El origen mismo de esta empresa mixta está signado por lo anómalo, al haberse conformado y registrado previo al decreto que debió darle sustento legal. Igualmente, quienes fueron designados como sus directivos, exhiben una hoja de vida más conforme con un prontuario policial que con el currículo necesario para ostentar tan importantes cargos.

Por Maibort Petit

Veneziran Oil Copany es una empresa mixta que se constituyó ante el  Registrador Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 5 de febrero de 2007. Se trata de una compañía en la que Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, tiene el 61 por ciento de las acciones y la empresa Iran Marine Industrial Company, Sadra, es poseedora del restante 39 por ciento. Esta última es una sociedad mercantil creada el 11 de abril de 1996, bajo las leyes de la República Islámica de Irán, con sede en Teherán.

La petrolera estatal venezolana manifestó en su momento que esta empresa mixta favorecería a Venezuela dada la experiencia de Sadra en materia de desarrollo de proyectos en aguas profundas, con lo que el negocio entre ambas naciones apuntaría a lograr nuevos proyectos de gas. Entre los planes contemplaban disminuir la dependencia venezolana de tecnologías extranjeras al fabricar la maquinaria en Venezuela y luego exportar tecnología, y trabajar con estas empresas conjuntas en otras naciones con depósitos costa afuera.

Con Iran Marine Industrial CO (SADRA), PDVSA también convino, tal y como lo informó en su Informe de Gestión Anual 2011, la construcción de cuatro buques AFRAMAX de 113.000 TPM. Un proyecto que se desarrolló sustentando en el acuerdo bilateral de promover inversiones recíprocas entre ambos países. Dicho acuerdo lo suscribieron los dos países en junio del 2006.

Veneziran Oil Copany garantizaría la transferencia de tecnología de Sadra a Venezuela en los campos de ingeniería, construcción, reconstrucción y reparación de plataformas semisumergibles, plataformas autoelevadoras y estructuras off-shore.

Esta empresa mixta creada al igual que el resto con el objetivo de explotar la Faja Petrolera del Orinoco, FPO, se constituyó antes de publicar el decreto de migración que permitió que los antiguos convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas que mantenía PDVSA con otras compañías extranjeras, pudieran convertirse en las reseñadas empresas mixtas.

Los citados convenios surgieron por disposición aprobada en 1996 por el extinto Congreso de la República de Venezuela que dio pie al establecimiento de ocho convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas entre la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., CVP, filial de PDVSA y diversos consorcios y/o empresas en su mayoría extranjeras.

A finales de 2006 y en 2007, las 32 empresas que mantenían convenios operativos con PDVSA, fueron instadas a migrar a empresas mixtas a partir del 1° de abril de ese año en una proporción general de 60-40 a favor de CVP. De este total de compañías, 21 aceptaron constituirse en empresas mixtas, siete regresaron a la estatal venezolana, a saber Guárico Occidental, Quimare-La Ceiba, B2X-68/79, Maulpa, Sanvi Güere, Jusepín y Dación, en razón de que las empresas operadoras Repsol YPF, Hocol, Inemaka y Teikoku los devolvieron. Entretanto, Total y ENI se negaron a migrar.

El 26 de febrero de 2007 el gobierno venezolano aprobó por decreto Nº 5.200, con Rango, Valor y Fuerza de Ley que sirvió de sustento para que los convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas pasaran a empresas mixtas. Como puede verse dicho decreto es posterior a la fecha de constitución de Veneziran Oil Company, S.A.

En el Informe de Gestión Anual 2009 de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales, se refiere que Veneziran Oil Company, S.A. es una empresa mixta “creada para prestar servicio de ingeniería, construcción, reconstrucción, reparación o cualquier actividad vinculada con plataformas semi-sumergibles, auto-elevadizas y estructuras costa afuera, fijas y movibles, destinadas al desarrollo de proyectos vinculados con costa afuera, constituida por la filial CVP e Irán Marine Industrial Company (SADRA), con una participación accionaria de 61% y 39%, respectivamente”.

El objetivo incumplido

De acuerdo al artículo 2 de su acta constitutiva y estatutos, Veneziran Oil Company, S.A. tiene como objeto prestar servicios de ingeniería, construcción, reconstrucción, reparación o cualquier actividad vinculada con plataformas semi-sumergibles, auto-elevadizas y estructuras costa afuera y otras unidades e instalaciones que se requieran para el cumplimiento de este objeto, destinadas al desarrollo de proyectos vinculados con costa afuera. Se establece en el mismo artículo, que la compañía deberá garantizar que exista una transferencia de conocimientos tecnológicos por parte de Iran Marine Industrial Company (SADRA), de conformidad a los contratos que celebren  esta última y la compañía. Asimismo, la empresa creada podrá prestar servicios de operación a las plataformas que sean adquiridas por PDVSA.

Sin embargo, la experiencia con la plataforma Aban Pearl y posteriormente con el Petromarine Saturn, dan cuenta de que este objetivo no se cumplió y la nación venezolana y PDVSA resultaron estafadas al contratar el alquiler de taladros y buques de perforación que demostraron ser simplemente chatarra y no los equipos de alta tecnología que dijeron ser al momento de suscribirse los contratos de arrendamiento.

Refiere el artículo 3 de los estatutos, que la ejecución del Objeto de la Compañía indicado anteriormente, se concretará en tres fases y en atención a los lapsos que sean acordados por los accionistas de la empresa.

La Fase 1: Consistirá en la construcción de las plataformas semi-sumergibles y auto-elevadizas en la República Islámica de Irán, siempre y cuando se llegue a los acuerdos comerciales respectivos.

La Fase 2: Consistirá en la fabricación de “bloques” en la República Islámica de Irán y el posterior ensamblaje de las plataformas semi-sumergibles y auto-elevadizas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fase 3: Consistirá en la determinación de los equipos que serán ensamblados y construidos dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, la compañía podrá, a cambio de las tarifas que rijan el mercado, prestar servicios a otras empresas mixtas, a empresas de la exclusiva propiedad del Estado o a otras empresas, siempre que la prestación de dichos servicios sea en el interés de la compañía, en el entendido de que el objeto principal de la empresa creada es el desarrollo de prestación de servicios de ingeniería y construcción de facilidades para proyectos costa afuera. Queda establecido también que esas prestaciones de servicios no deberán perjudicar el desarrollo de dicho objeto principal.

Sin embargo, no hay información en los reportes de gestión de la estatal petrolera en los que se dé cuenta de la ejecución y cumplimiento de tal objetivo, pues los que se hace referencia a Veneziran Oil Company, S.A. se limitan a la repetición del objetivo descrito ya en estas páginas, sin que se precise algún proyecto desarrollado en es te sentido.

El capital, las acciones y los accionistas

Pese a no tenerse conocimiento de proyectos ejecutados por esta empresa mixta, los artículos 6 y 7 dan cuenta del capital suscrito de la compañía y la suscripción de dicho capital, respectivamente.

Se indica que mil acciones comunes conformarán el capital social de la compañía, el cual se eleva a USD 2.150.000.000, 00. Cada acción por tanto, equivale a USD 2.150.000,00 cada una.

El capital social de la compañía está dividido en dos clases de acciones, acciones Clase A y Clase B, de las cuales solamente el Estado o empresas de propiedad exclusiva del Estado podrán ser propietarios del primer tipo.

El capital social fue íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de la siguiente manera:

Clase A

Clase B

Se establece que el número de acciones de Veneziran Oil Company, S.A que sea propiedad del Estado o de empresas de propiedad exclusiva del Estado siempre deberá representar por lo menos un porcentaje accionario mayor al cincuenta por ciento del capital social de la compañía. Este requisito no podrá ser alterado como consecuencia de la emisión o cancelación de acciones por parte de la compañía, ni por ninguna otra circunstancia.

La cuestionada junta directiva

En las disposiciones transitorias se dispone la conformación de la junta directiva de Veneziran Oil Company S.A. quedará constituida al momento de su registro, por disposición de la asamblea de accionistas de la siguiente manera: Como presidente, Francisco Jiménez.

Como directores principales: Ángel Núñez, Luís Pulido, Jalil Khibreh, Aziz Ghobishavi. Como directores suplentes: Masoud Shayeganpour, Wills Ragel, Orlando Chacín, Pedro Coronil. Se designó Comisario a Nicolás Beracierta y Comisario Suplente a Carlos Díaz.

El representante judicial será Armando Giraud Torres, el representante judicial suplente, Alexis Chacón Molinet. El secretario será igualmente Chacón Molinet. Y como secretario suplente, Juan Carlos Márquez.

Cabe destacar que Francisco Jiménez Villarroel[3] fue despedido de PDVSA el 31 de marzo de 2003 bajo la acusación de espionaje para la Gente de Petróleo, Unapetrol e Intesa, pero unos meses después fue reenganchado, supuestamente por orden de Alí Rodríguez Araque, quien en enero de 2004 lo designó como director de Deltaven. A Jiménez lo señalan como hombre de confianza de Rafael Ramírez.

La prensa internacional se ha referido a él como un cliente chavista del Banco Madrid investigado por lavado de dinero.

Igualmente, junto a Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías, Carlos Luis Aguilera Borjas, Alcides Rondón, se le acusa de manejar fondos en España procedentes, presuntamente, de sobornos millonarios provenientes, según se ha dicho, de adjudicar contratos estatales en el régimen chavista.

Francisco Jiménez Villarroel se vio involucrado en 2014 en el caso de la empresa china Wison Engineering Services Co., adjudicataria de un contrato por 834 millones de dólares para la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz.

El diario español El País ha informado que Francisco Jiménez manejó tres cuentas en Andorra entre 2010 y 2012 con depósitos que se elevan a nueve millones de dólares.

Entretanto, a Ángel Núñez, quien también se desempeñó como presidente de PDVSA Industrial se lo señaló como integrante clan que fue ganando poder dentro de la industria petrolera y “por haber  ejecutado acciones alejadas del correcto desempeño asociado al verdadero empleado de PDVSA”, reseña el portal RunRun.es.

También se le mezcló en un hecho turbio relacionado con la muerte de Salvador Salazar, gerente de San Tomé, quien denunció la corrupción de su división.

Se comenta que luego de haberse hecho millonario, Ángel Núñez pidió su jubilación, la cual fue igualmente millonaria. Núñez, sin embargo, habría previsto antes de su salida, seguir manteniendo el control en la empresa y para ello transfirió su legado a Alexis Chacón, abogado y primo de Jesse Chacón Escamillo, a quien ubicaron estratégicamente en Pdvsa Servicios Distrito San Tomé.

Luis Pulido formó parte del grupo de funcionarios de PDVSA a los que el expresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, solicitó investigar a la Fiscalía General de la República.

Esta solicitud de  averiguación fue consecuencia de la investigación que la AN realizó sobre PDVSA y la gestión de Rafael Ramírez al frente de la misma.

Pulido fue presidente de la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., (Pdval), empresa propietaria de 130 mil toneladas de alimentos podridos en 2010. Lo detuvieron el 1º de junio de 2010 y meses después fue liberado.

Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, fue detenido por hechos de corrupción, según acusación emitida en su contra por el Ministerio Público.

El dirigente sindical fue acusado de haber cometido hechos ligados a la estafa millonaria de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Por su parte, Orlando Enrique Chacín Castillo, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), fue imputado por el Ministerio Público por supuestamente estar incurso en procesos irregulares para la compra de vehículos en el transcurso de su gestión como director ejecutivo de exploración de PDVSA Oriente.

Chacín Castillo formaría parte del entorno de Eulogio Del Pino.

Pedro Enrique Coronil, presidente de Petropiar fue acusado por el fiscal de la ANC, Tarek William Saab por alterar las cifras de producción de petróleo “empleando agua para disfrazarlas” y así fomentar “proyectos ficticios cotizados con sobreprecio” asegura un reportaje de Efecto Cocuyo.

Sobre Nicolás Veracierta, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional dijo que cuando ejerció como Director Ejecutivo de Finanzas de Pdvsa, emitió el Memorándum DEFIN-2007-038, en el que alertaba del incumplimiento por parte de la contratista en la entrega del taladro, motivo por el que se activarían los mecanismos necesarios para el cobro de las fianzas otorgadas al momento de la firma del contrato. Sin embargo, dicho procedimiento no se llevó a cabo.

El referido memorándum forma parte de un documento confidencial emanado de la Dirección Ejecutiva de Finanzas de Pdvsa, en el que se reflejan gran cantidad de contrariedades, resaltando las modalidades de contratación y las cantidades licitadas cambiaron de forma súbita sin explicación.

Adicionalmente, la Comisión de Contraloría determinó que Construema, S.A, beneficiada por Pdvsa para la adquisición del taladro, subcontrató a su vez a la empresa estadounidense TGS AQUA TECH, INC, por un monto de USD 19.599.000,00; según consta en el contrato de fecha 14 de marzo de 2007, notariado en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos, según se evidencia en la Factura Nro. 1696.

Al hacer el análisis entre ambos contratos se detecta que dicho subcontrato generó una elevada ganancia para Construema, S.A, quien actuando como intermediaria ocasionó un sobreprecio de USD 43.084.035,23 (equivalentes a Bs. 92.630.675.744,50 para esa fecha).

De Armando Giraud Torres, se dice que es el artífice de todas las irregularidades cometidas en PDVSA por parte de Rafael Ramírez.

Giraud Torres fue asistente de la suegra de Ramírez, Hidelgar Sanso cuando esta ejercía como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de donde pasó a ser consultor jurídico de PDVSA.

También formó parte de la junta directiva de Corpoelec y se le señala de dirigir a otro abogado, Alexis Chacón, también integrante de la directiva de Veneziran Oil Company S.A. Fue el abogado de PDVSA Servicios durante la contratación del buque fantasma. Fue además quien cambió las cláusulas del contrato fraudulento del alquiler de la plataforma semisumergible Aban Pearl.

Igualmente fue vicepresidente de CITGO donde perdió el arbitraje de 800 millones dólares.

“Giraud Torres también jugó un papel crucial estando al frente del departamento jurídico de Pdvsa, en el laudo que contra la estatal petrolera entabló la trasnacional canadiense Gold Reserve por 700 millones de dólares. De acuerdo a especialistas y denuncias sobre la materia, la actuación de Giraud fue errada, pues “desatendió sus obligaciones y los múltiples intentos que la empresa canadiense intentó lograr y que habrían representado un acuerdo favorable para Venezuela”. La negativa a firmar un acuerdo temprano con Gold Reserve llevó a Pdvsa a transarse por una cifra superior a los 1.000 millones de dólares incluyendo los intereses. Actualmente, Venezuela ha realizado varios pagos que superan los 200 millones de dólares para cumplir con las condiciones establecidas por el arbitraje”, reseña Vertice News en nota anteriormente citada.

Es esta, pues Veneziran Oil Company S.A., una empresa mixta de un cuestionable origen cuyos beneficios para la nación se desconocen o, por lo menos, se han mantenido ocultos.

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El dólar paralelo se ha convertido en el representante de todos los males del gobierno nacional. Acabar con este mercado especulativo es la promesa que hace el chavismo desde un página web como Dólar Today le marca la pauta económica.

Rayli Lujan / Venezuela Al Día

Con la designación de Rafael Ramírez al frente de la vicepresidencia del Área Económica en 2013, iniciaron las promesas del gobierno de Nicolás Maduro para aniquilar ese fenómeno de crecimiento acelerado del dólar negro, que empezaba a registrarse ese año.

Ramírez, que llegaba a la par de un nuevo sistema de cambio de divisas como el Sicad, incluía en su discurso la “pulverización” del dólar paralelo como meta principal.

“Vamos a pulverizar el dólar paralelo porque debemos defender nuestra economía de estos agentes. Tenemos que dar esta batalla”, exclamaba Ramírez en noviembre de 2013, cuando el dólar negro se cotizaba en 59,52 bolívares.

Y es que Nelson Merentes, el entonces ministro de Finanzas y Economía, ya lo había ordenado en septiembre de ese año, cuando aseguró que el dólar paralelo “perturbaba y colocaba ansiedad” en la sociedad venezolana.

Merentes anunciaba la conjugación de varios instrumentos jurídicos por la Asamblea Nacional para combatir el dólar paralelo. Ello no fue fructífero.

En agosto de 2016, una vez más el gobierno aseguraba que derrotaría a Dólar Today. Incluso, el ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría explicaba como ya había sido supuestamente neutralizado el dólar paralelo.

Faría se regocijaba de haber derrotado a Dólar Today a través de las políticas cambiarias adoptadas por el Ejecutivo.

 “Esa tasa de cambio, la Dicom, se va acercando a Dolar Today. Hemos derrotado a Dolar Today (…) Lo neutralizamos. Ahí si se puede producir un acercamiento importante (…) A mediano plazo tendremos una sola tasa de cambio. Pero por razones sociales, debemos mantener esas dos tasas de cambio”, sentenciaba, sin embargo su proyección no prosperó.

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Faría y Ramírez no fueron los únicos en creer que se aniquilaría al dólar negro con las mismas políticas que venía aplicando la gestión madurista, las que solo registraban en su haber el empobrecimiento de los venezolanos.

Ramón Lobo, designado ministro de Economía en 2017 por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente también indicó en marzo de ese año que el Dicom, con nuevas herramientas incorporadas, sí acabaría de una vez por todas con el dólar.

“Con ese nuevo Dicom, nosotros vamos a derrotar definitivamente este dólar guarimbero que ha sido parte de las dimensiones de ataque a la economía, no solamente a la nacional sino a la familia venezolana: la guerra no convencional, la dimensión política, la dimensión internacional, la dimensión mediática, la dimensión psicológica y la económica”.

Lobo nunca reveló un verdadero plan para combatir lo que el denominaba como un “instrumento de guerra que se ha posicionado sobre lo imaginario”. No supo concretarle a la población las medidas que de impedirían la continuidad del supuesto ataque al sistema cambiario nacional.

Fue entonces cuando el gobierno arropado por una hiperinflación insistía en que el problema en sí era el dólar y por tanto en septiembre de 2017, se dispuso a crear la canasta de monedas.

Era la promesa de acabar con la dependencia del dólar. Maduro aseguraba que con esta canasta, que comprendía el uso de rupias, yuanes, euros y renminbi, entre otras divisas, fortalecería el sistema de captación y distribución de las divisas.

Se trataba de la implementación de un nuevo sistema de pago internacional para “liberar” al país de las “garras del dólar como moneda opresora”.

Nicolás ordena sus prioridades: Pereza mata hambre (Video)

Ese método se hizo esperar. Y fue entonces en febrero de 2018, cuando un segundo nuevo sistema Dicom ejecutaba su primera subasta en euros.

Las expectativas fueron altas hasta el momento en que fue publicada la nueva tasa oficial por euro. 30.987,50 bolívares era el monto que se establecía en un comunicado emitido por el Banco Central de Venezuela, el que además era acompañado por la alarmante información sobre las complicaciones para adjudicar el dinero debido a las sanciones financieras de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos.

Se realizó la segunda subasta y se generó la misma excusa. Mientras tanto, el gobierno intentaba continuar su cruzada contra el dólar y lanzó oficialmente la criptomoneda venezolana, Petro.

La constituyente Keyla de la Rosa, aseguró que tras el lanzamiento del Petro, la muerte del dólar ya había llegado.

“Hago un llamado a nuestros camaradas constituyentistas de que respaldemos este decreto donde le decimos al dólar que hoy murió. Que nos liberamos de él y que vamos a seguir siendo un país soberano e independiente”, dijo.

La muerte real, sin embargo, fue la del bolívar. Desde que iniciaron estas promesas en 2013, el bolívar se ha devaluado en un 99% mientras que el dólar paralelo ha incrementado 380.000%. Las políticas en materia económica y cambiaria no han logrado lo planteado.

La liberación del dólar es la alternativa que expertos han puesto sobre la mesa y que el gobierno se niega a aplicar con tal de mantener su ideología, comprobadamente fracasada.

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La cantante española que saltó a la fama, luego de participar en el programa “Operación Triunfo”  junto a David Bisbal, se dispone a conquistar el mercado americano. “En mi país, algunos de aquel exitoso show como  Chenoa, Rosa López y yo, seguimos siendo muy queridos. Pero también tenemos muchos fans en Latinoamérica y ha sido brutal ,porque lo sentimos a través de las redes sociales”, dijo la artista de visita en Miami.

Luisiana Ríos P./Venezuela al Día

Dieciséis años han pasado desde que la joven andaluza participó en el reality donde demostró sus cualidades artísticas, desde entonces, ya ha sumado cinco producciones discográficas. “Me considero una privilegiada porque vivo de lo que me gusta, haciendo música por tantos años”, comentó.

Además, Fergó ha sido imagen de varias campañas publicitarias y ha  trabajando como actriz destacándose en la serie “Amar en tiempo resueltos” de TVE , “Amores Extremos”así como en la película “La Playa Roja” y el corto  “Náufragos”. “Me encantan las novelas y desde pequeña las veía en España a través de Galavisión, ahora he venido a Estados Unidos, porque quiero más de eso”, confesó Nuria.

Y es que la cantante ya mostraba su talento en la actuación, cuando participó en otro programa de concursos, en donde tenía que presentar en vivo un monólogo cada semana. El  jurado  le permitió permanecer en el programa por seis semanas, “me gusta probar, no me gusta encasillarme y me siento bien con los retos”, aclaró.

Nuria actualmente continúa promocionando  su último single llamado “Cantando bajo la lluvia” y adelanta un proyecto que va a estar sonando en los próximos meses. “Yo compongo, aunque no todos mis discos son escritos por mí, los arreglos los hace otra persona, pero las letras son propias”.

Los misteriosos negocios “invisibles” entre Venezuela e Irán

Su inspiración son hechos reales, dijo Nuria, porque se tiene que descargar de alguna manera.  “Se trata de contar lo que sientes y te ha pasado,  no hace falta inventártelo,  porque a todos nos han ocurrido esas situaciones”, admite la intérprete española.

Aunque sus tres primeros discos fueron de “Flamenquito” y el último un poco mas internacional, ahora Nuria se puede atrever a ritmos más latinos. “Me encanta el reguetón  y  yo estoy abierta a nuevas cosas. Incluso cantar con Maluma, sería una buena mezcla por ejemplo”.

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Investigaciones en dos cortes federales con testigos y evidencias cruciales buscan armar el rompecabezas de la presunta trama de corrupción petrolera vinculada al ex presidente de Pdvsa y ex diplomático Rafael Ramírez, de acuerdo a fuentes federales. Estos son los secretos desconocidos hasta ahora.

Maibort Petit y Casto Ocando / Venezuela Al Día 

El ex presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Rafael Ramírez, actualmente acusado por el gobierno venezolano de malversación de dineros públicos y corrupción, es objeto de al menos dos investigaciones federales en cortes de Nueva York y Texas, todas vinculadas a transacciones relacionadas con la petrolera estatal a través del sistema financiero norteamericano, revelaron fuentes.

Por lo menos una de las investigaciones derivó en una acusación federal formal (indictment), y fue presentado el año pasado ante un Gran Jurado en el Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, de acuerdo a un testigo del proceso, que habló bajo condición de anonimato.

Fiscales federales vinculados a la investigación han recolectado evidencias, grabaciones y testimonios de personas que presuntamente participaron o fueron testigos de transacciones irregulares en las que está implicado Ramírez, indicó por otro lado una segunda fuente, ligada a las indagaciones federales en Nueva York.

De acuerdo a estas fuente, que también pidió el anonimato porque no estaba autorizado formAlmente a declarar oficialmente, existen al menos 6 horas de grabación en dispositivos de seguridad usados por el gobierno de Estados Unidos para generar evidencias “blindadas” que serán usadas en futuros juicios contra el ex zar de Pdvsa y ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Los registros presuntamente prueban que el ex diplomático, actualmente radicado en un lugar no identificado de Europa, violó leyes norteamericanas que penalizan el lavado de dinero procedente de la corrupción.

Las investigaciones están siendo conducidas por un Task Force integrado por fiscales y agentes de varias agencias federales, coordinados por el Departamento de Homeland Security. Las indagaciones avanzan en dos causas por separado ante la Fiscaía del Distrito  Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, y ante el Distrito Sur de Texas, basada en Houston. Ambos casos están centrados en delitos supuestamente cometidos a través de Pdvsa en detrimento del sistema financiero estadounidense durante la presidencia de Ramírez Carreño, que duró más de una década y que concluyó en 2014, cuando fue designado embajador ante la ONU.

Testigo crucial

Varias de las evidencias contra Rafael Ramírez están relacionadas con Rafael Reiter, quien por años fungió como uno de los hombres de mayor confianza que Rafael Ramírez, y que fue jefe del Departamento de Prevención y Control de Pérdidas, la llamada “policía” de Pdvsa.

En el pasado, Reiter fue mencionado en el caso del maletín con $800,000 decomisado en Buenos Aires en 2007 al empresario Alejandro Antonini Wilson, presuntamente dirigido a la entonces candidata presidencial Cristina Kirchner.

Según testimonio del empresario Franklin Durán al FBI, Rafael Reiter habría sido el responsable de cargar e introducir esa maleta al avión que luego hizo la ruta Caracas-Buenos Aires.

De acuerdo al testimonio de Durán, Reiter habría organizado el envío de numerosas maletas repletas de dólares de Pdvsa a fin de apoyar a aliados políticos del chavismo en el continente.

Reiter se encuentra detenido en España junto a otros ex funcionarios acusados en varios casos de corrupción relacionados a Pdvsa, entre ellos Nervis Villalobos Cárdenas, Luis Carlos de León y César Rincón Godoy, este último ya detenido en una prisión en Houston esperando ir a juicio.

Reiter, que contaba con domicilio en la zona de Brickell en el centro de Miami, de acuerdo a registros públicos del condado de Miam-Dade, se estableció posteriormente en España.

Escasez e hiperinflación afecta más a las mujeres venezolanas

Los testimonios y las evidencias suministradas por Reiter contribuyeron a fortalecer las investigaciones contra Rafael Ramírez, y se unieron a otro cúmulo de testimonios y evidencias aportadas por operadores financieros en relación a varios casos de presunta corrupción, indicaron fuentes consultadas.

Otro de los cooperadores en las indagaciones, indicaron las fuentes, fue el ex viceministro Nervis Villalobos, acusado de participar en transacciones financieras de presunto lavado de dinero proveniente de la corrupción en Pdvsa. Villalobos prestó su colaboración al gobierno norteamericano pero decidió salir del país para no declararse contribuyente (taxpayer), evitando así declarar sus bienes y cuentas bancarias en el mundo. Villalobos se mudó de Estados Unidos a España pocos años atrás, y se estableció en Madrid.

La salida de Nervis Villalobos del programa de colaboración federal condujo a que las autoridades estadounidenses ampliaran las investigaciones en su contra. En Octubre del año pasado, la corte federal de Houston envió una orden de captura en su contra al gobierno español, que fue ejecutada por funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España.

Al igual que Rafael Ramírez, Nervis Villalobos se le acusa de haber participado en un esquema de lavado de dinero en conexión con empresas de fachada que simulaban prestar servicios de consultoría de ingeniería y otras áreas a Pdvsa, por lo cual cobraban sumas millonarias. Según las autoridades norteamericanas y españolas, el pago de tales “consultorías” era en realidad parte de un sofisticado sistema de pago de sobornos para obtener y asignar contratos petroleros.

Los sobornos millonarios fueron pagados en parte usando tanto compañías como bancos en Estados Unidos. Los fondos eran a su vez transferidos usando el sistema financiero norteamericano a cuentas bancarias en diferentes paraísos fiscales entre los cuales destacan Panamá, Portugal, Andorra, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Qatar, entre otros.

Los encuentros secretos de Ramírez

Contrario a lo que sostuvo al salir del territorio norteamericano y hacer públicas su aspiración presidencial y su oposición al régimen de Nicolás Maduro, el ex presidente de Pdvsa mantuvo una línea de comunicación abierta con agencias federales que buscaban su colaboración y entrega de información privilegiada, a cambio de beneficios.

Los contactos entre Ramírez y funcionarios de la administración Obama fueron propiciados principalmente cuando Ramírez fue designado embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, a través de los buenos oficios de otro diplomático chavista, Berrnardo Alvarez, ex embajador en Washington y entonces embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo a fuentes familiarizadas con las conversaciones, Ramírez habría manifestado su disposición a cooperar con las autoridades norteamericanas en varias investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero en Pdvsa, a cambio de apoyo de Washington a su candidatura presidencial.

Tanto Ramírez como Alvarez formaban parte de un creciente grupo de chavistas descontentos con el giro de la revolución que estaba dando el gobierno de Nicolás Maduro. El canal de comunicación de Ramírez con Washington culminó tras la repentina muerte de Alvarez, de 60 años, que sufrió un infarto durante una visita suya a Caracas en 2016.

A pesar de que las desaveniencias de Ramírez con el régimen de Maduro venían ocurriendo desde 2013, cuando se oficializó la muerte de Hugo Chávez, el rompimiento de Ramírez se hizo público tras su salida del cargo diplomático en las Naciones Unidas a fines de 2017, y se profundizó cuando el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, arrestó y encausó a varios de sus más cercanos colaboradores, entre ellos Eulogio del Pino, Nelson Martínez, y en especial su primo Diego Salazar, personajes acusados también de corrupción en Venezuela.

Acusado por todos

Rafael Ramírez ha sido acusado de causar pérdidas considerables al patrimonio de Pdvsa, en investigaciones llevadas a cabo en Venezuela tanto por la oposición como por el propio gobierno chavista.

En 2016, una comisión especial de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Freddy Guevara, concluyó en un reporte que Ramírez era el responsable de la desaparición de más de $11,000 millones de forma irregular en Pdvsa. Las evidencias recopiladas en esta investigación realizada por la AN fueron compartidos con el Task Force anticorrupción de Homeland Security en Houston y el fiscal Richard Gregorie en Miami, de acuerdo a uno de los agentes que recibió el dossier de evidencias.

Cuando el informe fue hecho público, el pro-gobierno Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que la investigación de la opositora Asamblea Nacional contra Ramírez era “nula” y “sugirió” tanto a la Fiscalía General como a la Procuraduría establecer si el diputado Guevara debía ser acusado penalmente por haber investigado a Ramírez.

Sin embargo, una vez que el ex embajador en la ONU se convirtió en opositor a Maduro, se convirtió él mismo en blanco de acusaciones oficialistas.

En otra investigación anunciada por Tarek William Saab, Ramírez fue señalado de ser el principal responsable de la desaparición de otros $4,800 millones de Pdvsa, en operaciones presuntamente ilegales realizadas por la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, una oficina creada por Ramírez y basada en Viena, donde está la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En Gaceta Oficial: La escala salarial para empleados y obreros públicos

Según Tarek, esta oficina era manejada por cercanos colaboradores de Ramírez y presuntamente era utilizada para vender cuotas de crudo no declarado.

En su ofensiva contra la Pdvsa de Ramírez, el fiscal constituyentista Saab informó que entre los meses de agosto y diciembre de 2017, su despacho logró la detención de 69 funcionarios implicados en la trama de corrupción petrolera, y recalcó además que hay 18 órdenes de aprehension aún pendientes. “Esto ha sido una lucha estratégica que ha servido para desmantelar mafias que actúan de forma similar a la delincuencia organizada”, dijo Saab.

Ramírez desmiente

Estos periodistas han intentado sin éxito obtener la versión de Ramírez a las denuncias y acusaciones en su contra, incluyendo las indagaciones federales abiertas en Estados Unidos.

En declaraciones públicas, Ramírez ha desmentido todas las acusaciones en su contra, incluyendo el informe de la Comisión de Contraloría de la AN, controlada por la oposición, y las recientes acusaciones de corrupción por parte de Saab.

El ex presidente de Pdvsa se refirió a la investigación de la AN en su contra como una “maniobra” opositora y dijo que respondería oportunidamente a las acusaciones. Sin embargo, hasta ahora no ha hecho pública esa respuesta.

Con respecto a los señalamientos de las irregularidades en la oficina de la petrolera en Viena, Ramírez dijo que “las acusaciones de la Fiscalía no sólo son falsas sino que denotan una tremenda ignorancia del tema. La oficina de Viena (sede de la OPEP) la establecimos para verificar los precios de venta del petróleo venezolano. Señor Fiscal, esa oficina no vende petróleo”, aseguró el ex diplomático a través de su cuenta Twitter.

Ramírez dijo que el único ente que vende petróleo en el país es la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa, una oficina controlada por Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez.

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Cauchos, repuestos y hasta aceites minerales. Todo se encuentra dolarizado en Venezuela. La tasa que establece el mercado paralelo es la que rige la fijación de precios e incluso en ocasiones, es superada.

Rayli Lujan / Venezuela al Día

Las grandes caucheras en Venezuela, como Goodyear o Pirelli, no están importando -por cuenta propia- desde hace al menos 8 meses. “Lo hacen otros, unas tres o cuatro empresas ‘enchufadas’ que luego nos distribuyen a nosotros”, dijo un propietario de una cauchera Goodyear que prefirió resguardar su identidad.

La fuente asegura que la única forma de sobrevivir es cobrar en dólares, abiertamente. Tres ciudadanos que solicitaban presupuesto de cauchos para sus vehículos en ese momento, no parecieron sorprenderse con la información.

“Cada caucho para carro pequeño está en 15.000.000 de bolívares o, si lo prefiere, en 68 dólares”, dijo el hombre a cargo, mientras el propietario del vehículo se mostraba dispuesto a cancelar la alta suma con un solo billete verde.

El sujeto en busca de un caucho hizo una llamada a un familiar, que en menos de una hora llegó al lugar y entregó el billete de 100 dólares al dueño de la cauchera. El vuelto fue entregado en cuestión de segundos.

“Tenemos caja chica en bolívares y en dólares”, dijo el hombre ante la perplejidad de otro usuario, que esperaba por el cambio de cauchos de su vehículo. “En otras caucheras, hasta tienen punto electrónico en dólares. Ya se maneja así. Incluso desde afuera nos contactan por Whatsapp y nos hacen la transferencia en dólares para adquirir los cauchos que necesite un familiar”, contó.

Todo el sector automotriz vive esta realidad. El precio de un aceite para motor de vehículo supera los 2.000.000 de bolívares mientras que el costo de un amortiguador puede oscilar entre los 9.000.000 y los 24.000.000 de bolívares, que al cambio paralelo equivaldría a 114 dólares.

“Para adquirir un repuesto, la gente suele cambiar sus ahorros en dólares y como la liquidez monetaria nacional no es tan alta, ya resulta mejor pagar en dólares de una vez”, dijo el encargado de la cauchera.

Indica que estas transacciones que abarcan toda la venta y compra de autopartes comienzan a extenderse en todo el país en los diversos mercados. Restaurantes, transporte aéreo y hasta el sector salud.

Motivos principales de las protestas en el 2018: Salud, hambre y trabajo (Informe) https://t.co/rQrjVNR4zJ pic.twitter.com/UV91KfZjHv

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Al ser consultado sobre la cercanía y la confianza que debe existir entre el comprador y el vendedor para este tipo de negocios en un país donde el control de cambio es una traba, sostiene que la situación ha llevado a que cada venezolano acceda sin mayores protocolos, simplemente depositando toda su confianza en el otro ante la urgencia que se le presenta.

La producción de vehículos en Venezuela que se ha visto cercenada por la crisis, también palea la situación con un nuevo esquema alternativo para la autogeneración de dólares.

Ford Motors, con aprobación del gobierno, obtiene a través de su red de concesionarios, los fondos en divisas necesarios para colocar los pedidos del material de ensamblaje importado para vehículos y así poder fabricar en Venezuela, incorporándoles el contenido local, los cuales serían vendidos a los compradores finales bajo un esquema mixto que permita a los concesionarios recuperar su inversión.

En los últimos dos años, la empresa Toyota también ha aplicado esta alternativa de venta al público en dólares y bolívares.

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En agosto de 2017, el gobierno de Estados Unidos firmó por primera vez una orden ejecutiva en la que se imponían sanciones financieras contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Rayli Lujan / Venezuela al Día

La orden firmada por el presidente Donald Trump que declaraba la prohibición de acceso a créditos y la prohibición de convertibilidad de los bonos venezolanos en la bolsa de valores de EEUU, buscaba presionar al gobierno a implementar decisiones políticas que contribuyeran a generar confianza en inversionistas y en organismos internacionales.

El gobierno venezolano, cuyos funcionarios también sumaban sanciones individuales por violaciones a los derechos humanos, vio en esta medida estadounidense la excusa perfecta para atribuir la crisis de alimentos y medicinas que alcanzaría niveles preocupantes en los siguientes meses.

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez estrenaba su cargo, culpando al gobierno de EEUU por la escasez de comida. “Teniendo nosotros barcos en la costa cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero contra el país”, denunció en aquella oportunidad.

Tres días después, Rusia envió 30 toneladas de trigo. El gobierno de Maduro aseguró que el cargamento formaba parte de un plan de abastecimiento de esa materia prima pactado con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien se mostraba solidario con Venezuela por el “bloqueo financiero”.

En diciembre de 2017, ya las sanciones parecían haber quedado atrás y el “sabotaje internacional” se convertía en la nueva excusa del chavismo para explicar la falta de perniles prometidos por el Estado en las cajas Clap.

Sin embargo, resultaba curioso que a principios del mes más esperado por todos los venezolanos, habían arribado al puerto de La Guaira 2.000 toneladas de pernil contra el pronóstico de las “sanciones”.

Y es que los buques en tránsito con alimentos y medicinas ya amenazaban con dar un duro golpe al discurso gubernamental. En enero de 2018, en medio de todo el alboroto armado por el gobierno nacional sobre “complicaciones a raíz de las sanciones impuestas por EEUU” para el pago de los euros adjudicados en subastas de Dicom, llegaban al país 1.500 contenedores llenos de combos Clap.

Florida aprueba ley que prohíbe al estado hacer negocios con gobierno venezolano https://t.co/BMTXQ6Ua13

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) March 8, 2018

De acuerdo a Freddy Bernal, secretario nacional de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fueron 2 millones 200 mil cajas, procedentes de más de 42 buques que llegaron a Venezuela para proporcionar alimentos a la población.

Superando las “sanciones” a las que tanta referencia hacía el gobierno, llegó también materia prima para ser distribuidos a industriales y a los ciudadanos para abastecer el mercado público y privado.

En las próximas semanas, se espera la llegada de los buques petroleros Cape Talana, Front Thor y Mathraki, provenientes de Estados Unidos, principal país acusado de la supuesta “guerra económica” en Venezuela.

¿Cómo era posible? En el comunicado emitido por la Casa Blanca, se dejaba claro que “para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano”, el Departamento del Tesoro emitiría licencias generales que permitieran transacciones que de otra manera estarían prohibidas por la orden ejecutiva.

El párrafo fue omitido por el gobierno madurista a conveniencia, sin embargo el aumento de las exportaciones de crudo venezolano a EEUU que entraron por el puerto de Louisiana Offshore Oil Port en 2017 dio esa primera señal.

Un material publicado en el portal Platts reveló que la disminución de las importaciones de crudo de Arabia Saudita debido a los recortes de la producción de la OPEP en crudos ácidos, triplicó el envío de barriles de petróleo de Venezuela a EEUU en 2017, pese a las amenazas de la administración de Trump.

La realidad deja al descubierto el discurso político del chavismo nuevamente. La teoría del bloqueo financiero producto de las sanciones estadounidenses se vio superada. Y es que si bien las sanciones intentaban limitar económicamente a Maduro, también buscaban cómo llevarlo a cabo sin afectar a terceros, incluyendo a los venezolanos.

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Los trámites del Saime se han convertido en el “pan de cada día” entre los venezolanos que gestionan su salida del país. Sin embargo, el proceso tiene sus altos y bajos. Lo que pareciera sencillo se ha convertido para algunos en una pesadilla.

Raylí Luján/Venezuela al Día

Venezuela al Día salió a la calle para conocer las experiencias en primera persona. Como era de esperarse, las opiniones son tan diversas como los motivos de los venezolanos para decidir si se quedan o se van.

El escandaloso monto que piden los supuestos “gestores” por una cita para apostillar

No nada más es el precio, el cual ha venido en aumento durante el último año, sino también la agilización del Pasaporte Express y las fallas que se presentan a diario en la plataforma del organismo público.

En el siguiente video se muestran algunas de las impresiones conseguidas. Y usted, ¿cómo califica el trámite del Saime?

Venezuela Al Día salió a la calle a preguntarle a los ciudadanos que están en diligencias para tramitar pasaporte, qué opinaban tanto del precio como de la plataforma. Video @RayliLujan pic.twitter.com/tQFE34AeuH

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Alejandro Rebolledo, abogado especialista en prevención del crimen organizado, logró después de 24 horas y 40 minutos, adjudicarse el récord mundial Guinness con la clase magistral más extensa sobre prevención del crimen organizado transnacional. “Lo más importante es saber que esto lo hicimos pensando en Venezuela”, dijo el penalista a Venezuela al Día desde Miami.

Luisiana Ríos P./Venezuela al Día

Para lograr este récord, Rebolledo permaneció hablando ininterrumpidamente de los delitos transnacionales diversificados más peligrosos, desde las 10 de la mañana de jueves 8 de marzo, hasta el viernes 9 de marzo a las 10:40 am.

Alejandro Rebolledo, abogado especialista en prevención del crimen organizado, logró después de 24 horas y 40 minutos, adjudicarse el récord mundial Guinness con la clase magistral más extensa sobre prevención del crimen organizado transnacional. pic.twitter.com/mejtUml3ts

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La adjudicadora oficial de los Guinness, avaló y certificó que Alejandro Rebolledo cumplió con todos los requisitos que se necesitaban, para ser merecedor del importante reconocimiento, el cual incorpora ahora su nombre al afamado libro de los récords mundiales. “El podía cada sesenta minutos comer algo, pero cada hora debía contestar cuatro preguntas a los asistentes. Contó con la presencia de diez estudiantes fijos, quienes permanecieron durante las 24 horas en el auditorio”.

El delito organizado más frecuente en Venezuela

La sede del Miami Dade College fue el el lugar desde donde se transmitió en vivo el cumplimiento de este nuevo récord, en presencia de periodistas, estudiantes de derecho, personalidades académicas y otros juristas venezolanos, quienes forman parte del Tribunal Supremo De Justicia nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela.

“Cuando le solicitamos establecer esta marca a los Guinness lo hicimos para llamar la atención de millones de personas en el mundo sobre lo que ocurre en Venezuela y en otros países”, dijo Rebolledo.

El abogado contó con la supervisión de un personal médico, quienes tres semanas antes del evento, lo asistieron diseñándole una dieta alta en proteínas, vegetales y carbohidratos buenos. También fueron necesarios sueros multivitamínicos para mantener su cuerpo estable durante la hazaña.

El comisionado de Miami Jose “Pepe” Díaz entregó un reconocimiento al abogado por su esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado, el cual según dijo ha afectado la comunidad estadounidense. También el cónsul de Israel en Miami Lior Haiat, alabó y se interesó en el récord  hecho por Rebolledo ,dado el apoyo que algunos países del continente dan a los grupos terroristas afectando a su país y el mundo.

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Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los Estados Unidos contra la empresa Petróleos de Venezuela por delitos de corrupción y lavado de dinero provenientes de la industria criminal.

Por Maibort Petit/Venezuela al Día

La demanda civil interpuesta en una corte federal de Miami por un fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, creado por el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP en Nueva York, y que busca encausar a más de 40 personas naturales y jurídicas por presuntos delitos de corrupción en la estatal petrolera, ha generado preocupación entre la comunidad venezolana residenciada en el Sur de la Florida. Esta acción legal fue dada a conocer el 5 de marzo de 2018. Se supo a través de una decisión de un juez, que el documento original de esta causa -que permanecía sellado- fue enmendado por el demandante y que “la nueva versión de la querella tiene una gran probabilidad de éxito contra los acusados”.

La demanda busca resarcir daños causados por la supuesta conducta criminal de los demandados al patrimonio de Petróleos de Venezuela. La aspiración del demandante es cobrar al menos 10 billones de dólares, y otras ganancias extras por las pérdidas que tuvo la empresa estatal  durante la conspiración que alcanza 14 años.

De acuerdo a los papeles oficiales, PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso establecido Nueva York para investigar y buscar acciones contra los demandados en la referida querella representada por el mencionado bufete de abogados.

Dudas de algunos venezolanos

“Una de las preguntas que surgieron en relación a este litigio fue la naturaleza del fondo de fideicomiso y el beneficiario del mismo, ya que hasta ahora no se han dado a conocer las pruebas que confirmen que la acción legal fue emprendida por PDVSA. De hecho, una lectura del documento deja dudas sobre quién es el querellante”, asegura el economista y empresario, Federico Alves, quien además señala que “existe ambigüedad en el recurso cuyo fondo tiene previsto investigar a través de los órganos competentes para tal fin. Mi posición es que en el documento no dice que PDVSA es parte querellante, por ello debe haber una acción por parte de la comunidad venezolana exiliada para formar parte de la demanda y de los posibles beneficios”, acotó.

Los procesos secretos de Rafael Ramírez en USA
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— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) March 10, 2018

Alves aseguró que no podría aceptarse un escenario en el cual los abogados de la firma Boies puedan obtener como lucro sumas millonarias en dólares de unos recursos robados al erario público de Venezuela y que pertenece a los venezolanos. “Esto luce como otra estafa más y por ello hay que investigar al fondo el fideicomiso recién creado para este proceso en particular”.

Alves señaló que  emprenderá acciones y solicitará a la corte -este lunes 12 de marzo de 2018- un Amicus curiae, que es un recurso utilizado por terceros -ajenos a un litigio- que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

La información proporcionada en un Amicus curiae  puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, entregada al arbitrio del respectivo tribunal.

Alves quiere que se determine con certeza quiénes son los que están detrás de la querella que podría recuperar billones de dólares. “La idea es que esos recursos puedan ser usados para atender las enormes necesidades de las víctimas del régimen de Maduro”, dijo el empresario quien trabaja voluntariamente en beneficio de los exiliados venezolanos en el exterior.

Por su parte, el abogado criminalista, Carlos Pérez dijo que de no existir una relación real entre PDVSA y el fideicomiso debe actuarse rápidamente, porque “se podría estar frente a una usurpación de identidad, lo cual sin duda constituye un delito federal”. No obstante, admitió que en la evidencias que soportan la querella debe estar el documento del constitución del fondo y el mandato de PDVSA.

Boies aclara 

Las dudas sobre este aspecto fueron disipadas en una entrevista hecha por el periodista Steve Bodzin al jefe de la firma de abogados que lleva a la demanda, Davis Boies, publicada en REDD LATAM. En las declaraciones, el jurista  aseguró  que PDVSA US Litigation Trust tiene “vida propia” y que dicho mandato fue constituido por PDVSA. En la misma declaración, Boies dijo que “el fideicomiso está -en efecto- presentando el caso en nombre de PDVSA”.

Boies dijo a Bodzin que “los actuales gerentes de PDVSA no podrán parar el proceso iniciado por el fideicomiso porque solamente el fideicomiso como tal puede terminar o llegar a un arreglo en esta acción legal”. El abogado aseguró que buscan una compensación por “10 billones de dólares más el pago triple por daños sobre algunos de los reclamos, incluyendo aquellos que alegan conducta de crimen organizado de los acusados”. Asimismo, afirmó que “el beneficiario de este caso -si hay alguna ganancia- será PDVSA Casa Matriz en Caracas y que el fideicomiso recogerá el dinero y lo mantendrá en custodia para ser entregado a PDVSA”.

Un dato interesante que suministró Boies a Bodzin es que ninguno de los acreedores de PDVSA puede intentar cobrar sus deudas a través del fideicomiso porque “es una entidad legal que tiene la capacidad de mantener los fondos en su custodia”. Esto indica que el fondo se creo en función de proteger los dineros recaudados en la querella de las múltiples acciones legales que existen contra PDVSA en los Estados Unidos por deudas y pagos caídos, incluyendo a los tenedores de bonos soberanos y de PDVSA.

Ante la posibilidad que haya un ganador en el litigio, el beneficiario  éste tendrá que esperar que las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra el régimen de Venezuela sean derogadas para apoderarse de los fondos, lo cual se produciría solamente cuando haya un cambio político en el país, según lo advirtió la administración Trump en recientes declaraciones.

Rumores de venganza 

Una vez se conoció la existencia de la demanda, varias fuentes señalaron que la acción respondía a una vieja venganza por asuntos no zanjados entre el empresario Wilmer Ruperti y uno de los principales demandados Francisco Morillo, quienes se conocen desde hace más de dos décadas, y entre quienes hubo una estrecha relación que condujo que Morillo ocupara posiciones privilegiadas en Trafigure de Venezuela, (una de las casas comerciales y de logística independientes más importantes del mundo que en 2017 logró ganancias por más de 136.4 billones de dólares), de la cual Ruperti era representante en la época.

Según la fuente, Francisco Morillo -quien posee nacionalidad venezolana y francesa- tenía 26 años cuando empezó a trabajar con Ruperti. Para ese entonces, Morillo lograba una cantidad de negocios importantes en el área petrolera y de energía para Trafigura que lo retribuía con un porcentaje de los montos ganados en la negociación, pero no lo suficientemente altos para mantener al operador satisfecho. Las diferencias entre Ruperti y Morillo por los porcentajes que aspiraba ganar el hoy demandado fue la aparente razón por la cual se produjo la ruptura de la relación comercial y de amistad  y que conllevó una dura pelea que se mantiene hasta el presente.

Tras romper con Ruperti, Morillo empezó su propio negocio. Según la demanda civil, Morillo creo un supuesto esquema de corrupción en el que logró incorporar a varias trasnacionales de energía y a través del cual los participantes consiguieron presuntamente  ganar enormes dividendos a a costa de las pérdidas de la petrolera venezolana.

Los analistas que sostienen que Wilmer Ruperti estaría detrás de esta acción civil del fideicomiso de PDVSA contra más de 40 demandados se basan en cuatro aspectos: 1) La vieja y dura pelea entre Ruperti y Morillo; 2) La relación de la esposa de Morillo, Vanessa Acosta Friedman con Ruperti -tras haber formado parte del entorno del empresario chavista por algunos años; 3) la relación de Ruperti con el escritorio jurídico Boies Schiller Flexner LLP y 4) la estrecha relación que existe entre Ruperti y la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro.

Esta tesis no se ha logrado confirmar.

La testigo estrella 

En el recurso enmendado se lee que la esposa de Morillo, Vanessa Acosta  Friedman jugó un papel importante para que se conociera la trama. Acosta Friedman documentó los negocios ilegales de su exmarido con pruebas fehacientes obtenidas de la computadora de Morillo, cuyo disco duro -al parecer- fue copiado por la mujer.

Acosta Friedman estuvo casada con Morillo desde 2005 hasta el 2012, cuando se concluyó legalmente la unión matrimonial. En la prensa local se informaba que había grandes diferencias políticas entre la pareja. Morillo era un hombre cercano al gobierno de Hugo Chávez y Maduro, mientras que Acosta Friedman era opositora. El 30 de Julio de 2012 la pareja se divorció formalmente. Entre los alegatos presentados, Acosta Friedman acusó a Morillo de ser un hombre violento, a tales extremos que en 2010, la mujer interpuso una acción legal contra Morillo por los delitos de violencia física y violencia psicológica, según consta en el caso  Nro. CA-877-10 VCM del tribunal de la causa en Caracas.

En reciente entrevista al diario El Nuevo Herald, Acosta Friedman fue más allá en sus acusaciones y aseguró que Morillo además de violento, estaría vinculado presuntamente a delitos de narcotráfico.

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— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) March 11, 2018

Una fuente vinculada al caso y que declaró en condición de anonimato aseguró que la ex-esposa de Morillo -quien tiene la ciudadanía estadounidense- se presentó en Miami con las evidencias que probaban la participación de su ex-conjugue en un presunto esquema de corrupción que implicaba a varios funcionarios de PDVSA y a una serie de empresas transnacionales, algunas de las cuales tienen sede en los Estados Unidos de América. Acosta Friedman ofreció en venta el paquete de información privilegiada a varias personas, incluyendo a Wilmer Ruperti y hasta intermediarios del gobierno norteamericano.

El valor probatorio de las evidencias extraídas del computador de Morillo sirvieron para que la investigación de realizará y se concretara una acción legal que podría arrojar ganancias multimillonarias. Ahora, Acosta Friedman será testigo “estrella” en el juicio que se realizará si no se llega a un acuerdo satisfactorio entre las partes.

El vicepresidente 

El la demanda civil contra los dos ex-contratistas de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero y otros acusados de haber participado en el presunto esquema de corrupción, aparece mencionado  como recibidor de coimas el actual vicepresidente ejecutivo de Comercialización de PDVSA, Ysmel Serrano, quien es uno de los hombres más cercanos del actual vicepresidente de la república, Tareck El Aissami.

Vale la pena aclarar que Serrano no forma parte de los individuos acusados en la demanda sino que es únicamente mencionado entre el grupo de empleados que supuestamente fueron sobornados por los acusados. Hasta el cierre de esta nota Serrano ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de comercialización de Pdvsa.

Entre los aspectos que llaman la atención sobre este funcionario está el hecho que el mismo fue designado -brevemente- presidente de PDVSA por el vicepresidente El Aissami a mediados del mes de febrero. Dicha decisión fue revocada por el presidente Nicolás Maduro casi de inmediato con una orden de ratificación en el cargo del general Manuel Quevedo.

Fuentes asegura que existe una pelea  por el poder entre El Aissami y el general Quevedo, la cual se agudizó en la tercera semana de febrero cuando agentes del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela (SEBIN)  arrestaron a otros hombres cercanos al actual vicepresidente de la república, entre ellos, Raúl Antonio Ojeda Rondón quien se desempeñaba como presidente de la CVP.

Tras la pelea y los arresto de los aliados de El Aissami, Ysmel Serrano estuvo ausente de su despacho por una semana y se reincorporó a sus actividades como vicepresidente de Comercialización el mismo día que se dio a conocer la demanda civil de PDVSA US Litigation Trust en Miami. Fuentes informaron que desde el jueves 8 de marzo la comunicación entre Serrano y Quevedo está limitada a los asuntos relacionados con el trabajo.

Cortina de humo o mera coincidencia

Resulta interesante que esta querella fuera dada a conocer en la misma semana que fuentes confidenciales habían anunciado que estallaría un enorme caso criminal que involucra a varios funcionarios y operadores financieros ligados al gobierno de Venezuela y que es el resultado de una larga investigación federal sobre corrupción masiva y lavado de dinero que -por los montos- superaría con creces el caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato en Brasil.

La artimaña del régimen para evitar renuncias masivas en Pdvsa https://t.co/6cfwXHgr9I pic.twitter.com/7dZX93mXpK

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) March 11, 2018

Algunas fuentes se extrañaron que la acción civil objeto de esta nota periodística y que como dijimos fue interpuesta por el fondo de fideicomiso de PDVSA, se filtrara a la prensa un día antes de estallar el escándalo de corrupción y blanqueo masivo de capitales que incluye a varios operadores financieros y funcionarios chavistas y que hasta ahora tiene a un muy importante testigo estrella.

En el ambiente judicial las especulaciones sobre este asunto están en su nivel más alto.

El caso

En la presentación de la querella se lee que los acusados supuestamente usaron mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr ocultar el esquema de corrupción por más de 14 años. Sin embargo, como resultado de una investigación intensiva por parte de abogados e  investigadores en los Estados Unidos, Venezuela y Europa se logró descubrir la naturaleza criminal de los acusados. Igual se señala que PDVSA US Litigation Trust se formó el 27 de julio de 2017 con el objetivo específico, entre otras cosas, de la recuperación de los activos que se recobren de la acción judicial.

El litigio dice que uno de los investigadores que participó en la averiguación de la conspiración fue John Brennan, jefe ejecutivo de Brennan Group LLC con sede en New Scotland Yard.

El juez federal del estado de la Florida, Darrin P. Gayles levantó el sello que mantenía oculta esta demanda civil contra más de 40 acusados. La querella enmendada sostiene que los demandados pusieron en marcha un plan desde el año 2004, que les permitió ganar billones de dólares que significaron pérdidas enormes para Petróleos de Venezuela.

Según los documentos legales, los acusados constituyeron un esquema para fijar precios, licitar ofertas y eliminar la competencia, así como también para robar información clasificada de la petrolera mediante la clonación de los servidores de la compañía. Los principales acusados son dos ex contratistas de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero quienes habrían unido esfuerzo con empresas e individuos para desfalcar a la empresa petrolera a través de prácticas corruptas. En la querella aparecen 19 cargos contra los demandados que son los siguientes:

Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K, Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V, Vitol Energy(Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC, Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, María Fernanda Rodríguez,Helsinge Holding LLC, Helsinge INC, Helsinge LTD, Saint-Helier, Waltrop Consultant C.A, Godelheim INC¿ Hornberg INC, Societe Doberam N, S.A, Scorte Hedisson S.A, Scorte Hellin S.A, Glencore de Venezuela C.A, Jehu Holding INC, Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca, Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega, Antonio Maarraoui, Campo Elias Páez, Paul Rosado, BAC Florida Bank (propiedad del empresario nicaragüense Carlos Pellas Chamorro),  EFG International  A.G y Blue International Bank (Propiedad del banquero venezolano Nelson Mezerhane).

La conspiración

En mayo de 2001, los acusados Morillo y Baquero crearon una compañía en Venezuela denominada Waltrop Consultant con el objetivo de prestar servicio de inteligencia al mercado de energía, pero especialmente, a PDVSA.

Según la querella, en el año 2004, Morillo y Baquero establecieron en Panamá la empresa consultora, Helsinge Inc., que poseía sucursales en Miami, Ginebra y la isla británica de Jersey. Los abogados señalan en la demanda que dicha firma fue el vehículo por el cual algunos de los principales clientes y proveedores de PDVSA lograron conocer en primera línea información privilegiada sobre las licitaciones de PDVSA para la venta de sus exportaciones de petróleo, al igual que la compra productos para refinar hidrocarburos con el que Venezuela refina su crudo pesado.

En más de 60 páginas, la parte acusadora relata que Morillo y Baquero contrataron a un experto IT de Pdvsa, Luis Liendo (alias el Nerd) quien fue trasladado a Miami para realizar la clonación del servidor de PDVSA en unas computadoras pertenecientes a los acusados. Con ese procedimiento se le daría acceso en tiempo real a los contratistas y sus clientes, que conocerían antes que otros competidores, la información de las licitaciones.

Las empresas de energía a las que le entregaron el acceso a la data clasificada de PDVSA y que participaron en el esquema de corrupción pagando una cuota mensual y sobornos incluyen:

(1)Lukoil Pan Americas LLC;

(2)Lukoil Petroleum Ltd.;

(3)Colonial Oi1 lndustries,Inc.;

(4)Colonial Group,lnc.,

(5)Glencore Ltd.’

(6)Glencore Intemational, A.G.;(

7) Glencore Energy U.K Ltd

(8 ) Masefield A .G.;

 9 ) Trafigura A .G.;

(10 ) Trafigura Trading LLC

(11)Trafigura Beheer B.V.;

(12)Vitol Energy (Bermudas) Ltd.;

(13)Vitol S.A.

(14)Vitol, lnc.

Trafigura Trading LLC tenía como ejecutivos senior a  Maximiliano Poveda, José Larocca y Andrew Summers.

Glencore tenía como ejecutivos a Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón y Sergio de La Vega.

Vitol (Latinoamérica y el Caribe), Antonio Maarraoui

Colonial Group, Paul Rosado

Helsinge y las compañías que pagaban sobornos usaron los siguientes bancos:

BAC Florida Bank, Blue Bank International N.V (Curazao), EFG International A.G (Florida), Credit Suisse(Suiza).

Los funcionarios de PDVSA que recibieron sobornos según la demanda son: Rene Hecker, Gerente de Negocios del Departamento de Comercialización en 2013, Marco Malavé, jefe del Departamento de Comercialización (2012-2017), Edgar García un gerente comercial en PDVSA, carga y transporte en 2008 e Ysmel Serrano, vice presidente de Comercialización de PDVSA.

La mencionada firma no estaba autorizada para contratar directamente con la petrolera venezolana, por lo que trabajaba con terceros para lograr su cometido. Dice la demanda que los acusados cobraban mensualmente a las empresas que participaron en la conspiración entre 15 mil y 150 mil dólares, aunado a un porcentaje por barril de petróleo o del producto que iban por el orden de $0.22.

Decide el juez

Tras el levantamiento del sello, el tribunal acordó en una audiencia celebrada el 5 de marzo de 2018, la primera decisión sobre el caso que solicitaba una Orden de Restricción Temporal y la Orden Preliminar Judicial y de Servicio Retrasado.

Un documento señala que la corte “revisó la Moción y escuchó los argumentos de las partes y acordó aprobar una parte y negar algunos aspectos de la solicitud”.

La corte explica que para obtener una orden de restricción temporal, un solicitante debe demostrar: “(1) una probabilidad sustancial de éxito en cuanto al fondo; (2) que se sufrirá un daño irreparable si no se concede la reparación; (3) que la lesión amenazada es mayor que el daño que el alivio infligiría al no movante; y (4) que la entrada del alivio serviría al interés público.

Según la moción “existe un alto riesgo que los demandados destruirán o transferirán registros electrónicos y segregarán activos, lo que frustrará la capacidad del Demandante de obtener el máximo alivio que busca”.

El demandante pide lo siguiente:

(1) la confiscación de todos los dispositivos electrónicos y registros de seis ubicaciones en Miami, con la ayuda de la policía;

(2) una congelación de activos; y

(3) una orden de preservar documentos.

El Tribunal determinó que  PDVSA US Litigation Trust no cumplió  con su obligación de demostrar que la incautación o congelación de activos está garantizada.

El documento explica que la parte demandante busca una orden del tribunal “que permita la incautación inmediata de copia, imágenes, descarga y / o clonación de los registros electrónicos y en papel de los Demandados que contengan información robada de PDVSA y que evidencia la [presunta] conspiración criminal.

El demandante solicitó al tribunal que emita una orden de embargo que cubra todas las computadoras, servidores, discos duros, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, registros, datos, información y medios electrónicos de toda clase de los demandados de seis ubicaciones diferentes en Miami.

En relación a la petición de congelar los bienes de los demandados, incluyendo una orden que impida que los acusados y los bancos a través de los cuales canalizaron los fondos, transferir o disipar cualquier activo bajo su control en los EE. UU. y  en el extranjero, el juez advirtió que dicha solicitud es “demasiado amplia y el Tribunal no está dispuesto a autorizarla y a obligar a las fuerzas del orden público a ayudar en la tarea”.

La moción alega que los activos en cuestión son pagos realizados por terceros a los demandados del Grupo Morillo en cumplimiento de un plan para estafar al demandante. En ese sentido, el juez aseguró que una congelación de activos éstas circunstancias no están justificadas.

El demandante también pidió la conservación de la prueba, por ello buscaron una orden judicial “que impida a los acusados destruyan registros relacionados con sus negocios o con PDVSA”. Esta parte de la moción fue aprobada por el juez debido a que consideró “verdaderos los hechos alegados en la Demanda Modificada y que el Demandante tiene una gran probabilidad de éxito contra estos acusados”.

El juez ordenó a los demandados: Francisco Morillo; Leonardo Baquero; Daniel Lutz; Luis Liendo; John Ryan; Helsinge Holdings, LLC;

Helsinge, Inc .; Helsinge Ltd. Saint-Hélier; Waltrop Consultants, C.A .; Godelheim, Inc .; Hornberg, Inc .; Societe Doberan, S.A .; Société Hedisson, S.A .; Societe Hellin, S.A .; Glencore de Venezuela, C.A. y Jehu Holding, Inc. (en adelante, “Demandados del Grupo Morillo”), a sus funcionarios, agentes, empleados y cualquier persona en concierto activo o participación con ellos quedan temporalmente restringidos y se les ordena que no pueden eliminen, alienen, destruyan, alterando, ocultando, mutilando, borrando, ocultando, transfiriendo o de lo contrario eliminando cualquiera de sus registros, documentos, comunicaciones o notas, ya sea en forma electrónica o impresa, en relación con a. Petróleos de Venezuela S.A. (“PDSVA”).

El juez ordenó además que deben mantenerse intactos los activos o las finanzas de los demandados del Grupo Morillo; cualquier negocio operado por los acusados o cualquier negocio operado por cualquier otra persona relacionado con la compra, venta, transferencia, transporte o adquisición de cualquier producto o subproducto de petróleo, aditivos o productos o materiales relacionados con la producción de productos derivados del petróleo, pendiente de la entrada de una orden en la moción del Demandante para una orden judicial preliminar en este documento.

El magistrado ordenó a la parte acusadora depositar una fianza o un cheque certificado o de caja por la cantidad de $ 10,000.00, dentro de los cinco (5) días siguientes a la Orden, como garantía del pago de daños y perjuicios a los que puedan tener derecho los Demandados del Grupo Morillo por mandato injusto o restricción.

El demandante deberá entregar esta Orden y los documentos en los que se concede a todos los Demandados dentro de los siete (7) días posteriores a la presentación de esta Orden.

Los Demandados tendrán hasta el 16 de marzo de 2018 para presentar y entregar los documentos que respondan a la moción del Demandante.

Gayles dijo que se celebrará una audiencia sobre la petición del Demandante para un Interdicto Preliminar el 19 de marzo de 2018 a las 9:30 a.m.

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Dicen que la necesidad tiene cara de perro. Ana María, de 25 años de edad, lo pudo certificar cuando la compra de pañales y leche -siendo una madre soltera- le tocó la puerta.

Raylí Luján/Venezuela al Día

Luego de perder su trabajo en una empresa de cobro de ticket de estacionamientos en Cabimas, estado Zulia, hace dos años, Ana María (nombre que usaremos para resguardar su identidad) atravesó momentos difíciles para recuperarse económicamente.

En aquel momento, en la “ciudad de la maraña”, como ella le llama a Cabimas, se desarrollaba un método efectivo para ganar dinero fácil. La joven desesperaba decidió aventurarse y conocer más el.

“Estaba de moda clonar tarjetas y con un bloqueador IP hacer compras en tiendas por internet con tarjetas de otros países. Conocí mucha gente que lo hacía aquí y el Cicpc estaba muy involucrado con eso, los conocían, saben que generaban bastante dinero y por lo general vivían sacándoles dinero a los marañeros de aquí”, comenta Ana María, quien no pudo adentrarse en el negocio debido a que disminuyó por la atención que dieron las empresas de envíos a estas estafas.

Luego de este primer intento fallido para producir dinero de forma rápida y efectiva, Ana María escuchó sobre una nueva modalidad. “La peluca”, le dicen.

“Crean perfiles falsos, con fotos de mujeres de aquí de Venezuela, de la misma ciudad de Cabimas, voluptuosas, bonitas, llamativas, provocativas, hacen perfil de Facebook, se agregan entre ellos mismos, se hacen comentarios y luego se empiezan a agregar en grupos de otros países, mas que todo Perú, Panamá, Ecuador . Empiezan a conversar con los hombres y estos les empiezan a pedir desnudos (fotos) y ellos lo cambian por dinero”, explica.

La joven madre se defiende bajo la premisa de que todos lo hacen. “Yo soy sola con mi bebé y la necesidad me hizo contactar a un amigo que estaba haciendo la estafa y le pregunte como hacía. Yo no tenia teléfono pero él me dijo que con una computadora, aunque era mas difícil, también podía hacerlo”, apunta.

Ana María asegura que no estaba convencida de acceder a vender su cuerpo “gráficamente”, sin embargo el joven al que contactó, le habría insistido mostrándole algunas fotos de una vecina que se había mudado a Colombia y permitió que él utilizará sus fotos en un perfil falso para ganar dinero.

“Él le dijo: ‘Voy a hablar con hombres y cuando ellos me envíen dinero, te doy una parte a ti, lo único que tienes que hacer es que cuando yo pida las fotos me las tienes que pasar’. Ella encantada, accedió. Yo si no está muy convencida de hacer eso”, resalta Ana María, quien se dispuso a otro tipo de negocio.

Sin darse por vencida, ingresó a una página de citas por internet, cambiando su ubicación y el método de “pedir dinero”.

“Los hombres me empezaron a preguntar y no tenía corazón para estafarlos y decirles mentiras, entonces les explicaba que me había conectado solo para conocer gente y para que me ayudaran. A raíz de eso, hice tres amigos y esas tres personas me ayudaron en su momento, me enviaron dólares por Western Union y en su momento, me ayudó mucho”, cuenta.

No imaginas los montos: Puntos de venta se cotizan en dólares ante escasez de efectivo https://t.co/67jVngLsMl pic.twitter.com/lJ1oHJxx89

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) March 15, 2018

Ana María vio una oportunidad de “trabajo”, sin embargo la urgencia de adquirir alimentos para ella y su bebé le impidió continuar.

“A raíz de eso, pensé que podía hacerlo con todos, pero ya luego me quede sin equipos, porque tuve que venderlos y estoy totalmente desempleada”, señala, al resaltar que el negocio de “enviar nudes por dólares” sigue repuntando en esta y otras zonas del país, lo que la tienta a profundizar en esta material.

“Las mujeres si lo hacen con sus propios perfiles, los hombres usan falsos. Es humillante pero la necesidad lleva a tantas cosas que desespera. A veces te quieres conectar para pedir ayuda pero la gente no entiende y enviando los desnudos, aunque no me he atrevido a hacerlo como tal, puede ser rentable. Puedes ganarte hasta 500$ con un solo hombre. Es por eso, que estoy pensando seriamente ponerme la peluca”, acota.

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Tras convertirse en un portal web de noticias referente en el país, Venezuela Al Día ha dado un paso al frente y en alianza con el canal Venezolanos por la Información ( VPItv ) estrenó programa de investigación que se compromete a ofrecerle a sus seguidores un trabajo con información veraz.

El programa “Venezuela Al Día” abordará distintos temas de interés nacional contada por sus propios protagonistas. En esta primera entrega, VAD y VPItv colocan sobre la mesa un tema que se ha convertido en un dolor de cabeza para los venezolanos en los últimos años: ¿Cómo es el proceso para tramitar un pasaporte en Venezuela?

Además de la opinión de ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país, “Venezuela Al Día” toca la puerta a autoridades del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime).

¿Es la plataforma del Saime eficiente?, ¿Han logrado satisfacer las medidas impuestas para tramitar el pasaporte express?, ¿Es justificado el incremento de los costos? Todo esto y más será respondido en esta primera entrega.

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Las negociaciones irregulares de la plataforma de perforación y el banco taladro que operarían en el Proyecto Mariscal Sucre enmarcado en el Plan Siembra Petrolera 2008-2013 no fueron hechos anónimos. Detrás de estos fraudes a la nación y, especialmente, al patrimonio de Petróleos de Venezuela, S.A., figuran un conjunto de personas responsables de tales atentados al erario público venezolano, muchos más de los que el fiscal general designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, pretende hacer pasar como únicos culpables.

Por Maibort Petit

Por la contratación de alquiler de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn suscrita por PDVSA Servicios, S.A. con la empresa PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd., por un monto de por 1 mil 302 millones 645 mil 907 dólares con 86 centavos (USD 1.302.645.907,86), por un período de 2.557 días (7 años), considerado lesivo para el patrimonio de Petróleos de Venezuela, S.A. por el fiscal general de la república designado irregularmente por la Asamblea Nacional Constituyente irrita, Tarek William Saab, emitió órdenes de aprehensión contra seis directivos de la filial de la principal empresa del país.

Señaló Saab el 5 de diciembre de 2017 cuando hizo el anuncio de su decisión, que con el contrato de arrendamiento del buque taladro se afectó enormemente el patrimonio de la petrolera nacional y por ello su despacho instruyó al Fiscal 67 nacional para que se encargara del caso y este libró las órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de Control en contra de quien para la fecha de la contratación estaba a cargo de la presidencia de PDVSA Servicios, a saber, Romer Antonio Valdez Prieto. Igualmente se pidió la detención de los directores de la filial para el momento, Jesús Figueroa, Lionel Valdez, Adelso Molero, Elías Beltrán Roa, así como de quien figuró como secretario accidental de la junta directiva de la misma empresa, Rafael Rodríguez.

El titular del Ministerio Público afirmó que el alquiler del taladro por un monto milmillonario se aprobó pese a tratarse simplemente de chatarra que nunca llevó a cabo labores costa afuera pues siempre estuvo detenido en puerto. Sostuvo que los imputados informaron “falsamente” sobre las características del barco propiedad de la compañía Petrosaudi Oil Services Limited que debía prestar sus servicios en la explotación de gas Costa Afuera en el contexto del Proyecto Mariscal Sucre.

Tarek William Saab calificó los contratos como los “más leoninos y corruptos en la historia de PDVSA” y agregó que pese al nombre de la empresa Petrosaudi Oil Services Limited, esta no era más que una compañía de papel constituida en Barbados y sin historial de trabajos en perforación Costa Afuera. Precisó que el contrato se adjudicó de manera directa, sin licitación y “sin estudiar otras ofertas”, con lo cual el negocio se hizo “en términos escandalosamente perjudiciales para PDVSA”.

Del mismo modo se refirió al tiempo de duración del contrato, siete años, cuando lo normal es que su vigencia sea de tres años, con el agravante de que el estado venezolano pagó un precio exorbitante por un barco que se mantuvo inoperativo el 60 por ciento del tiempo.

Resumió que desde la fecha de la negociación en 2010, la petrolera estatal venezolana había pagado USD 461.000 diarios por los supuestos servicios prestados por el Petrosaudi Saturn, cuando internacionalmente el costo de alquiler de mejores embarcaciones de alta tecnología no superan una tasa diaria de 350.000 dólares y uno igual a la Sogna Saturn en buen estado no cobra más de 170.000 dólares diarios.

En apariencia estábamos frente a una acción de justicia que buscaba castigar a los culpables de semejante afrenta contra el erario público venezolano. Pero, ¿era realmente así? ¿Eran los imputados los auténticos responsables de la negociación o, por lo menos, eran los únicos? Las investigaciones periodísticas que hemos llevado a cabo señalan que no. Ver aquí detalles: http://maibortpetit.blogspot.com/2018/03/expediente-completo-las-irregularidades.html

Veamos a unos y a otros.

Romer Valdez

El portal Poderopedia nos informa que es ingeniero y que al 4 de febrero de 2015 se desempeñaba como director regional del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. Se refiere a su historial e indica que para el 2009 fue gerente general de PDVSA Occidente, en el estado Zulia. Se trata de una persona que cercana a José Luis Parada, director ejecutivo de Exploración y Producción de PDVSA Occidente quien fue arrestado en febrero de 2015 por presuntos hechos de corrupción y de quien hablaremos más adelante.

En fecha 15 de marzo de 2010 una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Servicios, S.A., sustituyó a José Luis Parada, quien para el momento se desempeñaba como presidente de la filial de PDVSA casa matriz para designar a Romer Antonio Valdez Prieto.

Para el mes de abril de 2015 se le mencionó entre las personas que por sus vinculaciones con José Luis Parada y su trama de corrupción, según refiere el periodista Darwin Chávez en su columna verdades y rumores.

El Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas-Juzgado Décimo en Funciones de Control Estadal, a cargo de la juez Josepline Flores Algarín, admitió el 20 de septiembre de 2017, una querella interpuesta por la Procuraduría General de la República, actuando en nombre de esta el abogado Rafael Antonio Osío Tovar en contra de Valdez y los directores de la empresa PDVSA Servicios Jesús Figueroa, Leonel Valdez, Adelso Molero y Elías Roa, así como contra Rafael Rodríguez, asesor legal de PDVSA cuya relación contractual con la estatal petrolera no es del todo clara.

La acusación de la Procuraduría General de la República contra Valdez y sus compañeros de directiva fue por Peculado y Falsa Alegación, previstos y sancionados en los artículos 52 y 58 de la Ley contra la Corrupción. A Rafael Rodríguez también se le imputó por Tráfico de Influencias, sancionado en el artículo 71 de la citada Ley contra la Corrupción.

La razón de la querella, señala una nota de Venezuela al día, se debe a que los acusados contrataron el 30 de septiembre de 2010 con la empresa Petrosaudi Oil Services LTD, POS, en condiciones altamente perjudiciales a los intereses de la nación.

Posteriormente, el 19 de julio de 2017 la Procuraduría General República Bolivariana de Venezuela solicitó al tribunal desestimar la querella en contra de Romer Antonio Valdez Prieto, en razón a haber manifestado este su disposición a colaborar y esclarecer los hechos. Este desistimiento parcial dejó a Valdez libre de cualquier imputación que guarde relación con los hechos expuestos en la querella.

Valdez, de tránsito en Houston, Estados Unidos, envió un poder debidamente apostillado ante las autoridades estadounidenses en el que faculta a los abogados José Antonio Bonvicini Rua, Luis Armando Carcia Sanjuan, Daniel Iglesias y Luis Manuel García González, para que “conjunta o separadamente, sostengan, representen y defiendan mis derechos e intereses, en todos los asuntos judiciales, administrativos, penales, civiles y extrajudiciales donde sea parte o tenga interés, por ante los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio Público, Órganos de Investigación Penal, así como cualquier ente público o privado”.

La firma de Valdez figura en el Acto Motivado que PDVSA Servicios remitió el 8 de junio de 2010 a la junta directiva de PDVSA para dar a conocer la decisión de la presidencia de la filial de proceder a la “Contratación Directa del servicio ‘Suministro y operación de unidad de perforación costa afuera’, bajo la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76, numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas, por un periodo de ejecución de Setecientos Treinta (730) días continuos, y un monto estimado de aproximadamente Dos Mil Doscientos Diez Millones de Bolívares Fuertes (Bs F. 2.210.000.000,00)”.

Valdez dirigió la supuesta reunión de la junta directiva de PDVSA Servicios que el 31 de agosto de 2010 que aprobó la contratación del Petrosaudi Saturn, cuya acta es similar a la aprobada por PDVSA el 21 de agosto del mismo año. Ningún documento de la casa matriz hace referencia a dicha asamblea de la filial de la petrolera que tomó tan importante decisión.

Jesús Figueroa

Ingeniero Mecánico egresado de Universidad de Oriente en 1989. En su cuenta en la red Linkedin se define como experto en construcción de pozos, producción y mejoramiento de crudo pesado y extra pesado.

Además de figurar en la querella que la Procuraduría General de la República presentó en contra de los directivos de PDVSA Servicios en 2010 cuando esta empresa contrató el alquiler del barco fantasma, Figueroa fue acusado por el Ministerio Público en diciembre de 2017 por el mismo caso.

La Fiscalía General de la República en manos de Tarek William Saab también lo señaló y ordenó su detención por haber cometido irregularidades durante su gestión como presidente de Petrocedeño al haber designado al Gerente General de esa empresa, Oswaldo Arrioja, quien estaría facultado para firmar documentos en su nombre, informó el portal RunRun.es.

Figueroa también fue presidente de Petromonagas.

Ejerció la presidencia de PDVSA Servicios desde el 27 de diciembre de 2007 cuando se formalizó ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del estado Bolivariano de Miranda la inscripción del Registro de Comercio y Estatutos de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA Servicios, S.A., el cual quedó asentado bajo en N° 29, Tomo 265-A-Sdo y con el número de expediente 689260.

Para el 2 de febrero de 2009, la Asamblea de Accionistas de PDVSA Servicios S.A. lo sustituyó, junto a los directores Carlos Valles, José Flores y Manuel González, por José Luis Parada, quien se mantuvo en el ese cargo hasta el 15 de marzo de 2010 cuando fue destituido y sustituido por Romer Antonio Valdez Prieto. Al salir de la presidencia de la filial, Figueroa pasó a formar parte del staff de directores.

Se dice que la decisión de destituir a Figueroa de la presidencia fue por recomendación a Rafael Ramírez —para entonces presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo— de José Luis Parada. A partir de ese momento habrían comenzado los problemas en la filial que hasta entonces había vendo operando satisfactoriamente.

Leonel Valdez

Acerca de Leonel Euclides Valdez Cuellar no son muchos los datos de que se cuenta. Solamente de que figuraba como director de PDVSA Servicios para el momento de la contratación del barco fantasma. Formó parte de los acusados en la querella de la Procuraduría General de la República contra los directivos de la filial por la contratación de la Sogna Saturn.

En 2002 se desempeñó como gerente de la división Costa Occidental del Lago.

Adelso Molero

Adelso Molero certificó como director de PDVSA Servicios la autenticidad de las copias fotostáticas del acta de asamblea de esa filial del 15 de marzo de 2010 en la cual se designó a los miembros de la junta directiva de la empresa, con la cual se avaló la decisión de aprobar el contrato de alquiler del Petrosaudi Saturn. Del mismo modo certificó la autenticidad de la copia de los estatutos de la empresa.

También certificó que de acuerdo a los asientos existentes en el Libro de Accionistas de PDVSA Servicios, a la fecha de la certificación la única propietaria de las acciones de la filial es Petróleos de Venezuela, S.A.

Igualmente certificó la autenticidad de la copia fotostática del acta de reunión de junta directiva de PDVSA Servicios del 31 de agosto de 2010 en la cual se aprobaron los términos del contrato entre PDVSA Servicios y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) LTD.

Adelso Molero, a lo largo del proceso de negociaciones entre PDVSA Servicios y POS, emitió una serie de informes y pronunciamientos que sirvieron de aval a la negociación de la Sogna Saturn.

En la misma columna de opinión del periodista Darwin Chávez citada líneas arriba, este refirió que a Adelso Molero supuestamente “lo sacaron de la gerencia de PDVSA Occidente y lo jubilaron desde hace dos semanas [abril 2015]. Al parecer en los próximos días comenzarán a poner presos a varios gerentes de primera línea, para luego botar a trabajadores también implicados en irregularidades. Lo malo es que aprovecharán la razzia anticorrupción, para sacar a trabajadores que no están metidos en asuntos oscuros, pero son incómodos para el gobierno”.

Una información que llama la atención puesto que sólo había sido designado en el puesto dos meses antes, como lo refiere Panorama el 4 de febrero de 2015. Molero había sustituido a José Luis Parada en la dirección general de PDVSA Occidente, quien ocupó el cargo desde marzo de 2014. Antes de esta posición, Molero fue director adjunto de Producción Occidente desde principios de 2014.

Elías Beltrán Roa

Director de PDVSA Servicios desde la constitución de la empresa y a la fecha de la contratación del Petrosaudi Saturn.

En su portal de la red Linkedin se define como un ingeniero Geofísico egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, en 1990, con 24 años de experiencia combinada, tanto operativa, técnica y gerencial en proyectos de adquisición, procesamiento e interpretación sísmica para la empresa petrolera nacional Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

En la industria petrolera se ha desempeñado Geofísico de operaciones de campo, Intérprete Geofísico de Áreas, Coordinador de proyectos de exploración, Geofísico Gerente Corporativo, Gerente General de Geofísica y Geodesia.

Forma parte de los acusados en la querella de la Procuraduría contra los directivos que aprobaron la contratación del Petrosaudí Saturn y de los acusados por el fiscal Saab por el mismo caso.

Rafael Rodríguez Sánchez

En las reuniones de asamblea de PDVSA Servicios que en las que se discutió aprobó la contratación del Petrosaudi Saturn figura como invitado especial a quien se designó como secretario accidental de la junta directiva de la referida filial a pesar de que no tenía facultades para ello.

Al él se hace referencia como asesor Legal de PDVSA pese a que este no es un cargo que se encuentre contemplado dentro de la organización de la empresa pero que, al parecer, le ha rendido grandes réditos pues su opinión parece ser de imprescindible consulta en la petrolera.

En la querella que la Procuraduría General de la República presentó ante Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas-Juzgado Décimo en Funciones de Control Estadal se lo acusó de Tráfico de Influencias, un delito del que también se hizo eco el fiscal Tarek William Saab.

La Procuraduría al referirse a este asesor de PDVSA en su acusación indicó que “La influencia de Rodríguez se hizo sentir sobre estos sujetos, en particular, sobre la junta directiva quienes activamente decidieron acoger sus malos consejos olvidando sus deberes objetivos como funcionarios públicos, motivo por el cual podemos considerar cumplido otro de las extremos requeridos por el tipo penal. La influencia, como va se explicó, se concretó cuando Rodríguez consiguió convencer a la junta directiva de PDV de firmar el contrato 4600036377, siendo que, cegado por la prepotencia, la arrogancia y la codicia, hizo ver su nombre para que se conociera su participación en estos hechos no existiendo ninguna razón técnica o jurídica que justificase su presencia en la firma del dicho instrumento”.

La presencia de Rafael Rodríguez es común casi siempre que la petrolera estatal negocia y suscribe contratos que no siempre están claros.

José Luis Parada

Ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Los Andes en el año 1989, promoción en la que también figuró Rafael Ramírez.

Ingresó a la industria petrolera en como técnico regional de hidrocarburos y a partir de entonces ocupó varias posiciones, entre ellas director general de Fiscalización e Inspección y director principal de Carbozulia, subgerente Operativo de Exploración y Producción Occidente, gerente general de Exploración y Producción Occidente, director ejecutivo de Producción, de Exploración y Producción Intevep, de PDV Servicios de Salud y de PDVSA Servicios. También presidió el Consejo Directivo de Desarrollos Urbanos, S.A. (Ducolsa) y fue director de Bariven.

Fue director ejecutivo de Exploración y Producción de PDVSA Occidente, cargo que desempeñó por segunda vez desde el 24 de marzo de 2014 y que había ocupado anteriormente en 2007.

Empleados de PDVSA en Anzoátegui lo denunciaron en 2013 de presuntamente cometer actos de corrupción en contrataciones a nombre de la estatal petrolera con empresas extranjeras.

En el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Maracaibo se han recibido varias denuncias acusando a Parada de estar implicado en los asesinatos de cinco extrabajadores de PDVSA quienes los habían señalado de controlar a los contratistas.

La Disip detuvo a José Luis Parada en noviembre de 2009 junto a otros tres gerentes de PDVSA acusados de corrupción y extorsión, pero salió en libertad plena.

Nuevamente fue aprehendido el 2 de febrero de 2015 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, en la base aérea del estado Zulia antes de abordar un avión.

El 4 de octubre de 2016 se dio a conocer su fuga. Se presume que está en Canadá.

Respecto al caso que no ocupa, el 2 de febrero de 2009, una Asamblea Extraordinaria de Accionista s de PDVSA Servicios, S.A. sustituyó a Jesús Figueroa de la presidencia de la filial, así como también a los directores Carlos, José Flores y Manuel González. En lugar de Figueroa fue designado José Luis Parada como presidente de PDVSA Servicios.

De la presidencia de PDVSA Servicios, Parada salió el 15 de marzo de 2010 cuando una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de esa filial lo sustituyó por Romer Antonio Valdez Prieto.

El 5 de abril de 2010, el citado Romer Valdez de acuerdo a lo acordado por el Comité Ejecutivo de Petróleos de Venezuela, S.A en su reunión N° 2010-03 de fecha 30 de junio de 2010, en nombre de PDVSA Servicios, S.A. confirió un “Poder Especial pero amplio y bastante en cuanto a derecho se requiere al ciudadano José Luis Parada, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V 9.260.454, en su carácter de Director Ejecutivo de Producción de PDVSA Exploración y Producción, para que realice y ejecute todas las actividades y medidas necesarias y tendentes a incrementar la producción nacional de hidrocarburos, debiendo encuadrar las mismas dentro de la delegación financiera otorgada para tales efectos, la cual se extiende hasta por el monto de CIENTO CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs F. 140.000.000,00). En ejercicio de este poder, queda el prenombrado apoderado plenamente facultado para suscribir y administrar contratos para servicios de construcción y mantenimiento de pozos petroleros, con operaciones de taladros, cabilleros, unidades de servicios; promover y realizar actividades de rehabilitación de pozos, actividades menores de unidades de tubería continua, estimulación, cambio de métodos, captura de datos en subsuelo. perforación direccional, registros eléctricos, suministro de fluidos, apoyo logístico, guaya fina, alquiler, pesca, cañoneo, control de sólidos, productos químicos y servicios de cementación, además de mantenimiento y reparación de equipos propios. tecnologías emergentes: Aprobar las estrategias de contratación y administración de los contratos de todas las actividades inherentes a la construcción y mantenimiento de pozos (servicios a pozos, taladros, cabilleros, unidades de servicio) en el marco de la renegociación o negociación de tarifas: Aprobar la compra de partes, piezas, repuestos y todos los productos necesarios para la continuidad de las operaciones en la construcción y mantenimiento de pozos; y en fin, realizar y ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimien
to del objetivo planteado dentro del marco corporativo establecido, considerando que las facultades aquí conferidas son enunciativas y no limitativas”.

Con este poder se facultaba a Parada para realizar todas las diligencias relativas al contrato de arrendamiento del Petrosaudi Saturn.

El 23 de septiembre de 2010, una reunión extraordinaria de la Asamblea de PDVSA Servicios, de conformidad con lo acordado por el Comité Ejecutivo de Petróleos de Venezuela, S.A. en la reunión 2010-05 el 31 de agosto de 2010, sustituyó a la directiva vigente para la fecha desde el 15 de marzo de 2010. Salía así Valdez de la presidencia de la filial y se designaba en ese cargo a Eulogio Del Pino. Como directores quedaron Ricardo Coronado, Orlando Chacín, Víctor Aular y el propio José Luis Parada que a hora pasaba a ocupar esta posición en la directiva.

José Luis Parada con poderes especiales para la contratación emitió una comunicación desde Maturín el 4 de Octubre de 2010 dirigida a Petrosaudi Oil Services (Venezuela), LTD., a la atención de David Wells, en la que notificaba a la compañía que había sido favorecida con la Adjudicación del proceso de selección bajo la modalidad de Contratación Directa N° 1300160798/6600043509, denominado “Suministro y Operación de Unidad de Perforación Costa Afuera”, según Articulo 76 Numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas; por un monto de USD 1.302,645.907,86, por un tiempo estimado de ejecución de 2.557 días (7 años), con un aporte al Fondo Social de 5 por ciento.

A pesar de haber ostentado esta responsabilidad, José Luis Parada no figura entre los acusados, ni por la Procuraduría General de la República, ni por la Fiscalía en manos de Tarek William Saab.

Alexis Chacón Molinet (Intocable)

Aunque el fiscal de la ANC, Tarek William Saab, no lo menciona entre los imputados, nuestras investigaciones y documentos encontrados nos han llevado a determinar que esta abogado tendría una alta cuota de responsabilidad en la contratación de la unidad semi-sumergible Aban Pearl para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera 2010-2018, con que se benefició a la empresa Petromarine Energy Services LTD.

Una comunicación privada que circuló en el mes de febrero de 2009 en PDVSA Servicios y que está en nuestro poder, deja claro que Chacín, en su carácter de consultor jurídico, estaba encargado de la contratación.

Esto se infiere por una comunicación remitida por Marsela Isea, quien fungía para la fecha como asistente del gerente de Control y Seguimiento y director ejecutivo de Producción, José Luis Parada, donde informa que Alexis Chacón sería la persona encargada del contrato de la gabarra, cuyo alquiler produjo un severo daño a las arcas de PDVSA.

En el correo que Isea dirigió con copia a Orlando Guevara, Alberto Gil, Jovanny Martínez, José Luis Parada, Tatiana Valbuena y Glisory Morillo bajo el asunto titulado: “Urgente Lineamientos y disposiciones varias”, da a conocer a los rectores del mensaje que “por órdenes de José Luis Parada quedaban suspendidas las aprobaciones y autorizaciones para el inicio del proceso de contratación y otorgamiento de Buena Pro u otorgamiento de adjudicaciones para la contratación de obras, bienes y servicios que lleve adelante PDVSA Servicios independientemente del nivel de la Delegación Financiera”.

Agrega la comunicación que “oportunamente el Sr. Parada dirigirá instrucciones sobre esta materia y la reactivación de las acciones administrativas para los contratos que se encuentran en la etapa de inicio de o adjudicaciones (buena pro)”.

Igualmente, Marisela Isea refiere en correo separado que “el abogado Alexis Chacón les estará remitiendo formato para la actualización de la Base de Datos de los contratos y procesos vigentes o vencidos de PDVSA Servicios”.

En otra nota, Isea advierte que “por instrucciones del ingeniero José Luis Parada, el contrato N- 4600027051 perteneciente a la contratación directa denominado: Suministro y Operación de la unidad semi-sumergible Aban Pearl, para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera 2010-2018, otorgado a la empresa Petromarine Energy Services LTD, el mismo debe ser excluido de dicho formato, el cual, únicamente será responsabilidad del abogado Alexis Chacón y de la Consultoría Jurídica a su cargo”.

La comunicación llevaba como anexos los formatos referidos a la composición y actuación de las comunicaciones de contratación (mayor o menor) en funcionamiento para le fecha en PDVSA Servicios a nivel nacional.

Marisela Isea agradeció en nombre de José Luis Parada, a los funcionarios a quien dirigió la comunicación, la colaboración en la completación de dichos formatos para el viernes 13 de febrero de 2009 en horas de la mañana.

Advirtió que “el abogado Alexis Chacón tiene la responsabilidad de la consolidación de esta información y se encuentra a la orden para aclarar o ampliar cualquier información adicional que requieran (Indicador CHACONAD) extensión telefónica 66441 – 0214- 2336102”.

Alexis Chacón le salió al paso a la información que señalaba como responsable del contrato del Aban Pearl con un mensaje emitido a través de su cuenta en la red social Twitter en el que aseguró que no es culpable, al tiempo que agregó que José Luis Parada lo obligó hacer cambios en el contrato bajo amenaza de ser despedido.

La justicia venezolana a caro de Tarek William Saab tampoco hace señalamiento alguno contra Chacón.

Los intocables

Aunque la selectiva justicia aplicada por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, no hace mención de ellos, es obvio que al no poseer la junta directiva de PDVSA Servicios el Nivel de Autoridad Administrativa y Financiera (NAAF), para aprobar ese tipo de contratación por el monto involucrado en la misma, es el la directiva de Petróleos de Venezuela, S.A., casa matriz, sobre quien recae la responsabilidad de la contratación irregular.

Para la fecha en que se produjo la negociación del arrendamiento del Petrosaudi Saturn, a saber, agosto de 2010, la junta directiva de PDVSA estaba integrada por Ramírez Carreño (presidente), Asdrúbal Chávez (vicepresidente), Eulogio Del Pino (vicepresidente). Como directores internos figuraban: Hercilio Rivas, Eudomario Carruyo, Carlos Vallejo, Ricardo Coronado, Luis Pulido, Fadi Kabboul. Eran directores externos: Iván Orellana y Aref Eduardo Richany.

Fueron estas personas quienes el 31 de agosto 2010 decidieron restructurar la junta directiva de PDVSA Servicios y nombraron a Eulogio Del Pino (Vicepresidente de PDVSA) como presidente de la filial. En reunión sostenida el día 23 de septiembre 2010, la asamblea de accionistas de PDVSA Servicios autenticó dicho nombramiento.

Esta misma directiva, a la que se suma José Luis Parada como director ejecutivo de producción es la responsable en el caso del Aban Pearl, hasta ahora ignorado por el fiscal Saab.

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Tras la toma de posesión del mandatario de Perú Martín Vizcarra, se está a la expectativa de la posición del nuevo gobierno ante la tentativa presencia de Nicolás Maduro, en la Cumbre de las Américas el próximo 13 de abril. El consultor Henry Rafael del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, dijo en una entrevista para Venezuela al Día, que “Martín Vizcarra continuará la política internacional de PPK respecto a Venezuela, pero no va a ser la primordial, ni la número uno”, del mandatario peruano.

Por Luisiana Ríos P./ Venezuela al Día

Pregunta: ¿Cuál es la lectura que tiene del discurso del Presidente Marín Vizcarra durante su juramentación?

Respuesta: Su discurso no tuvo mayor crítica, porque anunció cosas muy puntuales como la renovación total y completa de su gabinete, con lo que demuestra que va asumir un nuevo gobierno que no es la continuidad de PPK. El segundo mensaje es que va a pedir y trabajará, para que la confrontación política que ha llevado al desenlace que hoy tenemos, no continué. Ha exigido a los partidos políticos que se respete la investidura de los poderes públicos, como el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Ha insistido en la necesidad de inyectar la economía para dinamizarla, porque estaba paralizada y luchar contra la corrupción, que es el tema principal que nos ha llevado a esta situación, para finalmente generar una política de confianza de servicio al ciudadano. Ha sido muy enfático, corto y directo, en un mensaje que no duró más de 20 minutos, lo que creo que además sorprendió a los peruanos, quienes estamos acostumbrados a largos y tediosos discursos. Ahora se espera que se tome unos cinco o diez días para juramentar el nuevo gabinete de ministros.

P: El tema de Venezuela podría no ser la prioridad en estos momentos, pero la Cumbre de las Américas está ya por realizarse. ¿Cuál podría ser la posición del presidente en este asunto tras la polémica surgida con Nicolas Maduro?

R: Aquí se habla que continuará todo igual y podría adelantar que lo único que va a continuar Vizcarra como política de gobierno, es la exterior. Eso quiere decir que se va a continuar con el apoyo a los venezolanos, en cuanto al refugio y trabajo que están teniendo aquí en Perú, siendo uno de los países que les abrió todas las puertas a muchos venezolanos. Además, creo que vamos a tener la posición de exigir que Maduro no llegue al Perú.

P: ¿Quién podría ser el vocero de esta política frente a Venezuela?

R: Yo creo que el mismo Presidente Martín Vizcarra, va a tener que tomar una decisión en esa materia pronto, pues está ya en puertas la Cumbre de las Américas. Además, se necesita tener claridad con respecto a la postura de los presidentes, por lo que pensaría que hasta el lunes o en las próximas horas, el mandatario debe estar enviando un mensaje a la comunidad internacional. El ya dio un mensaje de confianza a los peruanos, hay un clima de tranquilidad y estabilidad política, pero ahora toca dar un mensaje al mundo y al sistema interamericano. Yo creo que ya debe estar preparando este lineamiento e insisto que debe ser la misma política frente a Venezuela, porque es el trabajo que se ha venido desarrollando de manera muy profesional aquí en el Perú.

P: ¿Podría Vizcarra asumir una posición como la de PPK , de ser también un promotor de un frente contra el gobierno de Maduro?

R: La posición de PPK no era lo que el Perú estaba buscando, como una suerte de liderazgo frente al tema de Venezuela, creo que Perú ahora tiene varios elementos que liderar sobre la comunidad internacional. Sin embargo, Vizcarra no va a cambiar la política frente a Venezuela y va a continuar brindando estabilidad y seguridad a los venezolanos que viven en el Perú. Estoy absolutamente seguro que va anunciar que Maduro no es bienvenido en Perú, pero dudo que en la política internacional, vaya a ser Venezuela el número uno en su agenda internacional. Probablemente va a variar más hacia temas de cooperación económica, que benefician directamente a Perú. Entonces la gran diferencia, es que mientras PPK hizo el tema Venezuela lo primordial en su agenda, lo que va hacer Martín Vizcarra es continuar la política internacional de PPK respecto al gobierno chavista.

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43 funcionarios policiales que renuncian en menos de un mes parece ser una cifra alarmante. Se queda corta cuando se compara con los 1.359 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que han pedido la baja en un año.

Raylí Luján/Venezuela al Día

Bajos salarios, emigración y temor a ser asesinados son los principales factores por los que miembros de los distintos cuerpos policiales del país abandonan sus carreras de forma abrupta.

La PNB, las policías estadales y municipales enfrentan diariamente esta situación. Luis Godoy, director de la Policía de Chacao revela que de 1.350 funcionarios con los que contaba este cuerpo en 2003, solo quedan 435 en funciones.

En los años 2003, 2004 y 2005, la Policía de Chacao desplegaba entre 350 y 400 funcionarios en las calles del municipio. Actualmente, solo 85 funcionarios representan el pie de fuerza en el turno matutino mientras que 15 se encuentran activos durante la noche.

“En 2017 se presentaron 187 renuncias, en los primeros tres meses de 2018 van 43. El 95% de estas renuncias se dan por los salarios y el 30% de esos funcionarios aseguran que se van del país”, explica Godoy.

Asegura que el 65% de los policías que piden la baja en el cuerpo de seguridad municipal de Chacao, se dedican a otros trabajos de seguridad como vigilancia o escoltas.

“Son ocupaciones con mejores ingresos”, apunta Godoy, al recordar que el salario base de un oficial que esté ingresando a la fuerza puede estar rondando los 500 mil bolívares, sin contar con el retraso que pueda haber por la falta de recursos para nivelar los aumentos anunciados por el gobierno.

También existen otros casos como reposos extensos por enfermedades crónicas y destituciones por faltas graves como homicidios o hurtos. En Chacao durante 2017 fueron destituidos 13 y en lo que va de 2018, han sido expulsados 9.

El miedo es otro factor en la lista de retiros que manejan las directivas policiales. “No todos los funcionarios lo dicen, pero sabemos de algunos que se retiran por el temor de ser atacados en las zonas populares donde residen, simplemente por ser policías”, indica el comisario Godoy.

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El director de la policía municipal de El Hatillo, Javier Gorriño aunque no atribuye esta teoría a los pocos casos de renuncias que se han presentado en el cuerpo policial de este municipio, si coincide en que las condiciones de vida en Venezuela son una de las principales causas.

“Las condiciones de vida no dan, la mayoría se va del país y es que ningún salario aguanta. Hemos tenido muchos retiros, sin embargo hemos logrado atajar la situación con una política de incentivo y bonos de producción”, expresa Gorriño.

¿Qué dice el gobierno central sobre la huida de funcionarios?

Polichacao y otros cuerpos policiales municipales y estadales se han encargado de notificar las alarmantes cifras de bajas policiales al gobierno central. No es un secreto para ellos pues también se han visto afectados en la PNB y el Cicpc.

“Están muy preocupados, sabes que es por los bajos salarios y a medida de que la inflación aumente, esta situación empeorará”, dice el director de Polichacao, al informar que tras una reunión con el viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), se acordó enviar en los próximos días una relación con los números de renuncias y los planes para facilitar nuevos ingresos.

Crece la inseguridad

El comisario Godoy asegura que el aumento de la inseguridad es directamente proporcional a las bajas que se den en las policías del país, sin embargo expone que en el municipio Chacao han logrado disminuir los delitos con el apoyo de las campañas vecinales.

“En medio de la coyuntura y los pocos oficiales que tenemos al servicio de la comunidad, los habitantes han creado campañas que nos han permitido controlar el delito. No obstante, los niveles de inseguridad son tan altos que parece imperceptible esta reducción”, agrega.

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Un documento emanado del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra que se está en nuestro poder, revela como Diego Salazar y otros altos personeros del oficialismo —entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías Luces— estaban siendo investigados por blanqueo de capitales valiéndose para ello del establecimiento de un sistema que obligaba a empresas al pago de jugosas comisiones para verse beneficiadas con contratos de PDVSA y sus filiales. De este modo, a través de cuentas de los señalados y de sociedades panameñas por ellos controladas ingresaron a la BPA más de dos mil millones de euros.

Maibort Petit / Venezuela Al Día

Amante del vino Pomerol Petrus de 1990 cuyo precio es 5.560 euros la botella, decidió adquirir en diciembre de 2012, 694 unidades del néctar y otras selectas bebidas como Dom Perignon que lo harían extender un pago a favor de Lavinia, en el bulevar de la Madelaine de París, por 493.573 euros. Otras menudencias, como compras en joyerías por tres millones de euros, dos millones en obras de arte, más de medio por alquiler de helicópteros, caviar, jamón, delicatesen, formar su propia orquesta y grabar un disco dada su afición por cantar aunque posea pocos atributos para hacerlo. Comprar por 3,4 millones de euros un centenar de relojes Rolex y Cartier. Pasión y gusto por la buena vida, los placeres y las excentricidades que terminaron delatándolo: una propina de 99 mil euros obsequiada al “concierge” —empleado hotelero encargado de complacer a los clientes— del hotel Crillón en París y que habría llevado a éste a declararla a sus jefes y a estos, a su vez, a referir el hecho a los entes fiscales, encendió las alarmas y dirigió las miradas escrutadoras de las autoridades financieras galas hacia Diego Salazar Carreño.

Las averiguaciones llevaron a que la Banca Privada de Andotrra, BPA, por orden judicial, congelara el 5 de diciembre de 2012, una de las cuentas que Diego Salazar mantenía en esa entidad. Estados Unidos a través de acciones del FBI, fiscales de Miami y Nueva York, había iniciado la investigación y logró rastrear los fondos irregulares de Salazar desde cuentas de empresas de maletín de Belice y Panamá.

En Venezuela, el 1° de diciembre de 2017, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, había sido detenido por su presunta vinculación al conocido caso de blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra. Quien pasara de ser un modesto vendedor de seguros a un multimillonario egocéntrico fue imputado por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

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Saab también anunció que las investigaciones que adelanta su despacho guardan relación con la utilización de la BPA para lavar más de 4 mil 200 millones de euros. “Hemos decidido abrir una investigación penal (…) al ciudadano Rafael Ramírez (…) porque en uno de los documentos que hemos encontrado el ciudadano Diego Salazar lo señala directamente, lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compraventa de petróleo”, señaló el fiscal,  al tiempo que agregó que igualmente por el mismo caso solicitaron la extradición de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica quien “aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal”.

Hasta ese momento Salazar se habría creído inmune a la justicia —aunque la actuación del fiscal Saab muchas veces parezca más una venganza o la manifestación de una lucha poderes a lo interno del chavismo— creyendo que su parentesco con el exzar petrolero podría mantenerlo a salvo, lejos del alcance de las autoridades no solamente venezolanas, sino también de las internacionales. Pero la caída en desgracia de Rafael Ramírez también lo arrastró a él.

Desde su arresto en Caracas se encuentra detenido bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según precisó Saab, quien informó que el familiar de Rafael Ramírez es el primer aprehendido de una trama que las investigaciones señalan que podría resultar en la detención de otras personas que integraban esta red de corrupción. En los primeros señalamientos, la fiscalía indicó que los “reportes de movimientos y apertura de cuentas bancarias, traspasos”, así como otros documentos encontrados por el Ministerio Público vinculaban a Salazar Carreño con el blanqueo de capitales a través de una trama de la que fue artífice y que manejó fondos milmillonarios entre los años 2011 y 2012. Los estimados de la fiscalía venezolana ubican en mil 347 millones 339 mil 972 euros el dinero manejado bajo este esquema de corrupción.

Extra fronteras venezolanas, las investigaciones han determinado que los pagos efectuados por Diego Salazar tenían por detrás un enrevesado mecanismo por el cual se accionaban 37 cuentas bancarias que se manejaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). A su vez, los depósitos en estas cuentas involucraban a sociedades creadas en Panamá. Las averiguaciones emprendidas por la juez de Andorra, Canòlic Mingorance, tratan de rastrear si la red de Salazar se valió de este conjunto de cuentas para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que habrían sido beneficiadas con millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Según da cuenta El País, después de estas maniobras financieras el dinero era enviado desde el Principado a paraísos fiscales, tales como Suiza o Belice, un objetivo que se lograba valiéndose “de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas”.

La nota agrega que el periódico español tuvo acceso a las cuentas corrientes de los protagonistas de la trama de corrupción, así como a los detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. Añade que ante el banco andorrano se justificaban los millonarios ingresos de los integrantes de la red —Diego Salazar, los exviceministros de Energía venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado y directivos de PDVSA— bajo la denominación de honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Así se argumentó ante el órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. De acuerdo a las investigaciones, estos supuestos trabajos de asesoría nunca tuvieron lugar. La jueza Mingorance intuye que los involucrados cobraron comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a empresas extranjeras, especialmente chinas, que luego fueron beneficiadas con contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales. Las averiguaciones del tribunal establecen que los manejos de la red conectan con un acuerdo suscrito entre Venezuela y China que estipula que el primero de los países recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares de parte del segundo a cambio de petróleo.

Sobre Javier Alvarado —expresidente de la Electricidad de Caracas y Bariven— se conoció que las autoridades venezolanas procedieron al allanamiento de su vivienda ubicada en la urbanización La Lagunita, recoge una nota del portal 7 Clicks que reseña una información dada a conocer por el periodista de investigación Casto Ocando. Esto se contradice con la decisión de la jueza 37 en funciones de Control, Luisa Renee Garrido, quien a petición de la Fiscalía dejó sin efecto las órdenes internacionales de aprehensión contra Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

El portal agrega que tanto Javier Alvarado, como Nervis Villalobos Cardenas colaboran ahora con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el esclarecimiento de esta trama de corrupción. Indica la reseña que Alvarado salió de España rumbo EE. UU., llevando una amplia información sobre Bariven. Estos detalles no fueron confirmados por ninguna de las fuentes que esta comunicadora tiene en diversas agencias federales.

Por otra parte, es preciso recordar que Nervis Villalobos y Javier Alvarado también son investigados por el caso de haber recibido presuntos sobornos de Duro Felguera en Venezuela a cambio de contratos.

La lista de los 78 funcionarios del régimen sancionados

Duro Felguera es un grupo empresarial internacional con sede en el Principado de Asturias, (España), que se especializa en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético e industrial.

La Fiscalía Anticorrupción de España ha señalado a Javier Alvarado cuando estuvo al frente de la Electricidad de Caracas en 2009, de haber recibido sobornos de Duro Felguera, empresa que se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros, reseña el portal Expansión.

En diciembre de 2017 Duro Felguera fue notificada por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre la admisión a trámite de “la querella formulada contra la compañía por la Fiscalía Especial por los delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales en el caso de supuestos pagos de comisiones ilegales de más de 88 millones de euros a expolíticos y funcionarios venezolanos para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro”, informó el sitio web La Nueva España.

Tratamos de establecer comunicación con Javier Alvarado Ochoa y con sus supuestos abogados pero hasta el cierre de esta nota no logramos respuesta a nuestra solicitud.

Su debilidad por la ostentación lo delató

La debilidad por lo excéntrico y el derroche, han terminado como indicios que han permitido a las autoridades seguirle la pista, tal como lo señala una nota de El País en la que se refiere que el ostentoso pago de 3,4 millones de euros en joyería, se habría gestionado a través de una sociedad panameña controlada por Salazar.

Igualmente, mediante otra empresa panameña, a saber Josland Investments, Salazar Carreño pagó en 2011 una factura de compra de dos relojes de oro amarillo marca Rolex, por 90.500 euros, un  adquisición en la que figura el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, arrestado en Madrid en octubre de 2017 por un caso distinto también investigado en Andorra.

Para Salazar Carreño el lujo y exhibir su fortuna era un asunto vital y así lo demuestra su manía de hospedar a sus relacionados en los mejores hoteles, tal es el caso Javier R. e Irma T., cuyo alojamiento en el Ritz de París corrió por su cuenta pese a que la cuenta alcanzó los 575.000 euros por varias estadías en un periodo de diez años que incluían cargos de 34.216 euros por el alquiler de limusinas y de 6.223 por unos tragos en el bar del establecimiento, el Hemingway.

En 2011 también cubrió la estadía de dos venezolanas en el Four Seasons de París. En esa ocasión la factura sumó 150.000 euros por varias temporadas.

El portal RunRun.es refiere que cuatro altos gerentes de la Banca Privada Andorra aceptaron grandes comisiones para blanquear 2 mil millones de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos entre los que se encontraban los de Salazar. Se trataba de una jugada para “ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control”.

Conversaciones de Salazar Carreño habían sido grabadas por la Guardia Civil española y ello permitió en una operación que recibió el nombre de “Clotilde” y que pinchó a Andre Petrov por una serie de acciones irregulares que involucraban a la BPA, que las conversaciones con los venezolanos salieran a flote. Allí Diego Salazar habría admitido poseer una cuenta con 1.000 millones y en “otra, hablan de sobornar a la fiscalía andorrana, acaban de pagarle 80.000 dólares a un jefe de la policía venezolana que ha osado investigarles. Casualmente la petrolera estatal  PDVSA, en la que trabaja Salazar y al frente de la cual está su primo el ministro del petróleo, acabará generando una deuda de 90.000 millones. Los investigadores sospechan que es la banca andorrana quien se encarga del desvío de fondos y el blanqueo igual que lo hace con la mafia rusa. El comandante de la Unidad de Información nos los explica con una comparación. Los rusos hablan de 100 millones de euros, los venezolanos de miles de millones de dólares”. Se lee en la reseña del citado portal.

El fiscal dijo que se pensaba que el grupo delictivo de Salazar pudo haber venido funcionando desde el año 2006, estimándose que el monto de los capitales legitimados superará los 4.200 millones de dólares. Añadió que los detenidos estaban vinculados con una compañía conformada por al menos 40 personas, algunos de los cuales son exfuncionarios de PDVSA.

Agregó que esta organización “utilizó aproximadamente 40 empresas fantasmas y unas pocas reales para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción y, a la vez, ocultar la identidad de los beneficiarios”.

Tarek William Saab dijo que estos hechos de corrupción contaron con la complicidad de la Banca Privada de Andorra, la cual ayudó a la conformación de empresas y aceptó efectuar transacciones sin respaldos.

Al frente de todas estas irregularidades, estaba supuestamente, a decir de Saab, Diego Salazar Carreño.

Se conoció que también arrestado José Enrique Luongo, quien junto a Salazar, representaba a la empresa Antigua Omega INC.

El documento del Tribunal Supremo de Justicia de Andorra

En nuestro poder se encuentra un documento oficial de los tiempos en que se inició la averiguación referida líneas arriba y que mundialmente se conoce como el “Caso de Andorra”.

El citado oficio del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra, clasificado con el número 4103434/2012, hace mención a las diligencias previas que arrojaron los primeros señalamientos a conjunto de personas involucrados en hechos de corrupción, entre los cuales se encuentran Diego José Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano Bonet, Luis Pablo Laplana Moraes, José Luis Zabala y Omar Farías Luces.

El documento en nuestras manos es una rogatoria que hacen las autoridades del Principado de Andorra a las autoridades de Francia solicitando información sobre los antes señalados, así como otras personas e instituciones que se sirvieron para instrumentar la trama de legitimación de capitales a través de la BPA.

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra acusó a estas personas de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo masivo de capitales y valores tipificado en el artículo 409 y 410 del Código Penal de ese país. Asimismo, se aclara que Diego José Salazar Carreño es primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, quien para la época de la comisión del delito era el Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA.

Entretanto, de Nervis Villalobos se dice que fue viceministro de Energía, que Javier Alvarado Ochoa fungió como presidente de la empresa estatal Electricidad de Caracas y Omar Farías Luces era el propietario de una de las empresas del sector seguro más importantes de Venezuela, a saber, Seguros Constitución.

Se indica que Salazar Carreño, Villalobos Cárdenas, Alvarado Ochoa, Farías Luces están acusados de aprovecharse de su influencia en los círculos de poder y de, con la ayuda del resto de las personas imputadas, organizar un sistema de comisiones o sobornos relacionados a los contratos públicos de la petrolera venezolana PDVSA, que establecía que las empresas que accedían a las licitaciones estaban obligadas a contratar con ese entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones. Por este “servicio”, lo imputados cobraban millones de euros por concepto de gastos de asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones. Quedó establecido que los pagos de sobornos eran un requisito imprescindible para conseguir el acceso al mercado público de PDVSA y sus filiales.

Cita el documento que gran parte de los pagos se hacían a través de cuentas de los acusados y de sociedad panameñas controladas por ellos en la entidad bancaria Banca Privada de Andorra, determinándose que por las mismas circularon más de dos mil millones de euros (€2.000.000.000).

En la rogatoria se hace referencia a que la investigación se inició con sustento en una información recibida por la Unidad de Inteligencia de Andorra (UIFAND), del  Servicio Lucha contra el Lavado de Dinero del Ministerio de Finanzas francés, TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), relacionada a la averiguación de la sociedad panameña Highlands Assets Corp., desde cuya cuenta en la Banca Privada de Andorra se efectuó una transferencia por USD 99.980,00 a Francia, cuyo beneficiario era un empleado de una cadena hotelera gala, un pago que representaba una gratificación o regalo por los servicios prestados por dicho empleado. La sociedad Highlands Assets Corp. que está bajo investigación, es propiedad de Diego Salazar Carreño, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Se conoció que la averiguación había determinado que los implicados y, principalmente, Diego Salazar Carreño y su hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, donde gastaban millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo. También habrían efectuado transferencias a bancos ubicados en esa ciudad, como el banco Monte Paschi Banque S.A de París.

La citada nota de El País indica que a pesar de que la Banca Privada de Andorra tuvo recelos, terminó abriendo las cuentas bajo sospecha, obviando las advertencias de su unidad de fiscalización interna que alertó la condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), por haber ocupado un cargo público y a quienes debe someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Hay que apuntar que las autoridades de Andorra intervinieron el BPA en marzo de 2015 luego de que Estados Unidos denunciara que este banco fue empleado por bandas criminales para la legitimación de capitales, una acusación que los dueños de la entidad financiera niegan.

Los involucrados en la trama de corrupción

En enrevesado mecanismo de corrupción fue configurándose por Diego Salazar Carreño, uno de sus principales protagonistas, y en torno a él, fueron apareciendo otros personeros que le dieron cuerpo a la trama.

El 17 de julio de 2015 se dicta auto de detención, aún vigente, y se acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que dispongan las siguientes personas:

8. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, nacido el 11-06-1967 en Maracaibo, Venezuela, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número V-7830467

Así como también de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros S.A.; Westshore International Limited; Baychester Investment S.A.; Baluja International Limited; Lutmill International S.A.; Fundación Terramar Hall; Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; ISB Sociedad de Corretaje de Seguros I Reaseguros C.A.; Lomond Overseas S.A.; Mills Advisores S.A.; Trismas Foundation; Monterrey Management Limited; Tristaina Trading S.A.; Josland Investment S.A.; Megana International LTD; Highland Assets Corp.; High Rise Proyects S.A.; Central Berfort S.A.; Fundation Caixa Bella; Wordwide Traders Line S.A.; Red Boutique Fundation; Calabrias Overseas S.A.; ISB Sociedad CS, S.A.; Antigua Omega INC.

El pedido a Francia

El documento del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra en su primer considerando señala que dado el estado de las cosas, se hace necesario solicitar la cooperación de las autoridades judiciales francesas para determinar si parte de los beneficios objeto de la medida acordada por el Principado se encuentran en su territorio y, en caso de ser afirmativo, piden que se proceda al bloqueo de los mismos.

En el considerando dos se señala que la información a la que se hace referencia en el considerando uno, al tratarse de procedimientos judiciales extranjeros solo pueden ser obtenidos mediante una comisión rogatoria y en vista del artículo 2 de la Ley de Cooperación Internacional y la Lucha Contra el Blanqueo de Capital y Valores Producto de la Delincuencia Internacional y Contra el Terrorismo que establece que tal rogatoria precisa de una exposición que informe suficientemente de los hechos y el objeto del procedimiento, así como de una exposición del motivo de la demanda, se procede en consecuencia.

Agrega que considerando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto de la sentencia 572-2011 del 2 de abril 2012, establece que las comisiones rogatorias tienen el acuerdo auto motivado cuando puede resultar afectado el derecho a la intimidad, deben respetarse las garantías para la protección de lo establecido en el código de procedimiento penal.

Igualmente, considerando que los hechos investigados son sumamente graves y podrían constituir delitos establecidos en el artículo (409.1) sobre blanqueo de dinero o valores, y ante la necesidad de identificar el destino de los bienes afectados por la medida cautelar a fin de poder continuar con la presente medida de instrucción, se procederá oportunamente a enviar comisión rogatoria a la autoridad judicial competente de Francia, no pudiendo obtener dicha información de manera oficial por otro medio.

Decisiones

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra decidió transmitir la comisión rogatoria a las autoridades competentes francesas para que se proceda a investigar el patrimonio de los implicados y verificar las personas físicas y jurídicas afectadas por el bloqueo decretado el 15 de julio de 2015, a los fines de garantizar la respectiva efectividad de la medida.

La corte determinó que los vinculados se aprovecharon de sus influencias políticas para organizar un esquema de corrupción para apoderarse de contratos públicos de la empresa PDVSA. Asimismo, refiere que los implicados establecieron una trama que obligada a pagar comisiones para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los aplicables por concepto de asesoramiento en contrapartida por sus gestiones. Además, se determinó que el pago era imprescindible para entrar al mercado público de PDVSA y sus filiales.

El Tribunal también estableció que gran parte de los sobornos fueron pagados a través de sociedades panameñas controladas por los implicados en cuentas del Banca Privada de Andorra por las cuales transitaron más de 2.000.000.000 de euros.

Refiere el tribunal que el 30 de noviembre de 2012 se inició una causa penal y se dictó el primer bloqueo, un hecho que ocurrió antes de que la entidad bancaria tramitara una transferencia de Diego Salazar Carreño por 40 millones de euros a Francia, vía Suiza para la adquisición de una unidad inmobiliaria en París, hace suponer que el imputado tenía ingresos económicos en dicha ciudad.

En consecuencia, el Tribunal dictaminó el 17 de julio de 2015 llevar a cabo un bloqueo y embargo de las cuentas cuyos beneficiarios estaban relacionados con esta trama de corrupción.

La intervención de Villepin

Ante la acción de bloqueo por parte de las autoridades francés de 200 millones de dólares de la cuenta en la BPA, Diego Salazar Carreño procedió a contratar como su abogado al exprimer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, quien se convirtió en el artífice de las acciones que llevó que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros miembros de la denominada boliburguesía venezolana, refiere el portal Cuentas Claras Digital.

En esas mismas páginas se hace referencia a las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, investigado por lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Allí se indica que durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin le dijo a Luis Laplana de parte de Diego Salazar que estaba trabajando lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.

En una ocasión Villepin le comentó a Laplana la estrategia de la defensa que haría de Salazar: “Ahora bien… y aquí viene la pequeña trampa… que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar… de ocultar el origen del dinero”.

Puntualiza Cuantas Claras que a juzgar por los resultados de la defensa “la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados. En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que ‘Diego de lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París’. Al parecer, ‘el primo’ también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles”.

Otra nota del sitio web Secretos Revelados refiere que Villalobos y Alvarado intentaron detener las averiguaciones en su contra a través de la compra de jueces y policías en Europa. Se cita allí que Diego Salazar manejó la posibilidad de sobornar a investigadores europeos, pero desistieron de ello al entender que la justicia y jueces europeos no se manejaban con el mismo desparpajo que los venezolanos.

Agrega la información que el hombre de confianza de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, “confesó los planes de la red para comprar voluntades al exdirectivo de BPA, Pablo Laplana. Y puso como ejemplo un soborno a policías que Salazar ejecutó en Venezuela. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012”.

¿Quién es Diego Salazar?

Sobre Diego Salazar Carreño el portal Poderopedia informa que es hijo del exguerrillero, exconstituyente y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR), Diego Antonio Salazar Luongo y primo por la línea materna de Rafael Ramírez.

Agrega que de acuerdo a la periodista Olga Wornat, del diario La Nación de Argentina, “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela, S.A.

El portal refiere que se le conoce como el “Rojo de Oro” y lo describe como un hombre a quien le encanta la fiesta, el derroche y los lujos, que vacaciona en Dubái, a donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Posee mansiones en Estados Unidos y Europa, mientras que en Caracas adquirió un lujoso piso en la urbanización Campo Alegre que, al resultarle insuficiente, lo llevó a decir comprar el edificio entero.

Se da cuenta de que dada su afición al canto decidió formar su propia orquesta de salsa conformada por cien músicos a quienes paga salarios en dólares y con los que ensaya tres veces por semana en el Hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda.

Durante años se le ha adjudicado al exguerrillero Douglas Bravo la autoría de un artículo aparecido el 9 de diciembre de 2011 en el portal “ABC de la semana” titulado “A quien pueda interesar” en donde se hace referencia a la vida y andares de Diego Salazar Carreño, a quien califica de “boliburgués” que —además de lo ya señalado sobre él en estas líneas— es propietario de varias oficinas en la Torre Edicampo, también en Campo Alegre, “donde funciona su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado ‘Inversiones y Asesorías Inverdt S.A.’ y la Fundación Diego Salazar, este último un artificio sin fines de lucro para darle algo de shampoo social a las actividades de este filántropo de la revolución y quizás para evadir algunas de las obligaciones fiscales con el generoso Estado socialista y revolucionario”.

Refiere que a los ensayos de su orquesta llega “con su sequito de espalderos dirigidos por su jefe de seguridad, el Comisario General (antigua PTJ) Leonardo Díaz Paruta. El mismísimo primo menor, socio y compinche de Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA, a cumplir con su sueño de ser cantante, con orquesta propia, pero sin cualidades especiales en el gañote. Son bien conocidas las presentaciones artísticas del magnate bolivariano Diego Salazar Carreño, rociadas por varios frascos de bebidas espirituosas de exquisita selección en la que se alternan en la sección de vinos: el Château Lafite Rothschild, el Petrus Pomerol, el Romanée-Conti, el Château Margaux. En la sección de champagne Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado, dignos de tirar cohetes. Entre los caprichos de mi ahijado boliburgués no solo se destaca su especial hábito de vacacionar con su familia, amigotes más allegados y parte de su séquito de espalderos y asistentes a la paradisiaca locación saudita de Dubái, sin dejar de pasar la compra hace ya unos años, de una acción en el Caracas Country Club. Este hecho tuvo alguna resonancia en las altas esferas de la oligarquía ortodoxa capitalina, ya que por no tener pedigrí encopetado, se corrió el rumor de que la directiva del club le iba a cerrar el paso a su incorporación, echándole la tradicional ‘bola negra’. La maniobra fue inteligentemente contrarrestada, con el oportuno lobby de algunos amigotes de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo. Los mencionados obsequios ablandaron de manera casi mágica los orgullos clasistas y respingados de una Junta Directiva que rechazan visceralmente, las guayaberas rojas”.

De este escrito Douglas Bravo se desdijo en una entrevista que le hiciera Alicia Hernández para la página KonZapata.com, en la que aseguró que “ese no soy yo” y advierte que ha ido a protestar al respecto y no ha obtenido respuesta. “Yo he criticado al gobierno, he hecho análisis profundos, hemos sido inflexibles. Pero nunca he usado el lenguaje despreciativo, insultante, que usa este gobierno. Hago análisis. De modo que ese @douglasarrecho no soy yo. Y lo que hizo ese fulano fue, ante las denuncias que hicimos, copiarse muchas cosas mías”. Agregó que no ha tenido contactos con Salazar Carreño, pues su relación era con el padre de este y que solamente lo llamó por teléfono para comentarle el artículo en cuestión y advertirle que no era el autor del mismo. “…me dijo que ellos sabían que ese no era yo, porque ellos sí sabían que yo atacaba duro al gobierno, con estilo… Soy más duro que esas ridiculeces”.

¿Las verdaderas razones?

Lo cierto es que resulta altamente curioso que todas estas acusaciones salgan a la luz sólo hasta ahora, pese a que durante años se llamó la atención sobre las irregularidades cometidas por Rafael Ramírez y su primo.

Más aun, el propio Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto las investigaciones que sobre el exzar petrolero adelantó la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre la malversación de 11 mil millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares entre 2004 y 2014.

Al respecto, en el portal TururuTururu.com de la periodista Berenice Gómez se afirma que la actuación del fiscal Tarek William Saab se encuentra muy alejada de la intención de impartir justicia, toda vez que Diego Salazar operaba dentro y fuera de Venezuela con total impunidad sin que las instancias judiciales trataran de poner fin a esta situación. “Diego Salazar siguió operando con toda libertad en Venezuela y en el exterior… hasta que fue víctima, no de la justicia… para nada. Ha sido víctima de la pelea por las caletas de dinero que Hugo Chávez le encomendó a RRamírez, un fondo para sus hijos de USD 3 mil millones, y que RRamírez no quiere entregarle a Cilia y Maduro… entonces, el régimen desempolvó la investigación, las rogatorias y denuncias de Andorra sobre un cuarteto de primos, donde la cabeza de Rafael Ramírez, el dojo, dojito…”.

Igualmente, en la Asamblea Nacional  fueron bloqueadas todas las iniciativas de investigación tan pronto la información salió a la luz a través de la prensa española. El diputado Julio Montoya del opositor partido Primero Justicia encabezó las averiguaciones pero su colega oficialista Pedro Carreño, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría articuló todos los mecanismos para impedir que se investigara a Carlos Aguilera Borjas, exdirector de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip) con una estrecha amistad con el parlamentario chavista.

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A pesar de estar al otro lado del mundo donde nacieron, la agrupación venezolana Radiogamma revolucionó al ya convulsionado país, con el lanzamiento del video musical de su tema “Rich nation”.  Desde China, Anthony Di Damaso habló con Venezuela al Dia y aseguró que no han sido ellos quienes se refieren al gobierno de Nicolás Maduro “es una crítica a la tiranía en general”, dijo el vocalista.

Por Luisiana Ríos P./ Venezuela al Día

Anthony quien escribió el tema hace un año, comentó que el video fue producido hace cinco meses en China, país a donde migró hace cuatro años junto a su banda. “Decidí irme a China por lo mismo que otros venezolanos se han ido, tener una mejor oportunidad  porque las condiciones económicas en Venezuela para todos llegaron a niveles  super críticos”.

El video es protagonizado por un mono comiendo bananas,  disparando dólares y regando gasolina, en medio de dos reinas de “belleza” , en donde “Miss violencia” le roba la Corona a “Miss Paz”. La letra refiere “no más calles ensangrentadas en una nación libre, no eres un héroe, eres un asesino”.

“La gente lo ha tomado como una crítica directa al gobierno de venezuela, pero no estamos diciendo algo sobre alguien específico, todo ha sido la interpretación de los medios, nosotros solo hicimos una canción y pusimos los personajes”, aclaró Di Damaso.

Sin embargo, él quien fue  el escritor de  “Rich Nation” confesó que “al escribir la letra estuve pensando mucho en Venezuela, pero es una manera de hacer una sátira”. Su motivación más grande según dijo Anthony, es que siendo extranjeros en los países donde todos los venezolanos se han ido, es qtener la esperanza de que las cosas cambien.

“Tenemos esa molestia de que las cosas sean tan injustas y no tenemos porque tener miedo, yo no soy político ni soy activista, no trabajo para ninguna organización,  entonces yo solamente tengo mi guitarra y hago canciones”, comentó el cantante venezolano.

Conversamos en exclusiva con el vocalista de @theradiogammaofficial sobre su nuevo videoclip #RichNation y los próximos proyectos de la banda. Pronto podrás disfrutar esta entrevista realizada por nuestra corresponsal @luisianarios en www.venezuelaaldia.com . . . . . #Nacional #Farandula #RadioGamma #China #Venezuela

Una publicación compartida de Venezuela Al Día (@venezuelaaldia) el Mar 30, 2018 at 2:02 PDT

Radiogamma es integrado además por Ricardo Zucchiatti quien es el Bajista, Bashir Dahrieh quien toca la batería y Eduardo Aquino  quien está en los teclados . Todos viven en Beijíng , pero el video fue lanzado en Hong Kong

Anthony tuvo la suerte de recibir un contrato en China como cantante y guitarrista y se fue con tan sólo 450 $ en el bolsillo para el gigante asiático. “Aquí es más fácil que en Europa, incluso que en Latinoamérica. Ahora queremos seguir sacando sencillos y estamos terminando el disco. Peor nuestra idea es poder hacer conciertos y que nuestra música se conozca en el mercado anglosajón”.

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El bolívar pierde tres ceros una vez más. La decisión tomada por el gobierno de Nicolás Maduro emula la que hace 10 años implementó su antecesor Hugo Chávez Frías y solo pone en evidencia la hiperinflación que atraviesa el país.

Por Rayli Lujan / Venezuela al Día

En 2008 cuando se aplicó la medida de restarle por primera vez tres ceros a la moneda, amenazaba en Venezuela una inflación de 20%. Actualmente, el índice inflacionario se ubica alrededor del 2000% y el poder adquisitivo sigue perdiendo terreno.

Con el billete de 500 bolívares, que a partir de junio será el de más alta denominación y representa actualmente 500 mil bolívares, solo se adquieren 300 gramos de pechuga de pavo. Hasta 2007, esa cifra -con los seis ceros que se le han restado- representaba 500 millones de bolívares, con los que era posible costear vivienda, vehículo, acciones y retiro.

Luego de que se active el nuevo cono monetario, con el billete de mayor denominación se podrán adquirir 2 dólares mientras que en 2007, con esa misma suma se podían adquirir 114.942 dólares, lo que refleja en sí la gravedad del cuadro hiperinflacionario actual.

Reconversión monetaria en otros países

Venezuela no es el único país donde se ha establecido una reconversión monetaria. De acuerdo al estudio de Análisis Socioeconómicos del Centro en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi para el Centro de Altos Estudios Legislativos (Cael), la reducción de ceros en los últimos 100 años se ha presentando en Europa en un 36%, en América un 26% y en Asia un 21%.

El estudio señala que la eliminación de ceros a lo largo de estos años se concentra entre 1950 y 1970, cuyas medidas están relacionadas con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

Los casos en Latinoamérica como la reducción de ceros del papel moneda en México (1993), Brasil (1967,1986,1989 y 1994), Uruguay (1993) y Argentina (1992) están atados a la acumulación de fuertes procesos inflacionarios e hiperinflacionarios.

Edwin Gil, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle expone que en lo que respecta a Argentina y Venezuela, más allá de haberle quitado los ceros a la moneda, “la inflación no se detuvo como se esperaba, lo que demuestra que más allá de cambiar los ceros, los fundamentales del cambio en los precios se mantienen, es decir una baja oferta, mientras la demanda continúa”.

Economistas como el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra ha asegurado que sin el acompañamiento de un plan económico, la medida de quitarle tres ceros más a la moneda será insuficiente y solo generará más caos económico.

“Hay que hacer un plan económico para que no haya otra devaluación. No hay acaparamiento de papel moneda, el BCV no ha impreso billetes y la hiperinflación ha destruido el cono monetario, por eso no hay billetes”, explica.

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Parte del presupuesto de Petróleos de Venezuela se fue por el desaguadero que representaron un conjunto de cuentas abiertas por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez en la Banca Privada de Andorra, BPA. Un entramado de corrupción que permitió el cobro de comisiones milmillonarias a empresas extranjeras a cambio de contratos con la estatal venezolana. Un asunto que va para largo y amenaza con involucrar a muchos más de los que hasta ahora se han señalado como responsables.

Por Maibort Petit/Venezuela al Día

Desde sus privilegiadas posiciones e influencia política se propusieron como estrategia para hacerse de una gran fortuna mediante el cobro de jugosas comisiones a las empresas que aspiraban contratar con Petróleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales. El concepto por medio del cual enmascaraban estos pagos fraudulentos era el de hacerlos aparecer como servicios de asesoría. Lo siguiente era idear una trama que permitiera ingresar los millones de euros, logrados a través de las coimas, en un sistema financiero que les permitiera mantenerse lejos de las miradas escrutadoras de las autoridades. El Principado de Andorra, en donde regía el secreto bancario, resultó ser el lugar ideal para ocultar los fondos mal habidos. Así, tocaba escoger la entidad financiera para llevar a cabo las operaciones y la Banca Privada de Andorra resultó ser la favorecida. La estrategia consistía en canalizar los pagos a través de una extensa red de empresas ubicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes.

Todo parecía perfecto, el lugar escogido era un sitio inimaginable para la mayoría de sus paisanos. De entre el venezolano común, muy pocos sabían de la existencia de ese país ubicado entre España y Francia que funcionaba como paraíso fiscal y era perfecto para ocultar el dinero timado al erario público del país. Para la mayoría, la mayor preocupación está centrada en vislumbrar cómo conseguir alimentos y medicinas, por lo que poco podría importarles indagar sobre aquel sitio. La jugada era maestra.

Pero no contaron que entre los pocos que sabían de la existencia del Principado, había unos que se mantenían atentos, sobre todo desde 2010 cuando se descubrió que un excomisario de la policía científica venezolana, Norman Puerta, para mayores señas, se había valido de este punto de la geografía europea para legitimar capitales provenientes del narcotráfico. Para no todos, pues, el lugar pasaba desapercibido, sobre todo para la gente de la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y los acuciosos investigadores de la prensa española, quienes calladamente trataban en armar el rompecabezas que —eso sí— los audaces diseñadores del plan habían estructurado magistralmente para lavar el dinero producto de las sobornos cobrados desde PDVSA por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez.

Todo explotó el 10 de marzo de 2015

Ese día fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA) por decisión del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) a raíz de la denuncia del Fincen que señalaba que un gerente de la BPA había recibido grandes comisiones por parte de intermediarios venezolanos con el objetivo de crear empresas de papel que sirvieran para legitimar alrededor de unos 2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera venezolana. Las operaciones, en total, involucraban el manejo de 4.200 millones de dólares de Venezuela.

El ente regulador intervino la entidad financiera ante las denuncias del gobierno estadounidense que señalan a la BPA de “canalizar presuntamente fondos del crimen organizado”. En ese mismo tiempo el Banco de España decidió intervenir el Banco de Madrid, propiedad de la BPA.

De acuerdo a documentos oficiales, el Departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de los Estados Unidos denunció que los directivos de BPA “habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos. El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. Según la acusación de EE. UU., el banco ha participado al parecer a altísimo nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov”, un mafioso ruso asentado en España.

Las autoridades fiscales estadounidenses informaron que altos funcionarios del gobierno venezolano, agentes panameños y un abogado de Andorra conformaban la trama de corrupción en la que también intervenía un oficial de negocios con la mafia rusa e, incluso, estaban ligados al narcotráfico mexicano a través del cártel de Sinaloa.

La directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), Jennifer Shasky Calvery, señaló que la BPA estaba involucrada en el “lavado de dinero internacional” y mantenía  vinculaciones  con organizaciones criminales rusas al tiempo que participaba en la creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. “Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EEUU”, reza una nota de la agencia de noticias española EFE.

El despacho de prensa refiere que los ejecutivos de BPA diseñaron “servicios financieros a [la] medida” con el objetivo de que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran “enmascarar los orígenes del dinero” y por ello recibían pagos y otros beneficios por parte de estos clientes.

Específicamente, el Fincen refirió que un gerente de BPA recibió “comisiones desorbitadas” de intermediarios venezolanos con el objetivo de crear empresas de maletín que permitieran el lavado de, por lo menos, 2 mil millones de dólares de PDVSA.

El citado organismo norteamericano detalló que están involucrados altos funcionarios del Gobierno, agentes residentes en Panamá y un abogado de Andorra. El gerente de BPA que trabajó para los venezolanos operaba junto a otro oficial encargado de negocios con la mafia rusa. Uno de los lavadores de dinero tenía conexiones con el mexicano cártel de Sinaloa.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades del Principado de Andorra procedieron a la destitución del consejo y tres directivos de BPA, como lo recoge un reporte de Reuters que señala que un portavoz confirmó que el presidente del Gobierno andorrano, Antoni Martí, le comunicó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la destitución del consejo. De la destitución de los tres directivos dio cuenta el Instituto Nacional de Finanzas Andorrano[2].

Las autoridades judiciales establecieron que gran parte de los sobornos se cancelaron utilizando para ello sociedades panameñas que estaban controladas por los protagonistas de este entramado de corrupción con cuentas en la Banca Privada de Andorra por las cuales habrían transitado más de 2 mil millones de euros.

El siguiente paso de las autoridades de Andorra fue el arresto de Joan Pau Miquel Prats, uno de siete miembros del consejo de administración de la BPA.

Entretanto, en Venezuela, el diputado a la Asamblea Nacional Julio Montoya aseguró que lo ocurrido en el BPA había permitido que comenzaran “a aparecer los 25.000 millones de dólares de Cadivi” que el exministro de Planificación, Jorge Giordani había confesado que se otorgaron a empresas de maletín. El parlamentario agregó que el discurso con que el gobierno venezolano respondía a las acusaciones repitiendo los argumentos de la invasión de Estados Unidos eran solamente una estrategia con la que el chavismo buscaba tapar el escándalo de Andorra.

Fue así como se conocieron los nombres de los implicados: Diego Salazar, primo hermano del expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, dedicado a la venta de seguros y reaseguros; Nervis Villalobos, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Javier Alvarado Ochoa, Exviceministro de Energía y expresidente de la eléctrica estatal de Caracas; y el empresario Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución.

Pero no solamente los señalados, sino también otros nombres salieron a la luz, como lo refiere el Diario El Mundo de España en un Editorial en el que hace mención al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac), que indica que la “Constructora Hispánica, Cobra Instalaciones, CAF y Dimetronic habrían pagado unos 90 millones de dólares en comisiones al venezolano Carlos Luis Aguilera Borjas, a cambio de la adjudicación de obras millonarias en el Metro de Caracas. La mordida fue blanqueada en Banco Madrid, la filial de Banca Privada d'Andorra (BPA) intervenida por cooperar con organizaciones criminales en lavado de dinero. Cabe subrayar que Aguilera formaba parte de la ‘guardia de corps’ [guardia de honor-custodios] del presidente Chávez y fue nada menos que el jefe de los servicios de Inteligencia bolivarianos. El Sepblac ha accedido a los contratos de las empresas con Aguilera, fechados en 2008, un momento en el que, no lo olvidemos, el Gobierno español mimaba sus relaciones con el chavismo, lo que se tradujo en suculentas ventas de fragatas y material de Defensa por parte del ministerio que dirigía José Bono. De entrada, cabe exigir a la Justicia una investigación a fondo de la actuación de las citadas sociedades y aprovechar todas las vías legales para perseguir los hechos en nuestro país”[3].

El 20 de marzo de 2015 el diario El País develó el pago de comisiones multimillonarias por contratos públicos a funcionarios chavistas con cuentas en la filial de BPA en Madrid, lo cual se conoció por la publicación de más detalles del informe del Sepblac que precisó que dichos funcionarios figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despertaban sospechas por blanqueo de capitales. El reportaje destaca dos operaciones, primero, un contrato para el pago de una comisión del 5,5 por ciento de una adjudicación de la construcción de una central eléctrica a Duro Felguera por más de 1.500 millones de euros y, segundo, comisiones del 4,8 por ciento que varias empresas españolas pagaron por la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas por importe de 1.850 millones de dólares.

El informe del Sepblac refiere con respecto a Nervis Villalobos, que en 2011 el exviceministro de energía venezolano cedió a una sociedad suya un contrato anterior de Terca con la empresa española Duro Felguera celebrado en 2008 para que la firma española recibiese asesoramiento en “la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1080 MW”. A las autoridades les llamó la atención que Villalobos estipulara que “el contenido del asesoramiento objeto de este contrato será, generalmente, de forma oral”. Agrega el reportaje sobre esto que “en el contrato de 2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de dólares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de adjudicación de la planta. Según la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por más de 1.500 millones de euros. Con ello, la comisión habría sido de 83 millones de euros”[4].

El informe indica que para justificar los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid Villalobos presentó dos contratos de consultoría del sector eléctrico de dos sociedades controladas por él y su esposa que el Sepblac no son claros.

Esta era, grosso modo, la trama del asunto.

Veamos ahora otros detalles.

Rogatoria del Tribunal de Andorra

Documentos en nuestras manos emanados de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra a cargo de la jueza de instrucción de delitos económicos del Principado de Andorra, Canólic Mingorance Cairat, que constituyen una rogatoria internacional dirigida específicamente a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, informa a este último despacho que se encuentran en las diligencias previas que apuntan a indagar la presunta comisión del delito de blanqueo de dineros o valores por parte de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas y Diego Salazar Carreño.

La jueza se encontraba en una operación rastreo para determinar si la red de Salazar utilizó el conjunto de cuentas que maneja en la BPA para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que obtuvieron contratos milmillonarios con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Las investigaciones periodísticas indican en este sentido, que los protagonistas de esta trama llevaron a cabo maniobras financieras para enviar el dinero desde el Principado de Andorra a paraísos fiscales como Suiza o Belice, para lo cual se valían de una estructura diseñada para enmascarar fondos.

Piden información al Ministerio Público venezolano acerca de si existen investigaciones abiertas por corrupción en contra de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño, Rosycela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa.

El oficio del Tribunal de Andorra identificado con el número 4103434/2012 precisa que las primeras diligencias realizadas indican que estas personas están involucrados en hechos de corrupción.

También sobre Luis de León Pérez, Julia Van Den Brule, Ingrid Sánchez Rosales, Antonio Salvador Lozano, Albino Ferreras Garza, Francisco Rafael Jiménez Villarroel, Mariela Matheus Baptista, Fidel Ramírez Carreño, Hugo Bolívar Farías, Hercilio Rivas Sierra, José Ignacio de Oyeta, Leonardo Díaz Paruta, Eubén Figuera Olivari, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi, Eudomario Carruyo.

La solicitud se extiende a las empresas Gasehll International INC, Petroindependencia, S.A., Patrocarabobo, S.A., Administradora Atlantic 17107, Cartera de Activos Cho La Pass 190654, C.A., Welk Holding Limited, Vamshore Enterprises LTD., Memoser Compañía de Seguros. S.A., Wetshore International Limited, Baychester Invesments, S.A., Baluja International Limited, Lutmill International S.A., Fundación Tierramar Hall, Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros, S.A., ISB Sociedad de Corretaje de Seguros i Reaseguros, C.A., Lomond Overseas, S.A., Mills Advisors, S.A., Trismas Foundation, Monterrey Management Limited, Tristaina Trading, S.A., Josland Investments, S.A., Megana International LTD., Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Fundación Caixa Bella, Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Calabria Overseas, S.A., I.S.B. Sociedad CS, S.A., Antigua Omega INC., Adriatic Global International, Oswald International Limited, Palmill Investments, S.A., Eagle Universal Corp., Tecal Trading INC., High and Low Profile, S.A., DT Investments and Consulting CV., Unovalores LTD., Lairholt Finance Limited.

La instancia judicial de Andorra también pidió al Ministerio Público de Venezuela determinar si el origen de los fondos ingresados en el Principado, responden a actividad empresarial lícita o, por el contrario, a servicios de intermediación que se limitan a conseguir contratos o condiciones mejores con empresas estatales a cambio de comisiones o beneficios que perciben autoridades o funcionarios públicos.

Esta solicitud, refiere la representante del Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra se formula de acuerdo a los efectos del artículo 18 de la Convención de Palermo, relativo a la asistencia judicial recíproca entre los estados parte del mismo.

Antecedentes del caso

Expone el tribunal que entre los años 2006 y 2012 se efectuaron una serie de operaciones financieras, a saber transferencias, que las investigaciones señalan que están relacionadas entre sí. Agrega que el denominador común era que todas las persones físicas son de nacionalidad venezolana, mientras que las sociedades utilizadas para llevar a cabo las transferencias de fondos del extranjero en el Principado de Andorra o viceversa, son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas.

El sistema bancario andorrano está siendo utilizado para transferir a través de sus cuentas el dinero proveniente o destinado internacionalmente, con el objetivo de hacer difusa su procedencia real. Refiere el documento que para el momento —2012— el importe de las transacciones financieras hacia  Andorra sumaba unos 1.350 millones de euros que se movilizan tanto en la moneda europea como dólares estadounidenses.

Se presume que el dinero que circula internacionalmente tiene un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios del estado venezolano, por lo que parte de los fondos también procederían presuntamente de contratos sobrevalorados en materia de seguros y de empresas públicas venezolanas.

Las personas físicas y jurídicas relacionadas con las investigaciones adelantadas por el tribunal andorrano se detectan en la Banca Privada de Andorra, BPA, en cuentas cuyos titulares son Diego Salazar Carreño, Nervis Villalobos, Omas Jesús Farías Luces, Luis Mariano Rodríguez Cabello, entre otros, quienes entre ellos mantienen relaciones personales y económicas globales.

Estas relaciones pueden darse, bien a través de las personas físicas, ya sea entre les personas jurídicas, o entre las cuentas bancarias de las persones siguientes: Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosycela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

También a través de las cuentas de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros. S.A., Wetshore International Limited, Baychester Invesments, S.A., Baluja International Limited, Lutmill International S.A., Fundación Tierramar Hall, Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, S.A., ISB Sociedad de Corretaje de Seguros y Reaseguros, C.A., Lomond Overseas, S.A., Mills Advisors, S.A., Trismas Foundation, Monterrey Management Limited, Tristaina Trading, S.A., Josland Investments, S.A., Megana International LTD., Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Fundación Caixa Bella, Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Calabria Overseas, S.A., I.S.B. Sociedad CS, S.A., Antigua Omega INC., Adriatic Global International, Oswald International Limited, Vamshore Enterprises LTD., Palmill Investments, S.A., Eagle Universal Corp., Tecal Trading INC., High and Low Profile, S.A., DT Investments and Consulting CV., Unovalores LTD., Lairholt Finance Limited, Javier Alvarado Ochoa.

Expolio de PDVSA

Las investigaciones que ha seguido la juez Canòlic Mingorance dan a conocer la manera en que exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y sus testaferros expoliaron el presupuesto de Petróleos de Venezuela, mediante el pago del milmillonarios sobornos que abonaron entre los años 2007 y 2012 en un entramado de 37 cuentas suscritas por empresas de maletín inscritas en Panamá en la Banca Privada d’Andorra, que sirvieron para enmascarar la cruenta puñalada que habían asestado al erario de la petrolera. De allí, el dinero se redireccionaba a paraísos fiscales como Suiza o Belice.

Ante las autoridades bancarias, Nervis Villalobos y su sequito se presentaban como asesores que cobraban por sus servicios, pero la investigación demuestra que tales asesorías nunca se produjeron y los supuestos informes presentados por los involucrados para justificarse no pasaban de una hoja y media por los cuales cobraron cantidades millonarias.

La juez Mingorance estima que estas personas llegaron a cobrar comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a compañías extranjeras que eran favorecidas con contratos de PDVSA.

A pesar de tratarse de funcionarios públicos venezolanos, la BPA no tomó las previsiones del caso y solamente se limitó a abrir las cuentas bajo sospecha, pese a que la unidad de fiscalización interna advirtió de que se trataba de clientes en condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), término como se denomina a quienes han ocupado cargos públicos y deben ser sometidas a controles especiales para evitar la legitimación de capitales.

Nervis Villalobos es el funcionario sobre el cual la juez Mingorance ha centrado su atención al ubicarlo como el líder de la red. Este se encuentra detenido en Madrid y aguarda por una decisión  judicial de extradición en virtud de que es solicitado por las autoridades de Estados Unidos.

Los papeles secretos de Andorra: La poderosa maquinaria de Pdvsa (Parte I)
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— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) March 29, 2018

La policía de investigación de Andorra ha establecido que Villalobos constituyó 11 sociedades instrumentales y abrió 12 cuentas en la BPA que recibieron 124,2 millones de euros.

Entretanto, Javier Alvarado, manejó cinco cuentas y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros.

Diego José Salazar fue el titular de siete cuentas y seis sociedades que movilizaron 21,2 millones de euros.

Los depósitos de Oscar Farías Luces alcanzaron los 586 millones de euros.

Todas las personas investigadas lograron sacar sus fondos de la BPA antes de que la institución resultara intervenida.

Pero las investigaciones continúan y le siguen el rastro a los fondos, así como a los movimientos de cuentas de otras personas relacionadas con los protagonistas de la trama que figuran con un carácter secundario en la averiguación pero que podrían ser claves para determinar cómo sucedieron los hechos y conocer el destino del dinero.

Lo cierto es que en todas las investigaciones el nombre de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo siempre sale a relucir pese a no tener cuentas en la BPA ni figurar entre los directamente involucrados.

Las investigaciones a la cúpula de Petróleos de Venezuela en tiempo del gobierno de Hugo Chávez se han extendido y ahora también la Audiencia Nacional de España le puso la lupa a una querella presentada por la actual dirección de la estatal contra Rafael Ramírez  y otros exdirectivos por el  delito de blanqueo de capitales, refiere una nota de El Mundo[5].

El caso, que se mantiene en secreto sumarial por la juez instructora, Carmen Lamela, indaga las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la PDVSA y transferencias de dinero —algunas provenientes de Estados Unidos— realizadas a España por los involucrados.

Mientras tanto en Venezuela, el fiscal Tarek William Saab, impuesto por la irrita Asamblea Nacional Constituyente, anunció que librará orden de captura contra Ramírez, en lo que parece, más que una lucha por la justicia, una guerra entre facciones del chavismo que, por ahora, se percibe como larga y encarnizada.

[1] EFE. “EEUU acusa a Banca Privada d'Andorra de lavado de dinero de Rusia y Venezuela”. 10 de marzo de 2015. 

[2] Reuters. “Autoridades andorranas destituyen a consejo y tres directivos de BPA”. 12 de marzo de 2015. 

[3] El Mundo. “Sobornos de empresas españolas, inadmisible sostén del chavismo”. 20 de marzo de 2015. 

[4] El País. “Firmas españolas pactaron comisiones de 148 millones para cargos chavistas”. 20 de marzo de 2015.

[5] El Mundo. “La Audiencia Nacional investiga a la ex cúpula de Petróleos Venezuela por blanqueo de capitales”. 28 de enero de 2018.

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En una segunda entrega del programa de investigación de Venezuela Al Día en alianza con el canal de Venezolanos por la Información (VPItv), el tema de la “nudes” en Venezuela fue puesto ante la lupa. El envío de material sexual a través de las redes sociales no solo se convirtió en un auge a nivel internacional, pues desde el 2017 los venezolanos también se unieron a dicha practica a cambio de una entrada monetaria “extra”.

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Impulsados por la crisis económica que transita el país , mujeres y hombres se unieron a la moda “nudes” para generar ingresos en bolívares y hasta en dólares. Los paquetes de fotografías varían según a petición del comprador y este es incluso capaz de pagar hasta $500.   Una práctica que a juicio de los implicados,  ayuda a resolver ante la coyuntural situación.

Paquete de Precios 

Los precios son fijados por las modelos y dependen del tipo de fotografías. La investigación refiere que una toma de senos puede costar de $20 a $50 , mientras que una de las partes íntimas tiene un valor de $80 (que al cambio paralelo serían Bs. 21.200.000).  Si las fotografías son “tipo complacientes” tienen un precio de $500 que al cambio serían Bs. 132.500.000 (monto que no genera un venezolano trabajando durante todo un año). 

El negocio tiene un segundo nivel que es sexo a domicilio. Los precios varían dependiendo del tipo de práctica que quiera el cliente y vas desde los $25 hasta los $500. El más costoso de las opciones son los tríos, orgías y parejas.

Aunque es considerado “un buen negocio” este tipo de prácticas también tienen sus riesgos, pues según el reportaje mayormente los perfiles de las personas implicadas “son falsos”. Por ende muchos corren el riesgo de ser estafados o en un extremo de los casos , ser agredido mientras se concreta un encuentro sexual.

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