Fernando estaba en medio de una acera, tratando de abrir la puerta de copiloto de su camioneta para poder subir el botellón de agua que había adquirido segundos antes, cuando sintió ese calor que solo recorre al cuerpo en un momento de riesgo.
Raylí Luján/Venezuela Al Día
No recuerda qué hora exacta de la noche era, aunque sí reconoce que una bastante insegura para el lugar de la ciudad de Caracas en el que se encontraba.
“Realmente no me tocaba a mí. Fue una cuestión de mala suerte. Si hubiese logrado abrir la puerta del carro unos segundos antes de que ellos llegarán, no habría pasado nada de esto”, afirma.
Como si se tratase de una película, así exactamente lo relata el joven de 34 años, quien fue abordado por cuatro sujetos que se desplazaban en una camioneta Toyota, en la que lo subieron para dar inicio a la semana más desesperante de su vida.
La Cota 905, uno de los barrios más peligrosos al oeste de la ciudad capital, se convirtió en su lugar de estadía durante 5 días. Los dos primeros, amordazado en un vehículo, en el que veía pasar a los vecinos de la punta más alta del populoso sector, sin siquiera inmutarse.
Dos arepas durante esos 2 intensos días fue lo que pudo comer. Los delincuentes colocaron par de botellitas de plástico en el interior del vehículo, esperando que Fernando las usara como baño improvisado. Claro que, estando de manos atadas y sin poder hablar, no le quedaba más opción que orinarse encima.
“No me atrevía a pedirles ayuda. Ni siquiera a la gente que caminaba a mi alrededor. Era como si el carro donde yo estaba era invisible para ellos. ‘Nadie vio ni escuchó nada’, es lo que seguramente se dicen los vecinos entre ellos. Y es normal, la banda los tiene controlados. Yo sinceramente pensé que no salía de esta”, cuenta Fernando, quien estaba seguro que la suma de dinero que pedirían por él no iba a poder ser alcanzada por sus padres.
Lo que desconocía en el momento y pudo saber después, es que sus familiares -asesorados por una comitiva del Cicpc- negociaban con los representantes de lo que ha sido calificada como una mega banda criminal.
“Te volveremos a llamar mañana. Si el monto que nos ofreces no nos gusta, hablamos en un mes”, era la frase que se hacía repetitiva por parte de los secuestradores, antes de establecer un acuerdo.
Fernando fue trasladado a una casa desamueblada en la misma zona. Un tobo que recogía goteras en una de las esquinas, unas paredes a medio frisar y el piso sin siquiera una cerámica es lo que recuerda con claridad, aunque eso pasara a convertirse en un gran túnel oscuro, justo en el momento en que escuchó cuando le disparaban a alguien en la habitación conjunta.
Era una casa “nevera”. Así le llaman a viviendas que anteriormente eran habitadas por familias, que luego fueron expulsadas a la fuerza por integrantes de la banda, quienes se apoderaron del espacio para utilizarlo como núcleos delictivos y mantener a personas en cautiverio. Están ubicadas en lugares estratégicos, de difícil acceso, donde puedan visualizarse las entradas y salidas del barrio.
Fernando estuvo allí 3 días. Fue liberado tras un acuerdo final entre su familia y los secuestradores. Le hicieron caminar desde el punto más alto de la Cota 905 con las manos atadas y unos cuantos fusiles apuntándole por la espalda. En su recorrido se percató de cómo el lugar, declarado “zona de paz” por el gobierno venezolano a mediados de 2017, estaba plenamente custodiado por sujetos con armas largas en su poder, mientras señoras y niños de la comunidad continuaban con sus rutinas y sus miradas esquivas.
Estos hombres, de los cuales muy pocos se preocupaban por usar capuchas en los rincones más profundos de la barriada, serían integrantes de la mayor banda que opera en la Cota 905, la cual ya tiene la connotación de mega banda criminal.
Poder territorial
De acuerdo a expertos como el criminólogo Fermín Mármol García, esta es una banda que cuenta con más de 40 integrantes, que poseen armas tipo fusil, artefactos tipo granadas, comisión de delitos variados y que incluso ya han podido enviar a algunos de sus integrantes a otros estados del país.
“Es muy cuesta arriba que hayan otros delincuentes operando en la misma zona, que funciona con control territorial. No es posible que otra banda criminal esté haciendo las mismas operaciones, no es lógico, se proyectaría que su vida sería muy corta si trataran de invadir ese espacio”, explica Mármol.
Anteriormente, el Coqui y el Galvis -enfrentados por un largo tiempo- eran reconocidos como los líderes de la zona. Al establecerse el decreto de las zonas de paz, ambos dividieron la comisión de delitos. En la actualidad, habitantes de la Cota 905 aseguran que la banda del Coqui es la que cuenta con mayor poder territorial.
“La banda del Coqui, al igual que otras tantas en el país han mutado el secuestro breve (menor a 24 horas del día) a un secuestro clásico (varios días), producto de que saben que las autoridades tienen limitaciones para entrar a determinadas zonas, lo que ha sido un error”, comenta el abogado Fermín Mármol García.
Este no era el primer secuestro que sufría Fernando. Hace un par de años vivió un primer encuentro cercano con la delincuencia, que no pasó a mayores por la denuncia que se hizo en los medios de comunicación.
Creía que esta vez se trataría de un secuestro exprés, sin embargo se terminó transformando en uno de larga duración. La tranquilidad que había sentido Fernando los primeros meses del año, había quedado fulminada por la realidad que nuevamente estaba tocando a su puerta.
Sus familiares reunidos en un comando estratégico, ubicado a las afueras de Caracas, en el que los efectivos policiales atendían otros 10 secuestros simultáneos, conocían de primera mano esta alteración de las cifras de secuestro en los últimos meses.
La calma y percepción de seguridad que pudieron haber sentido meses atrás no había sido tan irreal. Se estima que en los 8 primeros meses de 2018, hubo un balance importante de disminución de secuestros, sobre todo en la Gran Caracas. No obstante, un cambio repentino se dio a pocos meses del cierre de año.
“Podemos estimar que por percepción, empírica, el secuestro tuvo que haber disminuido en esos meses, en comparación con el año anterior, al menos un 30%. Sin embargo, lo que fue la segunda quincena de septiembre y el mes de octubre, la tendencia no siguió disminuyendo. Ni siquiera se mantuvo. Hubo un rebote, hubo una tendencia al alza. Recuperó al menos unos 15 puntos”, explica Mármol García, quien junto a un grupo de especialistas y asesores de riesgos especiales se dedica a intercambiar estadísticas combinadas con denuncias formales para lograr establecer proyecciones.
Para el criminólogo, son varios los factores que generaron el nuevo repunte. El reagrupamiento de la banda criminal que hace vida en la Cota 905 sumado al regreso de organizaciones criminales ubicadas al oeste de la ciudad bajo el presunto paraguas de colectivos armados y violentos, podría considerarse como la principal causa del aumento.
Considera además que el país no atraviesa su mejor momento institucional y ello repercute en la lucha contra la delincuencia organizada. “En Venezuela, ni el propio gobierno nacional sabe la realidad de lo que está ocurriendo, tampoco los estudios sobre el crimen, tampoco los institutos que pertenecen a la universidad, porque no se tiene a ciencia cierta el consolidado de denuncias ciudadanas conjuntamente con la encuesta de victimización que no se realiza en Venezuela desde el año 2011”, señala.
Mármol también ve con preocupación la atomización de los esfuerzos por combatir el secuestro u otros delitos organizados. Le preocupa que no se respete el principio de especialidad. “En seguridad ciudadana, vemos a una PNB que está inserta en el artículo 332 de la Carta Magna, que iba a ser una policía preventiva, siendo ahora una policía de investigación. Después vemos a un Cicpc, policía científica, patrullando calles y cuidando las estaciones del metro”, denuncia.
La falta de confianza en las instituciones es un hecho que va creciendo mientras las autoridades tampoco reconocen los fracasos en políticas públicas o no aceptan las recomendaciones de organizaciones independientes y de universidades autónomas en esta materia.
“No se ha hecho lo suficiente. No se hace nada para rescatar la denuncia ciudadana y que estos confíen en sus instituciones. Se debe reconocer políticamente además que el plan de pacificación fracasó. La responsabilidad del ejercicio público debe ser transparente, se debe admitir que fue un plan romántico desde el punto de vista criminológico, pero falló en Centroamérica, falló en Venezuela, debemos desmontarlo y retirar cualquier orden de que las fuerzas policiales y militares no puedan desplazarse a donde ellos deseen”, expone el abogado criminalista.
Destaca la necesidad de revisar todos los aspectos mencionados en un futuro cercano, en el que cada institución no intente invadir el espacio de otra y en ese intento deje de cumplir sus funciones específicas.
En medio de la disyuntiva se encuentran ciudadanos que no han corrido con la misma suerte de sobrevivir a un secuestro en Venezuela y otros como Fernando, quien pese a que logró ser liberado, tuvo que lidiar al final de este oscuro episodio con una discusión entre la GNB y el Cicpc sobre “quién se tomaba la foto con el ‘rescatado’”.
Para sorpresa de muchos y hasta de él mismo, Fernando sigue creyendo en Venezuela. Su segundo secuestro no se convirtió en un impulso para emigrar. Sus familiares no piensan lo mismo. Ellos, que aún sufren su secuestro, le insisten a diario que abandone el país. Aún así, estas súplicas no son escuchadas.
“¿Qué me cuesta dormir? Claro. ¿Qué he dejado de hacer mi rutina? También. Pero estoy seguro que en cualquier momento la retomaré. Volver a levantarse es una forma de resistencia y yo estoy dispuesto a seguir resistiendo hasta que esta pesadilla acabe y volvamos a ser un país normal”, sentencia.
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