos. Se dará un anticipo de 20 por ciento y el restante 80 por ciento mediante Carta de Crédito Confirmada. La asegunda opción era para China Profit Co. LTD.
Nuevo contrato a Derwick
El 29 de abril de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas presidida por Javier Alvarado (presidente), con la participación de los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Iliany Mata, como secretaria, a solicitud de la presidencia se analizó y se resolvió aprobar la contratación de la empresa Derwick Associates S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación LM2500 y dos unidades de generación LM6000 en el Proyecto de Ampliación de Generación en el Complejo Generador Planta Josefa Joaquina Sánchez Bastidas por USD 50.814.011 (componente en dólares y Bs. 29.679.6955,20.
También Duro Felguera se hace de otro contrato
El 27 de mayo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta, Carlos Luengo y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, analizó la solicitud de autorización para declarar desierto y dar por terminados los concursos internos de oferta de las gerencias operativas de generación y transmisión previstos en el plan excepcional de contrataciones y resolvió aprobar, de acuerdo al numeral 1 del artículo 76 de la Ley de la Ley de Contrataciones Públicas, la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para los servicios de Ingeniería, procura y construcción (IPC) de la Planta de Generación Termocentro asociado al Complejo Generador Termocentro.
El costo del contrato fue de € 510.241.202, USD 911.973.314 y Bs. 1.239.791.128.
Luis Carlos De León Pérez se integra a la directiva de la EDC
El 10 de junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado en su carácter de presidente), los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta. Se incorporó ahora también como directivo de la empresa estatal, Luis Carlos De León Pérez (no disponemos del acta de la junta directiva en la que se le incorporó como integrante, pero obviamente fue un hecho ocurrido entre los últimos días de mayo y los primeros días de junio del citado año 2009) y fungiendo Iliany Mata como secretaria, autorizó la solicitud de oferta técnico-económica de las empresas:
GTME de Venezuela S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación (85 MW 700IEA General Electric) en la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.
Derwick Associates S.A. para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.
Derwick Associates Corporation para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.
La Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos debía hacer la evaluación de las ofertas y presentarla a la consideración de la junta directiva para su aprobación.
Se aprobó la contratación de la empresa Inversora Cerro Azul C.A. para servicios de ingeniería, procura y construcción del gasoducto asociado al Complejo Generador Termocentro por USD 9.063.928,80 y Bs. 91.589.071,48 incluyendo IVA, con una anticipo de 50 por ciento de la porción en dólares y de 30 por ciento para la porción en bolívares del contrato.
En la próxima entrega continuaremos dando a conocer a nuestros amables lectores, los procesos de contratación de la C.A. Electricidad de Caracas durante la gestión de Javier Alavardo, negociaciones que construyeron un fraude al estado venezolano pero que enriquecieron a un grupo de personas de los cuales algunos enfrentan a la justicia en la actualidad.
Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) dieron el pasado martes un paso importante ante la crisis social, política y económica que atraviesa Venezuela. Fue aprobada en plenaria una resolución en la que se desconocen los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo y la legitimidad del proceso en el que resultó nuevamente electo Nicolás Maduro.
Raylí Luján/Venezuela Al Día
La suspensión de Venezuela del organismo internacional estaría a solo pasos luego de que con esta iniciativa también se haya hecho el llamado a aplicar la Carta Democrática Interamericana.
El internacionalista y exembajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Milos Alcalay, explica que aunque una eventual salida de Venezuela de la OEA, en principio se percibiría como “un castigo moral porque ya técnicamente el gobierno de Maduro decidió salirse”, más adelante acarrearía una serie de limitaciones por parte de los países de la región y sus instituciones.
Para Alcalay, estas sanciones irían de la mano con el objetivo de esta Asamblea, que de acuerdo a su apreciación, busca hacerle entender a Maduro y sus funcionarios que realmente “ellos no se van de la OEA, sino que los están expulsando porque el organismo está descontento con un país que incumple con los compromisos democráticas, que incumple con los derechos humanos y que no permite ayuda humanitaria”.
“¿Qué pierde Venezuela con ello? Todos los mecanismo de integración latinoamericana, todo lo que pudiese ser la ayuda de la organización panamericana de salud en un país cuyos problemas de salud ya no abarca solamente a los pacientes sino también a las epidemias. Pierde todo lo que tiene que ver con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y que ha ayudado mucho a los países del hemisferio a desarrollarse, pierde de la OEA las posibilidades que tiene en buscar un apoyo técnico en desarrollo agrícola, el que mucho necesita. Hay una serie de acuerdos que van más allá de los principios rectores que son cada vez mas fuertes”, indica.
Alcalay hace énfasis en que el aislamiento de Venezuela ha ido creciendo, incluso entre los aliados y ex aliados del chavismo. “La fotografía y la realidad es cada vez mayor. El colapso económico, el colapso alimentario, el colapso ético con la corrupción hace que inclusive gobiernos de izquierdas no quieran identificarse con el drama venezolano. Dentro de esa situación se abstienen”, expone.
Panorama
El exembajador de Venezuela en Guyana, Sadio Garavini insiste en que es necesario prestarle toda la atención a esta última votación en particular así como a la resolución aprobada en torno a Venezuela, que fue lograda a través de ella.
Garavini asegura que en esta reciente votación, en la que se dieron 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, “se habla por primera vez de sanciones económicas financieras por parte de países latinoamericanos que pueden ser aplicadas inmediatamente y que por ende resulta más relevante la resolución que la suspensión en sí”.
Además, señala la notoriedad de la pérdida de apoyo internacional que presenta el gobierno venezolano, particularmente en su hemisferio. “Es una cosa muy distinta a lo que pasaba con Chávez y sus amigos Lula, Kirchner o Correa. El país se encuentra bastante aislado, la preocupación de los vecinos porque esta situación les está afectando es notoria. En Colombia ingresó un millón de venezolanos en el último año y tiene un impacto socio económico y sanitario importante”, destaca.
Alcalay coincide en que este drama migratorio también se ha convertido en un principal problema para los demás países. A su juicio, estos gobiernos aunque buscan implementar mecanismos de solidaridad, no están preparados para un flujo de este nivel y es cuando deciden aplicar otras medidas.
Garavini considera que el ejemplo de Venezuela y el precedente que se estaría contemplando en organismos como la OEA en relación a su situación, podría causar una alerta entre los demás Estados de la región.
“Evidentemente debe estar rondando entre muchos de los potenciales votantes en el hemisferio y creo que eso ya ha tenido resultados y lo veremos ahora en el caso de Colombia. Sin embargo, siempre en unas elecciones prevalecen más los temas nacionales. Ya veremos”, puntualiza.
Con el objetivo de ocultar la responsabilidad del Estado en cuanto a la fiscalización de las obras con fondos públicos, la directiva de Corpoelec mintió a los órganos de justicia de Venezuela y España, al negar que el presidente de la empresa para la época, Javier Alvarado, comprometió a través de contratos a la estatal EDC durante su gestión al frente de la misma.
Maibort Petit / Venezuela al Día
Pese a que en las actas de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas dan cuenta de su presencia en todas las reuniones de ese ente celebradas durante su gestión, la Secretaría de la Junta Directiva de la Corporación Eléctrica Nacional mintió al asegurar que en los archivos de Corpoelec no reposa información alguna, ni bien las referidas actas, ni contratos suscritos por Javier Alvarado Ochoa, como tampoco existe registro de decisiones o autorización en favor del funcionario que lo facultara para representar a la corporación ni a la EDC.
Foto: Maibort Petit
El día 10 de junio de 2015, el fiscal 67 Nacional con competencia en materia contra la corrupción del Ministerio Público, Edward Jens Narváez García, le solicitó a través del Oficio N° 00-DCC-F67-2057-2015, con carácter de extrema urgencia al consultor jurídico de Corpoelec, información acerca de si Javier Alvarado Ochoa había suscrito contratos a nombre de ese organismo o de la antigua Electricidad de Caracas durante su permanencia como funcionario activo dentro de esa institución.
El oficio indicaba que en caso de que la respuesta fuera afirmativa, debía remitírsele copia certificada de la relación de todos los contratos; detallar número, fecha, objeto y monto de los mismos; indicar las personas naturales que intervinieron en la elaboración de los contratos como representantes de cada una de las partes; y el estatus de el o los contratos a la fecha de la solicitud del fiscal.
Este requerimiento se formuló en atención a la investigación penal signada con el N° MP-112646-2015.
Foto: Maibort Petit
Para el día 27 de agosto de 2015, la secretaria de la junta directiva de Corpoelec, María de los Ángeles Román, le informó al gerente general de consultoría jurídica, Alejandro Eleazar Carrasco, a través del memorando N° JDIR-M-006-2015 que daba respuesta a la solicitud N° GGCJ-M-2015-CJUR/1479/2015 de fecha 21 de julio de 2015, que en los archivos de la junta directiva de Corpoelec no reposaba información al detalle relacionada con los contratos suscritos a nombre de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), o cualquiera de las exoperadoras que la conforman.
Román le advirtió a Carrasco que dentro de las competencias de la Secretaría de la Junta Directiva está la suscripción y el resguardo de las resoluciones y actas que contienen las decisiones de la directiva y dentro de esos documentos no se evidenciaba información alguna con los datos solicitados, así como tampoco alguna decisión o autorización a nombre de Javier Alvarado Ochoa para suscribir contratos en nombre de la Corporación o de la antigua Electricidad de Caracas (EDC).
Foto: Maibort Petit
Lo expuesto por María de los Ángeles Román pone en evidencia, primero, que desde el ente directivo de Corpolec se mintió u ocultó información a órganos de justicia tanto de Venezuela como de España —el Ministerio Público y autoridades judiciales españolas— y segundo, que la información solicitada “con carácter de extrema urgencia”, se contestó dos meses y siete días después a la fiscalía que exigía premura en la respuesta.
El requerimiento del fiscal Narváez obedeció a su vez la solicitud formulada al Ministerio Público por parte de las autoridades españolas que investigaban a cuatro exaltos cargos del gobierno venezolano, a saber Javier Alvarado, Nervis Villalobos, Alcides Rondón, Carlos Aguilera, así como a los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farías, a quienes se los señala de estar presuntamente implicados en el blanqueo de dinero. Estas personas aparecen en la relación de clientes del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), difundió el diario El Mundo replicado por El Nuevo Herald[1].
Nuestras fuentes aseguran que órdenes superiores instruyeron a Corpoelec responder negativamente con la deliberada intención de ocultar la responsabilidad del Estado en cuanto a la fiscalización de las obras con fondos públicos. Agrega el informante que el Ministerio Público hizo la solicitud a Corpoelec solamente como una formalidad y poder así generar una respuesta oficial que pudieran presentar ante España.
Los contratos
A continuación presentamos el resumen de una serie de contratos que están en nuestras manos y que ponen de manifiesto la falsedad de lo asegurado por la junta directiva de Corpoelec, pues en los documentos es posible constatar que parte de las negociaciones están refrendadas con la firma de Javier Alvarado Ochoa, quien actuó como representante de la C.A. Electricidad de Caracas. Hemos visto a en las dos entregas anteriores que Alvarado junto al resto de la directiva de la EDC tomó decisiones importantes respecto a contrataciones. Es importante señalar que muchos de estos contratos no han sido honrados hasta este momento.
Igualmente, el lector podrá conocer otros contratos suscritos por quienes sucedieron a Alvarado Ochoa en la presidencia de la EDC y otros expresidentes y exministros de Corpoelec, como es el caso de Alí Rodríguez Araque, Argenis de Jesús Chávez Frías y Jesse Chacón Escamillo. En estas negociaciones destacan contratos con Bandes, el Ministerio de Defensa, Duro Felguera, Derwick, Turbocare, Convenio Cuba-Venezuela, entre otras.
Así tenemos, en primer lugar, el contrato suscrito entre Derwick Associates S.A. empresa inscrita en la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, escritura pública número 2.431 en fecha 2 de abril de 2003, representada en el acto por Leopoldo Betancourt y la C.A. Electricidad de Caracas representada por el Gerente Funcional de Asuntos Legales, Luis Carlos De León Pérez para la compra, por parte de la segunda a la primera, de dos equipos de generación de potencia eléctrica marca General Electric, modelo LM2500 con capacidad de 22 MW.
Foto: Maibort Petit
En el punto 2.2 del contrato se establece que por esta operación la empresa estatal venezolana entregó a Derwick Associates S.A. un anticipo del 10 por ciento del total de la compra USD 3.130.000 el cual se efectuó el día 22 de diciembre de 2008. “Adicionalmente al precio del contrato, todos y cualesquiera impuestos (incluyendo pero sin estar limitado a la retención de impuesto por parte de las autoridades fiscales), derechos de aduana u otros cargos (excluyendo cualquier impuesto sobre la renta o impuestos a las ganancias extraordinarias) que puedan ser gravados alguna autoridad fiscal, que surjan del presente contrato y de los cuales la vendedora [Derwick] pueda ser considerada responsable de su cobro o pago, bien sea a su propio nombre o a nombre de la compradora [EDC], deberán ser pagados por la compradora a la vendedora a la exigencia de esta última”.
Indica que los pagos restantes deberán efectuarse mediante transferencia bancaria directamente al banco de la vendedora en la fecha del vencimiento del pago. Derwick debería presentar con por lo menos cinco días de antelación por escrito a EDC los datos de la cuenta bancaria a la cual debería la estatal hacer el pago correspondiente.
Se advierte que los pagos tenían que hacerse en dólares estadounidenses sin ninguna compensación, incluyendo, sin limitación, compensación bajo este contrato u otros contratos con Derwick, sus afiliados o concesionarios. “El pago del precio del contrato por los equipos y los servicios suministrados por la vendedora con ocasión del presente contrato, será efectuado con fondos propios de la compradora”.
Los restantes USD 28.170.000 deberían efectuarse de conformidad a lo establecido en el cronograma de entrega.
Contrato con Derwick
Contrato de suministros de equipos internacionales para el proyecto de ampliación de ampliación de generación en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.
La C.A. Electricidad de Caracas representada por el Gerente Funcional de Asuntos Legales, Luis Carlos De León Pérez y Derwick Associates S.A. representada por Leopoldo Betancourt firmaron este Contrato Marco que comprendía el suministro de equipos internacionales para el proyecto de ampliación de generación en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas ubicado en el área denominada El Picure del estado Vargas.
Foto: Maibort Petit
El contrato comprende las actividades descritas por Derwick en su oferta técnica y económica de fecha 24 de abril de 2009 que incluye el suministro de los equipos para la perfecta y total operación del proyecto.
Los documentos del contrato deberían ser modificados deberían realizarse mediante un Addendum celebrado entre las partes previo el complimiento de los requisitos exigidos por el contratante.
Este contrato tuvo un precio de USD 50.814.011 equivalentes a Bs. 109.250.123,65.
Derwick Associates y la C.A. Electricidad de Caracas también firmaron un contrato para la ingeniería, procura y construcción de obras locales para el proyecto de ampliación de generación del Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, suscrito igualmente por Leopoldo Betancourt en representación de la primera y por Luis Carlos De León Pérez por la EDC, de acuerdo al poder otorgado por la junta directiva de la estatal eléctrica de fecha 26 de noviembre de 2008.
Foto: Maibort Petit
La C.A. Electricidad de Caracas y Derwick Associates S.A. firmaron otro contrato en el que como los hasta ahora referido, también estampó su firma por la estatal, Luis Carlos De León Pérez, mientras que por la contratista firmó esta vez Pedro José Trebbau López.
El monto acordado en la negociación fue de Bs. 127.189.500 sin incluir el IVA por concepto del componente nacional y USD 67.809.577 por concepto del componente extranjero.
Calculado al cambio oficial para fecha de la suscripción del contrato de Bs. 2,60 por dólar, se estableció un costo total de la negociación de Bs. 176.304.900,20.
El pago del contrato se hizo con recursos provenientes del Fondo Eléctrico.
Según el cronograma establecido entre las partes, los trabajos debieron ejecutarse en una fase, de acuerdo al plan de pago aceptado por la EDC y que abarca entre la fecha de suscripción del contrato (no disponemos de la información por cuanto no tenemos esa parte del documento) y el 11 de julio de 2010.
Se advierte que la EDC sólo reconocerá los pagos de las porciones del proyecto realmente terminadas y aceptadas a satisfacción de la empresa estatal.
Derwick no tendría derecho a ninguna remuneración ni reembolso de costos y gastos por las prestaciones que esta ejecute sin cumplir con los requisitos del contrato.
Foto: Maibort Petit
La C.A. Electricidad de Caracas representada por Luis Carlos De León Pérez y Derwick Associates S.A. por Leopoldo Betancourt, firmaron un contrato para la compra de dos equipos (no disponemos de la descripción completa de los mismos) modelo LM2500 Plus cuyo precio unitario era de USD 23.750.000 “completamente nuevos (aclara el contrato, lo que evidencia que en otros casos la EDC tenía conocimiento de que estaba comprando por equipos usados) para un subtotal de USD 47.500.000.
Ese mismo contrato contempla el pago de USD 26.000.000 por la compra de cuatro equipos de generación de potencia eléctrica marca General Electric “reconstruidos y llevados a cero” con precio por unidad de USD 26.000.000 para un subtotal de USD 104.000.000 los cuales serían entregados de acuerdo a lo establecido en el cronograma de entrega y de conformidad a la oferta entregada por Derwick.
La C.A. Electricidad de Caracas se compromete en el contrato a pagar a Derwick Associates S.A. USD 182.500.000 que es el precio total de la negociación los cuales equivalían a Bs. 689.850.000.
Contrato IPC Duro Felguera con carácter de exclusividad
El 3 de diciembre de 2008, la C.A. Electricidad de Caracas representada por el director de integración de procesos, Genel Enrique Severeyn y Duro Felguera S.A. representada por D. Francisco Martin Morales de Castilla, firmaron un contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de aproximadamente 1.080 MW en la hacienda denominada El Sitio, Carretera Santa Teresa a Santa Lucía, estado Miranda.
Las partes convienen el contrato con carácter de exclusividad, por lo que ni EDC ni Duro Felguera podían entrar en negociaciones ni adoptar ningún tipo de acuerdo con otras empresas, asociaciones, personas físicas o jurídicas en relación con el proyecto o sobre materias incluidas en el objeto del contrato. Este principio abarca a las empresas controladas por las partes y a sus filiales, así como a cualesquiera otras empresas relacionadas con ellas.
El plazo máximo para la vigencia del contrato era el 31 de marzo de 2009, tiempo en el cual la contratista cumpliría con las obligaciones contraídas en el contrato.
El precio del contrato debía pagarse por hitos de cumplimiento. El primer pago por USD 165.000.000 a los quince días de la firma del contrato, destinados a la reserva de maquinaria.
El segundo pago de USD 25.000.000 se cancelaría el 30 de diciembre de 2008 por concepto de los avances de los servicios. El tercer pago de USD 25.000.000 el día 30 de enero de 2009 por concepto de continuación y finalización de los servicios establecidos en el contrato.
Javier Alvarado firma contrato con Duro Felguera
El 30 de marzo de 2009 la C.A. Electricidad de Caracas representada por Javier Alvarado y Duro Felguera S.A. por D. Francisco Martin Morales de Castilla, acordaron la modificación del contrato preliminar hasta el 30 de abril de 2009, fecha en la que la segunda se comprometía a mantener su oferta inicial.
Foto: Maibort Petit
Igualmente, evidencias en nuestro poder muestran que la C.A. Electricidad de Caracas representada por Javier Alvarado Ochoa y Elencor S.A. empresa con sede en España y representada en ese acto por Elencor Venezuela S.A. la cual, a su vez, estaba representada por José Amador Mosquera Viso, suscribieron un contrato para la realización de un conjunto de obras de la cual no tenemos descripción al no contar con la parte del documento que lo refiere, por € 2.400.226,24 equivalentes a Bs. 6.720.633,47 calculado a una tasa de 2,8 bolívares por euro en lo referente al componente importando del contrato.
Foto: Maibort Petit
Entretanto, el precio de las obras para el componente local se fijó en Bs. 3.818.159,78 y hasta la cifra de Bs. 2.372.146,65 por concepto de gastos reembolsables por aranceles e IVA de importación. Los montos incluían mano de obra, útiles de trabajo, suministro total de materiales, preparación del terreno, transporte, agua, energía y cualquiera otros implementos o previsiones requeridos para la ejecución de las obras; en general en dicho precio queda comprendido cualquier otro gasto que directa o indirectamente influya en el precio de la ejecución y conservación de las obras hasta su correspondiente entrega a la C.A. Electricidad de Caracas en perfectas condiciones de funcionamiento. EDC solamente reconocería el pago de las porciones de las obras realmente terminadas y aceptadas a su entera satisfacción.
Argenis Chávez en representación de la EDC
Asimismo, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) representada por Argenis Chávez Frías actuando en nombre y representación de la C.A. Electricidad de Caracas representada por Javier Alvarado Ochoa y Duro Felguera representada por director general, Rafael Murillo Quiros, suscribieron un contrato de suministro por USD 17.050.000.
Foto: Maibort Petit
Otros contratos
Igualmente Corpoelec, representada por su presidente Alí Rodríguez Araque y la empresa China National Machinert & Equipment Import & Expor Corporation (CMECE) representada por su presidente Jia Zinqiang en el marco del Convenio de Cooperación Económica y Técnica suscrito entre Venezuela y China, firmaron un contrato comercial para la ingeniería, procura, construcción y puesta en funcionamiento de la unidad a vapor N° 6 de 600 MW y su sistema de transmisión asociado en Planta Centro.
El monto de este contrato fue de USD 1.463.789.000 equivalente a BS. 3.805.851.400 calculados a Bs. 2,60 por dólar.
Punto de cuenta presentado por el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, el 30 de agosto de 2011 a la presidencia de la república para ese entonces en manos de Hugo Chávez, versa sobre la rendición de cuenta de los recursos asignados mediante la cuenta presidencial 013-2011, destinados al sector eléctrico para el financiamiento de proyectos de inversión y gastos operativos de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización, a objeto de obtener el segundo desembolso financiero de los recursos aprobados para la continuidad de las mejoras y sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional y la reorientación de recursos en el proceso de generación de Corpoelec.
Foto: Maibort Petit
Hugo Chávez de su puño y letra refirió que las fuentes de los recursos aprobados —Bs. 1.433.565.537,69 y USD 704.397.079— provendrían del fondo pesado chino-venezolano. La aprobación ocurrió el 5 de octubre de 2011.
Firman el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Alí Rodríguez; el ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, Jorge Giordany; el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez; el vicepresidente, Elías Jaua; y el presidente, Hugo Chávez.
Más adelante, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) representado por su presidenta Edmeé Betancourt de García y la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) representada por su presidente Alí Rodríguez Araque, suscribieron un contrato que tenía por objeto el financiamiento del proyecto de desarrollo y recuperación del sector eléctrico que comprendía el proyecto de diseño y construcción del Desarrollo Hidroeléctrico “El Chorrín”.
Bandes convino en conceder una asistencia financiera con cargo a los recursos del financiamiento del Gran Volumen y Largo Plazo a la EDC hasta por la cantidad de USD 280.000.000 equivalentes a BS. 1.201.004.000 calculado s Bs. 4,2893 por dólar, conforme a instrucciones del presidente de la republica mediante Punto 302 de fecha 1° de diciembre de 2010 y a lo aprobado por la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela.
Foto: Maibort Petit
Un Convenio de Cooperación para la Asignación y Transferencia de Recursos fue firmado por Jesse Chacón en fecha no determinada pro que estimamos que haya tenido lugar luego del 4 de junio de 2013, día en que se aprobó el punto de cuenta N° 022-2013 por la presidencia de la república.
El objeto del convenio era establecer los mecanismos de cooperación financiera que permitirían materializar la transferencia de los recursos asignados para la conclusión del proyecto San Gerónimo-Cabruta y la consolidación de la red de transmisión San Gerónimo-Puerto Ayacucho, aprobado por el ejecutivo nacional el referido 4 de junio de 2013 a través del citado punto de cuenta.
El financiamiento fue por USD 125.350.000 equivalentes a Bs. 787.724.470 calculados a una tasa de cambio de Bs. 6,2842 por dólar; y la cantidad de Bs. 313.000.000 que serán desembolsados únicamente en bolívares.
Como pueden observar nuestros amables lectores, efectivamente Javier Alvarado sí suscribió contratos en representación de la C.A. Electricidad de Caracas en varias oportunidades, por lo que queda en evidencia la falsedad de lo argumentado por la junta directiva de Corpoelec negando tal hecho. Las pruebas están a la vista de todos.
En medio de la alegría de que había llegado el gas a su edificio, Rafael Araujo, mejor conocido como el “señor del papagayo”, nos recibió en su sencillo apartamento ubicado en el centro de Caracas, el que comparte con su madre de 96 años de edad.
Raylí Lujan / Venezuela al Día
Eran las 10 de la mañana del sábado cuando este ícono de las manifestaciones opositoras contra el gobierno chavista nos abría las puertas de su templo, ese mismo en el que atesora todas sus piezas artísticas, incluyendo sus reconocidos papagayos.
Con orgullo y a la vez con un poco de timidez, comentó que varios periodistas y medios de comunicación internacionales le han entrevistado en ese rinconcito. “Lo que más me preguntan es cuándo hice el primero”, señaló Araujo, quien además aseguró ser olvidadizo con las fechas, aunque no con los momentos.
Sabe que fue después del año 2002, aunque para ese entonces ya participaba en las protestas y ya tenía la idea de mutar sus caminatas a una nueva forma de expresar su rechazo a las medidas emprendidas por el fallecido Hugo Chávez.
“Comencé cuando Chávez traicionó su palabra, él había dicho cosas que no cumplió y ahí fue cuando yo dije: ‘esto no funciona’ y decidí combatirlo a través del arte”, expresó al recordar las palabras de su profesor en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, quien siempre resaltaba que el arte puede hacerse con cualquier elemento.
Y fue el papagayo el elemento elegido por Rafael Araujo. “Porque es sinónimo de libertad y porque llega más alto que las pancartas. El papagayo es más original, porque se transmite un mensaje crítico a la dictadura”, añadió.
Ese primer papagayo contenía precisamente la palabra “Libertad”, con la que Araujo quiso darle paso a sus interpretaciones de lo que ocurría en Venezuela.
El pintor, oriundo de Mérida, sabía que con su original y creativa protesta haría historia. Y sí que lo hizo. Con más de 5.000 papagayos creados durante los más de 10 años que lleva de pie contra el gobierno, ha logrado quedar enmarcado en el pensamiento de los venezolanos.
Foto: Alfredo Coronas
Se ha destacado con frases como “Haré la cola como un pendejo para conseguir comida” o “Maduro, ¿por qué destruiste el Producto Interno BRUTO?”, las cuales han sido reconocidas por la comunidad.
En el fondo, Rafael Araujo sentía que esa receptividad de la población lo acompañaría y le permitiría mantenerse en el tiempo. “He comenzado muchas cosas en mi vida que las he dejado en el camino. No las he concluido. Después de que hice esto, dije: ‘esto va a llegar’, como arte va a llegar y como mensaje también”, apuntó.
Claro que así como fue bien recibido por gran parte de la población, también fue rechazado por otra. Grupos colectivos que le gritan malas palabras en la calle y “llamados de atención” por parte de militares han sido parte de la otra cara de su protesta.
“Si he tenido mis agresiones pero comparado con otras personas, no ha sido casi nada. Una vez me llevaron los militares, me dieron una charla, Chávez estaba vivo. Me amenazaron y me dieron una charla. Me soltaron y creo que fue porque la Policía de Chacao estaba afuera”, puntualizó.
Esta última semana, la agresión registró una escalada. Araujo recibió amenazas por parte de un sujeto luego de ingresar a las inmediaciones del Metro de Caracas con uno de sus papagayos, que llevaba escrita la frase: “El Metro es tan malo como la harina para arepas Clap”.
El hombre le amenazó con arrojarlo a las vías del tren. Usuarios del sistema de transporte público salieron a la defensa de Araujo, quien hizo la denuncia ante las autoridades del Metro.
Foto: Alfredo Coronas
El temor de su familia crece ante episodios como este. Su madre y hermanos siempre han seguido de cerca su labor, atentos a cualquier escrito “subido de tono”, lo que lo llevó en varias oportunidades a diseñar escondido los papagayos.
“Uno hace en su ámbito lo que puede y yo he sobrevivido todos estos años. A cualquier persona le pueden hacer algo en tiempos de dictaduras. Miedo siempre hay pero si me pasa algo, no me pueden quitar lo que ya hice. Pueden cortarme la actividad pero ya lo hecho, hecho está”, sentenció sin titubeos.
Rafael es divorciado y nunca tuvo hijos. Cree que ello fue la causa de su separación. “Los hijos hacen a la familia, aunque no necesariamente”, expuso el artista, quien encontró toda una familia en los venezolanos que le siguen y le muestran su solidaridad en persona o a través de su cuenta de Facebook, única red social que maneja.
Le ha tocado vivir momentos duros junto a esta nueva familia. Estuvo de la mano de los familiares de los jóvenes asesinados en las protestas antigubernamentales así como de los familiares de los presos políticos. Siempre que puede les acompaña en los eventos de apoyo que se convocan. También ha llorado abrazado junto a ciudadanos que se le acercan y no logran contener las lágrimas por la situación que atraviesa el país.
Estos capítulos grises no lo hacen desmayar. Rafael Araujo mantiene la esperanza y sueña con una Venezuela diferente. “La esperanza es lo último que se pierde. Por más que uno esté en una situación negativa, uno siempre busca salir a flote”.
Ahora, cuando las convocatorias de calle han disminuido en comparación con lo que fueron los más de 100 días de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, Araujo se enfoca a ofrecer talleres a niños en zonas populares, donde asiste acompañado de fundaciones que además le apoyan con los materiales para la creación de los papagayos.
De darse un cambio de gobierno en Venezuela, Rafael se visualiza en la cartera de cultura, la que además asegura permitirá erradicar la inseguridad. De no darse la oportunidad, sabe que igualmente será recordado.
“Yo si lo he visualizado, puede llegar a suceder eso, pero mientras tanto disfruto entre tantas cosas malas, porque estoy haciendo lo correcto, porque estoy poniéndome en el lugar de la historia que se necesita para que el país salga adelante”, resaltó sonriendo.
María de los Angeles González de Hernández, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por Chávez, pasó de chavista militante y operadora de la corrupción, a colaboradora de la justicia norteamericana. Después de ser encarcelada, enjuiciada y condenada por recibir sobornos, ahora lleva una vida lejos de la publicidad en un pudiente sector de Miami. El nivel de vida que lleva ella y su familia cercana está levantando sospechas de que no dijo todo lo que sabía y tenía. Investigadores federales están de nuevo tras la mira de una ex convicta que estuvo muy vinculada a operadores como Alejandro Andrade y Leonardo González Dellán.
Maibort Petit y Casto Ocando/Venezuela Al Día
Fue apresada en 2013 a su llegada a Miami en un vuelo desde Caracas para asistir al cumpleaños de su único hijo, y posteriormente presentada ante un juez federal en Nueva York. Se declaró culpable de recibir millones de dólares en sobornos para favorecer transacciones vinculadas a Bandes, y decidió colaborar en las pesquisas. Fue sentenciada a 4 años, y la juez del Distrito Sur de Manhattan, Denis Cote, le impuso una multa de $5 millones, el estimado de las ganancias que obtuvo producto del esquema de corrupción.
La cooperación de María de los Angeles rindió frutos. Operadores vinculados a la firma neoyorquina Direct Access Partners, que participó en el esquema de cojrrupción, fueron encausados. Entre ellos los directos de la firma Benito Chinea y Joseph DeMeneses. La fiscalía concluyó que a través de negocios entre Direct Access Partners y Bandes, los implicados generaron más de $60 millones en ganancias.
González de Hernández, dijeron los fiscales, no sólo cobró ella sino que pagó parte del dinero a otro empleado de Bandes involucrado en el plan, que las autoridades no pudieron encausar.
Para su fortuna, la ex vicepresidenta de Bandes, mujer de confianza del ex Tesorero Nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, y del ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, Leonardo González Dellán, obtuvo una reducción de su condena gracias al perdón otorgado por la jueza federal, en virtud de su cooperación.
Foto: Archivo
Cuando salió de prisión, la ex funcionaria de Bandes decidió dar un giro radical a su vida. Ya no más “revolución bonita” ni la Venezuela camino al abismo de Nicolás Maduro. Se instaló en una de las propiedades que posee en el condado de Miami-Dade, una casa de $2 millones en el exclusivo barrio de Coconut Grove. Junto a su hijo Jorge Alejandro Hernández González, comenzó a vivir su propia versión del sueño americano.
Según personas que la conocieron mientras se desempeñó como funcionaria del chavismo en diversos cargos, no era una mujer particularmente ostentosa. Vivía en un apartamento en Los Naranjos, en la capital venezolana. Mantuvo total discreción de sus actividades “paralelas”, y cultivó sus relaciones con importantes comerciantes venezolanos.
Esto le permitió acumular una fortuna personal considerable. Según fuentes e investiagaciones actualmente en curso, la ex vicepresidente de Bandes podría tener un networth personal de unos $70 millones. Su actual estilo de vida, según estas fuentes, es una de las pistas visibles de que en su nueva etapa de ex convicta, María de los Angeles no se va por las ramas en materia de gastos y comodidades.
De funcionaria pública a millonaria
María de los Ángeles González de Hernández es una abogada que estuvo al frente del área de Fideicomisos del Banco Industrial de Venezuela (BIV) por dos años, bajo la administración de Leonardo González Dellán, quien la consideraba una “protegida”. En 2001 pasó al Bandes, organismo donde transcurrió la mayor parte de su Carrera oficialista. En 2008 fue nombrada vicepresidenta de Finanzas de Bandes por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, quien la puso también a ocupar esa posición en el Banco de Fomento Regional Los Andes (Banfoandes). González también trabajó tres meses en Bandes Uruguay, uno de los bancos mediante el cual Hugo Chávez envió fondos para proyectos conjuntos con Montevideo, que generaron numerosas denuncias de corrupción.
Mientras dirigía las finanzas de Bandes, María de los Angeles constituyó una empresa sin sede física, de nombre Cartagena Internacional Inc, con la que abrió cinco cuentas en un banco suizo en tan sólo dos días. En una de estas cuentas depositó $5 millones, una cifra absolutamente injustificable para una funcionaria pública con ingresos oficiales limitados. Según fuentes familiarizadas con esta operación, estos fondos los obtuvo como producto de un esquema irregular de negocios, en el que vendió bonos del banco a precios por debajo del mercado, y luego los volvía a comprar a mayor precio.
En 2013 su nombre saltó a la palestra pública por el escándalo en la cual se vio involucrada en Estados Unidos. El 3 de mayo fue detenida a su salida del avión de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami, acusada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), al haber aceptado sobornos para favorecer con la venta de bonos de la deuda pública venezolana a unos agentes financieros de Estados Unidos.
De estas irregularidades también resultó implicado Alejandro Andrade, quien para ese momento ocupaba la presidencia de Bandes. Andrade también resultó mencionado en otros escándalos similiares, como la asignación de bonos para favorecer inversionistas y banqueros como Francisco Illaramendi, un venezolano que operaba transacciones financieras no reguladas desde Connecticut y que fue condenado a 13 años de cárcel por fraude mediante un esquema Ponzi.
Junto a la exfuncionaria del Bandes también fueron arrestados dos empleados de un corredor-intermediario estadounidense, según una amplia investigación multiagencias dirigida por Mythili Raman, fiscal general auxiliar en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia; Preet Bharara, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y George Venizelos, director auxiliar a cargo de la oficina del FBI en Nueva York.
De acuerdo a la acusación penal, Tomás Alberto Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado —empleados del corredor-intermediario Direct Access Partners con sede en Nueva York—se confabularon para pagar de confabular para pagarle sobornos a María de los Angeles a cambio de que ella encauzara el negocio de corretaje bancario del Bandes al corredor-intermediario.
Documentos presentados en el tribunal federal de Manhattan, revelaron que Clarke y Hurtado trabajaban o estaban asociados con un corredor-intermediario no identificado, que operaba desde Nueva York y Miami, donde mantenía oficinas. Dicho corridor había establecido en 2008 una firma llamada Global Markets Group (GMG), en la que participaba Clarke y al que luego se sumó Hurtado. GMG ofrecía servicios de inversión de ingreso fijo a clientes institucionales. Entre estos clientes figuró el Bandes, del cual María de los Ángeles González de Hernández era una alta funcionaria, encargada de supervisar las actividades de corretaje en el extranjero.
Las indagaciones precisaron que la entonces funcionaria de Bandes comerció con bonos y otros valores del banco, a su más entera discresión, por intermedio del corredor-intermediario que se convirtió en su socio.
Las transacciones realizadas por el intermediario a nombre del Bandes implicaban inversiones de ingreso fijo. El intermediario cobraba al banco una prima por la compra de papeles y un descuento por las ventas.
La investigación estableció también que entre abril de 2009 y junio de 2010 el corredor-intermediario generó más de $60 millones en primas y descuentos de sus transacciones con el Bandes. Los agentes y empleados del corredor-intermediario diseñaron un método para repartirse con María de los Ángeles González las comisiones que el banco venezolano le pagaba a Direct Access Partners.
Se estima que González recibió mensualmente de los agentes y empleados del corredor-intermediario, comisiones ilegales que rondaron las seis cifras.
Como estrategia para ocultar los pagos ilícitos a González de Hernández, los intermediarios tranferían el dinero por medio de sociedades intermediarias y cuentas en el exterior que la mujer poseía en Suiza, entre otros lugares.
Se declara culpable
El 18 de noviembre de 2013, apenas seis meses y medio después de su captura, González de Hernández se declaró culpable ante el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul A. Engelmayer, de participar en el esquema de soborno, de conspirar para violar la Ley de Viajes y de cometer lavado de dinero.
Sus cómplices se habían declarado culpables con anterioridad. Ernesto Luján, José Alejandro Hurtado y Tomás Alberto Clarke Bethancourt, directivos de la firma intermediaria, se declararon culpables de conspirar para violar la la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de violar la Ley de Viajes y cometer lavado de dinero, entre otros delitos sustantivos relacionados con el plan de pago de sobornos a González de Hernández.
Posteriormente, el 14 de abril de 2014, la fiscalía anunció los arrestos y acusación de Benito Chinea y Joseph Demeneses, a saber ex director ejecutivo y ex director gerente una agencia corredora de bolsa de los Estados Unidos, señalados de cometer delitos graves derivados de una conspiración para pagar sobornos a María De Los Ángeles González De Hernández.
El fiscal de entonces, Preet Bharara, dijo en esa ocasión que estas personas se sumaban a los acusados de participar en la supuesta conspiración para corromper el negocio comercial de un banco estatal de desarrollo económico de Venezuela.
Clarke Bethancourt y Ernesto Luján fueron condenados a dos años de prisión. Luis Alejanddro Hurtado recibió una sentencia de tres años. Chinea y DeMeneses fueron condenados a cuatro años de prisión.
Finalmente, a mediados de enero de 2016, María de los Ángeles González de Hernández escuchó de la nueva juez ahora encargada del caso, Denise Cote, que debía hacer entrega de los 5 millones de dólares que obtuvo del esquema de corrupción, dándole de este modo resolución final a este caso.
La magistrada expresó sentirse “afectada por el grado de remordimiento” mostrado por González de Hernández. A su vez, la abogada de González, Jane Moscowitz, dijo que “estamos enormemente agradecidos por la compasión y el entendimiento de la corte”.
La ex vicepresidente de Bandes quedó en libertad tras permanecer 16 meses y medio en prisión.
Vida de ricos y famosos
Dos años después de aquel día, María de los Ángeles González de Hernández mantiene un tren de vida que refleja un alto nivel adquisitivo, muy por encima del nivel de ingresos de un ex funcionario público sin empleo o actividad comercial conocida.
De acuerdo a su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, María de los Ángeles González de Hernández nació el 2 de mayo de 1958 y es portadora de la cédula de identidad N° V-4.769.746 y su primera afiliación fue el 19 de enero de 1977 y quedó cesante el 2 de mayo de 2013 de su relación laboral con el Bandes, institución identificada con el número patronal D19890860. Su último salario fue de Bs. 2.362,52 (unos $375 según el cambio oficial de ese año de $6.30 por Bolívar Fuerte). Cotizó 1,234 semanas un total de Bs. 401.761,70 (unos $64,000 al cambio oficial de 2013). Cuenta con una pensión de sobreviviente en condición de activa que recibe a través del Banco Fondo Común. El monto de dicha pensión es Bs. 392.646,46 más un bono de compensación de Bs. 157.058,58 para un total de Bs. 549.705,04, poco menos de $7 al cambio oficial actual (Dolar Dicom).
Entretanto, su hijo Jorge Alejandro Hernández González nació el 22 de marzo de 1986, es portador de la cédula de identidad N° v-17.125.451 y no está inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS.
María de los Angeles mantiene en la actualidad una cartera de bienes raíces valorada en varios millones de dólares, con propiedades ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo de Miami.
Su primera propiedad adquirida en territorio norteamericano, cuando era vicepresidente de Finanzas de Bandes, fue una modesta casa en la localidad de Kissimmee, en las afueras de Orlando. La propiedad fue vendida posteriormente.
Posteriormente, González adquirió un apartamento en Hallandale Beach, media hora al norte de Miami, en el condado de Broward, valorado en $235,000, según el portal de avalúos de propiedades Zillow.
La siguiente inversión fue un apartamento en el edificio de lujo Ocean Four, ubicado en Sunny Isles Beach, cuyo costo estimado está en $1.02 millones de acuerdo a Zillow.
La tercera propiedad, la más costosa del portafolio de bienes raíces de la ex vicepresidente de Bandes, es un apartamento con vista al mar que muy pocas en Miami personas pueden permitirse. Está ubicado en el lujoso edificio Porsche, también en Sunny Isles Beach, una torre de 132 unidades . El precio asciende a $8.9 millones, y el comprador puede escoger entre dos modelos de vehículos Porsche –el Cayman 718 o el Boxster 718 convertible- que viene incluido en el precio. El apartamento tiene un ascensor privado de modo que el propietario puede subir en su propio Porsche a la puerta del apartamento.
Su actual residencia, en el 4070 Woodridge Rd, en Coconut Grove, es una casa de 5 habitaciones y 6 baños valorada en $2.3 millones. Esta propiedad está a nombre de la firma JHMG Investments LLC. JHMG son las iniciales de Hernández y su hijo Jorge (Jorge Hernández/María González).
De acuerdo a las fuentes consultadas, la propiedad donde reside actualmente su hijo, ubicado en el exclusiva bahía de Brickell, es un apartamento de 2 habitaciones y 2 baños estimado en $1.2 millones. El alquiler mensual de esa propiedad está estimada por Zillow en unos $6,000 al mes.
María de los Angeles adquirió este portafolio de $12 millones en propiedades gracias a negocios que condujo mediante una amplia serie de intermediarios, operadores y empresas en varios países, según un reporte de la investigación.
La ex funcionaria controlaba el manejo de sus fondos a través de bancos en Estados Unidos, Suiza, Panamá y Dubai, entre otros paraísos fiscales. Pero a raíz de su detención en 2013, las operaciones financieras de la familia comenzaron a ser manejados por su hijo Jorge Hernández, que llevaba un año viviendo en el “imperio” cuando su madre fue detenida en Miami.
Cuando tomó control de las cuentas “comenzó a llevar un estilo de vida dispendioso y de derroche, adquiriendo varios carros de lujo”, reveló una persona que conoció a Jorge Hernández en esa época.
“Tenían una vida normal cuando vivían en Venezuela y de pronto, (tras la detención de María de los Angeles), el hijo comenzó a gastar a manos llenas. Tenía hasta una tarjeta de crédito Centurión de American Express”, detalló la fuente cercana al hijo de la ex funcionaria.
Negocios y Asociados
María de los Angeles ascendió en la dinámica de “negocios” dentro del sector de finanzas públicas gracias a poderosos aliados.
Su primer protector fue Leonardo González Dellán, presidente del Banco Industrial de Venezuela entre 2004 y 2005.
Mas tarde se produjo una alianza con la familia Mawuad, un grupo familiar venezolano de origen árabe con importantes conexiones en el alto gobierno de Venezuela.
“Romeo Mawuad fue quien recomendó el nombre de González para que fuera designada en Bandes”, dijo un ex empleado del banco que trabajó en el banco en la época en que González fue designada por primera vez.
Una vez que González obtuvo el cargo de Bandes “comenzó a cuadrar planes los negocios” con los Mawuad, dijo otro testigo.
Cuando González entró a la vicepresidencia de Bandes, el presidente saliente era el ex tesorero, Alejandro Andrade. Luego vino Edmée Betancourt. Ella “no sabía la dinámica del banco. Solamente recibía comisiones y decía sí a todo” acotó el testigo.
La fuente que trabajó en Bandes dijo que González también estuvo al frente del Fondo Chino. “Ella era parte del comité que hacía las negociaciones con los chinos”. La fuente detalló que “María de los Ángeles viajó varias veces a China junto a Jorge Giordani para realizar las negociaciones. Ella tenía capacidad para aprobar los convenios del Fondo Chino”.
Tras la detención de María de los Angeles, su hijo Jorge desarrolló una relación de negocios con Miguel Antonio Mouawad Mawad, hijo de Romeo Mawad, con el objetivo de “salvar” la fortuna de la ex funcionaria de las garras de los fiscales federales.
Los Mawad tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.
La familia entera de los Mouawad fue incluida como defendants (acusados) en relación al caso del financista venezolano Francisco Illarramendi. Según una demanda del receiver del caso John Carney, la familia integrada por Romeo, su esposa Jespa, su hija Tania y su hijo Miguel Mouawad utilizaron tres empresas que establecieron en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y en Belize, para recibir más de $71 millones en fondos transferidos por el propio Illarramendi.
Las dos empresa abiertas por los Mouawad en BVI, Horion Investment Ltd y Grimsel Group, Ltd, y la firma fundada en Belize, M Holding S.A., fueron descrditas como “companías de fachada” establecidas con el único propósito de recibir las transferencias fraudulentas de Illarramendi.
Los Mouawuad también fueron mencionados en la demanda de Carney en otra segunda operación realizada por intermedio del empresario Walter Stipa, de $15 millones, que fueron usados para comprar un hotel de playa en Aruba.
Romeo Mouawad fue descrito en papeles de la corte de Connecticut como una persona “estrechamente conectada con funcionarios de alto nivel del gobierno de Chávez en Venezuela”.
Romeo mantenía estrechos lazos con Alejandro Andrade cuando éste era el Tesorero Nacional de Venezuela y, según las denuncias formuladas en su contra, amasaron una importante fortuna. Los Mouawad y Andrade se habrían distanciado luego en razón de algunas diferencias entre ellos.
Para el momento del arresto de la ex funcionaria, Romeo Mawuad ya no formaba parte de su entorno. No obstante, su hijo Miguel Mawuad se puso al frente del negocio familiar de los González, y decide apoyar al joven Jorge, ayudadándoles a contratar los abogados de la defensa de la ex vicepresidenta de BAandes.
La fuente asegura que “los Mawuad le tenían guardado a González $20 millones. Jorge (hijo) estaba desesperado y quería salvar la mayor cantidad de dinero. Miguel lo asesoró. Quería mover $20 millones a una cuenta en Andorra y Mawuad le recomendó no hacerlo”.
Una vez que González bajo arresto en Nueva York, Miguel Mawuad contrató los abogados James y Norman Moskowich para su defensa. Para ese momento, el gobierno norteamericano les había congelado los bienes en el país.
Una fuente confirmó que sería Miguel Mouwad quien le sirve a María de los Ángeles González de Hernández y a Jorge Alejandro Hernández González para esconder sus posesiones y dinero.
Para la realización de esta nota no logramos obtener el testimonio de Miguel y Romeo Mawuad.
Galería de arte
María de los Ángeles González de Hernández también tendría supuestos vínculos financieros con su primo Carlos Napoleón Rivas Rada quien aparece como el dueño de una galería de arte que en realidad es propiedad de González de Hernández, según la fuente consultada.
La galería, de nombre “Hernandez Private Collection” promociona especialmente al artista plástico de Los Ángeles, Alec Monopoly, dijo una persona ligada al caso.
Otra compañía vinculada de los Hernández González -según explicó la fuente- sería presuntamente Eco Turf Miami, una empresa ubicada en el sur de Florida dedicada a la instalación de césped sintético ubicada en 1331 Brickell bay Dr suite 4409. Miami Fl. 33131 en la cual figura la ecuatoriana como dueña. María Gabriela Reyes.
En Panamá, María de los Ángeles González de Hernández poseería una compañía llamada NVMO Suministros del Istmo, S.A., registrada con el número 846874 el 17 de octubre de 2014 en el Distrito Panamá, Provincia de Panamá. Como agente figura Rolando Gill Medina y su presidente Manuel Alejandro Orozco Salazar, nacido el 7 de diciembre de 1982.
Como directores: Grecia Vanessa Pérez Patiño, Keithy Lizbeth Jiménez Acevedo, Nelson Antonio Von Der Brelie Delli Compagni y Luis Antonio Orocu Murillo.
Disclaimer
Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos cuestionarios a los correos electrónicos que aparece en la página de las respectivas pero hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.
Si alguien de las empresas o personas mencionas en este reportaje desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresado, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En esta columna el derecho a réplica está garantizado.
De acuerdo a la denuncia con evidencias en nuestro poder, Lewis José Mavares García y Roberto Leyba Morales —socios en un bufete de abogados— estructuraron una presunta trama de legitimación de capitales, caracterizado por la discreción de los montos que manejan en cada operación, pero que les ha permitido a la postre, lavar significativas sumas de dinero provenientes de negociaciones irregulares.
Por Maibort Petit / Venezuela al Día
Una serie de documentos, transferencias y recibos de operaciones bancarias, entre otros, revelaron un presunto refinado esquema de corrupción y lavado de dinero del que sería protagonista, entre otros, el Director General de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, Lewis José Mavares García, quien se valdría de terceros y de la firma de abogados de la cual es socio junto a Roberto Leyba Morales — supuesta pareja sentimental de María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez Frías— para llevar a cabo dichas irregularidades.
Foto: Nueva Acción
La estrategia de la que se habrían valido para evadir las investigaciones de las autoridades federales de los Estados Unidos, consistía en realizar pequeñas transferencias a terceros, de manera de no levantar sospechas de los entes encargados de reforzar los controles en el sistema financiero estadounidense.
La designación de Mavares García como titular de la Consultoría Jurídica del despacho de Finanzas, se produjo el 12 de marzo de 2018 por parte del ministro Simón Alejandro Zerpa Delgado, de acuerdo a la Gaceta Oficial N° 41.358. A su vez, forma parte del equipo directivo de Venezuelan Attorneys Escritorio Jurídico, una firma de abogados que se promociona en su página web como un bufete “de reconocida solvencia moral y profesional, con gran experiencia Nacional e Internacional en el ejercicio profesional”.
La directiva de este despacho de abogados está integrada por Roberto Leyba Morales, Eduardo Amesty Chirinos, Ricardo Ramones Noriega, Raúl Rodríguez Ugarte y Lewis Mavares García. Este grupo tiene su sede en la urbanización San Antonio Sabana Grande Sur, Prolongación Av. Las Acacias, entre avenidas Cassanova y Abraham Lincoln, Torre Domus Piso 7, oficina 7C. Los teléfonos son 0212-7931537 y 0212-7940805. Correo electrónico: info@venezuelanattorneys.com. También tiene una oficina en Maracaibo, en la avenida El Milagro, Hotel del Lago Venetur, Tower Lounge, Oficina 184.
De acuerdo al portal El Cooperante, Roberto Leyba Morales —medio hermano de Manuel “Coko” Sosa, imputado por de hechos de corrupción en la faja Petrolífera del Orinoco— y Lewis José Mavares García, se valdrían de las influencias que poseen en el alto gobierno venezolano para “constituir firmas mercantiles con mayoría accionaria y registrar documentos en los entes públicos amenazando a los funcionarios que no accedan a avalar sus negocios irregulares, todo a través de su escritorio jurídico Leyba & Mavares. Los negocios de Leyba sobrepasan las fronteras. Desde el 22 de marzo de 2012 aparece como representante de la empresa Queen Shell LLC, registrada en Miami, Florida, EE. UU.; y desde el 29 de enero de 2014 aparece como apoderado de la empresa Technobio Corp, con base en ciudad de Panamá, Panamá. El despacho Leyba & Mavares del que dan cuenta varias reseñas de prensa lo ubican en la misma dirección de Venezuelan Aattorneys, lo que hace suponer que se trata de la misma firma, la cual habría cambiado de denominación. Agrega la nota que Leyba y Mavares figuran en el Registro Nacional de Contratistas al haber inscrito el 19 de octubre de 2012 la Asociación Cooperativa Nacional de Servicios y Suministro R.S. en Maracaibo, en la que cada uno es propietario de 20 por ciento de las acciones junto con otros tres socios. Esta empresa se dedicaría a servicios de construcción y mantenimiento.
El caso del ferry
A su vez, la página Info Vzla cita una investigación desarrollada por el periodista Juan Francisco Alonso en el portal Konzapata, en la cual se pone en evidencia que “Leyba estaría incurso en irregularidades en la adquisición de un ferry con sobreprecio, para lo que según recibió unos cuantos millones de dólares en divisas oficiales a través de la Corporación Venezuela de Comercio Exterior (Corpovex), lo que simbolizaría delitos de corrupción y estafa a la nación”.
Las averiguaciones por este caso fueron abiertas por el Ministerio Público en manos de Luisa Ortega Díaz, pero se desconoce si el titular de ese despacho designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ha adelantado en su gestión las investigaciones por estos hechos que podrían en entredicho a la hija del finado exmandatario.
Según publicaciones de prensa en fecha 21 de enero de 2014, Nelson Colmenárez Silva y Pedro José Jiménez Rivas, quienes se ejercían como capitanes de altura, crearon la empresa la Naviera Paraguaná, C.A., la cual se dedicaría al ramo turístico. Para ello adquiriría tres buques, tipo ferry, que operarían en Venezuela. La representación legal de la compañía estaba bajo el control de Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales y Nelson Colmenárez Silva.
Leyba Morales habría acudido ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), para tramitar las divisas preferenciales que le permitirían comprar los buques a una tasa de cambio de Bs. 12,00 por dólar, una solicitud formulada ante la instancia gubernamental amparado en su relación con María Gabriela Chávez.
En julio de 2014 Colmenarez Silva, junto a Pedro José Jiménez Rivas y Rommy Fals Mercado, viajó a la ciudad de El Pireo, Grecia, y a Tarragona, España, con el objetivo de ubicar los referidos buques. En la primera de las ciudades mencionadas, compraron el primer ferry a la empresa Jaywick Shipping Company Limited, a través de Ioannis Depasta, con quien firmaron un primer memorando de entendimiento que estableció un precio de USD 5.071.040,87 por la negociación del buque Speedrunner II, cuyo año de fabricación era 1996. En la actualidad esta nave lleva el nombre de Paraguaná I.
Con el citado memorando de entendimiento, Leyba Morales solicitó las divisas preferenciales ante el Cencoex. Tres meses después, Pedro José Jiménez Rivas viajó nuevamente a El Pireo para firmar un segundo memorando de entendimiento por el mismo buque, pero esta vez por USD 10.500.000,00 dólares, es decir, el doble del monto inicial solicitado.
El 3 de agosto de 2015, el Banco de Comercio Exterior, liquidó el 50 por ciento de la cifra requerida por Naviera Paraguaná C.A. (USD 11.647.640,00), a saber USD 5.823.820,00. El restante 50 por ciento fue liquidado ocho meses después.
Colmenárez Silva solicitó la documentación correspondiente a la compra del buque pero no obtuvo respuesta por parte del directorio de Naviera Paraguaná C.A., por lo que viajó a Atenas donde descubrió el gran desfalco cometido a través del sobreprecio en la facturación que rondaba los seis millones de dólares.
Con el objetivo de neutralizarlo, Colmenárez Silva fue despojado del 20 por ciento de sus acciones en Naviera Paraguaná, C.A. por parte de sus socios. Ante esta situación, Nelson Colmenarez Silva denunció ante el Ministerio Público a Pedro José Jimenez Rivas (Presidente), Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales (Vicepresidente Ejecutivo), Rommy Fals Mercado (Vicepresidente Administrativo), Mónica Jhosestell Rodríguez Ugarte (Directora de Instancia de Control y Evaluación), Vicente Manuel Cabezas Marcano (Comisario) y Lewis Mavares (Representante Legal) de la firma mercantil Naviera Paraguaná C.A.
Igualmente la fiscal Ortega Díaz realizó una investigación sobre el supuesto desfalco de divisas a Cencoex a través de tres empresas registradas en Maracaibo, Miami y Panamá. El Cooperante se refiere a Roberto Leyba como jefe de una “tribu judicial” que controla jueces, magistrados y fiscales del Ministerio Público.
La respuesta a la pregunta formulada líneas arriba acerca de si el actual fiscal general, Tarek William Saab, habría continuado estas investigaciones, la proporciona la página Laboratorio Mediático, la cual cita fuentes del Ministerio Público, para asegurar que Roberto Leyba Morales habría planeado junto con el titular de la Fiscalía, “armar” un escándalo con la detención de Manuel “Coko” Sosa para desvirtuar las acusaciones que existen en contra de Leyba”.
La embarcación tiene permiso para navegar en aguas venezolanas hasta 2018, emitido por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos.
Los reclamos
Pero no todo marchó tan excelentemente para los protagonistas de esta trama en lo que respecta a estas adquisiciones. Y es que, durante el mes de febrero de 2017, Naviera Paraguaná hubo de hacer varios y reiterados reclamos por retrasos o por la falta de entrega de repuestos para estas embarcaciones.
El 8 de marzo de 2017, Ismael Pérez, presidente de Infinitexpress Corp. —la empresa de la que se valen Mavares García y Leyba para importar desde los Estados Unidos a Venezuela— envió un reclamo a UPS Venezuela para expresar su malestar por el retraso en la entrega del paquete de repuestos marinos destinados a Naviera Paraguaná, hecho que acarreó que esta empresa sufriera pérdidas millonarias. Reclamó Pérez que “El servicio de entrega que fue contratado por nosotros fue de UPS SAVER que es de cuatro (4) días hábiles la garantía de entrega”.
Pérez narra una serie de hechos que retratan la negligencia de UPS y expone que ha formulado múltiples quejas ante UPS Alemania, UPS Puerto Rico, UPS USA Atención al Cliente, SAET Agentes Aduanales en Maiquetía, sin que se hayan materializado las soluciones al caso.
Finalmente, advirtió que de no obtener una respuesta satisfactoria procedería legalmente para salvaguardar los derechos que le asistían.
Foto: Maibort Petit
Las transferencias de Naviera Paraguaná
Entre abril y mayo de 2016, Naviera Paraguaná llevó a cabo cinco transferencias desde el Banco Santander en favor de la empresa Terranova Group International INC que en conjunto sumaban USD 860.000 y que fueron abonados en la cuenta 201800890691 de Banesco.
Foto: Maibort Petit
A continuación detallamos un conjunto de transferencias bancarias realizadas a través de interpuestas personas, las cuales estarían orquestadas por el actual consultor jurídico del Ministerio de Finanzas, Lewis José Mavares García, mediante personas o entidades que están o podrían estar relacionadas o asociadas con personeros del gobierno venezolano.
Así, el 17 de abril de 2018, Naviera Paraguaná, número de contrato 900-00403585423-001, transfirió a Infinitexspress de Venezuela C.A., Bs. 735.000.000,00.
Foto: Maibort Petit
Infinitexspress de Venezuela C.A. es titular de la cuenta corriente del Banco Occidental de Descuento, BOD, 0116-0038-74-0025915100.
Foto: Maibort Petit
En fecha no determinada la nota de crédito 0612 10/2022 da cuenta de una transferencia por EUR 2.000 más EUR 39,90 a José Tomás Rivas en el estado de la Florida, Estados Unidos, quien recibiría USD 2.366,11.
Foto: Maibort Petit
El 18 de abril de 2018, María Alejandra Escalona —socia de una empresa a través de la cual Lewis Mavares García y el resto de los abogados de su firma, reciben mercancía desde el extranjero, de manera de evitar que las autoridades de los Estados Unidos detecten el envío de bienes a personeros del gobierno venezolano— transfirió EUR 2.000 más EUR 30, 90 a José Tomás Rivas quien recibiría, al cambio USD 2.346,29.
En fecha no determinada la nota de crédito 8130612 da cuenta de una transferencia recibida por María Alejandra Escalona en Estados Unidos, por EUR 2.000 más EUR 39,90 que al cambio representaban USD 2.346,29.
La nota de crédito 130612 del 18 de abril de 2018 da cuenta de que María Alejandra Escalona se hizo acreedora de los USD 2.346,29.
Foto: Maibort Petit
El 18 de abril de 2018, otra transferencia se efectuó a las 14:07:58, por EUR 2.000 más EUR 39,9 a favor de María Alejandra Escalona de Pérez en Estados Unidos, que al cambio representaban USD 2.346,62.
El 19 de abril de 2018, a las 12:42:23 PM, el BOD reporta con la referencia 81367031 el pago de Bs. 6.547.900.000,00, cuyo concepto era “Pago Miguel Varios”.
En fecha no determinada, Nathali de los Ángeles Busnego Pérez transfirió a María Alejandra Escalona de Pérez en Massachusetts, Estados Unidos, EUR 970 más EUR 29,90 que al cambio representaban USD 1.133,82.
Un reporte del Banco di Credito Cooperativo di Roma, BCC, agencia 146 de la Vía Trionfale 8662 Roma, refiere un conjunto de transferencias en favor de varias personas y entidades. Así tenemos que el 16-4-2018, International Day Paper LLC recibió EUR 5.000; el 16-4-2018, M&M Tours Services S.A. recibió EUR 5.000; el 20-4-2018, MLPlus Global Corp recibió EUR 4.320,30; el 20-4-2018, International Day Paper LLC recibió EUR 12.270,20; el 20-4-2018, Nathali de los Ángeles Busnego Pérez recibió EUR 3.500; el 20-4-2018, Jorge Luis Páez Mujica recibió EUR 5.200; el 20-4-2018, Ángel Clark López Acosta recibió EUR 3.500.
Foto: Maibort Petit
Las cuentas y los supuestos testaferros
Las cuentas que Lewis Mavares García e Ismael Pérez (CEO de Infinitexpress Corp.) a través de las cuales recibían los fondos están registradas tanto en Estados Unidos como en Europa, especialmente en Italia y España.
El informe señala que Pérez y Mavares reciben los fondos por interpuestas personas, es decir mediante prestanombres o testaferros.
Una de ellas es la perteneciente a MLPlus Global Corp, identificada con el número 8980 8091 1538 en el Bank of America, en la agencia 10419 Narcoossee Road, Orlando, Florida, 32832.
Foto: Maibort Petit
En Bankia, en la oficina 2717 ubicada en la avenida Príncipe de Asturias de Madrid, Ioanna Susana Richani Paraskevopulos y Nicolaos Omar Richani Paraskevopulos, tienen sus cuentas. Estas personas residen en la avenida Príncipe de Asturias, 1362 A 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid).
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La identificación Nicolaos Omar Richani Paraskevopulos es:
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La identificación de Ioanna Susana Richani Paraskevopulos es:
Foto: Maibort Petit
También figuraría como prestanombres, Pitzani Richani Paraskevopulos.
Otras transferencias
Una serie de comprobantes emitidos por Capital One 360 reflejan un conjunto de transferencias bancarias en favor de varias personas y entidades.
El 13 de abril de 2018 Capital One 360 informó a Infinitexpress Corp que había recibido su orden de transferir USD 2.000 a Dhayrolin Acosta, a la cuenta terminada en 0297 del Banck of America. El número de confirmación era 10023.
El 13 de abril de 2018, Capital One 36 informó a Infinitexpress Corp haber recibido la orden de transferir USD 2.100,25 a Lewis García a la cuenta terminada en 4867 del Bank of America. El número de confirmación era 0871.
Capityal One 360 informó el 13 de abril de 2018 a Infinitexpress Corp haber transferidio tal como lo ordenó, USD 800 a MLPlus Global Corp, a la cuenta terminada en 1538 del Banck of America.. El número de confirmación era 0945.
Infinitexpress Corp conoció el 16 de abril de 2018 que Capital One 360 transfirió a Julia Pérez la cantidad de USD 1.000 a la cuenta cuyo terminal es 2881 en el Bank of America. El número de confirmación era 01179.
Otra transferencia de Infinitexpress Corp ocurrió el 16 de abril de 2018 en favor de International Dhay Paper LLC por USD 15.750.00 en la cuenta terminada en 4293 del Bank of America. El número de confirmación era 01095.
El 17 de abril de 2018, la entidad bancaria participó a Infinitexpress Corp haber recibido la orden de transferir a Adriana Carrillo Martínez en la cuenta terminada en 9973 en el Bank of America, la cantidad de USD 2.000. El número de confirmación era 01345.
En la misma fecha, Capital One 360 vuelve a informar a Infinitexpress Corp la recepción de la orden de transferencia en favor de Adriana Carrillo Martínez en la misma cuenta anteriormente referida en el Bank of America, por USD 2.000. El número de confirmación era 0945.
Capital One 360 participó a Infinitexpress Corp haber transferido el 17 de abril de 2018 a Lewis García la cantidad de USD 5.357,15 a la cuenta del Bank of America cuyos últimos dígitos son 4867. El número de confirmación era 01236.
Extender la vigencia de los contratos y aumentar el precio de los mismos mediante la suscripción de múltiples adenda y negociaciones complementarias, ha sido una práctica a la que no escapó Argenis Chávez Frías durante su gestión como presidente de Corpoelec. Aquí presentamos los detalles de los manejos con la empresa Turbocare.
Maibort Petit/Venezuela Al Día
Todo hace presumir que Argenis Chávez Frías no escapó a la tentación de recurrir —supuestamente— al esquema de corrupción consistente en extender el tiempo de la vigencia de los contratos e inflar los precios de los mismos, durante su gestión al frente del Viceministerio de Desarrollo Eléctrico del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y como presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Y es que si bien el contrato inicial firmado entre la C.A. La Electricidad de Caracas y la empresa Turbocare, C.A. ocurrió antes de su llegada a dichas instancias, sí avalaría una serie de contratos y adenda posteriores a ese evento que se suscribieron y significaron pérdidas para la república venezolana superiores a los 25 mil millones de bolívares de la época.
Hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez, Argenis de Jesús Chávez Frías, titular de la cédula de identidad V- 4.925.031, nacido en Barinas el 3 de julio de 1958[1] es señalado de ser el responsable del agravamiento de la crisis eléctrica, así de como de una actitud irresponsable en la gestión de la misma que inició la era de los apagones que dieron pie al surgimiento de los denominados bolichicos, una casta de empresarios surgidos al amparo del poder, que se enriqueció vendiendo plantas eléctricas chatarras al estado venezolano[2].
Los trabajadores de Corpolec acusaron que Chávez Frías de la pérdidas de USD 4.500 millones destinados a mejorar el sistema de distribución eléctrica del país[3], así como de persecución laboral[4].
Sin cumplir dos años en el cargo, Argenis Chávez renunció a la presidencia de Corpoelec el 24 de abril de 2013 “para facilitar el proceso de intervención profunda que debe vivir la corporación”[5], según explicó la l empresa estatal mediante un comunicado.
El primer contrato
El 10 de diciembre de 2009, la C.A. La Electricidad de Caracas, representada por el gerente operativo de generación (e), Julio Colina, y Turbocare, C.A., empresa radicada en Maracaibo (originalmente llamada Serwestca, Servicios industriales Westinghouse, C.A., luego Servicios Industriales Serwestca, C.A.), representada por su presidente ejecutivo, Oscar Falcón Parejo y el gerente, Jorge Augusto Moreira Soto, suscribieron el contrato N° NCO/1109/700 que establecía que la contratista prestaría sus servicios para el “reacondicionamiento de componentes del turbo generador de la unidad 3 de la planta Tacoa”.
La vigencia de dicho contrato era de 10 meses y las labores que comprendía el desarrollo en dos fases: una que comprendía desde firma del acta en 2009 hasta el 31 de diciembre de dicho año, con un precio de Bs. 6.500.000,00, desglosados en BS. 1.950.000,00 (componente nacional sin IVA) más USD 2.116.279,07 (componente en moneda internacional) pagaderos a TurboCare, Inc.
La segunda fase comprendía desde el 1° de enero de 2010 hasta cumplirse los 10 meses estipulados. El costo total de esta etapa era de BS. 7.115.725,00 (sin IVA) que Turbocare C.A. cobraría en un pago en moneda nacional de Bs. 2. 218.005 y otro en moneda extranjera equivalente a USD 2.278.009,28.
Igualmente se estableció un anticipo del 30 por ciento del precio de la primera fase, así como las fianzas de fiel cumplimiento y de anticipo, tanto para el costo en bolívares como para el costo en dólares, el cual sería cancelado a TurboCare Inc. aunque en el contrato no se especifican detalles sobre esta empresa.
El monto total del contrato se estableció en Bs. 13.615.725,00 sin IVA, compuesto del componente nacional BS. 4.168.005,05 y el componente en moneda extranjera igual a USD 4.394.288,35.
Segundo contrato
Posteriormente, en 2012, Argenis de Jesús Chávez Frías en representación de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y Turbocare, Inc. a través de su presidente, Oscar Falcón Parejo y el gerente Jorge Augusto Moreira Soto, así como la corporación estadounidense Turbocare, Inc., volvieron a sentarse a la mesa para firmar el contrato N° NCO-CAP10-0037/2012 para “servicios de mantenimiento y asesoría técnica, suministro de partes y repuestos para los tipos A y B para las turbinas modelos MS-5001”, por un monto sin incluir IVA de Bs. 113.831.424,60 pagaderos a nombre de la primera en lo atinente al componente nacional. Entretanto, el componente en moneda extranjera equivalente a USD 16.052.635,03, se cancelarían a Turbocare, Inc. representada también por Falcón Parejo. En ambos casos se estableció un anticipo del 40 por ciento del monto del contrato.
Resulta llamativo que los pagos del componente en moneda extranjera del Contrato No. NCO/1109/700 del 10 de diciembre de 2009, estuvieran estipulados para ser pagados en dólares a Turbocare, Inc. si según, el contrato N° NCO-CAP10-0037/2012, dicha corporación fue constituida en Delaware, USA, en 2011.
Turbocare debía inspeccionar y darle mantenimiento mayor al turbocompresor modelo MS-5001 en una serie de unidades ubicadas en distintas partes del país y adiestrar al personal de Corpoelec en la operación, mantenimiento, sistemas de control y reparaciones de la turbina modelo MS-5001, entre otros aspectos relacionados con el óptimo estado de funcionamiento e infraestructura.
La vigencia del contrato eran 9 meses a ser ejecutados en dos ejercicios fiscales: 2012 a partir de la firma del contrato y 2013, desde el primero de enero y hasta que se cumplieran los 9 meses estipulados.
Addendum Nº 2 al contrato NCO/0710/403
En los documentos que están en nuestro poder figura un Addendum, calificado como el Nº 2 en el que se modifican las cláusulas del Contrato NCO/0710/403, firmado por Turbocare, C.A y Turbocare, Inc. representadas por Oscar Falcón Parejo, junto a Julio Colina, subcomisionado nacional para los procesos de generación de Corpoelec. Esto ocurrió el 20 de junio de 2012 con el objetivo de prolongar el lapso para los “Reemplazos de anillos de retención, reparación y reacondicionamiento del rotor de generador de la unidad 7, planta ampliación Tacoa”, por cuarta vez, según se desprende del mismo documento, así como la disminución y el aumento de los costos de acuerdo a lo no ejecutado en un ejercicio fiscal para ser ejecutado en el siguiente.
Este addendum II acordó disminuir el monto del contrato para las actividades correspondientes a 2010 (Fase 1) por Bs. 1.056.217,92 y por USD 3.440.000,00. Dichos montos serían incrementados en las ejecuciones de los años fiscales 2011 y 2012.
Se contempló también la prórroga solicitada por Turbocare, C.A. hasta el 30 de noviembre de 2012 y se aprobaron costos adicionales al contrato por Bs. 1.746.190,96 y por USD 48.706,00, así como la disminución de partidas por un monto de USD 219.064,88.
Las cantidades en bolívares serían pagadas a nombre de Turbocare, C.A., mientras que las cantidades en dólares irían para Turbocare, Inc.
Memos
Dos memos dirigidos desde PDVSA por Erika Muñoz a Nicolás Veracierta y Denni Osuna, gestionan los pagos de las valuaciones de la empresa Turbocare para los contratos de 2010 para la “Rehabilitación de la unidad turbogeneradora Nº 7 planta Guanta” y “Rehabilitación de la unidad nº 3 planta Alfredo Salazar-Anaco”. Pagos que se generarían desde el fondo conjunto chino venezolano, administrado por Bandes.
Nicolás Veracierta, coordinador corporativo de finanzas de Corpoelec, también fue el receptor de otros memos remitidos por Fernando Padrón, gerente general de refinación de oriente para gestionar los respectivos pagos con los recursos provenientes del fondo conjunto chino venezolano administrado por Bandes.
Turbocare manifiesta, según el memorándum del 28 de febrero de 2011, que se encuentra en etapa crítica por la falta de pagos, lo cual afectaba el desarrollo y avance de los trabajos. El monto adeudado, según el documento, ascendía a Bs. 30.758.624,70 (componente nacional) y a USD 9.916.820,20 (componente moneda extranjera).
Punto de cuenta del comisionado
La junta directiva de Corpoelec en fecha 20 de mayo de 2011 consideró el punto de cuenta del comisionado de generación y Argenis Chávez Frías solicitó la autorización para el financiamiento del plan de rehabilitación, estabilización e incorporación de megavatios para el período 2011-2012 del sistema eléctrico nacional.
En virtud de que en 2010 la presidencia de la república había aprobado los recursos para proyectos de inversión del sistema eléctrico nacional y de que Corpoelec hizo la reorientación de dichos recursos, según la resolución DIR-0225 del 18 de noviembre de 2010, se estableció el plan de rehabilitación y mantenimiento de generación.
Para tales efectos de destinaron Bs. 253.344.000,00 y USD 146.460.000,00 para mejorar y ampliar la generación de megavatios en el país.
Para la inversión se destinaron Bs. 1.086.949.530,00 y USD 250.272.006,00 para el plan 2011, mientras que para el plan 2011-2012, se dirigieron Bs. 1.240.028.806,00 y USD 250.272.806,00.
Igualmente, el plan de rehabilitación, estabilización e incorporación de megavatios 2011-2012 sería ejecutado entre Corpoelec y la Unión Eléctrica Nacional de Cuba, con una inversión de Bs. 1.240.028.755,00 y USD 250.272.806,00.
Este es el proyecto presupuestario que se manejaba para el plan generador y estabilizador del sistema eléctrico del país:
En cuanto a las fuentes de financiamiento del plan, el punto de cuenta establecía que se obtendrían los recursos de:
1- Reprogramación del punto de cuenta 077/2010: Bs. 253.344.000,00 más USD 148.180.000,00.
2- Recursos ordinarios del ministerio de energía eléctrica: Bs. 215.250.260,00.
3- Contrato de fortalecimiento del sector eléctrico: Bs. 29.808.435,00 y USD 23.067.606,00.
4- Recursos ordinarios del Ministerio de Energía Eléctrica inicialmente destinados al proyecto de distribución de energía eléctrica para las regiones oriental, llanera y andina: Bs. 346.968.460,00.
Otro Addendum
En un Addendum del contrato Nº EE2-2010-002 identificado con el número 1, suscrito entre la filial de Petróleos de Venezuela, PDVSA petróleo S.A., representada por Fernando Padrón, gerente general de refinación oriente, la empresa Turbocare, C.A. representada por Oscar Parejo Falcón y Jorge Augusto Moreira Soto, y que afecta al contrato para la “rehabilitación de la unidad turbogeneradora Nº7 modelo MS-700 1E de 70 MW de capacidad nominal planta Guanta”, se hacen modificaciones a algunas cláusulas pues, según advierte “se cometieron errores involuntarios de forma al momento de hacer la descripción de la moneda de pago”.
También se corrige la cláusula cuarta del contrato referida a la fuente de financiamiento del contrato, aclarando que los recursos no provendrían de un fideicomiso en Banfoandes, sino del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden.
Se modificó lo referente a la forma de pago, indicando que se debe especificar que los pagos se harían por los montos en bolívares equivalentes en moneda en moneda extranjera, como moneda de cuenta y como moneda de pago. Se dejó establecida la forma como quedaría redactado el contrato como se aprecia en la imagen siguiente:
Cesión de facturas
A nuestras manos también llegó un documento fechado el 12 de diciembre de 2011 en el estado de Florida, Estados Unidos, en el cual Turbocare, representada por Oscar Falcón y Jorge Augusto Moreira Soto, ceden a Turbocare Inc. domiciliada en Delaware y representada en esta oportunidad por su vicepresidente, Edmond J. Jardine, un conjunto de facturas correspondientes a todos los trabajos contratados bajo el número de documento EE2-2010-002 y EE2-2010-007 entre Turbocare C.A. y PDVSA, cuyos montos ascienden a USD 9.965.726,00.
El documento especifica que los pagos se realizarían a la cuenta de Turbocare, Inc. en el Mellon Bank, a la cuenta Nº 009-1352. Firman al pie Jardine por Turbocare, Inc., Falcón, Moreira por Turbocare, C.A. y la notaria Mary Jane Lizardi.
Por último, también estamos en posesión de un oficio con membrete de Corpoelec e identificado con el Nº CCF-3903-2011, fechado en Caracas el 19 de octubre de 2011, firmado conjuntamente por Milagro Rodríguez, coordinadora operativa de finanzas y Argenis Chávez Frías, presidente de Corpoelec, dirigido a Jorge Giordani, presidente del Fonden, en el que se le solicita a este último hacer la transferencia de los fondos por la cantidad de USD 10.078.860,00 a la cuenta de PDVSA en el JPMorgan Chase de Nueva York, Estados Unidos, para pagar el componente foráneo de los contratos N° EE2-2010-007 y EE2-2010-002 suscritos entre Petróleos de Venezuela S.A. y la empresa Turbocare C.A..
Sentir que el tiempo cada vez alcanza para menos, ver que la nevera y los estantes están más vacíos cada día, que los precios suben y el desorden en la calle empeora; a excepción de un sector del país, la mayoría de los venezolanos lucha para vivir, por preservar las pocas libertades que le quedan.
Redacción Venezuela Al Día
El régimen de Nicolás Maduro se rehúsa a establecer reformas económicas efectivas frente a las distorsiones que han surgido en su gestión de cinco años. La escasez, la inflación y la baja producción agobian a la economía venezolana tras años de restricciones estatales, abandono de las empresas públicas y la reducción drástica de las importaciones.
Los venezolanos opinaron en una encuesta realizada por Venezuela Al Día sobre sus tareas diarias o formas de ingreso para poder vivir en una crisis que empeora día a día.
El salsero nicaragüense no ha sido ajeno a la situación que vive su país y que ha cobrado la vida de más de 285 personas en los últimos dos meses, por ello escribió “Mordaza”, una canción que según dijo no solo tiene que ver como lo que ocurre en Nicaragua sino en muchos lugares del mundo. “No sé cuánto va a durar esta lucha de Nicaragua para conseguir su libertad, pero lo que sí sé, es que todos nosotros tenemos que continuar haciéndonos escuchar, porque la población y los estudiantes no van a ceder hasta ver que el caudillo se vaya del poder”, dijo Luis Enrique
Por Luisiana Ríos P / Venezuela Al Día
“Comencé a ver la historia repetida de la violencia que este gobierno tiene con nuestra población, que lo único que estaba buscando era pronunciarse, pues no están de acuerdo con la forma en que están haciendo las cosas”, explicó el cantante. Por eso escribió “Mordaza”, junto a YADAM y con featuring del rapero nicaragüense Erick Nicoya, tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuyas ventas serán destinadas en un 10 % a las entidades benéficas que ayuden a la situación en su país.
Desde el primer muerto y disparo, dijo Luis Enrique, la manifestación pacífica se volvió una masacre y una evidencia que hay demasiada violencia, represión y opresión de parte del gobierno. “Para mí que salió en el año 78 por la guerra y para muchos nicaragüenses que regresaron al país y quisieron rehacer su vida después de muchos años estando fuera, encontrarse con este tipo de genocidio y este tipo de gobernantes, es un tanto difícil e inaceptable”, afirmó.
Foto: VAD/ Luisiana Ríos P.
Luis Enrique alabó como la población y la juventud de su país han perdido el miedo, a pesar de las agresiones que han sufrido, por lo que su tema “Mordaza”, es solidario con ese sentir, esa necesidad y ese derecho cívico que tienen todos de manifestase pacíficamente, contra las cosas que no les gusta. “Por eso es importante hacerle saber al mundo lo que ocurre en Nicaragua”, dijo.
El intérprete asegura que esa situación se viene gestando desde hace mucho tiempo, porque esto es una “democracia maquillada, esto no es una democracia real y se venían cometiendo este tipo de injusticias con la población. “Era una bomba de tiempo porque la gente no iba a soportar más y “Mordaza” obedece a esto, porque no solamente es a nivel sociopolítico, sino es la lucha de todo el pueblo nicaragüense, no de un partido político, ni de un sector, es toda la población que está en la calle pidiendo que se vaya ese mandatario que ha arremetido contra el pueblo, de una manera increíblemente violenta”, comentó Luis Enrique.
Explicó además, que Daniel Ortega el presidente de Nicaragua, ha hecho para perpetuarse en el poder, por lo que considera que la voz de todos se tiene que escuchar cada vez más fuerte, informando lo que sucede. Se pregunto también “¿hasta cuándo va a seguir esperando la OEA que sigan masacrando al pueblo, para que actúen y asuman su compromiso?, porque en Nicaragua es difícil un diálogo, cuando no cumplen su palabra”.
El cantante dijo que a pesar que el gobierno sandinista está comprando tiempo, usando sus armas y manejando a los sicarios para sembrar violencia, el pueblo no se va a rendir. “Nicaragua es un pueblo que anteriormente ha pasado por esto y es un pueblo guerrero, es un pueblo que ya está harto de genocidio y ni los estudiantes ni la población, se van a rendir hasta ver que el caudillo se vaya del poder”.
“Hay que hablar con la verdad y en el marco de la democracia, de respeto y por la integridad del ser humano. No se pueden seguir violando los derechos humanos de la manera que lo han hecho, estamos en el 2018 y el propósito de esta lucha es conseguir la paz y la seguridad de cada uno de los ciudadanos”, aclaró.
Venezuela vive uno de los peores períodos de su historia. El país vive una crisis económica en la que hay hiperinflación y la escasez de productos básicos. Los medicamentos e insumos médicos son uno de los rubros más afectados, con niveles de desabastecimiento de hasta 80%, según la Federación Farmacéutica de Venezuela.
Redacción Venezuela Al Día
En los hospitales y ambulatorios la situación es precaria. El personal no tiene los materiales necesarios para atender a los pacientes, por ello se los solicitan cada vez que deben realizar algún tratamiento o intervención. Ocurre tanto en hospitales Tipo I (básicos) como en los Tipo IV (más especializados).
Enfermeras, médicos, camilleros, bioanalistas… Todos han soportado al menos dos años de trabajar sin los instrumentos necesarios, con la impotencia de no poder atender adecuadamente a los pacientes.
Además de ello, perciben un salario pésimo en comparación con su esfuerzo e inútil frente a una hiperinflación que, para mediados de 2018, ya supera el 100% (según el Parlamento).
Cuando está a punto de cumplir su mayoría de edad —18 años— el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela sólo ha significado un peso para la economía venezolana, muy distante de la promovida cooperación entre países que pretenden hacer las administraciones, primero, de Hugo Chávez, y ahora la de Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit / Venezuela al Día
Aunque el gobierno lo ha presentado como un ejemplo de cooperación y ayuda entre los pueblos, el convenio suscrito en el año 2000 entre Hugo Chávez y Fidel Castro es en realidad el mecanismo de subsidio a la economía cubana por parte de Venezuela, así como la fórmula mediante la cual la administración de los Castro inició su proceso de intromisión en los asuntos venezolanos hasta lograr su casi absoluto control.
El eje central del citado convenio, lo constituye la entrega diaria de 53 mil barriles de crudo que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se comprometió a suministrar al gobierno antillano y que, desde el 30 de octubre de 2000 cuando se suscribió, pasó a ser un subsidio venezolano sin retorno, a pesar de que en algunas ocasiones se ha querido negar esto al hacer referencia a algunos desembolsos de dinero de parte de la isla o del intento de justificación que constituye la presunta compensación parcial del mismo a través de los servicios brindados por personal de salud, entrenadores deportivos y maestros cubanos enviados a Venezuela para integrarse a las misiones del gobierno chavista.
Próximo a cumplir 18 años de vigencia, en la actual crisis económica venezolana que ha experimentado una merma considerable en su producción petrolera, el convenio se ha convertido en un peso insostenible para Venezuela que ha llegado al extremo de importar crudo a otros países para cumplir con el compromiso adquirido con la isla[1], aunque esto signifique pérdidas para la nación.
Por otra parte, las inconvenientes condiciones del convenio para Venezuela son un ejemplo más la estrategia parasitaria cubana de supervivencia del régimen castrista y de su economía. Mientras el gobierno venezolano debe suministrar petróleo y el pago del personal que la Cuba envía a Venezuela, la administración cubana se limita al suministro de profesionales y técnicos que, como ya hemos apuntado igualmente es pagado por Venezuela y no gratuito como se pretende hacer creer en razón de que así lo establece el convenio. En realidad, como lo podrá apreciar el lector más adelante, Caracas paga a Cuba por cada uno de estos profesionales enviados desde La Habana.
A continuación los términos del convenio y los subsiguientes adenda suscritos entre Venezuela y Cuba:
El convenio
En fecha 30 de octubre de 2000, la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, representadas por Hugo Chávez Frías y Fidel Castro, respectivamente, “animadas por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad entre los dos países” y “conscientes de su interés común por promover y fomentar el progreso de sus respectivas economías y las ventajas reciprocas que resultan de una cooperación que tenga resultados efectivos en el avance económico y social de los respectivos países y en la en la integración de América Latina y el caribe”, suscribieron el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, mediante el cual las partes se comprometieron a elaborar de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación.
En la elaboración de estos proyectos y programas trabajarían organismos y entidades de los sectores públicos y privados de ambos países, así como también —cuando sea necesario— de las universidades, organismos de investigación y de organizaciones no gubernamentales.
Debían elaborarse proyectos nacionales de desarrollo y proyectos regionales integrales que respondieran a las prioridades contenidas en sus respectivos planes de desarrollo.
Establecía el convenio que Cuba prestaría los servicios y suministraría la tecnología y productos que estuvieran a su alcance para apoyar el amplio programa de desarrollo económico y social de Venezuela y de los cuales esta no disponga, previa solicitud de acuerdo a un listado y los cuales debían definirse cada año según acuerdo de las partes, precisando el monto monetario, las especificaciones, regulaciones y modalidades en que serían entregados. Estos bienes y servicios serían pagados por Venezuela en el valor equivalente a precio de mercado mundial, en petróleos y sus derivados.
Entretanto, Venezuela se comprometió a proveer a Cuba bienes y servicios que comprendieran asistencia y asesorías técnicas provenientes de entes públicos y privados, así como el suministro de crudos y derivados de petróleo hasta por un total de 53 mil barriles diarios. Estos volúmenes serían presentados en un programa trimestral por las empresas Cupet y Cubametales a PDVSA en las cantidades y condiciones que se estableciera anualmente entre las partes, tomando como referencia las bases del Acuerdo Energético de Cooperación de Caracas.
Es necesario apuntar que estos 53 mil barriles de petróleo que Venezuela proporciona a Cuba es un volumen muy superior al que reciben los países centroamericanos y caribeños.
Las ventas se realizarían bajo los contratos tipo de PDVSA de acuerdo a cada tipo de crudo y derivados. Los precios serían determinados por el mercado conforme a las fórmulas aplicables.
Las ventas serían sobre las bases de un esquema de financiamiento mixto de corto y largo plazo, utilizándose las escalas aplicables al Acuerdo Energético de Caracas.
A saber:
Precio promedio de realización/venta por barril de crudo en dólares estadounidenses
En pocas palabras, si se pagan USD 15 por barril de petróleo, Cuba podrá financiar el 5 por ciento, mientras que si paga USD 30 por barril de crudo, el financiamiento será del 25 por ciento.
Esta fórmula sería aplicable al resto de combustibles y lubricantes, lo cual significa que en el caso de Cuba solicite recibir los 53 mil barriles en productos elaborados, tendría que refinar el doble de producción para poder satisfacer la demanda de la isla antillana.
Por otra parte, el convenio no advierte que el petróleo a precio preferencial sea para consumo interno con lo cual, en caso de sobreabastecimiento, Cuba podría vender el crudo excedente a precios internacionales.
El convenio establecía que Cuba ofrecía a Venezuela de manera gratuita los servicios de médicos, especialistas y técnicos de salud que desarrollarían su labor en lugares donde no se dispusiera de ese personal. Este personal cubano entrenaría también de forma gratuita al personal venezolano.
Venezuela cubriría los gastos de alojamiento, alimentación y transportación interna.
Cuba garantizaría a los médicos y demás técnicos sus salarios y la atención adecuada a los respectivos familiares de la isla.
La vigencia del convenio era de cinco años contados a la firma del mismo, previéndose la posibilidad de prorrogarlo por un periodo similar a menos que una de las partes lo denunciara. Esta denuncia debía producirse 30 días antes del vencimiento del convenio y sería efectiva 6 meses de dicha notificación. Esta denuncia no debía afectar programas y proyectos en ejecución, a menos que las parteas acordaran lo contrario.
El primer Addendum
El 12 de agosto de 2001, Hugo Chávez por Venezuela y Fidel Castro por Cuba, firmaron un Addendum al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela que establecía que modificaba el convenio del 30 de octubre de 2000 de manera que quedaba estipulado que Cuba prestaría los servicios y suministraría las tecnologías y productos que estuvieran a su alcance para apoyar el programa de desarrollo económico y social de Venezuela, previa solicitud de acuerdo a un listado establecido.
Quedaba, por tanto, suprimida loa figura del trueque y los servicios profesionales suministrados por Cuba pasaban a ser cancelados con cargo a los presupuestos de los organismos del estado venezolano.
Tales bienes y servicios serían definidos cada año, según acuerdo de ambas partes, precisando el monto monetario, las especificaciones, regulaciones y modalidades en que serían entregados.
Estos bienes y servicios serían pagados por las instituciones, organismos y empresas de Venezuela con cargo a sus respectivos presupuestos.
Otro Addendum
Un nuevo Addendum al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela se firmó el 8 de junio de 2004 entre Hugo Chávez por Venezuela y Fidel Castro por Cuba, para modificar el artículo V del convenio de tal manera de contar con un mecanismo para el cumplimiento y seguimiento de las acciones de cooperación previstas en dicho convenio, las partes acordaron crear una comisión mixta integrada por representantes de ambos gobiernos.
Foto: Maibort Petit
Esta comisión se reuniría alternativamente cada año en Caracas y La Habana y estaría presidida por el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela y por el Ministerio para la Inversión extranjera y la Colaboración Económica de Cuba.
La comisión mixta establecería grupos ejecutivos de trabajo bajo responsabilidad de los ministros respectivos de cada país para viabilizar las acciones de cooperación en los diferentes sectores definidos en el convenio. Las partes podrían exponer nuevos sectores y proyectos para su estudio y aprobación. Las partes podrían convocar reuniones extraordinarias si lo consideraran necesario.
Acta final de reunión comisión mixta
Entre el 26 y 28 de febrero de 2007 se llevó a cabo en La Habana la VII reunión de la comisión mixta establecida al amparo del artículo V del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.
La delegación venezolana estuvo presidida por el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, mientras que la delegación cubana encabezó loa ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, Marta Lomas Morales.
En la reunión se revisó de los programas de trabajo para verificar su cumplimiento y en tal sentido se hicieron ajustes y se actualizaron los cronogramas de ejecución y ase acordaron nuevas fechas para su conclusión.
Igualmente se revisó el programa de trabajo para 2007 y se aprobaron 353 proyectos por un monto de USD 1.487.435.772,35 en 26 sectores de la economía de ambos países.
Foto: Maibort Petit
El programa estaba a cargo de 24 ministerios venezolanos y 25 cubanos con la participación de instituciones ejecutora venezolanas y cubanas.
Las partes también hicieron un balance de los resultados cuantitativos y cualitativos alcanzados desde la primera comisión mixta realizada en La Habana del 14 al 16 de diciembre de 2001 y confirmaron el impacto positivo del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.
Se acordó realizar reuniones trimestrales por parte de los organismos coordinadores del Convenio para revisar el cumplimiento del programa.
Se firmó el convenio marco para la instalación en Venezuela de 11 plantas de producción de etanol para el desarrollo de la producción cañera asociada al proyecto. También se firmaron los contratos correspondientes a la instalación de las primeras cuatro plantas.
Se constituyó una comisión conjunta venezolano-cubana para el estudio del uso de energías alternativas, la cual evaluó cuatro proyectos existentes de 2006 y 6 nuevos proyectos que se realizarían en 2007.
Otras disposiciones
Igualmente disponemos de un extracto de documento que versa sobre distintos aspectos decididos en el contexto del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.
Así, en el folio N° 136 de uno de estos documentos se establece que las delegaciones de Cuba y Venezuela establecieron las Condiciones Generales para la ejecución de los proyectos de asistencia técnica que derivan de la aplicación del convenio de integración. Estas condiciones generales deberían reflejarse en los contratos interinstitucionales que celebraren las partes.
Estas condiciones generales estipulan que por la Parte que Envía se entendería al país que brinda la asistencia técnica y como Parte que Recibe al país receptor y usuario de dicho servicio.
Responsabilidades de la parte que envía
a) Garantizar que los especialistas selecciones reunieran los requisitos solicitados por la parte que recibe en cuanto a su calificación y nivel técnico.
b) Velar porque los especialistas que prestan servicio de asistencia técnica en el país que recibe cumplan con la legislación interna, los usos y costumbres del país receptor.
c) Asumir los gastos concernientes a la sustitución de especialistas que interrumpan la contratación por causas no imputables al país que recibe.
Responsabilidades de la parte que recibe
a) Realizar la selección de los especialistas propuestos por la parte que envía con base a los currículos que se suministren con antelación.
b) Contratar de acuerdo al peritaje pactado entre las partes con posibilidad de prórroga, previo acuerdo mutuo. En caso de que el periodo de asistencia técnica sobrepasara los once meses ininterrumpidos, era necesario establecer el disfrute de las vacaciones según las normativas del país que envía (un mes para totalizar doce meses de la contratación anual).
c) Asumir el pago de los pasajes internacionales al inicio, vacaciones y término de la contratación de asistencia técnica.
d) Asegurar la obtención de visados para el ingreso al país, la permanencia y buen desenvolvimiento de sus funciones, así como el retorno oportuno al país de origen.
e) El monto a pagar por la asistencia técnica sería determinado por la calificación y experiencia de los especialistas que prestan servicio. Cada prestación de servicios estaba asociada a un nivel de complejidad de acuerdo a la siguiente tabla:
Foto: Maibort Petit
En lo atinente a los proyectos de servicios profesionales y soluciones integrales, loa parte que brinda el servicio asumiría la totalidad de las obligaciones establecidas en las condiciones generales. Para establecer el precio se utilizaría como referencia las tarifas y gastos que se incurran para garantizar las mencionadas obligaciones. Los costos de los servicios deberían estar basados en las tarifas que emanaran de las condiciones generales.
En el caso de los proyectos de soluciones integrales y servicios profesionales ejecutados por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), PDVSA, centraría los presupuestos necesarios para viáticos y gastos administrativos, los cuales se ejecutarían en coordinación con la jefatura de la misión de la UCI en Venezuela.
Los pagos de asistencia técnica que deriven de lo contemplado en el Convenio Integral de Cooperación serían depositados en una cuenta asignada a tal fin por el Ministerio de Inversión Extranjera y la Colaboración Económica.
f) Asumir los gastos de vivienda, transportación del especialista desde su residencia hasta el lugar donde desarrollaría su trabajo y viceversa, así como la tasa de impuesto de aeropuerto y viáticos.
Estos viáticos, en el caso de estadías de hasta 29 días en Venezuela, serían para los especialistas que brindaren asistencia técnica, de USD 30 diarios a la tasa de cambio del día en que se efectuara el pago.
Para las estadías superiores a los 30 días en Venezuela, se contemplaba la asignación de vivienda debidamente acondicionada; facilidades para llamadas telefónicas internacionales. Se entregarían a los especialistas que brinden asistencia técnica. Viáticos en moneda nacional equivalentes a USD 530 mensuales a la tasa de cambio del día en que efectuara el pago.
Foto: Maibort Petit
Igualmente se debía garantizar el desplazamiento de los especialistas cuando por razones de prestación de sus servicios deban ir a un sitio distintos al habitual, al igual que debía garantizarse su alojamiento y alimentación.
También debía garantizarse la asistencia médica ambulatoria, hospitalaria, medicamentos a través del Sistema Nacional de Salud venezolano.
Sufragar los gastos derivados de servicios médicos, sanitarios, legales, preparación y transportación en caso de fallecimiento de los especialistas.
Se establecen las diversas condiciones para la sustitución y retiro de los especialistas de la prestación del servicio.
Gabriel Enrique Moncada tiene 12 años, estudia primer año de bachillerato y desde hace un año y medio se encarga de reflejar la realidad venezolana a través de caricaturas que se han hecho virales en las redes.
Raylí Luján/Venezuela Al Día
En noviembre de 2016, Gabo -como ahora se le conoce en redes sociales por las famosas caricaturas de “Así Lo Mira Gabo”- le pidió a su mamá, la periodista venezolana Cecilia González, que publicara uno de sus dibujos en su cuenta personal de Facebook, en la que no solo logró captar la atención de familiares y conocidos, sino también la de María José Ramírez, directora de Te Lo Cuento News, quien le pidió convertirse en el caricaturista oficial del medio digital.
Y es que no se trataba de una pintura más de las que usualmente Gabo creaba. En esta oportunidad, su dibujo estaba vinculado con la política venezolana. “Está Maduro nadando y hay dos tiburones que hablan entre sí y se preguntan: ¿Nos lo comemos? Y uno dice: No, está demasiado sucio”, cuenta Gabriel desde la sala de su casa mientras enseña la imagen.
“Como mi mamá es periodista, yo creo que llevo en la sangre esa necesidad de informar. Además creo que la situación del país nos afecta a todos, tanto a adultos como a niños y yo siento que haciendo estas caricaturas puedo denunciar que esta pasando en el país”, destaca Gabriel, quien insiste en poner su granito de arena para la recuperación de Venezuela.
A Gabo, como a cualquier otro niño de su edad, le gusta manejar bicicleta, leer y jugar con sus amigos. Dibujar estas caricaturas se ha convertido en otra de sus prioridades que incluso en ocasiones supera al resto.
Reconoce que su niñez ha pasado velozmente y aunque algunos conocidos le comentan sobre lo increíble que resulta ver a un niño tan involucrado con lo que ocurre en Venezuela, para él no representa un problema.
Fotos créditos: Alfredo Coronas
“No es normal. En cualquier país bueno, los niños no se enfocan en estos temas, pero tampoco es algo malo, yo digo que muchos niños de Venezuela cuando sean adultos van a ser personas muy maduras, muy preparadas ya que vivieron con estos problemas y han tenido que adaptarse y sabrán muchas cosas que otras personas no”, reflexiona.
Gabriel puede sorprender con pensamientos como: “Hace poco escuché que el comunismo es una enfermedad porque eso es lo que estamos viendo en Venezuela, nos está afectando a nosotros y pronto puede que afecte a otros países”, del que además nació su caricatura “AEDES COMUNISMUS”.
Igualmente puede llegar a entablar una conversación de altura sobre las noticias que usa como fuente de inspiración o simplemente sobre su día a día, afectado seriamente por la crisis nacional.
“Ahora hasta los niños tenemos que saber bastante de eso porque es algo que influye mucho en nuestra vida diaria (…) Antes de hacer una caricatura siempre reviso mucho las noticias y suelo hacerla sobre el tema mas relevante de la semana pero otras veces hago caricaturas sobre mi vida diaria, sobre cosas que me pasan. Hace poco hice una sobre el transporte, esa situación yo la vivo casi a diario. Cuando vamos al colegio y queremos ir en autobús es horrible, vamos casi colgando del techo”, expone.
Fotos créditos: Alfredo Coronas
Su mamá, Cecilia González, admite que en ocasiones se preocupa por el elevado tono de algunas de las caricaturas de Gabo, publicadas por Te Lo Cuento News. Sin embargo, no deja de aplaudir su creatividad y se niega rotundamente a censurarlo.
“Conociendo las circunstancias, como estamos a nivel de libertad de expresión, amenazas y persecuciones, no te voy a negar que a veces si digo: ‘Guao, si está fuerte’, pero es la realidad, es lo que está pasando y es lo que él está diciendo y denunciando. Es su punto de vista, su opinión. No lo voy a censurar yo, la verdad que no”, agrega.
Para González, todos los niños de Venezuela “están madurando a juro”. Asegura que no se trata de Gabriel Moncada únicamente. “Lamentablemente los niños de Venezuela se están saltando una etapa de inocencia, de juguetes, de cosas que antes teníamos siendo una familia de bajos recursos incluso y que ahora no lo tienen (…) Saben perfectamente lo que están pasando. Ven a sus padres que ya no pueden comprar lo mismo, que ya no llevan cereal ni jamón a la casa, los niños están sufriendo lo que está sucediendo en Venezuela, lo ven en la calle, a la gente hurgando en la basura, ven la inseguridad”, apunta.
Esta realidad es asumida también por los seguidores de Gabo, quienes le manifiestan su apoyo y lo alientan a continuar, en medio de otros comentarios menos positivos.
“Los pocos comentarios negativos que he recibido en mis caricaturas no son metiéndose conmigo, sino que dicen que las hace un adulto, que soy un personaje inventado, que mis papás me soplan todo lo que tengo que decir (…) Esas personas dicen que yo soy de mentira porque muchas de ellas apoyan al gobierno y les cuesta imaginar que la crisis esté a tal nivel que hasta la inocencia de los niños prácticamente esté desapareciendo, que niños se enfoquen en estos temas cuando deberían estar jugando, estudiando o haciendo algo que no esté relacionado con esto”, resalta.
Gabriel sueña con ser biólogo marino, también con convertirse algún día en un gran caricaturista venezolano como los que admira: Edo, Weil, Rayma. Sueña con que eso pueda ocurrir en otra Venezuela.
“Yo espero que más pronto que tarde, las personas que aún apoyan al gobierno abran los ojos, que se den cuenta que este gobierno no es lo correcto, que están haciendo las cosas mal, que es un gobierno antidemocrático, que pronto caiga y salgamos de esta situación y que Venezuela vuelva a ser un país bueno, próspero y seguro, como era antes. Que tenga políticos que se preocupen por su gente y no por sus propios intereses”, señala Gabriel Moncada, quien le pide a otros niños mantenerse fuertes y esperanzados “porque esto va a pasar y a todos nos quedará una enseñanza”.
Dibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al DíaDibujo: Gabo Moncada / Foto: Venezuela Al Día
Parece que sí, pues “Abigaíl” la conocida y exitosa telenovela venezolana cumple treinta años y sigue transmitiéndose actualmente, después de estar al aire en más de 20 países y en al menos 26 canales de televisión en todo el mundo. Venezuela al Dia encontró a su escritor y guionista Alberto Gómez, quien contó que “el éxito fue tener a una pareja talentosa para la época y desarrollar una historia juvenil, en un ambiente fresco como un colegio”.
Por Luisiana Ríos P./Venezuela al Día
La producción dramática de RCTV, marcó sin duda la historia de la televisión venezolana, al lograr ser transmitida durante un año continuo en el horario de la una de la tarde . Fue protagonizada por Catherine Fullop y Fernando Carrillo, con la actuación antagónica de Hilda Abrahamz. La trama era sobre una estudiante, hija de empresario millonario, que se enamora de su profesor y con quien tiene un hijo . Sin embargo, la protagonista regala al bebé y pasa años tratando de encontrarlo, hasta que el niño ya siendo un jóven entra a robar a su casa.
Su escritor Alberto Gómez revela que prácticamente escribían al día los libretos, por lo que no podía visitar los estudios de grabación al comienzo. “Se empezó en 1988 y había muy buen ambiente, mucha hermandad entre los actores y eran muy unidos todos”.
Lo más anecdótico de esta producción, contó Gómez, fue que sus protagonistas se enamoraron en la vida real, incluso se casaron, aunque después se divorciaron. “También hubo otro romance entre actores que la prensa inventó, pero de lo que sí se hablaba y la gente estaba pendiente, era del romance entre Catherine y Fernando, era el chisme del momento “.
A pesar de su éxito, hubo algunas escenas que tuvo que cambiar el escritor por poco presupuesto, “la villana de la novela manda a matar a su hermana y había que lanzarla al mar a bordo de un bote, pero como no había dinerito se grabó en un muelle, eso fue lo único que hubo que modificar en toda la novela”, confesó .
Otra escena que Alberto recuerda fue difícil de hacer, era cuando uno de los personajes tenía que empujar desde un piso alto a una de las actrices, “porque estaban enamoradas del mismo hombre, fue complicada, no se usaron dobles y tardamos casi cinco horas, pero el director resolvió de manera maravillosa”, contó Alberto Gómez.
“Los actores eran respetuosos del libreto y de todo lo que estaba escrito, hasta la última letra la decían completamente, así que ningún actor me pidió nunca ningún cambio”, dijo.
Alberto Gómez dice que para él y todos los que trabajaron en la novela, es motivo de orgullo y celebración que no solo haya sido tan exitosa en los años ochenta, sino que aún continúe siendo igual. “Era una cosa de locos el rating y que 30 años después la sigan transmitiendo, es increíble para todo el elenco tan maravilloso”.
El éxito lo atribuye también a que la historia haya contado con una pareja “espectacular y bonita”. Además, la trama de buscar al hijo perdido, contó Gómez, tenía al mundo entero pendiente de saber si la protagonista lo encontraba. “Abigaíl ha sido mi mejor novela junto a La Gata Salvaje, aunque a todas uno les pone el mismo cariño”, confesó .
Alberto actualmente vive en Miami y se toma un año sabático, aunque admite que no le gusta la televisión de hoy en día, “todo lo que están haciendo es muy feo, todo es narcotráfico, todo es sexo, es una televisión que no comparto y que no quiero escribir”.
Pese a que en 2003 cuando el gobierno de Hugo Chávez reinició las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica “Fabricio Ojeda”, solamente faltaba por ejecutar el cuarto de máquinas y el mandatario prometió su culminación en 37 meses, han transcurrido 15 años sin que La Vueltosa funcione a cabalidad y en las óptimas condiciones que la alta inversión que supuso, demandan.
Maibort Petit/Venezuela Al Día
Dentro del Desarrollo Uribante Caparo, la Central Hidroeléctrica La Vueltosa, rebautizada por el gobierno de Hugo Chávez Frías como “Fabricio Ojeda”, se ha convertido en una especie de fuente de enriquecimiento y corrupción, en virtud de que durante los años que ha durado su ejecución ha servido para firmar una multiplicidad de contratos y adenda que han inflado exponencialmente el precio de la obra, dinero que en nada se ha traducido en una mejora del servicio toda vez que, por el contrario, Venezuela atraviesa en la actualidad una de las peores crisis eléctricas de toda su historia.
El Complejo Uribante Caparo está conformado por tres desarrollos, el Uribante-Doradas, el Doradas-Camburito y el Camburito-Caparo y comenzó a construirse en la década de los años ’70 con el objetivo de generar mil 551 KW de energía que servirían a los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Alto Apure, además de facilitar la navegabilidad del eje Apure-Orinoco durante todo el año. Los trabajos estuvieron paralizados por catorce años hasta que Hugo Chávez lo reactivó en el 2003 y anunció que para el año 2009 estaría definitivamente en funcionamiento con una inversión de USD 160.463,00.
El gobierno chavista entregó la obra La Vueltosa en febrero de 2003 al consorcio franco brasilero Alstom Power Hidro (Caphi). A esta central hidroeléctrica al momento de la llegada de Chávez al poder sólo le faltaba la construcción del cuarto de máquinas conformado por dos turbinas de 257 MW cada una, más los desarrollos asociados. Pero la promesa presidencial que aseguraba que estaría lista en 37 meses sólo comenzó a concretarse en septiembre de 2014 cuando se inauguró la segunda unidad de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda[1], como reseña el portal de Globovisión para la fecha. En esa ocasión el gerente general de proyectos mayores de Corpoelec, Wilfredo Morales, precisó que “Desde el año pasado [2013] ya se encuentra en funcionamiento una máquina con 257 megavatios y para octubre debemos estar poniendo en funcionamiento 257 megavatios adicionales. Aparte de estos 514 megavatios que estamos generando acá, también tenemos la planta Luis Zambrano que genera 340 para tener un total de 854 megavatios de generación en la región”.
Pero la organización Transparencia Venezuela aseguró en 2017 que los tachirenses denunciaron que pese a haberse anunciado en 2014 la puesta en marcha del generador de energía y de que en 2015 se le asignaron más recursos a la obra a la fecha señalada, la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda no funcionaba[2].
El financiamiento estaría dado por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico e Social (BNDES), del Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País (Fondespa) y Fonden. Nada era tan sencillo, el BNDES de Brasil negó poder financiar el cien por ciento de la obra, por lo que el gobierno tuvo asumir el 20 por ciento de los costos para poder dar inicio a los trabajos.
La contratista escogida, Consorcio Alstom Power Hidro (CAPHI), resultó altamente cuestionada, se conocía que Bolivia había dejado obras inconclusas y, sin embargo, se permitió su contratación. En 2008 la policía suiza allanó las oficinas de esta empresa y procedió a realizar varios arrestos por señalamientos de corrupción y lavado de dinero. “En 2007, Alstom fue acusada de pagar a funcionarios del Ministerio de Energía y la estatal Cadafe millones de dólares en sobornos para ‘ganar’ el contrato de La Vueltosa”[3], reseñó el portal Anti lavado de dinero.com.
Desde el mismo oficialismo se denunciaron irregularidades en la obra cuando el difunto diputado Luis Tascón acusó que la Gerencia de Cuencas, con el aval de Blanca Tascón, incumplió la normativa y procedió a afectar y disponer de recursos naturales renovables por 436 millones 751 mil bolívares, sin garantías de ninguna naturaleza. El diputado oficialista aseguró ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en marzo de 2007, que el contrato firmado con Alstom en 2003 fue cambiado ocasionando las nuevas cláusulas un daño patrimonial de 60 millones de dólares al Estado venezolano. “Las condiciones de contratación modificadas fueron leoninas para la República, la pusieron en indefensión frente al contratista y la obra no se ha construido, sólo hay un hueco”[4].
Veamos ahora cómo se desarrolló la contratación.
La oferta de Alstom
El 18 de noviembre de 2002, Carlos Schellenberg, en su carácter de director regional para América Latina de Alstom Power Hidro, le presentó a la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), una oferta para “Proyectar, Diseñar, Construir las Obras Temporales Requeridas, Desarrollar la Ingeniería de Detalle para la Construcción de las Obras Civiles de la Casa de Máquinas, partes empotradas, servicios auxiliares y del Sistema de Transmisión Asociado; Construcción de las Obras Civiles Requeridas; Proyectar, Diseñar, Detallar, Fabricar, Probar en Fábrica, Transportar, Nacionalizar, Almacenar, Mantener durante el Almacenamiento, Trasladar hasta el Sitio de Montaje, Instalar, Probar en el Sitio y poner en Operación Comercial todos los Equipos Electromecánicos de Generación Hidroeléctricos: Turbinas, Generadores, Transformadores de Potencia, Grúas, Compuertas, Sistemas Auxiliares, de Control y de Comunicaciones completos con todos sus accesorios, Piezas de Repuestos y Equipos de Mantenimiento y los correspondientes al Sistema de Transmisión Asociado, Línea Doble Terna a Nivel 230 K.V. y la Subestación Eléctrica La Vueltosa y Subestación Eléctrica Uribante, para la Central Hidroeléctrica La Vueltosa y sus Instalaciones Asociadas que forman parte del Desarrollo Camburito Caparo, y nos obligamos a realizar la obra con todas las especificaciones recibidas de CADAFE, a un costo total de Ciento sesenta y tres millones cuatrocientos mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 163.400.000,00)”.
Para el 2 de diciembre de 2002, Carlos Schellenberg, le dirigió una nueva comunicación a Julio Carreño Escobar, vicepresidente de Generación y Transmisión de CADAFE para ratificar el interés de la empresa de construir la Central Hidroeléctrica La Vueltosa y sus obras asociadas, para lo que puso a disposición de la empresa eléctrica venezolana “toda su experiencia y garantía de un líder mundial como ALSTOM, suministrando Equipos Electromecánicos con tecnología de punta”.
Igualmente, propuso un plazo de ejecución contractual de entre 35 y 37 meses, a partir de la firma del Acta de Inicio del contrato.
Del mismo modo, Schellenberg hizo mención al precio de la oferta luego de haber revisado la misma a solicitud de CADAFE para lo cual se consideraron los costos de nacionalización con excepción de los aranceles de importación y el Impuesto del Valor Agregado (IVA) que no estaban contemplados en presunción de que la compañía eléctrica venezolana tramitaría su exoneración.
El monto revisado fue de USD 160.463.000,00 para 2 unidades generadoras de 257 MW y de USD 189.118.000,00 para 3 unidades generadoras de 257 MW.
La decisión de CADAFE
El 6 de febrero de 2003, en la reunión de su junta directiva, la presidencia de CADAFE presentó el Informe N° 61000-DGD-071/02 del 4 de febrero de 2003 relativo a los resultados del análisis de la oferta presentada por el Consorcio Alstom Power Hidro (CAPHI) para la construcción de la Central Hidroeléctrica La Vueltosa y sus obras asociadas y resolvió autorizar el otorgamiento de la Buena Pro para la contratación en un plazo de 37 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, por un monto de USD 160.463,00, distribuidos de la siguiente forma: componente nacional, 35 por ciento equivalentes a Bs. 77.152.616.187,50, a la tasa de cambio referencia de 1.373,75 bolívares por dólar; componente importado, 65 por ciento equivalente a USD 104.300.950,00.
Igualmente acordaron cargar las erogaciones correspondientes al presupuesto de Inversiones de la Gerencia de Construcción, Código SICPI 73-00002-5 Camburito-Caparo, de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Presupuestado y aprobado con carga a la Ley de Adeudamiento Fiscal del año 2002. El Ministerio de Finanzas tramitaría el financiamiento de la contratación.
Se delegó en el presidente de CADAFE, la contratación, determinación de las condiciones de pago y demás trámites administrativos correspondientes, así como informar a la Junta Directiva el resultado del proceso.
El contrato se suscribió el 11 de mayo de 2003 y estuvo signado con el N° 2003-0078-6100.
En su cláusula trigésima segunda se advertía del cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo estaría condicionado, primero, a la obtención del financiamiento; segundo, al pago del anticipo con la presentación de la fianza correspondiente; tercero, a la obtención por parte de CADAFE de las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de la obra; cuarto, a la obtención de la aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minas de la Cláusula de Arbitraje.
Se advertía que si transcurrido el plazo de validez de la oferta de la contratista y las condiciones antes referidas no se cumplían, las partes podían revisar las condiciones contractuales a los fines de su actualización. En caso de no llegar a un acuerdo, el contrato se daría por terminado y las partes no tendrían que reclamar una de la otra, ni judicial, ni extrajudicialmente por las indemnizaciones que pudiesen generarse como consecuencia de la no ejecución de la obra.
El Acta de Inicio no será firmada por las Partes hasta tanto no se hubieran cumplido las condiciones.
El primer Addendum
En nuestras manos está una presentación en Power Point que hace mención a los motivos existentes para la suscripción del Addendum A del contrato N° 2003-0078 de fecha 11 de mayo de 2003 que se celebró el 16 de julio de 2004.
Se destaca la necesidad de sustituir la cláusula suspensiva prevista originalmente en el contrato por otra que permitiera comenzar las obras sin que todas las condiciones y el financiamiento estuvieran cien por ciento cubiertos. Esto en virtud de que parte del financiamiento que negociaba Venezuela por órgano del Ministerio de Finanzas con el BNDES de la República Federativa de Brasil, estaba tomando mucho más tiempo del previsto.
Se buscaba dolarizar la moneda de pago para acceder al financiamiento de Fondespa y a solicitud de la directora gerente, Blanca Tascón.
Igualmente, había que establecer nuevas condiciones de pago que ajustaran el cronograma de ejecución a la porción para la cual se contaba con recursos (punto de cuenta del Presidente de la República Nº 022-2 de fecha 17-05-2003).
Había que ampliar las fuentes de financiamiento, para incorporar recursos provenientes del gobierno venezolano que estaban autorizados y disponibles para el momento.
Se querían negociar medidas que, en caso de paralización, minimizaran el impacto financiero y limitaran la responsabilidad de CADAFE a niveles inferiores a los previstos en el Decreto 1.417.
Se tenían que establecer nuevas garantías que incluían la fianza de fiel cumplimiento, así como el establecimiento de retenciones equivalentes al diez por ciento de cada pago, hasta obtener la totalidad del financiamiento.
Era necesario resolver el déficit de energía en los andes y honrar el compromiso que se había adquirido un año antes con la población de la zona de dar inicio a las obras y así reactivar los sectores productivos e impulsar la economía local.
El préstamo del BNDES
El 31 de diciembre de 2003 se suscribió el Acuerdo de Préstamo entre el Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico e Social (BNDES), compañía federal propiedad del estado brasileño, representada en el acto por Carlos Lessa y Ernani Torres, la República Bolivariana de Venezuela, representada por el ministro de Finanzas, Tobías Nobrega, y Alstom Brasil LTDA, representada por José García Nogueira Reis.
Venezuela asume 20% del financiamiento
Argumentándose dificultades en la obtención del financiamiento para las obras de la Central Hidroeléctrica La Vueltosa, el 17 de mayo de 2004 el presidente de la república, Hugo Chávez Frías, aprobó un punto de cuenta en el que se contemplaba que la república correría con 20 por ciento de dicho financiamiento.
Se refiere en el punto de cuenta que el proyecto se inició en los años ’80 pero se paralizó faltando solamente la construcción de la Casa de Máquinas. Se indicaba que en mayo de 2003 se firmó un contrato con el Consorcio Alstom Power Hydro para culminar los trabajos por un monto de USD 168 millones (la cifra difiere de los USD 160.463,00 señalados líneas arriba como lo finalmente ofertado por Alstom). El Ministerio de Finanzas desde entonces trabajó en la búsqueda del financiamiento y, para la fecha, se encontraba en trámites con el BNDES de Brasil, institución que ofreció financiar 80 por ciento del monto total.
En tal sentido, se autorizó la tramitación del pago de dicho 20 por ciento equivalente a USD 33.6 millones a la empresa Alstom Power para así dar inicio a las obras. Para ello se suscribió el Addendum “A” que modificaba algunas cláusulas del contrato original y agregaba otras.
Se previó modificar las condiciones de tal manera que con el pago del 20 por ciento correspondiente al aporte local se pudiera dar inicio de inmediato a los trabajos, lo que permitía avanzar ocho meses dando tiempo a que se concretara el financiamiento del 80 por ciento restante con el BDDES.
La firma del Acta de Inicio
El 22 de septiembre de 2004 se suscribió el Acta de Inicio para la construcción de la Central Hidroeléctrica “Fabricio Ojeda” y sus obras asociadas que ejecutaría Alstom Power Hidro (CAPHI). De acuerdo al contrato N° 2003-0078-6100.
Firmaron Pedro Parra (gerente de construcción), Pedro Montailez (inspector general, en representación de la Gerencia de Construcción Camburito-Caparo, de la Empresa DESURCA Filial de CADAFE), Manuel Urdaneta Ruza (Consorcio Alstom Power Hidro), quienes a con su rúbrica dieron comienzo a la obra ubicada en la Presa La Vueltosa, Municipio Padre Noguera del Estado Mérida.
Nervis Villalobos pide una prórroga
El 21 de septiembre de 2005, CADAFE, a través de su presidente para el momento, Nervis Villalobos, se dirigió en una comunicación (15000/034) a Alston Power Hydro para informarles sobre la tramitación para la inclusión de los recursos para el proyecto Uribante Caparo ante el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional, FONDEN, en el periodo 2005-2008. Se indica que entre los recursos solicitados estaba el dinero para compensar la cuota del Crédito de BNDES que no podían ser utilizados debido a la limitante del país de origen. Se refirió que el ministro de Finanzas se encontraba solicitando la autorización a la presidencia de la república.
“En virtud de lo antes expuesto y en atención a lo establecido en le Cláusula 4 del Addendum “A” del Contrato 2003-0078-6100 y teniendo en cuenta que a le fecha, se ha logrado asegurar el 87% de los recursos necesarios para el financiamiento de la obra, les solicitamos que el plazo previsto para la obtención de la totalidad del financiamiento, el cual vence el 22102/2005, se prorrogue por TREINTA (30) días calendarios más, es decir, hasta el día 22 de octubre de 2005”, reza la comunicación.
El anticipo
El 30 de octubre de 2005 desde el Ministerio de Finanzas se envió una comunicación al Banco Nacional de Desevolvimento Economico e Social, BNDES, en Río de Janeiro, Brasil, con atención al Área de Comercio Exterior, que versaba sobre el acuerdo celebrado el 31 de diciembre de 2003 entre el BNDES, la República Bolivariana de Venezuela y Alstom Brasil LTDA. En el que se tramitaba el anticipo de USD 14.901.766,80.
El 14 de diciembre de 2006, Eric Stefani, en representación Alstom Hydro Venezuela, S.A. dirigió una comunicación a la C.A. de Administración y Fomento eléctrico, CADAFE, y al Desarrollo Uribante-Caparo, Desurca, a la atención de Arnoldo Uribe, para participar que el 12 diciembre de 2006 fue confirmada la recepción del anticipo del financiamiento del BNDES de Brasil referente a la parte importada del contrato para la ejecución de las obras de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda-La Vueltosa, por USD 14.901.766,80.
Se completa el financiamiento
Una comunicación de Alstom signada con el número LV-CT06-0003-ACDE-AAF, de fecha 2 de enero de 2006 dirigida a CADAFE y a Desurca, a la atención de su presidente Arnoldo Uribe, con referencia al Proyecto La Vueltosa, contrato N° 2003-0078-6100 y su Addendum “A” Notificación CADAFE Ref. 61000-P-292-2005, de fecha 20 de octubre de 2005, para aclarar que a través de la citada notificación se informó al Consorcio Alstom Power Hydro de la obtención del 100 por ciento de los recursos necesarios para el financiamiento de la construcción de la Central Fabricio Ojeda y sus obras asociadas, asegurándose que el mismo estaba garantizado a través de los convenios: (i) Primera Enmienda al Acuerdo de Préstamo celebrado entre el BNDES, la República Bolivariana de Venezuela y Alstom Brasil Ltda., para el monto de USD 121 000.000,00, y (ii) Convenio de Cooperación para la Transferencia y Reembolso de Recursos para la Compañía de Administración y Fomento Eléctrico y la Corporación Venezolana del Petróleo S.A., para el monto de USD 40.000.000,00. Recuerdan que CADAFE había dejado sin efecto el Addendum A, cuyas cláusulas entrarían en vigencia solo en caso de no obtener el 100 por ciento del financiamiento.
Agrega la comunicación que, no obstante lo anterior, el Ministerio de Finanzas de Venezuela solicitó en noviembre de 2005 para el BNDES de Brasil, una alteración en el Convenio de Crédito, para modificar el pago del Commitment Fee, modificación esta que después de aceptada por la dirección del BNDES, sería incluida en nuevo Addendum a ser firmado por las partes, por lo que hasta que esto no sucediera, no estaba en su eficiencia plena el Convenio de Crédito y permanecían vigentes las cláusulas del Addendum A del Contrato entre CADAFE y CAPHI.
Se recuerda en la comunicación que la porción financiada por el BNDES de Brasil solamente podría ser utilizada para pagar los equipos provenientes de esa nación, cuyo monto total era de USD 99.345.112,00, una situación que llevaría a un desfase entre el financiamiento del BNDES y los recursos que debían ser buscados localmente por CADAFE (unos USD 22.000.000,00).
Advierten que siendo el Addendum B al Contrato N° 2003-007E3-6100 una condición precedente a la utilización del crédito, Alstom estaba de acuerdo en firmar dicho documento que debería otorgar en una de sus cláusulas una extensión de plazo para que CADAFE obtuviera los recursos faltantes y, en caso de no lograrlo, las cláusulas del Addendum A se aplicarían para permitir la suspensión de la parte local del contrato hasta que se consiguieran dichos recursos.
La comunicación fue firmada por Eric Stefani, director de proyectos Alstom Hydro. Se remitió con copia a Nervis Villalobos (Presidente de CADAFE), Miguel León (Vicepresidente de Finanzas de CADAFE) y Carlos Schellenberg (Alstom).
En la siguiente entrega el lector podrá conocer los múltiples adenda suscritos entre CADAFE y Alstom, los cuales permitieron el incremento del precio inicial del contrato.
DISCLAIMER
Esta periodista intentó obtener para este reportaje las opiniones de los funcionarios y empresas mencionadas. Correos y mensajes enviados a Alstom Power Hidro (Caphi) no fueron devueltos al cierre de esta edición. Intentamos contactarlo a través de varios teléfonos en Caracas, Venezuela pero no logramos respuesta para una entrevista. Si alguna persona mencionada en esta nota desea comunicarse con nosotros para exponer su punto de vista puede enviarnos sus comentarios al email blogvenezuelapolitica@tuta.il
Otras irregularidades
