Las investigaciones contra el exfuncionario salvadoreño cuentan con el aval de congresistas estadounidenses de los dos principales partidos políticos, los departamentos de Estado, Tesoro, la DEA y el FBI. El diario La Prensa Gráfica de El Salvador dio a conocer las averiguaciones que aquí se dan a conocer.
Maibort Petit / Venezuela al Día
El exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo de El Salvador, José Luis Merino, encabezaría una red de corrupción a través de un supuesto grupo de testaferros que mediante empresas registradas en Nevada, Estados Unidos, legitima capitales provenientes de negociaciones irregulares con relacionados y empresas ligadas a Alba Petróleos El Salvador. Así lo revelaría una investigación de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro y la y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos llevada a cabo a solicitud de congresistas de los partidos Demócrata y Republicano que la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica de la nación centroamericana dio a conocer a través de un conjunto de reportajes firmados por el periodista Moisés Alvarado.
Recientemente, el Departamento de Estado dio a conocer la lista de funcionarios del Triángulo Norte a quienes se señala de estar incursos en actos de corrupción, la cual incluyó en esta oportunidad a José Luis Merino, explicándose en el informe que el exalto funcionario salvadoreño es fundador y asesor de Alba Petróleos, empresa cuyo 60 por ciento de pertenecen a PDV Caribe, de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual ya había sido sancionada por la OFAC en el mes de enero.
Estas últimas medidas de la OFAC señalan que Merino y su hermano, Sigfredo Ismael Merino Cabrera, supuestamente habrían desviado más de USD 400 millones mediante un conjunto de empresas de fachada a cuentas offshore en Panamá. Se advierte que para la fecha, José Luis Merino no había sufrido condena alguna al gozar de inmunidad por su posición como funcionario del gobierno del FMLN, esto en razón de que disfrutaba de fuero constitucional como diputado del Parlamento Centroamericano y, luego al casi finalizar su período como tal fue designado por el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén, como Viceministerio de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, cargo creado con el presunto objeto de protegerlo.
El Departamento de Estado reveló en su lista nombres de los expresidentes, “Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel; Mauricio Funes Cartagena, asilado en Nicaragua bajo la protección del régimen de Daniel Ortega; Elmer Charlaix, Julio Rank, Cesar Funes, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera, entre otros que formaron parte de la administración Saca, además del exfiscal general Luis Martínez”.
Anteriormente, el Departamento del Tesoro había extendido las sanciones económicas que anteriormente había impuesto a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a Alba Petróleos, una filial que posee la estatal petrolera venezolana posee en El Salvador. Dichas sanciones se extienden también a Albanisa, de Nicaragua. “Como resultado de nuestra designación de PDVSA, nuestras sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50 por ciento o más”, refirió un vocero de la instancia gubernamental estadounidense. En ese sentido, ninguna persona o empresa norteamericana podrá negociar o realizar cualquier transacción comercial o contratar con las citadas compañías.
Alba Petróleos supuestamente transfirió millonarias sumas a Panamá sin explicación alguna. Esto habría ocurrido entre 2009 y 2014, cuando envió USD 165.990.674 a la sociedad anónima Apes Inc., de acuerdo a investigaciones de prensa y dela Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del Internacional Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas. En esa ocasión, Carlos García Ruiz, actual diputado del FMLN, no explicó por qué transfirieron ese dinero a Panamá. Su respuesta fue: “Apes se dedicó a garantizar que el recurso caminara por donde correspondía, y que produjera para beneficios de este país”. Dicha empresa fue constituida por Carlos García Ruiz, como presidente, Francisco Castaneda, como secretario y Miguel Ángel Hernández Ventura como tesorero, otorgándose poderes legales al hermano de José Luis Merino.
Las cuentas de Alba Petróleos presentan deudas irrecuperables o sus subsidiarias han reportado pérdidas, refiere Estrategia y Negocios, citando a InSight Crime.
Cabe destacar que esta empresa fue allanada el 31 de mayo de 2019 por orden de la Fiscalía General de El Salvador (FGR) que dispuso el abordaje de las instalaciones de Alba Petróleos y otras 26 empresas vinculadas al lavado dinero. En la operación se recolectaron documentos financieros, informáticos y contables “que pueden ser útiles en las investigaciones penales”, según dijo en ese momento German Arriaza, director Contra la Corrupción y la Impunidad.
Las empresas vinculadas a la investigación por lavado de dinero son Gasohol, el centro de investigaciones científicas de Alba Petróleos, Consultores Técnicos Empresariales, Energía Orgánica, Renova Energy, Transportes Velmont, Precocidos El Salvador y Maya Green Power, Alba Alimentos de El Salvador, Alba Gas, Asociación Instituto Schafick Hándal, Coordinadora y Asesora de Proyectos, Diagrin, Enepasa, Fundación Albapetróleos El Salvador, Gaubri Group, Inversiones Flolat, Inversiones Valiosas, Las Vistas, SAG, Termopuerto Limitada, Tu Financiera de RL y Fibras El Salvador.
Igualmente hay que recordar que desde su llegada al poder el 1 de junio de del presente año, el nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele inició una ola de despidos masivos de familiares, amigos y allegados al expresidente Salvador Sánchez Cerén.
La red de testaferros
Ahora bien, retomando la pesquisa de La Prensa Gráfica a que hicimos mención inicialmente arrojó que entre los presuntos testaferros o prestanombres de Merino se encuentran su hermano, Sigfredo Ismael Merino Cabrera, y quien desde hace más de una década ejerce funciones como su asistente personal, a saber, Erick Geovanni Vega. Igualmente figuraría José Mauricio Cortez Avelar, quien está vinculado a varias empresas domiciliadas en paraísos fiscales en las que el alto dirigente salvadoreño no aparece como beneficiario.
Las averiguaciones reseñadas por el medio salvadoreño indican que la supuesta red de corrupción habría conformado una estructura destinada a la legitimación de dinero por parte de los citados en la que participarían también otros individuos de otras nacionalidades. Los involucrados presuntamente se habrían valido de tres empresas registradas en el estado de Nevada, un paraíso fiscal de los Estados Unidos. Tales compañías serían Alba Petróleos Las Vegas, Kalandos Investment Group y Petro Global International, las cuales permanecieron activas desde 2011 hasta 2014 y estarían vinculadas a, por lo menos, siete personas que conforman las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panamá.
También formaría parte de la red de testaferros de Merino el guatemalteco Aldo Adrián Aguirre, quien ejerció como vicecónsul honorario en Las Vegas y figura en registros de empresas relacionadas a Alba Petróleos en El Salvador y Panamá.
Los congresistas estadounidenses estimaron que “el señor Merino es un alto miembro del partido gobernante en El Salvador, cuyas asociaciones de larga data con redes organizadas de crimen transnacional son objeto de investigaciones criminales de Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
El alto dirigente figura en varias negociaciones de Alba Petróleos, una compañía mixta formada constituida con capital venezolano en sociedad con alcaldías del FMLN en las que Merino ha sido el principal asesor.
El reportaje revelador
Un reportaje publicado el 29 agosto de 2017, bajo la firma de Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el contexto de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, dio a conocer que una investigación de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro y la y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos estableció que Losé Luis Merino, dirigente gubernamental y líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, encabeza un red de corrupción en la que valiéndose de testaferros que mediante un grupo de empresas busca legitimar capitales provenientes de negociaciones irregulares.
La investigación por parte de los organismos de EE. UU. sobre Merino tuvo lugar a partir de una solicitud formulada por catorce congresistas estadounidenses —demócratas y republicanos— ante el para entonces secretario del tesoro, Steven Mnuchin, y de estado, Rex Tillerson, con el objeto de que llevaran a cabo una indagación financiera de las actividades de quien se desempeñaba como viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo del gobierno salvadoreño, labor por la cual devenga mensualmente USD 2.500 que son los únicos que reporta como ingresos aunque también —desde 2006— figura como asesor e imagen de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa mixta en la que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) posee el 60 por ciento de las acciones, mientras el restante 40 por ciento pertenece a la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador, ENEPASA, una compañía conformada por varias alcaldías gobernadas por el FMLN.
Albio Sires, Jeff Duncan, Mario Díaz-Balart, Eliot Engel, Joaquín Castro, Ileana Ros-Lehtinen, Carlos Curbelo, Gregory W. Meeks, Adriano Espaillat, Christopher H. Smith, Norma Torres, Ted S. Yoho, Robin L. Kelly y Michael T. McCaul, refirieron a los altos funcionarios estadounidenses la necesidad de investigar en aras del “interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”, por los “asocios de larga data” de Merino “con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
Tal tarea se constituía en todo un reto, toda vez que el nombre de José Luis Merino no figura en el registro de ninguna empresa activa de la nación centroamericana, habiendo sido la última de estas compañías Alba Alimentos de El Salvador, subsidiaria de Alba Petróleos, en la que fungió como presidente entre 2012 y 2015, mientras que fuera de El Salvador tampoco forma parte de la directiva de ninguna compañía. Tampoco cuenta con inmuebles bajo su propiedad y los tres vehículos que posee están de baja en el sistema, por lo que no es legal que circulen por las calles del país.
En apariencia, Merino es un hombre sin propiedades. Por tanto, la vía de las investigaciones es el seguimiento de los testaferros o prestanombres, una figura a la que se suele recurrir para ocultar al verdadero destinatario de los beneficios finales en algunos negocios. Ese fue el camino seguido por los congresistas estadounidenses en razón a una investigación preliminar emprendida por el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro que arrojó el nombre de quienes se presume son los principales testaferros del alto funcionario salvadoreño. Se trata del hermano del viceministro, Sigfredo Israel Merino Cabrera, y Erick Giovanni Vega, quien durante más de una década se ha desempeñado como asistente personal de José Luis Merino. Igualmente, José Mauricio Cortez Avelar, otro nombre con reiterada aparición en los registros de empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador en varias jurisdicciones, es también una figura importante de la investigación.
Cortez Avelar posee a su nombre cuatro cuentas en bancos extranjeros, dos en el Saxo Bank, de Suiza, y dos más en el Banco Espírito Santo, de Brasil, a las que se tuvo acceso solamente mediante fuentes vivas y no directamente. El periodista a través de correos electrónicos con alguien involucrado en las investigaciones, conoció que se maneja la hipótesis de la existencia de una estructura de lavado de dinero encabezada por Merino en la que participarían Sigfredo Israel Merino, Erick Vega y Cortez Avelar. Detrás de estos tres, existirían decenas de personas de varias nacionalidades.
La investigación indicó que José Luis Merino y sus colaboradores establecieron tres empresas de responsabilidad limitada en el estado de Nevada, Estados Unidos, a saber, Alba Petróleos Las Vegas, Kalandos Investment Group y Petro Global International, las cuales se mantuvieron activas entre 2011 y 2014.
En los registros públicos de estas compañías se repiten los nombres de quienes igualmente aparecen en las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panamá relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador. El estado de Nevada es un paraíso fiscal en el que es casi imposible obtener información financiera sobre las actividades de una empresa y, por ello, los montos que se han movido en estas compañías, son un misterio.
Durante la pesquisa surgió también el nombre de Aldo Adrián Aguirre, un guatemalteco que ejerció como vicecónsul honorario de su país en Las Vegas y es un nombre común en empresas relacionadas con Alba Petróleos en El Salvador y Panamá.
Hay que apuntar, de acuerdo a lo que determinaron las investigaciones, que a partir de 2010 José Mauricio Cortez Avelar pasó de ser un modesto abogado de 60 años a integrante de juntas directivas de empresas receptoras de millonarios préstamos provenientes de fondos de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta de la que José Luis Merino es asesor e imagen en el gobierno central.
Igualmente, en 2011, Cortez Avelar se convirtió en presidente de una compañía en Panamá y en miembro de otra de responsabilidad limitada en Nevada, Estados Unidos, las cuales —como en el caso anterior— estaban relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña. La participación de este hombre en sociedades financiadas por Alba Petróleos siguió incrementándose en años posteriores, llegando a figurar en 15 compañías solamente en El Salvador, como accionista en 5 de ellas y como miembro activo en otras 10. También es apoderado legal y mercantil en dos de las empresas en las que ha dejado su puesto, mientras que en Panamá forma parte de la junta directiva de siete compañías relacionadas con Alba Petróleos. Del mismo modo, en otras dos Nevada, es miembro directivo.
“Veinticuatro empresas, por las que han circulado millones de dólares, han nacido y han tenido la participación de Cortez Avelar en apenas seis años”, refiere el reportaje firmado por Moisés Alvarado.
A pesar de todas estas figuraciones, en los registros del fisco salvadoreño Cortez Avelar aparece como simple comerciante de medianas ganancias. Es que sus declaraciones de ingresos anuales ante el Ministerio de Hacienda desde 2010 hasta 2015, reflejan los siguientes ingresos: USD 14.520 en 2010; USD 14.961 en 2011; USD 18.098 en 2012; USD 27.744 en 2013; USD 9.423 en 2014; y USD 33.881.25 en 2015. Esta última cifra —la mayor declarada— indican ingresos mensuales de USD 2.750, una cantidad equivalente al sueldo máximo de un comisionado de la Policía Nacional Civil o de asistente administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Entretanto, sobre Aldo Adrián Aguirre, refiere la nota informativa que fue vicecónsul honorario de Guatemala en Las Vegas entre 2003 y 2014, bajo la jurisdicción del consulado de Los Ángeles, California. Igualmente se indica que su perfil en la red Linkedin dice que entre sus funciones estaba apoyar a los consulados móviles y entrevistar a detenidos y encarcelados guatemaltecos en la localidad. También en 2010 colaboró con la Fundación México Americana para la Defensa y Educación Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), para promover la participación de la comunidad latina en el censo de Estados Unidos de ese año.
Pero aparte de diplomático, Aldo Adrián Aguirre también es un hombre de negocios, al figurar como directivo en varias empresas de Nevada, entre ellas, Alianza Consulting Group, compañía de responsabilidad limitada de la que fue agente registrador y único miembro desde 2005 hasta 2014, cuando decidió disolverla. Esta firma se dedicaba, de acuerdo a lo informado por Adrián en Linkedin, a “satisfacer las necesidades de asistencia para el desarrollo de los mercados emergentes y de los países en desarrollo ofreciendo experiencia funcional excepcional, experiencia regional y un compromiso con la excelencia”.
Alianza Consulting Group vinculó a Aldo Adrián Aguirre con Alba Petróleos de El Salvador, cuando el 12 de abril de 2011, comenzó a ser secretario y tesorero de la junta directiva de Alba Refining Company, Latin América, S. A., una “offshore” inscrita en Panamá por la empresa salvadoreña. El reportaje apunta que seis días antes, Aguirre había iniciado otra compañía vinculada con Alba Petróleos, Petro Global International, en Nevada donde residía.
En 2012 se incrementó su figuración en sociedades relacionadas con Alba Petróleos, siendo que a la fecha de la publicación del reportaje había participado en las tres compañías de Nevada que forman la red, en tres “offshore” panameñas de Alba Petróleos y en tres empresas relacionadas con esta en El Salvador.
En 2017 —fecha del reportaje— Aldo Adrián Aguirre residía entre Las Vegas y Ahuachapán, en El Salvador, de acuerdo a lo reflejado por sus registros migratorios y sus publicaciones en la red social Facebook, en la que se identifica como Mateo Madrid.
Por su parte, el hermano de José Luis Merino, Sigfredo Armando Merino Cabrera, obtuvo la ciudadanía estadounidense en tiempos en los que el primero se dedicaba a las actividades guerrilleras, nacionalidad que ha utilizado para realizar algunos de sus trámites, entre estos un poder general en la subsidiaria de Alba Petróleos en Panamá, APES INC., en 2010. Al terminar la guerra civil salvadoreña, volvió a su país en donde se convirtió en mano derecha de su hermano en varios negocios. José Luis Merino fue beneficiario de créditos dirigidos a combatientes desmovilizados.
Los hermanos Merino formaban parte de las juntas directivas de varias empresas que se mantienen inactivas desde el inicio del nuevo milenio, como Consultores Técnicos Empresariales, J. M., y Valores del Aire, firmas estas en las que Sigfredo era administrador único propietario y como representante legal.
En la década pasada, refiere el reportaje, Sigfredo Merino concentró sus actividades en la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA),dedicada al tratamiento de desechos sólidos que solía ser contratada por las alcaldías en manos del FMLN, del que su hermano era líder. En CAPSA, Sigfredo Merino se desempeñó entre 2003 y 2006.
Luego, de 2010, Sigfredo Merino inició una escalada en los negocios al incursionar en puestos clave de por lo menos ocho empresas receptoras de millonarios préstamos de Alba Petróleos de El Salvador de la que también fue gerente.
Consultado por el periodista sobre su figuración en la empresa Alba Petróleos Las Vegas, Sigfredo Merino dijo desconocer la razón de ello. “Allí todo el mundo puede aparecer simple y sencillamente con el robo de identidad… quizá alguien la conformó con el interés de dañar mi imagen”.
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Posteriormente dijo que luego de una investigación independiente, certificó que el agente registrador de la empresa, Bassan Izzat Kalandos, a quien dijo no conocer personalmente, utilizó su nombre sin su permiso para conformar la empresa. Sigfredo Merino remitió a La Prensa Gráfica una foto de una carta, dirigida a Yanet Cornejo, directora del departamento legal de Alba Petróleos de El Salvador, donde Kalandos aclaraba “que formó la empresa Alba Petróleos Las Vegas con vistas a futuros negocios en Nevada y para reservar ese nombre. Sin embargo, decidió disolverla pronto, el 19 de febrero de 2013, tras darse cuenta de lo ‘sensible’ de la marca fuera de Estados Unidos y tras las peticiones de sus ‘contactos venezolanos’”.
En el reportaje se refiere que militantes de mediano rango del FMLN dijeron en condición de anonimato, que Sigfredo Merino ha alcanzado una alta figuración inexplicablemente, toda vez que no participó en las luchas guerrilleras que posteriormente llevaron a ese movimiento al gobierno.
Empresarios exigieron explicación a Merino
Sobre esto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador emitió un pronunciamiento y exigió al viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, una explicación respecto a lo denunciado por los las agencias estadounidenses que lo vinculan a una red de testaferros y sus presuntos nexos con el narcotráfico y la venta de armas, recoge una nota periodística de La Prensa Gráfica el 30 de agosto de 2017[9].
“Esto amerita una respuesta oficial de parte del señor Merino y del Gobierno”, dejó sentado el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, al tiempo que agregó que “El señor Merino, quien merece la presunción de inocencia, está siendo cuestionado de manera muy seria y grave de tener relaciones que causan muchísimo daño al país”.
Cardenal refirió que lo denunciado se suma a otras acciones que ponen en duda las relaciones de amistad entre El Salvador y Estados Unidos, lo cual pone en riesgo el Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a unos 190 mil salvadoreños vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense. “Pronto en Estados Unidos se discutirá la extensión del TPS, y cuando esto se discuta en el Congreso, se considerará si el país es amigo o no de Estados Unidos, si se ha condenado la dictadura en Venezuela, si el país está involucrado en narcoactividad o venta de armas”.
Lavado de dinero con inmuebles
También el 30 de agosto de 2017, Moisés Alvarado realizó otro reportaje para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en donde reveló a través de una investigación periodística que la empresa Las Vistas fue constituida en 2012 expresamente para comprar 38 inmuebles en Garden Hills, un exclusivo conjunto residencial ubicado en Nuevo Cuscatlán.
La nota dice que Las Vistas, “en los últimos cinco años, ha contado con varios dueños: abogados miembros de un bufete, un ciudadano guatemalteco, dos empresas domiciliadas en Panamá, entre otros. En la última etapa, antes de la construcción de viviendas, la empresa llegó a las manos de José Mauricio Cortez Avelar, identificado por una investigación, hecha por tres instituciones en Estados Unidos, como el principal testaferro del viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, quien es, además, uno de los principales líderes del partido de Gobierno. En estos movimientos también sale involucrada Inversiones Valiosas (INVERVAL), una empresa con múltiples relaciones con ALBA Petróleos de El Salvador, de la que Merino también es parte”.
Para la fecha de la publicación, se informó que casi todas las casas fueron vendidas a personas y sociedades relacionadas con el alto dirigente salvadoreño. Específicamente se habían logrado vender 19 casas Por USD 325.000 cada una. “Pese a que se promociona como “un verdadero deleite para vivir”, estas residencias pasan deshabitadas”, acota la reseña.
Este negocio de Las Vistas se perfila dentro del conjunto de “malos negocios relacionados con ALBA Petróleos de El Salvador”, que según el último año reportado ante Hacienda para la fecha de la publicación —a saber, 2016— el balance fue de más de USD 1 millón en pérdidas.
El reportaje refiere que aun cuando así no lo registren los archivos de Hacienda ni del Centro Nacional de Registros, el conjunto residencial Garden Hills contó con tres accionistas de nacionalidad guatemalteca desde que fue constituida hasta 2012. Estas personas eran Francisco Javier Botrán Briz, José Gregorio Preza Rodríguez y su esposa, Mónica Rodríguez Minondo.
La mayor parte del capital habría sido aportado por Preza Rodríguez, pero la administración del negocio estaba en manos de Botrán Briz, quien en 2010 se habría extralimitado en sus funciones, de acuerdo a lo revelado por una persona relacionada con documentos legales del caso. Botrán según informó la fuente, no informó de algunos movimientos a sus socios lo que llevó a Preza Rodríguez a demandarlo por administración fraudulenta. La nota refiere que Preza Rodríguez exigió USD 2.5 millones para olvidarse de la demanda.
“Botrán, quien asumió la deuda de forma mancomunada con Garden Hills, decidió que era mejor hipotecar los 38 inmuebles que formaban parte de la segunda etapa de su residencial para obtener más tiempo. Tenía un plazo de dos años para pagar esa deuda o perder sus terrenos, hasta el 12 de abril de 2012. El periodo llegó a su fin y Botrán no pudo cumplir con el compromiso. Por tanto, Preza pudo disponer de los inmuebles. Preza Rodríguez evitó que estos pasaran directamente a su nombre, en este afán creó una empresa con este objetivo en particular. Tan solo un mes antes de poder transferirle su derecho de hipoteca, nació Las Vistas. El servicio de conformación le fue brindado a Preza Rodríguez por el bufete de abogados Guerrero y Guerrero, que colocó a una de sus empleadas, Elizabeth González Córdova, como accionista mayoritaria, y a otro, Jorge Méndez Allwood, como administrador único propietario. Los 38 inmuebles pasaron a ser propiedad de Las Vistas el 20 de abril de 2012. En el Centro Nacional de Registros y en el Ministerio de Hacienda jamás se vincula al guatemalteco Preza Rodríguez con Las Vistas. Por eso, visto desde afuera y solo con documentos públicos a la mano, la transferencia del derecho de hipoteca parece un negocio entre un particular y una empresa y no entre dos relacionados”, explica el reportaje.
La investigación periodística informó que en la misma fecha —20 de abril de 2012— Preza Rodríguez se convirtió en el accionista mayoritario de Las Vistas luego de aportar sus USD 2.5 millones en terrenos.
El mismo día también transfirió las acciones a dos empresas en Panamá: Leeland Overseas y Zerfin conformadas por personas que figuran en juntas directivas de miles de compañías en El Salvador. Estas compañías se constituyeron meses antes de convertirse en las accionistas mayoritarias de Las Vistas y “fueron disueltas meses después de que la compañía INVERVAL y el abogado José Mauricio Cortez Avelar pasaran a convertirse en sus nuevos dueños”.
El 23 de julio de 2013 renunciaron los administradores de Las Vistas y entró José Mauricio Cortez Avelar, el supuesto prestanombres de José Luis Merino.
En el Centro Nacional de Registros de El Salvador se produjo un relevo en los accionistas: 99 por ciento de las acciones pasaron a la empresa Inversiones Valiosas (INVERVAL), mientras el restante 1 por ciento quedó en manos de Cortez Avelar, quien fungía como administrador único propietario de Inversiones Valiosas. “De este movimiento solo ha quedado rastro en el Registro de Comercio. Para el Ministerio de Hacienda, Elizabeth González Córdova sigue siendo la accionista mayoritaria de Las Vistas. Por lo tanto, al menos para el fisco, INVERVAL no desembolsó ni un centavo para ser la socia mayoritaria de Las Vistas. Pero, al final de cuentas, INVERVAL y Cortez Avelar sí pasaron a disponer de los 38 inmuebles que, originalmente, le pertenecían a Garden Hills”, agrega el reportaje.
Refiere la investigación de Moisés Alvarado que INVERVAL —constituida en agosto de 2012— fue receptora a apenas unos meses de su conformación, de un jugoso préstamo de USD 16 millones por parte de ALBA Petróleos de El Salvador. El dinero que presumiblemente debía destinarse para comprar un lote en la finca Loma Linda y otros tres en la residencial Greenside Santa Elena, habría sido utilizado, en parte, para comprar las acciones de Las Vistas, cuyo valor ascendía a USD 2.5 millones, por lo que se habrían violado las pautas establecidas con Alba Petróleos.
La construcción de Garden Hills comenzó en 2013 y finalizó en 2015. Las Vistas comenzó a vender los inmuebles en octubre de este último año y se paralizaron en noviembre de 2016. “Desde entonces, no ha reportado una nueva. En ese periodo de 14 meses, la empresa vendió 19 casas. 10 de estas llegaron a manos de personas y empresas relacionadas con el político salvadoreño José Luis Merino. Entre estas está una de sus hermanas, Yanira Elizabeth Merino Cabrera”.
Se precisa en el reportaje de La Prensa Gráfica que todos los compradores recibieron préstamos hipotecarios por el orden de USD 250.000 para adquirir las casas con un plazo de más de 20 años para pagar.
Curiosamente, apunta la reseña de prensa, “las viviendas también se encuentran vacías, como se desprende del testimonio de vecinos de esa misma residencial y de una visita realizada al sitio en abril de 2017. Cuatro de las casas le pertenecen a ALBA Petróleos de El Salvador”.
Que las casas permanezcan vacías y que exista relación entre los compradores no sería un hecho fortuito sino la revelación de que no se trata nada más que de una estrategia para amortizar pérdidas por el fracaso del proyecto inmobiliario. También podría ser una forma de lavado de dinero.
INVERVAL también recibió préstamos de una compañía llamada Energía Orgánica (ENERGOR) por el orden de USD 600.000. “Entre estas tres sociedades hay varios nombres de personas que se repiten, según decenas de revisiones hechas en el Registro de Comercio de El Salvador. José Mauricio Cortez Avelar, el abogado identificado como prestanombres de José Luis Merino, ha estado en las juntas directivas de las tres empresas”.
El reportaje hace referencia a varios relacionados con los inmuebles y con ALBA Petróleos, para finalmente asegurar que la construcción de los inmuebles no fue más que un mal negocio.
Cortez Avelar a través de INVERVAL le inyectó a Las Vistas préstamos en 2013 por USD 138.699 que se utilizarían para iniciar la construcción de las casas, cifra que se incrementó en 2014 a USD 4 millones y USD 7 millones en 2015. Eso permitiría que Las Vistas no fuera la dueña de 38 lotes por $2.5 millones, sino de 38 viviendas, que, según la misma empresa, le daban un valor a su inventario de más de USD 8 millones.
Se agrega que dicho proceso de construcción estuvo plagado de irregularidades.
Se reportaron pérdidas por el orden de USD un millón.
Negociación ilícita en puerto de Honduras
Otra publicación de Moisés Alvarado aparecida el 31 de agosto de 2017 igualmente en la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica de El Salvador en el contexto de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, dio a conocer que una serie de correos electrónicos patentizó negocios secretos entre el prófugo de la justicia, Enrique Rais, el viceministro José Luis Merino y un grupo de colaboradores de varias nacionalidades que procuraron condicionar e incidir en el proceso de licitación de la terminal de contenedores en puerto Cortés, en Honduras, a cambio de millonarios beneficios.
El 9 de mayo de 2012, el millonario salvadoreño, Enrique Rais, le remitió un correo a Erick Giovanni Vega, asistente personal de José Luis Merino, a quien en la comunicación se menciona como “BB”. “Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio, sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”.
Poco antes el español, Ángel Pérez-Maura, había remitido un correo a Enrique Rais en el que manifestaba su interés por participar con la empresa Grup Maritim TCB, de la cual era vicepresidente, en la licitación para lograr la concesión por 30 años de la terminal de contenedores y de carga general de puerto Cortés, ubicado al occidente de Honduras, lo que representaría USD 47.5 millones anuales.
Aunque en apariencia este mensaje no parece ser nada irregular, es necesario apuntar que la empresa de Rais no cumplía con algunas de las condiciones exigidas por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) —organismo hondureño encargado de las concesiones— para aspirar a la participación en el proceso licitatorio.
El reportaje de Alvarado refiere que TCB no cumplía no poseía un patrimonio neto mínimo de USD 300 millones. Tampoco tenía el movimiento anual de contenedores en los puertos en los que laboraba con por lo menos 10 por ciento de participación.
Ante esto, Ángel Pérez-Maura escribió que “Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”.
Para Pérez-Maura, sus aliados no estaban cumpliendo con lo que se habían comprometido desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre él y Enrique Rais sobre puerto Cortés. Suponía que el contrato finalmente iba a ser adjudicado a Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo. Pero cuando se publicaron las condiciones en septiembre de 2012, comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino había surtido efecto, pues las pautas estaban formuladas de acuerdo a los intereses del empresario español.
Y es que el movimiento mínimo de contenedores exigido a las empresas aspirantes bajó de 3 millones a 2 millones, mientras que el patrimonio mínimo solicitado era de USD 240 millones y no de USD 300 como se había establecido inicialmente.
El periodista Moisés Alvarado tuvo acceso a los correos electrónicos que le permitieron reconstruir los hechos.
Los planes de José Luis Merino y Enrique Rais eran que al lograr TCB la concesión, los incorporara como socios en el negocio que por 30 años reportaría ingresos por USD 47.5 millones.
El reportaje destaca que ninguna de las empresas de Rais tenía experiencia en materia portuaria, toda vez que su ramo tiene que ver con el tratamiento de desechos sólidos. Igualmente refiere que al empresario se le acusa de haber obtenido las acciones de su empresa de manera fraudulenta. Por otra parte, especifica que el empresario es prófugo de la justicia por haber utilizado sus influencias para que la Fiscalía General de la República creara un caso de lavado ficticio en torno a una ciudadana.
Finalmente la concesión fue otorgada a la empresa filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI), que también habría negociado con Rais, Merino y sus socios. Más de cien correos dan cuenta de que Enrique Rais se encargó personalmente de las negociaciones con sus colaboradores, entre quienes se cuenta su sobrino, Hugo Blanco. Subraya la investigación periodística que José Luis Merino y Enrique Rais, a la par de las conversaciones con TCB, conversaban con ICTSI. El mexicano Carlos Garrido Escandón, quien para ese momento ejercía como director de Desarrollo de Negocios en las Américas de ICTSI, fue quien se encargó de los intercambios de información.
José Luis Merino, aunque no remitió ninguno de los correos electrónicos, fue la persona a la que acudía Enrique Rais para solucionar los problemas que se le presentaban en el proceso, remedios que se canalizaban a través del asistente del líder del FMLN, Erick Vega.
En los correos de Rais, a Merino se lo nombra como “Ramiro”, su seudónimo en la guerra civil salvadoreña. Igualmente se le refiere como “BB”, como ya se apuntó.
El periodista Alvarado refirió que fuentes le informaron que Enrique Rais fungía como enviado de José Luis Merino, quien era la persona que tenía las conexiones en Honduras, correspondiéndole a Rais “montar la estructura para que el trabajo se hiciera”.
El viceministro salvadoreño se erigía como el nexo con “Caperucita” una enigmática figura en la que en los correos Rais y el resto de los involucrados se menciona en reiteradas ocasiones y quien obtendría dinero por su intermediación.
En el reportaje se indica que descuidos cometidos por Rais en la redacción de los correos al hacer mención de esta persona como “presidente” hacen suponer que se trata de Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó Honduras entre 2010 y 2004. Se apunta, además, que Lobo está ampliamente relacionado con Merino por haber intervenido ante el expresidente fallecido, Hugo Chávez, para que se le reconociera como presidente ante el consejo general de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de estado de 2009.
En el reportaje se da cuenta otra serie de correos que revelan negociaciones sobre pagos de comisiones, reproches e inconformidades con actuaciones de los involucrados
Las cuentas de Merino
Un informe confidencial llegado a nuestras manos, muestra una relación de cuentas bancarias abiertas por José Luis Merino Cabrera a nombre de empresas, organismos y su persona en diversas instituciones de varios países.
En primer lugar se indica que Merino Cabrera es portador del Documento Único de Identidad (DUI) número 02795516-1, pasaporte número A02795516.
Se reporta como sus domicilios Santa Tecla, Departamento Libertad, San Salvador, El Salvador.
Igualmente en la 9a. Calle Pte., número 4335, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador.
También en el 7480 Sw, 40 St, 400 Miami, Estados Unidos.
En el 4232 Collis Ave, Los Ángeles, California, Estados Unidos.
En la Urbanización Ciudad Satélite, Av. Bernal, número 29, San Salvador, El Salvador.
Se reportan doce cuentas personales abiertas en varias entidades financieras que se mantenían abiertas para la el momento de haber sido elaborado el informe. Asimismo siete cuentas cerradas o inactivas en varios bancos.
Como único titular aparece en una cuenta; como cotitular con empresas figura en ocho cuentas; como cotitular con personas se encuentra en tres cuentas.
De ahorros es una cuenta; corrientes son nueve; de fondos, inversión o scrow, son dos cuentas.
Merino opera con dólares estadounidenses, euros, peso colombiano y bolívar venezolano.
Para el 7 de octubre de 2010, José Luis Merino poseía activos en dólares por USD 5.528.032; en euros por EUR 2.897.392; en pesos colombianos por COP 666.996.320; en bolívares por VEF 1.390.441.
Las entidades financieras donde posee sus cuentas serían el Banco Agrícola S.A., Banco Davivienda, Banco de Fomento Agropecuario, Banco de Venezuela, Banco Espirito Santo, Banco G&T Continental (Panamá) S.A., Banco Popular, Banco Procredit El Salvador, Banco Promérica, Banco Reservas, Japan Bank for International Cooperation, JP Morgan Chase Bank, JP Morgan Trust Company (Bahamas) Limited, Scotianbank, Admirals Bank, Banco G&T Continental de Guatemala S.A., Bank of America Merrill Lynch, First National Bank.
Las cuentas de José Mauricio Cortez Avelar
Del mismo modo, contamos con otro informe confidencial, esta vez sobre las cuentas bancarias de José Cortez Avelar, señalado de ser uno de los principales testaferros de José Luis Merino.
En primer lugar se informa que su Documento Único de Identidad (DUI) salvadoreño es el número 00393935-5; su pasaporte el N° C643315, # A0039393; su edad, 56 años; su profesión, abogado.
Su domicilio está ubicado en el Boulevard Orden De Malta Sur Block “A”, casa número 1, urbanización Santa Elena, Parque Industrial El Boquerón Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. También en la Cuarta Calle Poniente, N° 59 Santa Tecla, El Salvador.
Su esposa es Ana Cora Miranda de Cortez y sus hijos Mauricio Cortez Miranda, Rebeca Cortez Miranda y Adriana Cortez Miranda.
Se informa que posee 37 cuentas abiertas en distintas entidades financieras y 38 cuentas cerradas y/o Inactivas.
Como único titular aparece en 4 cuentas; como cotitular con empresas, figura en 31 cuentas; como cotitular con personas, lo encontramos en 2 cuentas.
Dos de sus cuentas son de ahorro, 28 son cuentas corrientes y siete son cuentas de fondos, cuentas de inversión y Scrow.
Cortez Avelar manejaba activos en dólares por USD 25.223.689,53, en euros por EUR 6.511.274,08 y en córdobas nicaragüenses por NIO 15.334.166,34.
Entre los bancos donde quien se presume como testaferro de Merino posee cuentas están el Banco de America Central C.A., el Florida Bank, Banco Agrícola S.A., Banco Azteca, Banco Azul, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Espirito Santo, Banco G&T Continental, Banco Gipotecario, Banco Industrial, Banco Mercantil del Norte S.A., Banco Procredit, Banco Promérica, Bank of America, Banco Cuscatlan, HSBC Bank, Japan Bank for International Cooperation; Saxo Bank, Scotiabank, Trasamerica Bank and Trust Company Limited, Banco Davidenda Salvadoreño, Sabadell.
Las cuentas de Erick Vega
Del mismo modo existe un informe confidencial sobre las cuentas bancarias de Erick Geovanni Vega que indica que, en primer lugar hace referencia a los alias con los que se le conoce, a saber, Erick vega Montañez, Erick Vega y Erick Geovanny Vega.
Es portador del Documento Único de Identidad (DUI) número 01480662-0, pasaporte número A01480662.
Como domicilio se reportan las Residencias Bo. Las Salinas, 4ª calle Ote, número 2-177, Atiquizaya, Ahuachapán, El Salvador.
Posee 18 cuentas bancarias abiertas en distintas entidades financieras, 8 cuentas cerradas y/o inactivas.
Figura como único titular en tres cuentas, como cotitular con empresas en 8 cuentas y como cotitular con personas con 7 cuentas.
Cuatro de estas cuentas son de ahorro, 11 son cuentas corrientes y tres son cuentas de fondos, inversión o scrow.
Posee activos en dólares por USD 5.838.002,76, en euros por EUR 3.642.002,85, en pesos colombianos por COP 692.941.882,40 y en bolívares venezolanos por VEF 1.938.926,09.
Las entidades en las que sería titular de estas cuentas son el International Bank, el Banco Agrícola S.A., Banco Davivienda Salvadoreño S.A., Banco de Fomento Agropecuario, Banco de Venezuela, Banco Espirito Santo, Banco Hipotecario, Banco Popular, Expocove S.A. de CV (Banco Presto), JP Morgan Chase Bank, Scotiabank, Banco Procredit El Salvador, Banco Azteca, Banco Procredit, Banco Promerica, JP Morgan Trust Company (Bahamas) Limited.
Las empresas
El registro de Nevada refiere que Alba Petróleos Las Vegas, Nevada, EE. UU. LLC es una empresa registrada bajo la ley del estado de Nevada con el número E0649672012-0 y con el número nacional del estado Nevada NV20121754925.
La compañía se registró por primera vez el 19 de diciembre de 2012 bajo la forma legal de Compañía de Responsabilidad Limitada Nacional, su agente registrador es Bassam Kalandos, domiciliada en 6971 Cedar Basin Avenue, Las Vegas, 89142, NV.
Las actividades comerciales de esta empresa son gestionadas por los miembros directivos. El estatus actual de la compañía es “disuelto”.
Se indica que la empresa es administrada por 7 personas en total, a saber, Aldo Aguirre, con asiento en 4777 E Charleston Boulevard, Suite 101, Las Vegas, 89104, NV.
Como miembros gerentes aparecen José Mauricio C. Avelar, Miguel Hernández, Bassam I Kalandos, Jhonny de Jesús A. Lara, Victor Luna, Sigfredo Merino (todos con la misma dirección que Aguirre).
Entretanto, la firma comercial Kalandos Investment Group LLC es una entidad registrada bajo la ley del estado de Nevada con el número E0066932013-8 y con el número nacional del estado Nevada NV20131081758.
Fue registrada por primera vez el 8 de febrero de 2013 bajo la forma legal de la Compañía de responsabilidad limitada nacional, su agente registrador es Aldo Aguirre con domicilio en 9811 W. Charleston Boulevard, Suite 2-180, Las Vegas, 89117, NV.
Las actividades comerciales de esta empresa son gestionadas por los gerentes. El estatus actual es revocado.
La empresa es administrada por 3 personas, a saber, Aldo Aguirre, José Cortez y Bassam I Kalandos, todos domiciliados en 9811 W. Charleston Boulevard, Suite 2-180, Las Vegas, 89117, NV.
Por su parte, Petro Global Internacional LLC es una entidad legal registrada bajo la ley del estado de Nevada con el número E0195292011-4 y con el número nacional del estado Nevada NV20111234668.
La firma fue registrada por primera vez el 7 de abril de 2011 bajo la forma legal de Compañía de Responsabilidad Limitada Nacional. Su agente registrador es Aldo Aguirre con domicilio en 9811 W. Charleston Boulevard, Suite 2-180, Las Vegas, 89117, NV.
El estatus actual de la empresa es revocado.
Las actividades comerciales de esta empresa son gestionadas por los gerentes quienes son Aldo Aguirre, Jhonny Arrioja (Panamá Betania, Urbanización El Dorado, Vista al Parque Edificio II, piso 13, apartamento 13-C, Panamá), Bedros Haijan (692 Palisate, Pasadena, 91103, CA), Bassam I. Kalandos (4777 E. Charleston Boulevard, Suite 101, Las vegas, 89104, NV), Hovannes J. Kuregian (3310 Rida Street, Pasadena, 91107, CA).
Nota: Las imágenes son reproducciones de las aparecidas en la publicación originas de La Prensa Gráfica
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